Un 95% de empresas –entre pequeñas, medianas y grandes- asociadas a la Cámara de Comercio de Lima (CCL) apoya la reforma integral del sistema privado de pensiones, reveló una encuesta hecha por dicho gremio empresarial.
La Junta de Portavoces del Congreso de la República modificó el proyecto de ley que plantea la libre disponibilidad del 25 % del fondo acumulado en las AFP, estableciendo un tope máximo de 12,900 soles.
El Gobierno ha dotado a los planes de pensiones de un nuevo supuesto de liquidez esta semana, dentro de un paquete de medidas que busca paliar el impacto económico del coronavirus: los trabajadores afectados por un ERTE podrán rescatar el dinero invertido en ellos. Sin embargo, el partícipe que se vea en la necesidad de recurrir a esta vía, lo hará en un momento en el que la mayoría de los planes de pensiones individuales pierde dinero este año.
El Banco Sabadell volverá a adelantar este mes el pago de las pensiones. El Comité de Dirección de la entidad ha aprobado hoy la medida de adelantar el abono al día 21 de abril. La fecha formal de cobro de la pensión es el día 1 de cada mes, aunque hasta ahora. los bancos y de forma habitual, lo avanzaban al día 25.
La ministra de Economía y Finanzas, María Antonieta Alva, anunció que el Gobierno está trabajando una propuesta para otorgar un subsidio a los aportantes a la Oficina de Normalización Previsional (ONP) para devolverles sus contribuciones de dos meses, ante la emergencia que vive el país por el coronavirus
La ministra de Economía y Finanzas, María Antonieta Alva, anunció que se proponda que los afiliados a AFP que hayan aportado en los últimos seis meses retiren 2,000 soles, flexibilizando su anterior propuesta.
Las reacciones a la medida del Ejecutivo de permitir rescatar el dinero invertido en un plan de pensiones a los trabajadores afectados por un ERTE no se ha hecho esperar. Inverco y Unespa aplauden hoy este nuevo supuesto de liquidez. Y recuerdan que, por los que ya existían (desempleo prolongado, enfermedad grave, incapacidad temporal, dependencia o desahucio de la vivienda habitual), los planes de pensiones han abonado de forma anticipada 4.000 millones de euros en los últimos diez años.
La Seguridad Social registró un déficit de 16.793,3 millones de euros en 2019, lo que supone el 1,34% del PIB y una reducción del 11,6% frente a los 18.286,46 millones de euros registrados en 2018, pero registró un saldo positivo de 1.472,24 millones de euros hasta febrero de 2020, según la ejecución presupuestaria del organismo conocida este martes.
La Asociación de AFP advirtió que propuesta del Congreso de retiro de hasta el 25% de fondo de pensiones ocasionarían una recesión y quebraría la seguridad social.
La tensión financiera crece por momentos para la Seguridad Social. A los problemas que puedan generar la caída de recaudación prevista por las medidas de choque del Gobierno contra la crisis del coronavirus -que incluyen la bonificación de las cotizaciones a los trabajadores que vean interrumpida su actividad laboral- se suma el incesante incremento del gasto en pagas de jubilación, principalmente, y en el resto de prestaciones con cargo a la Tesorería del Sistema.En este sentido, según las últimas cifras publicadas por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, las nuevas altas de jubilación en el Sistema suponen un acicate al gasto, difícil de lidiar con el panorama que se avecina. Los nuevo jubilados medios entran con pensiones medias, como se detalla a continuación, de 1.452,8 euros al mes, pero si nos fijamos solo en los que se encuentran en el régimen general de asalariados -la mayoría- entran con pagas de 1.580,2 euros. Esto, teniendo que el salario más habitual en España es de 1.248 euros mensuales -17.482 euros anuales en catorce pagas- supone que el primer colectivo de pensionistas cobra un 16,3% más que el trabajador tipo español mientras el segundo grupo accede al sistema cobrando hasta un 26,6% más.
La incertidumbre sobre el impacto económico de la crisis sanitaria del coronavirus ha sido el principal detonante del desplome de los mercados bursátiles a nivel internacional. Sin embargo, de estas caídas no solo depende el resultado de un buen número de empresas cotizadas y de inversores particulares, sino que también tiene un efecto directo en el ahorro de millones de ciudadanos que cuentan con un plan de pensiones individual invertido en diferentes valores, de mayor o menor riesgo. En este punto los datos son desoladores: los ahorradores españoles han perdido 2.000 millones de euros solo en el mes de febrero, coincidiendo con la mayor incidencia de la pandemia en Europa con el caso de Italia y los primeras tormentas bursátiles en el continente.
La crisis sanitaria desatada por el coronavirus tampoco dejará indemne a la Seguridad Social. El organismo encargado de pagar las pensiones en nuestro país está en el centro de buena parte de las medidas impulsadas por el Gobierno en su plan económico de choque contra el virus. Si bien es cierto que el sistema no es el nivel administrativo más saneado desde el punto de vista financiero, sí que se trata de la principal palanca de sostenimiento del mercado laboral en los momentos de crisis al ofrecer reducciones en las cotizaciones de empresarios y trabajadores, a pesar de que ello repercute directamente en su capacidad recaudadora y puede tensionar aún más las ya maltrechas cuentas de la Seguridad Social, que asume déficits anuales cercanos a los 18.000 millones de euros.
La entidad financiera impulsa el voluntariado online para continuar con su labor de apoyo a los colectivos más vulnerables en la situación actual desencadenada por el COVID-19, además de condonar los alquileres de las viviendas de su propiedad durante el Estado de Alarma.
La Sunedu y el Indecopi exhortaron hoy a las universidades privadas a reprogramar matrículas, pagos o mensualidades debido a los inconvenientes que ha generado en todas las familias peruanas la cuarentena obligatoria para contener el avance del coronavirus (Covid-19).
Bankia comienza a ingresar desde la tarde de este lunes el pago de las pensiones para evitar que los clientes se agolpen en las sucursales en plena crisis sanitaria. La entidad se adelanta así dos días de la fecha prevista del cobro de pensiones, que es el 25 de cada mes. El banco recomienda encarecidamente a sus clientes que no vayan a la sucursal bancaria, sobre todo a las personas de más edad.
Los 1,8 millones de clientes de CaixaBank con su pensión domiciliada en la entidad podrán disponer de su abono desde este viernes al tenerlo ya ingresado, sin necesidad de esperar al día 25, fecha habitual de pago, aunque para acudir a cobrarla en efectivo deberán tener cita previa, para evitar colas.
La jubilación es una etapa que muchos ansían conquistar y que otros miran con recelo. Sean cuales sean los motivos, no cabe duda de que los 65 años de edad marcan un punto de inflexión en la vida de las personas, sobre todo para las que desean dar por finalizada su etapa laboral tras años de esfuerzo. Sin embargo, debido a la actual coyuntura económica, demográfica y laboral, el sistema de pensiones que conocíamos hasta ahora puede cambiar en los próximos años.
Partiendo de la premisa de que los mayores han sido el salvavidas para numerosas familias y hogares que sufrieron los azotes de la crisis económica de 2008 manteniendo a hijos y nietos gracias a la pensión que percibían del Estado, también han sido los jubilados el único colectivo que ha visto incrementado sus niveles de renta durante los años posteriores de recuperación de la economía española, concretamente un 14,8%.
Los integrantes de la Comisión de Trabajo y Previsión Social recibieron al Ministro de Hacienda, Ignacio Briones; y al titular de la Dirección de Presupuestos (Dipres), Matías Acevedo, quienes entregaron detalles del informe financiero del proyecto de reforma a las pensiones.
Andrés Manuel López Obrador (AMLO) firmó un decretó para que niños que resultaron heridos por el incendio de la Guardería ABC en 2009 reciban una pensión vitalicia a partir de los 18 años.
Fondos de pensiones recuperarían sus ganancias a largao plazo tras superar la incertidumbre generada por la expansión del coronavirus.
Las clases pasivas del Estado son un cuerpo reconocido en un régimen especial de la Seguridad Social y formado por todos aquellos funcionarios de carrera y en prácticas de la Administración, Justicia, Cortes Generales y otros organismos estatales o autonómicos, militares de carrera, expresidentes, vicepresidentes y ministros, entre otros. Un gran abanico de profesionales de cuyas pensiones también se encarga el Estado, que pone a su disposición diferentes herramientas para que puedan calcular las rentas que percibirán una vez llegue su jubilación.
El ministro José Luis Escrivá aboga por un importante cambio en la fiscalidad de los planes de pensiones. Escrivá duda de la efectividad de las deducciones que se aplican sobre las aportaciones de los particulares a estos vehículos. Por ello, es partidario de suprimirlas y crear más beneficios para los planes colectivos que las empresas ofrecen a sus empleados.
José Luis Escrivá planea endurecer el acceso a la jubilación anticipada -y así alargar la permanencia de los trabajadores en el mercado laboral- e incentivar los planes de pensiones de empleo en detrimento de los privados en su ofensiva contra el déficit del sistema. El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones manifestó estas líneas de acción fundamentales en su comparecencia, este jueves, ante los miembros del Pacto de Toledo para marcar las senda que se deberán abordar en la Comisión antes de finalizar la redacción y aprobación de las recomendaciones para la reforma del sistema de pensiones. Ese desplazamiento de los incentivos fiscales supone de facto que en el medio plazo, los impulsos a este tipo de ahorro a largo plazo desaparecerán por lo que la Seguridad Social contará en sus arcas con casi 2.000 millones de euros más que cuesta la desgravación fiscal al Estado cada año.
Críticas generó entre los integrantes de la Comisión de Trabajo y Previsión Social el anuncio del Ejecutivo de mantener la urgencia inmediata con que el proyecto de reforma previsional, se tramitó en la Cámara Baja.
Los datos de paro registrado y afiliaciones a la Seguridad Social no solo han dejado una lectura positiva en términos de reacción de un mercado laboral que en el mes de enero vacilaba con dar grandes dolores de cabeza al Gobierno de coalición, sino que también arroja datos positivos para la Seguridad Social en términos de número de trabajadores por pensionista. Esta relación, clave para la sostenibilidad a futuro del sistema de pensiones se encuentra en un mejor nivel desde diciembre de 2012, situándose en los 2,3 trabajadores por cada beneficiario de clases pasivas en nuestro país. Es decir, los sueldos de más de dos empleados asalariados son los responsables de abonar una pensión.
El Ministerio de Seguridad Social confirma su intención de volver a subir las cotizaciones máximas a la Seguridad Social, esto es, los pagos que hacen los sueldos superiores a los 50.000 euros anuales. Se trata de un paso esperado. Las bases máximas y mínimas suelen modificarse a la vez y el tope más bajo está abocado a cambiarse, después de que se haya producido otra alza en el SMI.
El Gobierno se encuentra trabajando en un documento que recoja los incrementos de cotizaciones anunciados tanto para los salarios que superen los 50.000 euros anuales como para los autónomos según explicó el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, durante la puesta en escena de las líneas de actuación que seguirá su Gabinete en la presente legislatura, donde se confirmó esta intención de incrementar los ingresos procedentes de la renta del trabajo.
Los expertos del Consenso Económico de PwC apuestan por la implementación de menidas a favor de la jubilación activa como medida a adoptar por el Gobierno de España para mantener el sistema de pensiones del país. Esta fórmula permite a los trabajadores jubilarse y mantener la actividad laboral y los ingresos, a cambio de recibir parte de la pensión. También ven adecuada la implementació de acuerdos directos entre empresas y jubilados. Así se desprende del Consenso Económico, correspondiente al primer trimestre de 2020, que elabora la consultora PwC a partir de la opinión de un panel de más de 400 expertos, directivos y empresarios.
