El Tribunal Constitucional despertó este jueves por la tarde la polémica entorno a la legislación sobre vivienda con una sentencia que anuló los artículos de la ley catalana de vivienda que en 2020 puso límite a los precios del alquiler en las localidades con mayor tensión entre demanda y oferta. Y lo hizo pocas horas después de que ERC salvara en el último momento en el Congreso el primer trámite de la Ley de Vivienda nacional.
La rehabilitación de viviendas se ha convertido en una de las piezas principales dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía española, ya que según explicó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se va a destinar a esta partida unos 5.800 millones de euros para los próximos tres años. Concretamente, un 70% de este monto se destinará a viviendas. El resto irá a la mejora de edificios públicos y se repartirá a partes iguales entre, por un lado, la Administración General del Estado y, por otro, ayuntamientos y comunidades autónomas, según adelantó El País.
En 2018, el Gobierno presidido por la socialista Francina Armengol, en coalición con Podemos y los soberanistas de la MES, rubricaba una Ley de Vivienda en la que legislaba la figura de la expropiación de la propiedad privada. En el texto, publicado en el BOE el 13 de julio de 2018, el documento explicitaba que a la Administración autonómica de Baleares le corresponde el ejercicio de determinadas competencias entre las cuales se encuentra la potestad de expropiar. Además determina que esta misma actuación se puede llevar a cabo con los grandes tenedores -al menos 10 viviendas- con la posibilidad de entrar en las viviendas desocupadas.
La decisión del Gobierno balear, liderado por la socialista Francina Armengol, de expropiar durante siete años 56 viviendas pertenecientes a grandes propietarios para destinarlas al alquiler social ha hecho saltar todas las alarmas en el sector de la inversión inmobiliaria, ya que esta medida abre el melón a la expropiación en España en un momento en el que se está dando forma a la nueva Ley de Vivienda.
Sebastián Piñera, anunció este domingo la construcción de 61.000 viviendas sociales por valor de 2.600 millones de dólares en 2021, lo que supone un aumento del 20 % del presupuesto para ese fin con respecto a este año.
El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, calcula que el presupuesto de su departamento para 2021 aportará 8.780 millones de euros a la economía -es decir, 0,8 puntos de PIB- y permitirá crear 121.200 empleos.
Las familias del departamento de Lima que deseen comprar una casa con ayuda del Estado tienen a su disposición un total de 1591 inmuebles a los que pueden acceder a través del Bono Familiar Habitacional (BFH) del programa Techo Propio, que el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) ofrece a través del Fondo Mivivienda.
El gobierno debe priorizar las inversiones en infraestructura para contribuir a la reactivación económica y, por ende, a la generación de empleo. Así lo estimó el 90% de los encuestados por el Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI) en un sondeo que buscó conocer la percepción de la industria respecto al momento que vive el país.