El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, continúa su cruzada para resolver el problema de las vacantes en España, cifradas en 140.000 por el INE, a través de la contratación de ciudadanos extranjeros, entre los que se incluyen aquellos que se encuentran en nuestro país en situación de irregularidad. El ministro hasta ahora se ha encontrado con la oposición de los sindicatos y el Ministerio de Trabajo, que consideran que no tiene sentido contratar en origen con cerca de tres millones de parados.

La Seguridad Social comenzará a emitir y notificar por vía electrónica a partir del próximo 1 de julio las reclamaciones de deuda por cuotas, por conceptos de recaudación conjunta o por recursos distintos de cuotas, así como las providencias de apremio.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha manifestado recientemente en reiteradas ocasiones su intención de implementar en la nueva legislatura una modalidad de despido denominado "restaurativo" o "reparativo". Supondría, en palabras de nuestra vicepresidenta, una variación en la regulación de las causas y consecuencias del despido, actualmente contempladas en el Estatuto de los Trabajadores y, de forma más concreta, respecto a cada sector en los convenios colectivos. 

En la mañana del pasado miércoles tuvo lugar la primera Junta Directiva que CEOE celebra después de que trascendiera la regularización del vínculo laboral que une a la patronal con quien es su presidente desde 2019, Antonio Garamendi, y la actualización de su sueldo, con las subidas pendientes desde el año 2021 hasta 2023.

El titular del Ministerio de Inclusión y Seguridad Social, cuando decía ser independiente y Presidente de la Airef, cuestionaba el índice de revalorización de las pensiones aprobado por el anterior gobierno. Sostenía que era excesivo e introduciría desequilibrios financieros en el sistema. Ahora, no le debe parecer excesivo subir todas las pensiones de acuerdo con la inflación independientemente de su cuantía, lo que ha elevado el gasto mensual en tasa interanual hasta el 10,8% en el mes de enero, alcanzando el desembolso total el 12% del PIB.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha instado a la CEOE a tener "coherencia" y a negociar una revalorización de los salarios en toda España, tras conocerse que la patronal ha revisado la situación laboral de su presidente, Antonio Garamendi, quien pasará a tener un contrato de alta dirección, con un sueldo fijo de unos 380.000 euros anuales.

La Inspección de Trabajo ha intensificado el control sobre las Big Four en la última semana y, según ha podido saber elEconomista.es, ha pedido que se le remitan más correos electrónicos para comprobar la duración de las jornadas de trabajo de sus empleados tras la macroinspección que se llevó a cabo el pasado mes de noviembre. En concreto, fuentes al tanto de estos requerimientos señalan que este organismo dependiente del Ministerio de Trabajo habría seleccionado a 80 trabajadores de PwC de forma aleatoria y habría requerido que remitiesen los correos electrónicos enviados fuera de su horario laboral.

"La legislación se hace para múltiples sectores, pero cada uno es diferente; el nuestro es más artesanal, no es un sector que puedas industrializar y con un horario exacto no podríamos vivir", afirma Gonzalo Sánchez, presidente de PwC.

Los sindicatos con representación en la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) irán a huelga el miércoles para exigir al Gobierno el cumplimiento del acuerdo firmado el pasado 7 de julio de 2021. Durante la mañana del lunes ya se reunieron ante las sedes de la organización en todo el país en una primera jornada, para manifestar la "incapacidad del Gobierno de reforzar el organismo".

El comisario de Empleo y Asuntos Sociales, Nicolas Schmit, se muestra optimista con la reforma laboral española. No obstante, Schmit demuestra que está al corriente de la polémica relacionada con el modo en que el Ministerio de Trabajo contabiliza los trabajadores fijos discontinuos sin actividad en las listas del paro. Durante su entrevista con elEconomista.es en el Foro de Davos, el comisario matiza que "puede haber discusión sobre cómo se calculan esas cifras" de desempleo. Eso no impide a Schmit destacar "la clara mejora especialmente en términos de empleo más estable y respecto al desempleo juvenil" del mercado laboral español.

El año cierra con un aumento de los salarios pactados en convenio en un 2,78% hasta diciembre de 2022, por encima del acumulado del mes anterior (2,69%). Mientras, el IPC adelantado marca un 5,8% en el último mes, más del doble aun tras moderarse este último mes.

Cuando los actuales responsables del Ministerio de Trabajo y Economía Social estaban en la oposición, enarbolaban un discurso teatralmente indignado contra la regulación laboral recogida en el Real Decreto Ley 3/2012, de 10 de febrero, exigiendo su inmediata derogación por considerarla una afrenta contra la clase trabajadora. Después de tres años en el gobierno, llegaron a la conclusión de que debían abandonar aquel propósito basado en muy poco análisis y mucha demagogia y, sustituir aquel relato, por el de terminar con la precariedad y la temporalidad del empleo en España.

El Ministerio de Trabajo consulta mañana la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) en una mesa de negociación bilateral: CEOE se 'planta' por la polémica enmienda de los EREs, mientras la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz se resguarda en el informe de su Comité Asesor, que exponen una mejora de hasta el 8,2% (82 euros al mes). De hecho, la ministra de Trabajo choca con la metodología del ministerio de Asuntos Económicos, que rebaja al 3,05% (unos 30 euros) la mejora.

El Gobierno ha dado un viraje de 180 grados en sus relaciones con la patronal una vez que sacó adelante la última reforma laboral y el mecanismo para revalorizar las pensiones ligado al IPC. En el año transcurrido desde que consiguió el apoyo de los empresarios para esas dos medidas, el Ejecutivo ha optado por restringir su comunicación con ellos hasta el punto de que ahora es prácticamente inexistente, según reconocen a elEconomista.es fuentes de la directiva de CEOE.

La patronal de las pymes, Cepyme, calcula que la subida del salario mínimo desde 2018 ha borrado algo más de 217.000 puestos de trabajo en España. En concreto, Cepyme señala en su informe que el incremento del 35,9% que ha experimentado el SMI a partir de 2018, desde los 735,9 euros mensuales a los 1.000 euros actuales, ha generado la destrucción de 71.600 puestos de trabajo y evitado la creación de 145.900 empleos.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, desveló el pasado lunes en sede parlamentaria que la Inspección de Trabajo había detectado que 14.601 empresas habían utilizado de forma irregular los contratos de fijos discontinuos. Efecto de la intervención de la Inspección, la ministra desveló que se habían transformado 25.800 contratos de fijos discontinuos en fijos ordinarios.

En agosto, 1,87 millones de asalariados tenían pactado en sus convenios colectivos una subida salarial por encima del 3%, según los datos publicados ayer por el Ministerio de Trabajo.Esos son 171.500 más que en el mes de julio y suponen el 26,3% del total de los trabajadores (7,12 millones) que en agosto contaban con un convenio colectivo en vigor.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se reunió ayer con la Comisión de Expertos del SMI para trasladarles un nuevo encargo: quiere, primero, que actualicen el salario medio para fijar la subida del salario mínimo interprofesional en enero y, segundo, que aborden un estudio sobre el impacto de las subidas del SMI en la pobreza y la desigualdad. El salario mínimo interprofesional está actualmente en 1.000 euros por 14 pagas.

El Servicio Público de Empleo Estatal (Sepe) pone 120 millones de euros a disposición de las empresas de doce "sectores estratégicos" para que financien cursos a medida de sus necesidades. A cambio, las compañías que se asocien al programa se comprometen a contratar entre 6 y 12 meses a un mínimo del 40% de los desempleados que hayan seleccionado para sus cursos.Aunque no es el primer programa del Sepe que obliga a las empresas a contratar a los estudiantes, sí es con diferencia el que más dotación presupuestaria tiene. A pesar de que el programa se aprobó en enero, en septiembre arranca el primer paquete relevante que se destinará a las empresas del sector de datacenter.

El Ministerio de Trabajo ofreció a CEOE y Cepyme en la última reunión del Estatuto del Becario ayudas a las empresas que accedan a amparar a estudiantes de universidad, de FP o de cursos del Sepe para hacer prácticas en su organización. En la última reunión, del 27 de julio, entregó una nueva propuesta con la posibilidad de ayudas. Sin embargo, la redacción quedaba sin precisar, algo que generó el rechazo de la CEOE cuyos representantes en la mesa han solicitado una mayor precisión. Una postura que desde el Ministerio de Trabajo se interpreta como un rechazo a consensuar el texto lo que abre la puerta a un pacto solo con los sindicatos.

Los/as trabajadores/as contratados/as para actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico son lo que han obtenido una mayor subida salarial a julio, un 6,3%, frente a la media del 2,56% de subida. No obstante, según los datos del Ministerio de Trabajo este colectivo ampara tan solo a 827 trabajadores con 715 empresas, que en su mayoría son los dueños de las casas en las que sirven los limpiadores.

El pasado martes, el secretario de Estado de Empleo y Economía Social, Joaquín Pérez Rey, abría la puerta a dejar fuera a la CEOE de un pacto para aprobar el futuro Estatuto del Becario cuya negociación ha quedado paralizada hasta septiembre. El número dos de Yolanda Díaz declaró: "en la medida en que la patronal tenga la opinión de que haya caminos que permitan el uso de la formación como fórmula de abaratamiento de costes será difícil que podamos alcanzar un acuerdo con ellos". Una negociación no exenta de dificultades.

El Ministerio de Trabajo y de Economía Social utilizará "todo el potencial de la inspección" para "controlar de manera muy exhaustiva cómo se usan las nuevas figuras de contratación", como los fijos discontinuos, y vigilar que lo regulado en la reforma laboral se cumpla.

La formación continua en un contexto tan cambiante como el actual y una de las claves para la modernización de la estructura productiva de España, es que los autónomos puedan participar de estos avances. Desde la vicepresidencia segunda del Gobierno, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, incluye en la Estrategia Nacional de Impulso del Trabajo Autónomo (Endita), al que ha tenido acceso este medio, el impulso de la formación profesional como uno de los ejes principales de este plan.

El Ministerio de Trabajo quiere dar un cambio copernicano al concepto de la indemnización por despido procedente. Así, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, desveló ayer tras su comparecencia en el Congreso que su equipo está trabajando en la modificación de las indemnizaciones. UGT ha pedido reabrir la negociación con los agentes sociales para subir la indemnización improcedente de los actuales 33 a 45 días por año trabajado.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, aclaró ayer que los estudiantes que hagan prácticas tutorizadas, los conocidos como becarios, no cobrarán un salario como tal. "Recibirán una compensación económica por los costes derivados de formarse", remarcó la ministra tras la reunión que mantuvo ayer con los representantes del Consejo de la Juventud y la Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas.

Tras seis meses de parón, el Ministerio de Trabajo reactiva esta semana, la siguiente a más tardar, las negociaciones con empresarios y sindicatos para la reforma de la formación profesional en el trabajo. Los agentes sociales exigirán al equipo de Yolanda Díaz que suprima un artificio legal introducido en el anteproyecto de la Ley de Empleo que pretende impedir que los excedentes de las cuotas cobradas para formación que no se hayan invertido cada año sean obligatoriamente reinvertidas el año siguiente también en formación.

El comportamiento laboral de abril se caracteriza por un impulso récord en la contratación indefinida, que se elevaron hasta alcanzar los 698.000 contratos, la mitad del total. Es un efecto esperado en el que fue el mes en el que, además de celebrarse la Semana Santa, se aplica en toda su extensión la nueva reforma laboral, que decreta fuertes limitaciones a la temporalidad.  De hecho, el histórico avance del contrato indefinido debe mucho a los fijos discontinuos, 238.000 del total, y a los indefinidos que firman para cubrir una jornada parcial, 175.000 de ellos. Así, de los contratos indefinidos firmados, únicamente el 40% no está expuesto a este tipo de temporalidad encubierta.

El Ministerio de Trabajo cuantifica en 2.635 millones de euros el dinero que, recaudado con las cuotas de empresas y trabajadores destinadas a formación, se acumula sin gastar desde 2015 cuando entró en vigor la ley 30/2015 del Sistema de Formación Profesional para el empleo en el ámbito laboral, según informan a eE fuentes de los agentes sociales. El montante coincide con el cálculo de empresarios y sindicatos que cifran entre 500 y 600 millones lo que cada año se queda sin ejecutar de los fondos que aportan en la cotización a la Seguridad Social, un 0,6% cobrado a las empresas y un 0,1% a los trabajadores.

La EPA del primer trimestre reflejó la desaceleración del mercado laboral y la persistencia de sus históricas debilidades. Una de ellas es la dificultad que tienen las empresas para encontrar candidatos idóneos para determinados perfiles, especialmente en el ámbito tecnológico.