Moncloa

El Gobierno recorta en gran medida sus expectativas para la economía española en 2022, rebajando el dato de crecimiento del PIB hasta el 4,3%. Se trata de una caída del 35% respecto a lo previsto en los Presupuestos de 2022.

La vicepresidenta del Gobierno, Teresa Ribera, y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se han reunido hoy con los consejeros delegados de Repsol, Cepsa y BP para tratar de buscar un acuerdo para bajar los precios de los carburantes, así como con los representantes de las patronales AOP y UPI.

El Gobierno reclama a empresas y trabajadores más esfuerzos ante las nuevas dificultades económicas. Sin embargo, el Ejecutivo dista mucho de dar ejemplo en cuanto a austeridad en la gestión de su propia plantilla. Muy al contrario, llama la atención cómo el Estado elevó el gasto destinado a personal de carácter eventual (aquél que los altos cargos designan libremente) un 24% entre 2019 y el año pasado, el periodo en que se sucedieron el apogeo de la pandemia de Covid-19 y el comienzo de la histórica crisis inflacionista que aún se desarrolla.

En el cuento de Pedro y el lobo que a muchos nos contaron de niños nos enseñaban cómo, tras numerosas alarmas que siempre eran falsas, un día finalmente llegaba el lobo y se comía las ovejas de Pedro.

A pesar de perder siete procuradores y su posición como primera fuerza política, el PSOE ha eludido hacer autocrítica tras las elecciones en Castilla y León. Los socialistas se han limitado a decir que la fragmentación les ha penalizado al tiempo que han cargado contra el PP por hacer más poderosa a la ultraderecha, en referencia al ascenso de Vox.

Las irregularidades de la NASA catalana

Con su reconversión en la Fundación de Estudios Espaciales de Cataluña el proyecto estrella del vicepresidente de la Generalitat, Jordi Puigneró, entró en los Presupuestos de Cataluña y aspira a llevarse un pellizco de los fondos europeos. Pese a que su único hito hasta la fecha ha sido poner un satélite catalán en órbita, aunque en seguida se descubrió que solo lo habían alquilado, y ni siquiera en exclusiva. Pero Puigneró ve el filón de la revolución digital y de las comunicaciones que Bruselas quiere subvencionar. "Ahí sí nos pueden dar dinero", señalan desde la Generalitat. Pero ahora la investigación del Tribunal de Cuentas catalán, el Sindic, sobre las irregularidades del organismo en sus primeros años les complica las cosas. Y es que el informe no solo desvela la falta de control sobre la NASA catalana, sino la ausencia de un plan estratégico. De momento, la respuesta del organismo ha sido anunciar una "auditoría externa" para despejar dudas. "Si lo tuvieran tan claro, mandarían sus cuentas al Sindic", comentan en esta institución.

Después de que la fiscalía suiza cerrara en diciembre la investigación abierta al rey Juan Carlos, aumentó la posibilidad de que el emérito regresara a España tras más de un año residiendo en Abu Dabi. El padre de Felipe VI, que este 5 de enero cumplió 84 años, quiere volver a nuestro país en las próximas semanas.

El Gobierno usará la vía del decreto-ley para tramitar la reforma laboral y evitar así que la oposición introduzca cambios en el texto pactado con sindicatos y empresarios. Moncloa maniobra así ante el acercamiento del Partido Popular a los nacionalistas vascos y catalanes, el Partido Nacionalista Vasco (PNV) y Esquerra Republicana de Cataluña (ERC). Los populares quieren hacer cambios en el texto, que consideran dañino.

La excusa más 'insólita' del Sepe con los Ertes

Desde el verano se ha dicho que los problemas del Sepe se habían solucionado. Pero es sabido que la realidad es diferente y que los retrasos en los pagos a las personas en Erte siguen existiendo. De hecho, hace pocos días se ha hecho público que un fallo informático ha provocado que los beneficiarios no puedan cobrar hasta el próximo año la prestación de noviembre. A pesar de las lógicas críticas de los afectados, la razón esgrimida desde el departamento liderado por Joaquín Pérez Rey fue que "el sistema no puede pagar dos nóminas en el mismo mes". Como era más que previsible, el argumento no satisfizo a nadie. Tampoco lo ha hecho que el Sepe siga lanzando balones fuera ante la persistencia de unos inconvenientes que existen desde el inicio de la pandemia. Así lo indica que ahora el organismo acuse a las empresas de sus propios problemas y asegure que "las compañías nos comunican tarde que han vuelto a los Erte. Eso nos impide tener a tiempo las listas de afectados, lo que acaba generando nuevos retrasos". Ni que decir tiene que esta excusa del Sepe ha vuelto a generar cientos de comentarios críticos en redes sociales. Muchos textos muestran el asombro ante la excusa "más insólita" utilizada por el organismo.

Mariano Rajoy está de oferta porque anda promocionando su libro. El expresidente no para de conceder entrevistas y hasta ha juntado bajo el mismo techo a Isabel Díaz Ayuso y a Pablo Casado, su sucesor en el Partido Popular. El gallego cree que Podemos quedará reducido a los votos del Partido Comunista y en Política para adultos, la obra que pretende vender, acusa a Pedro Sánchez de dejarse contagiar por el populismo de Iglesias.

El domingo 28 de noviembre el periódico El País publicó una larga entrevista con el portavoz en el Congreso de ERC, Gabriel Rufián. A lo largo de toda ella no se entró para nada en lo que, a mi juicio, es lo más relevante a lo que se enfrenta la sociedad española: el paro (especialmente el juvenil), la inflación, la pandemia, la marginalidad, la inestabilidad en el empleo, la deuda pública… Todo eso no existe para ellos, los aliados de Sánchez, y posiblemente tampoco para el propio Sánchez.

En los corrillos del Parlamento, en los círculos políticos y entre algunos informadores empiezan a sonar tambores de urnas, aunque a decir verdad todavía se oyen lejanos y con disonancia. Cierto es que Sánchez se ha asegurado ya el apoyo de los Frankenstein -ERC, PNV y Bildu- a los Presupuestos y con ello la permanencia en el Gobierno en 2022, salvo que las alianza parlamentarias le den la espalda y eso no toca el año próximo.

El falso pacto que Moncloa vende a la UE

El Ministerio de Hacienda remitió recientemente a Bruselas su proyecto de Presupuestos para 2022. Pero en el documento también se incluye información sobre las últimas medidas llevadas a cabo por el Ejecutivo. Por ejemplo, en el texto se pone en conocimiento de la UE la reciente subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Y llama la atención que el departamento liderado por María Jesús Montero venda que dicho incremento ha sido el fruto “del acuerdo alcanzando con todos los agentes sociales”, cuando la realidad fue muy diferente. De hecho, la CEOE rechazó el pacto para subir el SMI. Es más, como es sabido, el Ministerio de Trabajo dio por bueno el acuerdo sin contar con la firma de la patronal. Como era de esperar, el falso pacto que Hacienda ha enviado a Bruselas ya está siendo comentado entre algunos representantes empresariales, que no han dudado en hacer llegar a Moncloa su malestar por “un acuerdo que no ha existido”. Pero en esos círculos comentan que la respuesta del Gobierno les ha sorprendido. “Echan balones fuera y se limitan a decir que no saben el motivo por el que Hacienda ha dicho a Bruselas que el alza del SMI se acordó con la patronal y los sindicatos”, aseguran esas fuentes.

El Gobierno ha trasladado a la Unión Europea que bajará en 2022 la deuda hasta 4,5 puntos, situándola en el 115,1% del PIB desde el 119,5% de este año. El Gobierno sostiene que contendrá así el nivel de duda pese a firmar los Presupuestos más expansivos de la historia. El Plan Presupuestario 2022, enviado el viernes a Bruselas para el visto bueno de la Comisión Europea, recoge que el gasto consolidado del Estado para 2022 serán de 458.970 millones de euros -el mayor gasto de la historia-, de los que 27.633 pertenecerán a los fondos europeos.

Moncloa, aún a la espera de la otra llamada de Biden

La Administración de Joe Biden ha vuelto a dejar clara su posición respecto al Gobierno español, al excluir a nuestro país de un foro de ciberseguridad internacional que ha organizado. En dicho evento han participado de forma virtual 30 países, incluyendo potencias como Alemania y Japón, pero también países en desarrollo como Kenia o Nigeria. Se rumorea que Moncloa ha pedido explicaciones en círculos diplomáticos ante este nuevo desplante. Por lo que se dice, fuentes de la Administración Biden se excusan argumentado que "era solo una toma de contacto y que más adelante habrá otras reuniones sobre el mismo tema". Cuentan que las explicaciones de EEUU han "sentado mal" en Moncloa, especialmente porque en ellas no existe un compromiso por parte de Washington de que España vaya a estar presente en las futuras reuniones. "Ni siquiera se han tomado la molestia de poner fechas aproximadas para los siguientes foros", añaden fuentes cercanas al Ejecutivo con evidente malestar. "Este nuevo desplante vuelve a poner de relieve la escasa relevancia de España en el ámbito internacional y la nula empatía que la Administración Biden tiene con el Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez", añaden fuentes de la oposición.

La reforma de pensiones continúa desplegando sus efectos sobre el sistema público. Para 2022, el Gobierno elevará en un 32% la transferencia que recibe la Seguridad Social procedente del Presupuesto General y nutrida con ingresos impositivos del Estado y que servirán principalmente para sufragar los denominados gastos impropios arrojados al Sistema y que el propio ministerio cifra en 23.000 millones de euros.

Enfado de los profesores catalanes con Castells

Al contrario de lo que ocurre en colegios e institutos, donde las lecciones se imparten principalmente en catalán, en las universidades los profesores tienen aún libertad para enseñar en castellano. Ahora, el plan de la Generalitat de Cataluña de llevar la inmersión lingüística a la educación superior pone en entredicho dicha libertad. Máxime tras conocerse que las facultades tendrán que remitir informes semestrales a la Consejería de Universidades en los que se detallara en qué lengua se han impartido las clases. “Con esos datos, el Govern podrá presionar a aquellos profesores que se expresen en castellano”, aseguran en el ámbito universitario. Como era previsible, el colectivo de docentes está molesto por lo que consideran “una clara intromisión”. Pero su enfado no se limita a la Generalitat. Por lo que se comenta también alcanza al Ministerio de este ramo y, especialmente, a su titular Manual Castells. “El ministro no ha expresado la más mínima protesta por estos planes del Govern. Estamos totalmente desamparados”, según protestan los profesores catalanes.

Marlaska, ¿en la diana de González Laya?

Arancha González Laya tendrá que comparecer ante la Justicia por la decisión de acoger al líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, en España. Ya se ha comentado que esta declaración genera temor en Moncloa por el interés de la exministra de Exteriores de buscar la manera de descargar responsabilidades sobre altos cargos de Moncloa. Pues bien, se comenta que uno de los que está más preocupado con esta comparecencia es Fernando Grande-Marlaska. Primero porque el letrado que denunció el caso, Antonio Urdiales, está muy interesado en investigar la posible implicación de Interior en la llegada de Ghali. De hecho, ha pedido que también declare como testigo la directora de Gabinete del Ministerio, Susana Crisóstomo. Pero cuentan que lo que realmente preocupa a Marlaska es que González Laya le apunte directamente en su declaración ante el juez y lo acabe comprometiendo. "Interior tenía conocimiento de la llegada de Ghali dado que había agentes de la policía en el hospital de Logroño donde estaba ingresado", apuntó el propio Urdiales en su escrito ante el juez.

Podemos insiste en la regulación de alquileres

A pesar de las amenazas vertidas días atrás por Pablo Echenique, Podemos ha reducido en gran medida sus ataques a Pedro Sánchez por la subida de la luz. Más aún tras el “plan de choque” del Ejecutivo, de marcado carácter intervencionista, lo que, sin duda, ha contentado a los morados. A pesar de ello, en Moncloa “no se fían” de la formación liderada ahora por Ione Belarra y creen que están a la espera de un nuevo frente en el que “retomar los ataques en las próximas semanas”. Es más, en el entorno del presidente del Gobierno ya se rumorea que Podemos cumplirá sus amenazas respecto al alquiler. “Está claro que no van a renunciar a su intervención”, comentan en Moncloa. “Volverán a insistir con ello. Estamos convencidos de que tienen la intención de convertirlo en el caballo de batalla de este otoño”, añaden las fuentes. Hasta el momento, Podemos guarda un escrupuloso silencio al respecto. Pero en privado algunos ya empiezan a corroborar las tesis que vienen de Moncloa. “Es uno de los frentes más claros que tiene la formación para crear tensión y tratar de recuperar votantes. No creo que se deje escapar”, explican desde Podemos. “Será difícil lograr la intervención directa de los precios del alquiler. Pero aspiramos al menos a una medida similar a la aprobada para el mercado del gas”, añaden.

Con los vientos de las encuestas a favor, todas menos el circo de Tezanos, y la credibilidad de Pedro Sánchez y el gobierno de coalición en mínimos, el Partido Popular prepara la convención nacional que se celebrará del 27 de septiembre al 3 de octubre, con fin de fiesta en Valencia y que se pretende sea el trampolín definitivo que lleve a Pablo Casado a La Moncloa, sobre la base de tres ejes prioritarios: el rearme ideológico del partido, enmarcado bajo el lema "España y Libertad, la economía como ariete fundamental en la estrategia de oposición y recuperar la unidad del centroderecha.

Iglesias, ahora el peor enemigo de Moncloa

La nueva faceta de tertuliano en diversos medios de comunicación de Pablo Iglesias inquieta al entorno del presidente Pedro Sánchez. De hecho, en su equipo se comenta que no esperan que el exvicepresidente muestre “lealtad alguna” con el Ejecutivo. Muy al contrario, algunos ya dan por seguro que el exlíder de Podemos se puede convertir en el peor enemigo de Moncloa. “Va a hacer de temas como la subida de la luz y el control de los alquileres sus constantes caballos de batalla”, dicen fuentes del Gobierno, donde estiman que Iglesias “aprovechará para ajustar cuentas con el Ejecutivo al que perteneció”. Además, “en Podemos saben que deben ejercer mayor presión sobre Moncloa según se vayan acercando las elecciones generales. Y muchos piensan que Iglesias puede ayudar a sus antiguos compañeros con gran libertad, ahora que está fuera de la formación”, asegura un analista político. La misma fuente señala que las críticas de Podemos a las decisiones de la ministra Teresa Ribera, respecto a la subida de los precios de la luz, es un serio aviso de lo que le espera a Sánchez en el resto de la legislatura. “La cesión en relación a la subida del salario mínimo no contentará a los morados. Es más, nadie se cree que Iglesias se resista a armar todo el jaleo que pueda”, según aseguran en el mundo político.

¿Volverá Moncloa a hablar de ‘inmunidad de grupo’?

El día D que el presidente Pedro Sánchez señaló para alcanzar la inmunidad de grupo frente al Covid en España ya llegó. Según los cálculos que hizo públicos a principios de mayo, la fecha en la que el 70% de la población total contaría con la pauta de vacunación completa es el ya pasado 18 de agosto y, en esa fecha, el porcentaje estaba aún en el 63%. Es cierto que Sánchez dejó abierta la puerta a que la meta se alcance el día 31 de este mes, pero los expertos creen que, “ante la desaceleración que la campaña de vacunación ha mostrado en verano, tampoco entonces se logrará”. Además, lo realmente importante, según los científicos, es que “la cifra del 70% está desfasada”. En otras palabras, la llegada de nuevas variantes del virus hace que ahora sea necesario un volumen de población vacunada mucho mayor, quizá del 90%, para que pueda hablarse de un escudo colectivo contra el Covid realmente eficaz. De hecho, se rumorea que los expertos que asesoran a Moncloa ya han asumido esta realidad, y recomiendan a los diferentes Ministerios, especialmente al equipo de Carolina Darias en Sanidad, que “se hable ya lo menos posible de la inmunidad de grupo”, según dicen en círculos cercanos al Ejecutivo. “Está por verse si les harán caso, o el Gobierno volverá a caer en la tentación de definir otro calendario triunfalista e irrealizable”, comentan con ironía en ámbitos políticos.

El aún fugado Carles Puigdemont y su entorno promueven, desde el año pasado, la llamada objeción de conciencia fiscal en los círculos secesionistas catalanes. La práctica consiste en que estos contribuyentes informen a la Agencia Tributaria de que se niegan a que sus impuestos sufraguen los gastos de la Casa Real, los Cuerpos de Seguridad y los tribunales. En su lugar, reclaman que ese dinero se destine a CATGlobal, que es en realidad el Consejo de la República controlado por el propio Puigdemont. Fuentes de Hacienda reconocen que en 2020 detectaron un “cierto número de objetores por la República”. Este año, por el contrario, la campaña del IRPF se cerró sin registrar “ni una sola petición” de esta clase. Sin duda, influye la inutilidad de las solicitudes, ya que no está permitido que los contribuyentes reasignen a su antojo las partidas del Impuesto de la Renta. Pero, además, en el mundo independentista hay quien reconoce su “enfado” por la “poca vergüenza” de la que Puigdemont hace gala. “Nos arriesgamos a una inspección de Hacienda para que él obtenga fondos que le permitan seguir viviendo a todo tren en Bélgica”, comentan con enfado en algunos foros digitales relacionados con círculos secesionistas.

Natural de Palma de Mallorca, pero hijo adoptivo de Andalucía, unido familiarmente a la provincia de Jaén, Juan Bravo Baena, consejero de Hacienda y de Financiación Europea ha concedido una entrevista a eE donde explica la evolución económica y de empleo de esta región. Positivo con la gestión de la Junta Andaluza, pero sobre todo con la respuesta de los emprendedores andaluces, sostiene Bravo que esta comunidad autónoma se puede convertir en la locomotora de España". Metódico, estajanovista y apasionado con lo que hace, el también inspector de Hacienda analiza la política actual de la Junta, el punto en el que se encuentran los Presupuestos o, la intención de que la legislatura -como ha señalado Juan Manuel Moreno Bonilla- concluya el 26 de noviembre de 2022. Además, aborda para nuestros lectores las tensiones que las CCAA tienen con el Gobierno de Pedro Sánchez por la falta de cogobernanza; problemas que en su opinión pueden provocar la pérdida de fondos de la UE por "una gestión centralista". Juan Bravo es claro: "No queremos que Sánchez nos dé más dinero -que también-, queremos el 55% de la cogobernanza y que nos deje decidir en qué invertimos". Y añade: pero, "antes de que Sánchez mande el dinero, prefiero que mande la fábrica de baterías eléctricas".

Ahora que se cumple un mes de la remodelación del Gobierno de Pedro Sánchez, perpetrada más con alevosía que con premeditación, me viene a la memoria ese cambiar para que nada cambie de la paradoja de Giusseppe Tomasi di Lampedusa, porque el lifting operado en el Consejo de Ministros ni ha mejorado la gestión, ni ha apaciguado las discordias y enfrentamientos en el gabinete y, ni siquiera, ha dado la vuelta a las encuestas que continúan acentuando esa cuesta abajo en la rodada en que ha entrado el PSOE y una mayoría absoluta del centroderecha si hoy se celebraran elecciones.

Serio, riguroso, didáctico, Enrique López, juez y magistrado ejerce desde el triunfo de mayo de Isabel Díaz Ayuso de consejero de Presidencia, Justicia e Interior. Desde su despacho frente a la madrileña plaza de Pontejos, López ha conversado con el eE, en una entrevista donde ha ponderado las políticas de la Comunidad de Madrid frente a las de Pedro Sánchez en el Gobierno. Desde aquí, también aventura un cambio de ciclo, y una tecla clave: la política fiscal; la batalla que se va a librar en las próximas elecciones generales.

En la entrega por fascículos del Balance del Gobierno de Pedro Sánchez, presentado la semana pasada en Moncloa, con el nombre de 'Cumplimos', el miércoles la delegada del Gobierno en Madrid, Mercedes González, dio a conocer públicamente un compendio de actuaciones e inversiones por valor de 7.775 millones de euros para la Comunidad de Madrid, a lo largo de este primer semestre. Con estos datos, González subrayó que el Ejecutivo de España sí que cumple con la administración que preside la rival política, Isabel Díaz Ayuso.

Miguel Ángel Revilla Roiz (Salceda 1943) es, sin duda, el presidente más mediático del panorama autonómico nacional. Tertuliano habitual en las cadenas de televisión tiene una merecida fama de no tener pelos en la lengua, y de no casarse con nadie cuando se trata de defender a Cantabria, la tierra que le vio nacer y donde ha gobernado tres mandatos. La entrevista con elEconomista se celebra a última hora de la tarde en el único hueco que ha tenido libre esta semana y, aunque se había previsto realizarla en media hora, se alarga más del doble. Está en su despacho, trabajando, "vengo a las ocho de la mañana y no descanso ningún día de la semana ni me cojo vacaciones desde hace años", señala. Licenciado en ciencias económicas y empresariales y diplomado en Banca y Bolsa por la Universidad del País Vasco es empleado de banco en excedencia, además de profesor y escritor y un hombre polifacético muy popular y cercano que defiende con pasión las siglas PRC (Partido Regionalista de Cantabria) del que es secretario general. Dice que si no fuera por los fondos europeos "en España estaríamos a tiros, porque la situación económica será insostenible". Afirma que al final el tema de Cataluña se solucionará con "pasta" y califica a Pedro Sánchez como un político sin escrúpulos para conseguir lo que se propone.

El Gobierno central estudia con la Generalitat de Cataluña el traspaso de la Formación Sanitaria Especializada (FSE) a Cataluña. El Gobierno de coalición llevaría a cabo así uno de los puntos que planteaba en el acuerdo de coalición progresista entre el PSOE y Unidas Podemos. Según informó El Mundo, este tema se abordó durante la reunión de la Comisión Bilateral entre la Generalitat de Cataluña y el Estado. El Gobierno y Generalitat comenzarán una mesa de trabajo a partir de octubre para estudiar la viabilidad del traspaso.

Después de tanta expectación, finalmente, el ampliación del aeropuerto de Barcelona del Prat se convirtió ayer en la estrella de la Comisión Bilateral con el Generalitat de Cataluña. A media tarde, la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, anunciaba un acuerdo con la Generalitat de Cataluña para la ampliación del aeropuerto del Prat de Barcelona con una inversión de 1.700 millones de euros.