La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha afirmado este martes que el Gobierno seguirá trabajando esta semana con los agentes sociales para establecer una nueva "segunda generación" de expedientes de regulación de empleo temporal (ERTE) que tendrán que extenderse más allá del 30 de junio.
Yolanda Díaz Pérez está siendo la cara más visible de la parte podemita del Gobierno en esta crisis sanitaria. Con la ministra de Igualdad, Irene Montero, en cuarentena por dar positivo de nuevo en coronavirus. Y con los ministros de Universidad, Manuel Castells, y Consumo, Alberto Garzón, y el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, con menos competencias para afrontar esta crisis sanitaria, es la ministra de Trabajo la que más responsabilidad tiene para luchar contra las consecuencias de la pandemia del Covid-19. Esta mayor exposición es una oportunidad para analizar su estilo: Yolanda Díaz Pérez, licenciada en Derecho y con tres postgrados, tiene desde que es ministra un estilo muy adecuado a su cargo, quizá la mejor del Ejecutivo, con el que convence, que le sirve para reunirse tanto con patronal como con sindicatos y con el que hace olvidar su pasado (y quizá presente) comunista.
Autónomos y pequeños empresarios se encuentran muy despistados sobre cómo actuar frente al coronavirus, máxime cuando la Guía del Ministerio de Trabajo ha sido descalificada por el propio Gobierno. elEconomista ha consultado con diversos especialistas en Derecho Civil, Concursal y Laboral para saber cuáles son las obligaciones de la empresa en la actualidad y cuáles los riesgos que debe afrontar.
Las organizaciones agrarias pedirán hoy a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, medidas que amortigüen la subida del salario mínimo interprofesional (SMI), entre ellas la bonificación de las cotizaciones a la Seguridad Social.
Los mayores de 45 años firmaron el año pasado nada menos que 348.662 contratos indefinidos, o lo que es lo mismo, la segunda cifra más elevada de la historia, solo por detrás de la obtenida en 2018. La cifra registrada este año se ha reducido un 5,9% tras siete ejercicios ininterrumpidos de crecimientos de dos dígitos.
Los autónomos quieren una ayuda similar a la que tienen los trabajadores por cuenta ajena mayores de 52 años que se quedan sin empleo. La organización UPTA va a presentar al Secretario de Estado de Empleo una propuesta para que los autónomos que han cerrado sus negocios con más de 52 años puedan acogerse a un subsidio especial, similar al que disfrutan los trabajadores por cuenta ajena en situación de desempleo.
El número de parados registrados en el mes de enero ha subido en 90.248 personas en relación con el mes anterior. Se trata de un aumento ligeramente superior al de 2019 (cuando hubo 83.464 parados más) y del peor dato de paro en este mes desde 2014 (cuando aumentó en algo más de 113.000 personas). En valores relativos, el incremento del paro es de un 2,85%. En cuanto a la afiliación a la Seguridad Social registra su peor enero desde 2013 al perder 244.044 cotizantes (consulte el documento completo).
La Seguridad Social cerró el mes de enero con 244.044 afiliados menos (-1,2%), su mayor caída en este mes desde 2013, cuando perdió 263.243 cotizantes, según los datos del Ministerio de Trabajo publicados este martes. Este primer mes de 2020 cierra con 90.248 parados más y la cifra total de desempleados sigue sin bajar de los tres millones y se sitúa en 3.253.853 parados. Se trata del peor dato de paro en un mes de enero desde 2014 (consulte el documento completo).
Convertido en adalid contra la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), Pedro Barato alerta de las consecuencias que la medida aprobada este jueves tendrá en un sector que se rebela en toda España, harto de la crisis de precios que sufre. "Una subida de un 43% del SMI es la puntilla" para los agricultores y ganaderos, asegura.
El Ministerio de Trabajo y Economía Social y el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones tendrán de plazo un mes, a contar desde hoy mismo, para crear un órgano de coordinación con participación paritaria de los mismos. El Ministerio de Ciencia e Innovación y el de Universidades tendrán otro órgano que los coordine y el Ministerio de Consumo, el de Sanidad y el de Agricultura otro más.
Finalmente se ha confirmado que el Ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz tendrá bajo su responsabilidad la Inspección de Trabajo, cuya y dirección ha encargadp al diputado de Unidas Podemos por Valencia Héctor Illueca.
"Debemos derogar la reforma laboral". Con estas palabras inicia la nueva ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, su andadura al frente del ministerio que centrará buena parte de sus esfuerzos en cambiar la ley que rige el mercado laboral desde que en 2012 el Gobierno de Mariano Rajoy ejecutase su reforma en una coyuntura de destrucción masiva de puestos de trabajo.
La derogación de la reforma laboral de 2012 es uno de los principales puntos del acuerdo para el Gobierno de coalición del PSOE y Unidas Podemos que tendrá que afrontar la nueva ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en un contexto de ralentización de la creación de empleo.
El número de trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo (ERE) autorizados por las autoridades laborales o comunicados a las mismas subió un 56,4% en los diez primeros meses de 2019 en comparación con el mismo periodo de 2018, hasta sumar 71.079 afectados, según datos del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.
La Seguridad Social cerró el año 2019 con un aumento medio de 384.373 afiliados (+2%), su menor repunte desde 2013, tras haber registrado en diciembre 31.659 cotizantes más (+0,1%), en el que fue su peor diciembre desde 2012, cuando perdió algo más de 88.000 cotizantes, según ha informado este viernes el Ministerio de Trabajo (consulte aquí el documento completo).
El número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo bajó en 38.692 desempleados en 2019 (-1,2%), nuevo descenso anual consecutivo, aunque el menos pronunciado desde que España iniciara la recuperación en 2013 (2012 cerró con 426.364 parados más y 2013 con 147.385 parados menos), según ha informado este viernes el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social (consulte aquí el documento completo). En cuanto a la afiliación, se sitúa en los 19.408.538 trabajadores, el número más elevado en un mes de diciembre.
Saltó la noticia el pasado viernes cuando el Gobierno de Pedro Sánchez anunció la suspensión cautelar de la subida de las pensiones, del salario mínimo interprofesional y del sueldo de los funcionarios comprometida para 2020 hasta que se lograra formar un Ejecutivo en plenitud de funciones, como ya había adelantado elEconomista con anterioridad.
El Gobierno ha suspendido este viernes la subida de las pensiones y del salario mínimo interprofesional (SMI) hasta la formación de un Ejecutivo en plenitud de funciones, tal y como ya había informado elEconomista y se ha confirmado este viernes en la rueda de prensa del último Consejo de Ministros de este año.
A expensas de que se confirme durante la mañana de este viernes, la noticia está en que definitivamente el Gobierno no subirá las pensiones conforme al IPC desde el comienzo del año, tal y como ya informó elEconomista tras unas declaraciones de la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, en la que se guardaba la posibilidad de que el incremento de las pagas se efectuase con carácter retroactivo una vez que se hubiera conformado el Gobierno y este tuviera plenitud de funciones.
La ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, ha anunciado este miércoles que el número de contratos temporales transformados en indefinidos gracias al Plan Director por un Trabajo Digno ha ascendido a 273.000 desde que se puso en marcha.
La ministra de Trabajo en funciones, Magdalena Valerio, no descarta que al inicio del próximo año se aplique la subida del 0,25% para las pensiones ante la imposibilidad de realizar el incremento en relación al IPC real al que se comprometió el presidente del Gobierno Pedro Sánchez durante la campaña electoral. En cualquier caso, la decisión no está tomada todavía y está por decidir si se suspende la subida de las pensiones del 0,25% y se suben un 0,9% en 2020, como se comprometió el Gobierno, antes de que acabe el año.
España creará en 2020 un total de 310.000 empleos, lo que supone un 25% menos que los 415.000 que estima se crearán este año, de acuerdo con las previsiones de Asempleo, que apuntan a que la tasa de paro se reducirá del 14,2% en 2019 al 13,6% el año que viene.
Uno de los más férreos compromisos tanto del PSOE como de Unidas Podemos durante las campañas electorales de 2019 ha sido la promesa de subir el salario mínimo interprofesional (SMI) a 1.200 euros en el final de legislatura. Para ello, tanto los morados como los sindicatos reclaman al Gobierno en funciones que apruebe un real decreto para alzarlo, al menos, a 1.000 euros antes de que acabe este año.
La esperada y prometida subida del salario mínimo interprofesional (SMI) para 2020 por encima de los 900 euros será una medida que, si se toma, el Gobierno decidirá a última hora, a pesar de que la negociación con la Mesa de Dialogo Social ya ha empezado, como adelantó elEconomista. De hecho, el Ministerio de Empleo, Migraciones y Seguridad Social baraja que el alza se pueda aprobar con 2020 empezado.
Es una de las principales partidas de gasto en protección social que asume el Estado y compone una de las principales distorsiones respecto a la experiencia de nuestros socios comunitarios: el gasto en prestaciones por desempleo. Es bien sabido que nuestro país es uno de los más comprometidos en este aspecto siendo además uno de los que más desempleados cuenta en sus servicios públicos de empleo y este es uno de los motivos que constituyen la diferencia en el gasto público para esta materia respecto a los nuestros vecinos, casi 7.000 millones de euros anuales más que el la media de la UE.
El número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo subió en 20.525 desempleados en noviembre (+0,6%), su mayor alza en este mes desde 2016, cuando aumentó en 24.841 personas. Por otra parte, la caída de la afiliación se acelera y la Seguridad Social pierde 53.114 cotizantes en su peor noviembre desde 2013.
La Seguridad Social cerró el mes de noviembre con un descenso medio de 53.114 afiliados (-0,27%), su mayor retroceso en este mes desde el ejercicio 2013, cuando la ocupación bajó en casi 67.000 personas. Por otra parte, el paro subió en 20.525 personas en el mismo mes, su mayor alza en este mes desde 2016. Sin embargo, el volumen total de parados se situó en 3.198.184 desempleados que es su nivel más bajo en un mes de noviembre desde 2008.
Mientras se desarrollan los diálogos para lograr que Pedro Sánchez tenga apoyos suficientes para ser investido presidente del Gobierno (una ceremonia que podría retrasarse a 2020, por cierto), las negociaciones entre el PSOE y Unidas Podemos para repartirse el Consejo de Ministros avanzan, a todas luces, viento en popa. A pesar de la confidencialidad que rodea estas conversaciones, lo cierto es que hay algunos secretos a voces respecto a las competencias que lograrán los de Pablo Iglesias (futuro vicepresidente de un eventual Gobierno de coalición) entre las que se encuentran las de Trabajo, que quedarían en manos de la cada vez más ministrable Yolanda Díaz. En cualquier caso, de ser así, el pack no incluiría la Seguridad Social, que el PSOE quiere mantener en sus dominios.
La Seguridad Social ganó una media de 12.356 cotizantes extranjeros en septiembre (+0,58%), hasta situarse el total de inmigrantes ocupados en 2.145.263 personas, según ha informado este martes el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.
La ministra de Trabajo en funciones, Magdalena Valerio, calcula que se tendrán que utilizar unos 3.500 millones del fondo de reserva de la Seguridad Social para poder abonar la paga extra de Navidad a los más de nueve millones de pensionistas.
