Radio Televisión Española (RTVE) tendrá el año que viene un presupuesto de 530 millones de euros, según recogen los Presupuestos Generales del Estado (PGE) publicados este jueves. Hay que remontarse hasta el año 2011 para encontrar una partida presupuestaria tan elevada, entonces recibió de las arcas públicas 548 millones.
El Consejo de Ministros ha aprobado el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2023. La partida que el Gobierno destinará a sanidad será de 5.511 millones de euros, un 1,4% más respecto a los presupuestos del año anterior en el que se dedicaron 5.273 millones. El proyecto de ley entrará la próxima semana en el Congreso de los Diputados para iniciar su tramitación parlamentaria.
El departamento económico del Gobierno de coalición, en este caso liderado únicamente por el ala socialista -Nadia Calviño y María Jesús Montero- ha planteado una coyuntura macroeconómica en la que la crisis energética aún tendrá bastante presencia. Remarcando el problema de la inflación importada, el precio del gas aún se mantendrá incluso más caro que este año. El precio se acerca a los 120 euros el MWh, tal y como revela la actualización del cuadro macroeconómico, que mantiene el deflactor del consumo privado en el 4,1% para 2023.
La escalada de la inflación amenaza con inflar la factura de las pensiones en hasta 11.700 millones de euros a pagar en 2023, casi duplicando el coste a hacer frente en este 2022. Con el estallido de la guerra en Ucrania se abren distintos escenarios de previsiones del IPC que se mueven entre la horquilla del 5,6% y el 6,5% en una coyuntura de crisis por la tensión geopolítica y económica global. Con la reforma de José Luis Escrivá, encargado de Seguridad Social, la revalorización del año próximo toma como referencia el IPC medio entre diciembre de 2021 y noviembre del 2022.
Fumata blanca. Tras dos semanas de tensas negociaciones entre el Gobierno y ERC sobre la nueva ley audiovisual y por ende los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2022, ambas partes por fin han llegado a un acuerdo, según ha confirmado ERC. Los independentistas catalanes reconocen que no se puede obligar a las plataformas internacionales (Netflix, HBO, Disney+, Amazon Prime...) a incluir un mínimo de su contenido en catalán.
La portavoz de ERC en el Senado, Mirella Cortés, ha advertido este jueves al Gobierno, durante el debate de totalidad de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) en el Senado, que, en este momento, "nada lleva a considerar" el apoyo factible de su grupo a estas cuentas públicas para 2022, y ha indicado que, por lo tanto, presentarán enmiendas parciales mientras siguen negociando los términos de la futura Ley Audiovisual.
Pedro Sánchez ha conseguido lo que parecía imposible, tener a todo el mundo en contra. La nueva ley audiovisual, que fue aprobada por el Consejo de Ministros el pasado martes, tiene cada vez más detractores. Los independentistas catalanes, principales protagonistas en esta historia, no están de acuerdo con que las grandes plataformas de streaming se queden fuera de las cuotas para las lenguas cooficiales y amenazan con tumbar los presupuestos. Y ahora las televisiones en abierto también han mostrado su descontento con respecto a la nueva norma.
El Gobierno de Pedro Sánchez no gana para disgustos. Cuando parecía que había superado los problemas tras el cambio de opinión del PNV sobre la ruptura de la denominación de origen Rioja han llegado otros nacionalistas, en este caso los catalanes, y han vuelto a ponerlo todo patas arriba. En esta ocasiones los dolores de cabeza vienen por la petición de ERC para obligar a los productores audiovisuales (en abierto y en streaming) a incluir un 6% de su contenido en catalán a cambio de dar su visto bueno a los Presupuestos Generales del Estado para 2022. Una medida que en un primer momento el Ejecutivo pareció aceptar sin problemas. Pero, hecha la ley hecha la trampa y donde dijeron digo ahora dicen Diego.
El presidente de Pimec, Antoni Cañete, ha pedido la creación de un fondo de Compensación Interregional que subsane la inversión prevista en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y no ejecutada por parte del Gobierno central.
La Comisión Europea sorprendió a muchos el miércoles. Bruselas calificó de "contractivos" unos Presupuestos españoles que firman el mayor gasto de la historia, al tiempo que daba luz verde a las cuentas y tiraba de las orejas a los italianos por las suyas. ¿Cómo puede ser? ¿Son los Presupuestos Generales de Sánchez para el año que viene tan rigurosos con el gasto público como dice Europa?
"En estos días espero que hagamos la solicitud del primer pago de esos diez mil millones de euros, que esperamos que lleguen antes de finales de año," anunció la vicepresidenta primera para Asuntos Económicos, Nadia Calviño, a su llegada el lunes a la reunión del Eurogrupo en Bruselas.
Los Ayuntamientos españoles no saben como cuadrar sus presupuestos para 2022, tras la anulación del sistema para establecer el cobro del impuesto sobre plusvalía (IIVITNU) por el Pleno del Tribunal Constitucional (TC), que se regulaba en los artículos 107.1 segundo párrafo, 107.2.a) y 107.4 de la Ley de Haciendas Locales.
RTVE no está pasando por su mejor momento. El grupo público de comunicación encadena varios meses consecutivos con la audiencia por los suelos, solo los eventos deportivos de este verano consiguieron darle alguna alegría aislada, que será temporal tras la vuelta a la normalidad que suele acarrear septiembre.
El PP Teruel ha criticado este viernes la bajada de un 13 por ciento de las inversiones de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) en la provincia, según han afirmado.
El alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, ha mostrado su preocupación tras conocer el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado de 2022 (PGE), porque "ni un solo proyecto está pensado para la ciudad". El Gobierno central, que ha presentado el informe económico y financiero este miércoles, ha previsto invertir en Aragón un total de 522 millones de euros.
Castilla y León recibirá un total de 997,44 millones de euros de inversiones propias del Estado y se sitúa como la sexta comunidad autónoma con una mayor asignación con un 7,7 por ciento del total, según consta en la memoria del Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2022 recogida por Europa Press.
La reforma del modelo de financiación autonómica aún tendrá que esperar. También la idea de crear un fondo compensatorio, como esta semana pedían los presidentes Ximo Puig y Juan Manuel Moreno Bonilla. Y es que de momento, el Ministerio de Hacienda que dirige María Jesús Montero no contempla esta media. Lo que sí explicó la ministra es que en el próximo ejercicio presupuestario, es decir, en 2022, las previsiones son que las CCAA reciban 15.000 millones de euros menos que en 2021. Por tanto, para el próximo año, las entregas a cuenta previstas se quedan en 112.213 millones de euros, además de un plus de 7.000 millones que corresponden, por un lado a la liquidación negativa que no tendrán que reintegrar -concretamente 3.900 millones-, y por otro, a 3.100 millones, dinero que se debe a estas administraciones en concepto de IVA desde 2019, y que por la demora, lleva un recargo de intereses de 600 millones de euros.
El Pleno de Congreso de los Diputados fue escenario este martes del desencuentro entre PP y PSOE sobre la proposición de ley presentada por el Grupo Popular (GP) para que los jueces voten a sus consejeros del Poder Judicial (CGPJ). La votación fue rechazada por 64 votos a 38.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, avaló unos Presupuestos Generales del Estado para 2022 con las reglas fiscales suspendidas y un déficit para ese ejercicio del 5%. La ministra destacó que la suspensión, por tercer año, de las reglas de gasto son "un paso más para que nuestro país cuente el año que viene con unos Presupuestos estatales que consoliden una recuperación económica justa socialmente que llegue a todas las personas y todos los territorios".
