El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) avala, en una sentencia conocida este jueves, la extradición de un ciudadano de la UE a un tercer Estado con el fin de cumplir una pena, si este tercer país no admite que el sujeto cumpla la condena en el territorio requerido.

ERC ha pagado unos dos millones de euros para avanzar la fianza que pide el Tribunal de Cuentas a todos los afectados que tenían responsabilidades en el Govern entre 2016 y 2017, han explicado fuentes republicanas.

Ana Rosa Quintana entrevistó este lunes de forma telemática a Oriol Junqueras para preguntarle por la detención y liberación de Carles Puigdemont en Italia. El líder de ERC pide muy serio que se produzca una "negociación" que permita alcanzar un acuerdo al 'estado catalán.

Un total de 34 antiguos miembros del Govern independentista del president Carles Puigdemont y del Ejecutivo de Artur Mas tendrán que hacer frente a la fianza de 5,4 millones que pide el Tribunal de Cuentas por la actividad ilícita en el exterior durante los años 2011 a 2017. Una vez notificado el expediente de liquidación, los responsables tienen de plazo hasta el 14 de julio para abonar el dinero. De lo contrario, los principales líderes del procés ponen en juego un patrimonio superior a 8 millones de euros. La responsabilidad contable es solidaria entre los 34 investigados, y por tanto han de hacer frente a la cantidad entre todos ellos... a no ser que recurran a la Caja de Solidaridad independentista.

El Tribunal de Cuentas ha fijado inicialmente en 5.422.879,48 euros la responsabilidad contable que se reclama al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont; al expresidente Artur Mas, a los indultados Oriol Junqueras, Raül Romeva y Jordi Turull y a otros 37 excargos de la Generalitat por el presunto desvío de fondos para impulsar ilícitamente el procés en el exterior.

La expresión de origen latino "pan y circo" se utiliza para describir la práctica de los Gobiernos para mantener tranquila a la población y ocultar hechos controvertidos, injustos o ilegales. Argucia muy utilizada durante el franquismo cuando para ocultar protestas sindicales, condenas políticas o la falta de libertades se programaban corridas de toros, partidos de fútbol o se soltaba al Lute. Algo en lo que, como en tantas otras perversiones de la dictadura, han salido alumnos aventajados Sánchez, su Gobierno y sus apoyos de la Frankenstein. Especialmente en lo del circo, con la decisión de vuelta al público a los campos de fútbol y con el telón de fondo de la Eurocopa, porque pan no pueden ni saben darle al ciudadano -ahí están las colas del hambre que ni les ocupan ni remedian- y lo sustituyen por parches como esa rebaja tramposa en el recibo de la luz.

La lucha ERC-Junts por las ayudas europeas

El acuerdo de Gobierno que, tras varios meses de negociaciones, lograron firmar Junts per Catalunya y ERC para formar Govern tuvo siempre como uno de sus grandes escollos el manejo de los fondos europeos. Una de las quejas de los de Carles Puigdemont era la existencia del Comité Asesor de los Fondos Next Generation impulsado por Pere Aragonés al final de la anterior legislatura y presidido por el economista y concejal de ERC, Miquel Puig. A pesar de ello, se pactó que el reparto lo realizarían ambas formaciones. Pues bien, la tregua ha durado bastante poco. Hasta que el consejero de Economía, Jaume Giró, ha creado la Secretaría de Asuntos Económicos y de Fondos Europeos y la Dirección General de Fondos Europeos, que lidera Mariona Sanz. Según comentan por el Parlament los diputados de ERC están bastante molestos con este nuevo organismo ya que, dicen, rompe el acuerdo alcanzado de reparto igualitario al 50% entre los dos partidos independentistas. "Giro ha dado atribuciones ejecutivas a la Secretaría mientras que el Comité que lidera Puig se ha quedado como un mero órgano consultivo", dicen en el partido de Oriol Junqueras. Las fuentes añaden que aún es pronto para saber si este problema podría llevar a romper el acuerdo de Gobierno, aunque desde ERC avisan que "no descartamos nada".

El asunto de los indultos está produciendo una notable polarización en una opinión pública ya muy polarizada en torno a otros temas. La polarización oculta una realidad bastante más compleja y dificulta la argumentación racional en el espacio público, lo que debe ser subrayado y lamentado.

Referéndum, autodeterminación, amnistía, independencia, lo volveremos a hacer. Ya tiene Pedro Sánchez la respuesta de los golpistas indultados y de sus socios separatistas catalanes a esa medida de gracia que pretende explicar bajo el eufemismo de la utilidad pública pero que, como decía también el que fuera diputado socialista y primer presidente de la Comunidad de Madrid, Joaquín Leguina, sólo son útiles para quienes salen de la cárcel y para Pedro Sánchez que se garantiza seguir en La Moncloa. Y es que, lo vistan como lo vistan, Pedro Sánchez y Oriol Junqueras se necesitan mutuamente. El uno para garantizarse la permanencia en el Gobierno al menos hasta el final de la legislatura, y el otro porque sólo con un gobierno débil y un presidente megalómano, narcisista y carente de sentido del Estado puede cumplir sus aspiraciones independentistas.

Rosa Díez, veterana dirigente política, colaboradora en varias medios de comunicación, y persona implicada en las plataformas cívicas en defensa de las libertades y de la democracia española, como Unión 78, ha conversado con elEconomista de su última cita o compromiso: manifestarse en las calles de Madrid, concretamente en la Plaza de Colón el próximo 13J a las 12 de la mañana, en contra de los indultos que el Gobierno de Pedro Sánchez piensa rubricar en breve hacia los políticos independentistas que perpetraron una declaración de independencia de Cataluña, en 2017. Díez, como tantos otros, no se cree las palabras de Oriol Junqueras, porque en el fondo "dice lo que siempre ha dicho, y es que su prioridad es la amnistía, que volvería a hacer lo mismo, y que España es un estado con una policía represora". Así pues, en su opinión, si Sánchez acomete este indulto acabará cometiendo un delito.

El Tribunal de Cuentas apunta a 36 cargos de la Generalitat entre 2011 y 2017 como presuntos responsables contables de gasto irregular vinculado al procés en la entidad de proyección internacional impulsada por la administración catalana Diplocat, y entre ellos figuran los expresidentes Artur Mas y Carles Puigdemont, así como el líder de ERC y exvicepresidente y responsable de Economía Oriol Junqueras, además de otros exconsellers.

Las consejerías que Junts exige a Aragonés

Se comenta que Pere Aragonés y Oriol Junqueras ya han recibido la lista de consejerías que Junts exige para entrar en el Gobierno de la Generalitat. Por lo visto, los chicos de Carles Puigdemont y Laura Borràs quieren quedarse con Salud, Trabajo y Educación. La primera porque Junts quiere colocar "sí o sí" como secretario de Salud Pública al médico independentista Josep María Argimon. "Es una apuesta personal del propio Puigdemont", dicen desde Junts. En cuanto a Educación, Borràs tiene especial interés en esta consejería para "proteger la inmersión lingüística ante la invasión de las leyes estatales". ERC aún no ha ofrecido su respuesta a estas peticiones. Pero en el partido de Aragonés se dice que la batalla está en Trabajo. "Puigdemont se puede ir olvidando de esa consejería", aseguran. La afirmación indica que en ERC no están dispuestos a que Junts utilice la consejería para cumplir sus promesas electorales de crear un banco nacional catalán y cambiar la Ley de Contratación Pública para expulsar a las grandes cotizadas nacionales de los contratos de la Generalitat, lo que supondría dejar fuera a gigantes como Almirall, CaixaBank, Sabadell, Cellnex, Colonial, Grifols o Naturgy. "Aprobar esas medidas radicales sería una verdadera locura que generaría un daño irreparable a la economía catalana", dicen desde el entorno de Aragonés.

A vuela pluma y a la espera de las negociaciones entre los partidos, ahora en serio, la primea reflexión a la que invita el día después de las elecciones catalanas del 14.F es que los resultados son malos para Cataluña, malos para España y desastrosos para el centroderecha constitucionalista que queda relegado a la irrelevancia en la segunda comunidad autónoma española por indicadores económicos y población, y abocado a una refundación y una refundición si quiere mantenerse como alternativa a Sánchez y al sanchismo.

Oriol Junqueras ha dado a Antonio García Ferreras su primera entrevista tras su salida de la cárcel con el tercer grado, concedido en la víspera de la campaña electoral de las elecciones autonómicas que se celebrarán en Cataluña el próximo 14 de febrero.

El rencor que Junqueras todavía guarda a Iceta

En círculos políticos hay quien aseguraba que el nombramiento de Miquel Iceta como ministro de Política Territorial sería bien visto incluso por ciertos sectores independentistas. No en vano el secretario del PSC siempre ha defendido el federalismo y el diálogo con Cataluña. Y hace poco más de dos semanas, se reafirmó en su idea de que “España es una nación de naciones” y que Cataluña es una de las más destacadas. Sin embargo, se rumorea que a pesar de todo ello hay un destacado líder independentista al que le ha dolido el nombramiento, precisamente, como ministro de Política Territorial, de Iceta. Se trata de Oriol Junqueras que, según cuentan, siente una intensa animadversión hacia el nuevo miembro del Ejecutivo al que conoce desde hace muchos años. Precisamente por eso, el político de ERC no perdona a Iceta que no le brindara ni el más mínimo apoyo o muestra de afecto cuando él y sus compañeros ingresaron en prisión por el 1-O. “Junqueras no siente afinidad con Pedro Sánchez. Pero siempre lo justifica diciendo que Sánchez y el resto de su equipo no le conocían de nada. En cambio con Iceta había una relación de mucho tiempo. Por eso su rencor con él es superior al que pueda sentir por los demás”, aseguran desde ERC.

Las presiones de Iglesias sobre el ministro Campo

Moncloa ha deslizado en diferentes momentos que la intención del Gobierno respecto a los indultos a los presos del procés era no pronunciarse hasta pasado el 14 de febrero, fecha en la que se iban a celebrar los comicios catalanes, y dejar a la Justicia trabajar. Pero el posible aplazamiento de las elecciones al 30 de mayo (si los jueces lo permiten) cambia el escenario, especialmente para Podemos que, dicen, pretende aprovechar la prórroga para presionar hasta conseguir que Oriol Junqueras, Carme Forcadell y los otros siete condenados por el 1-O salgan de la cárcel. Así lo reflejan las diversas declaraciones de distintos portavoces de la formación morada, exigiendo en público la necesidad de que Justicia agilice el proceso de los indultos. Pero se dice que es en el ámbito alejado de los micrófonos donde Pablo Iglesias y los suyos están presionando todo lo que pueden al ministro de Justicia Juan Carlos Campo. ¿Objetivo? “Lograr como sea los indultos para apuntarnos ese tanto de cara a las elecciones de mayo”, apuntan desde la propia formación política.

Las Juntas de Tratamiento de las cárceles de Lledoners, Wad-Ras (Barcelona) y Puig de les Basses (Girona) han propuesto de nuevo conceder el tercer grado a los nueve presos del 1-O Carme Forcadell, Dolors Bassa, Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull, Joaquim Forn, Jordi Cuixart y Jordi Sànchez.

Hay cosas difíciles de entender. Una de ellas es la popularidad del aún titular de Sanidad, Salvador Illa. Que sea el segundo ministro más valorado tras Margarita Robles, titular de Defensa, después del caos sanitario, que provocó más de 70.000 muertos, según las cifras no oficiales, me trae en vilo. No supo anticiparse al coronavirus, (según él porque China engañó a todo el mundo); no supo organizar la desescalada; no puso suficientes rastreadores y aún no se conoce el misterioso comité de expertos, que condujo a todos estos errores. Encima, todo lo que representa dificultades lo delega en las autonomías,  como ocurre en la distribución de la vacuna.

ERC se divide ante los Presupuestos

El golpe policial de la Guardia Civil a los presuntos cabecillas de Tsunami Democràtic (David Madí, Xavier Vendrell y Oriol Soler) podría tener importantes consecuencias en los Presupuestos Generales del Estado. Y es que, según dicen en el independentismo, la operación judicial está generando una lucha interna en el seno de ERC, que parece que está ganando el ala más radical. "Los problemas judiciales de históricos del partido como Vendrell refuerzan al sector más combativo del partido frente al moderado, que representan Oriol Junqueras, Gabriel Rufián o Pere Aragonès", dicen en la formación republicana. Las mismas fuentes añaden que la posición final de ERC frente a los Presupuestos depende claramente del resultado de la contienda. Máxime ante la cercanía de los comicios autonómicos. "Aunque se haya apoyado el estado de alarma, el Gobierno cometería un grave error si empieza a dar por hecho que ERC aceptará los Presupuestos sin exigir nuevas contrapartidas", aseguran desde el entorno del portavoz de la formación en el Congreso. A pesar de ello y de la evidente lucha entre la vieja y la nueva guardia en el partido republicano, en Podemos están convencidos de que a "ERC no le queda más remedio que abstenerse en los Presupuestos".

Pelea en el 'Govern' por los fondos europeos

Al contrario que en los años de Quim Torra, la Generalitat sí que estará presente en la próxima reunión de presidentes autonómicos, que se celebrará el 26 de octubre y en la que se tratará del reparto de los fondos europeos. Ahora bien, en estos momentos no se sabe quién acudirá a dicha cita. Por lo que se comenta el puesto se lo disputan el actual presidente de la Generalitat en funciones, Pere Aragonés (de ERC) y el consejero de Empresa Ramon Tremosa, de JuntsXCat. Ambos se presentan como la persona idónea y no están dispuestos a ceder, lo que está generando un dura pugna en el seno del Govern. Así lo reconoció la portavoz de la Generalitat, Meritxell Budó, cuando aseguró el martes “desconocer quién acudirá a la reunión”. Resulta evidente que la guerra en el independentismo entre el partido de Carles Puigdemont y el de Oriol Junqueras está detrás de este nuevo conflicto que tiene claros tintes electoralistas. Quizá por ello ya aparecen voces dentro del Parlament que critican que el Govern se pelee por un asiento sin tener en cuenta que el reparto de los fondos europeos no se realizará siguiendo criterios territoriales, sino en base a proyectos concretos. “Otras autonomías lo han entendido y ya están hablando con las empresas para elaborar planes. En cambio en Cataluña aún no se ha hecho nada, lo que frenará la llegada de ayudas”, aseguran en un partido constitucionalista.    

Después encerrar a cinco millones de madrileños y sembrar el caos en la capital, no por motivos sanitarios, sino por venganza política, Pedro Sánchez se retira a un balneario de Galicia a disfrutar de su desafuero el fin de semana en La Toja. Eso se llama dar ejemplo. Cierto que debía clausurar el foro económico de esa localidad gallega, pero también podía haberse ido el mismo día y volver tras los actos oficiales, que para eso tiene el Falcon, que otras veces utiliza para ir a bodas y conciertos.

¿Junqueras en la calle antes de final de año?

La pasada semana el Gobierno hizo dos anuncios de calado que afectan directamente a la situación de los presos y fugados del 1-O: la reforma del delito de sedición y el inicio de la tramitación de indultos. Poco más se sabe de la estrategia que seguirá el Ejecutivo con ambas medidas. Pero desde el entorno del propio presidente del Gobierno se asegura que hay una cosa clara: “Pedro Sánchez tiene prisa, tanto en la reforma como en los indultos”. Según las fuentes, el objetivo del presidente es que Oriol Junqueras y el resto de presos del procés estén en la calle a finales de año. “La salida de prisión de todos ellos favorece la negociación de los Presupuestos con ERC, perjudica a Carles Puigdemont y propicia los intereses electorales de Miquel Iceta”, dicen en el entono del Ejecutivo. Por si fuera poco, se comenta que la inhabilitación de Quim Torra por el Supremo acelerará aún más la implantación de ambas medidas. El fallo del Alto Tribunal hace que cobre aún más fuerza la posibilidad de unas elecciones en Cataluña a finales de enero o principios de marzo. “Sánchez quiere a Junqueras fuera de la cárcel meses antes de las votaciones, ese apartado de su hoja de ruta es indiscutible”, desvelan en el entorno de Moncloa.

Junqueras-Iglesias: la foto que Sánchez veta

La implicación de Pablo Iglesias para lograr que los Presupuestos sean apoyados por los partidos de la moción de censura le llevó a reunirse esta semana con representantes de ERC y EH Bildu. En concreto, se vio con el portavoz de los republicanos en el Congreso, Gabriel Rufián, y con la de los abertzales, Mertxe Aizpurua. Pero cuentan que la interlocución que Iglesias buscaba en el caso de ERC no era la de Rufián sino la del presidente de la formación, Oriol Junqueras. Por lo que se dice en el Ejecutivo, el vicepresidente del Gobierno pidió permiso a Moncloa para desplazarse a la cárcel de Lledoners para encontrarse con Junqueras y lograr su apoyo de ERC para los Presupuestos. Pues bien, se comenta que Iglesias recibió un sonoro "no" a su petición de verse con el líder de ERC. Dicen que fue la vicepresidenta Carmen Calvo la que le trasladó personalmente la prohibición expresa de Pedro Sánchez. Por lo que se rumorea, el argumento que Moncloa utilizó para prohibir la visita a la cárcel fue que "ese tipo de acciones no se pueden hacer cuando se forma parte del Gobierno". Se dice que Iglesias aceptó de mala gana la orden de Sánchez. De ahí que, según comentan en el Ejecutivo, Carmen Calvo se ha convertido en la supervisora de los encuentros de Iglesias. "Parece su sombra", añaden desde Moncloa.

¿Un agosto inútil en el sector jurídico?

Cuando el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo anunció que por primera vez en décadas agosto sería hábil en el ámbito judicial, surgieron muchas voces contrarias a la medida. Entonces se criticó que convertir el mes pasado en laboral judicialmente hablando no solucionaría el colapso en los tribunales, que era el objetivo que Campo perseguía. Pues bien, una vez concluido el verano, el tono de la polémica vuelve a incrementarse. La causa es un mensaje del Ministerio de Justicia en redes sociales, felicitándose por la “razonable actividad” del pasado mes, “con más de 110.000 escritos iniciadores de demandas y más de 436.000 de trámite”. Son precisamente estos datos lo que han enervado a los magistrados, ya que los consideran “hinchados”. Por lo visto, la mayoría de los documentos presentados son escritos ya preparados, que siempre se mandan para evitar que se agoten plazos en los procesos judiciales, pero que no los resuelven. “Descontando este tipo de escritos, la actividad ha sido ridícula y la medida un fracaso, además de generar contratiempos en la profesión”, dicen desde un despacho de abogados. “Por mucho que diga Campo, agosto sigue siendo un mes inútil para el mundo jurídico”, añade.

Sánchez está cada vez más sólo y comienza a ser consciente de ello. No puede contar con sus socios de Podemos ni de ERC. Los primeros, porque andan perdidos en procesos judiciales. Su líder, Pablo Iglesias, lleva un mes sumergido en el silencio, deambulando de un lado para otro en busca del anonimato, porque ahora es mejor estar desaparecido. Los catalanes de Oriol Junqueras, porque hasta después de la celebración de las elecciones autonómicas no quieren ni oír hablar de un pacto con "españoles". La única alternativa es Ciudadanos. Pero el partido que dirige Inés Arrimadas es insuficiente, diez escaños dan para muy poco.

¿Hubo realmente acoso a Iglesias en Lena?

Varios miembros de Ejecutivo, incluido Pedro Sánchez, se han solidarizado con el vicepresidente Pablo Iglesias y con la ministra de Igualdad, Irene Montero, por el presunto acoso del que han sido objeto por parte de simpatizantes de extrema derecha y que les ha llevado a suspender sus vacaciones en el concejo asturiano de Lena. Pues bien, en círculos periodísticos se comenta que la familia Iglesias no acortó sus vacaciones, sino que tenía previsto pasar en el lugar solo el fin de semana, mucho antes de que se tuviera noticia de esos acosos. Así lo indican al menos algunos periodistas de la zona que sabían que el vicepresidente y su familia se irían de Lena el pasado domingo. “La historia no es como nos la cuentan”, dicen desde la oposición, que acusa a Podemos de ocultar cuáles eran los verdaderos planes de la familia Iglesias. Sea como sea, las dudas no se quedan solo en la duración de las vacaciones, ya que algunas fuentes afirman que el supuesto acoso realmente no se produjo. “No hubo concentraciones ni nada parecido”, dicen en la localidad de Lena.    

La titular del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria 5 de Cataluña ha desestimado este martes los recursos a su decisión de suspender la clasificación en tercer grado de los presos del 1-O, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).

El Juzgado de Vigilancia Penitenciaria 5 de Catalunya ha aceptado suspender el tercer grado de los presos del 1-O a raíz del recurso que la Fiscalía Provincial de Barcelona ha presentado este martes.

El presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart; el líder de ERC, Oriol Junqueras; y los exconsellers Raül Romeva y Jordi Turull han salido a las 6:55 horas de la mañana de este viernes de la prisión de Lledoners, en Sant Joan de Vilatorrada (Barcelona), por primera vez usando su clasificación en tercer grado, la semilibertad, con la que podrán pasar todo el fin de semana en casa.

El Servicio de Clasificación de la Secretaría de Medidas Penales, Reinserción y Atención a la Víctima de la Conselleria de Justicia de la Generalitat ha concedido el tercer grado, el de semilibertad, a los nueve líderes independentistas condenados por el Tribunal Supremo por el proceso soberanista.