Es una de las principales partidas de gasto en protección social que asume el Estado y compone una de las principales distorsiones respecto a la experiencia de nuestros socios comunitarios: el gasto en prestaciones por desempleo. Es bien sabido que nuestro país es uno de los más comprometidos en este aspecto siendo además uno de los que más desempleados cuenta en sus servicios públicos de empleo y este es uno de los motivos que constituyen la diferencia en el gasto público para esta materia respecto a los nuestros vecinos, casi 7.000 millones de euros anuales más que el la media de la UE.
El número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo subió en 20.525 desempleados en noviembre (+0,6%), su mayor alza en este mes desde 2016, cuando aumentó en 24.841 personas. Por otra parte, la caída de la afiliación se acelera y la Seguridad Social pierde 53.114 cotizantes en su peor noviembre desde 2013.
La Seguridad Social cerró el mes de noviembre con un descenso medio de 53.114 afiliados (-0,27%), su mayor retroceso en este mes desde el ejercicio 2013, cuando la ocupación bajó en casi 67.000 personas. Por otra parte, el paro subió en 20.525 personas en el mismo mes, su mayor alza en este mes desde 2016. Sin embargo, el volumen total de parados se situó en 3.198.184 desempleados que es su nivel más bajo en un mes de noviembre desde 2008.
Mientras se desarrollan los diálogos para lograr que Pedro Sánchez tenga apoyos suficientes para ser investido presidente del Gobierno (una ceremonia que podría retrasarse a 2020, por cierto), las negociaciones entre el PSOE y Unidas Podemos para repartirse el Consejo de Ministros avanzan, a todas luces, viento en popa. A pesar de la confidencialidad que rodea estas conversaciones, lo cierto es que hay algunos secretos a voces respecto a las competencias que lograrán los de Pablo Iglesias (futuro vicepresidente de un eventual Gobierno de coalición) entre las que se encuentran las de Trabajo, que quedarían en manos de la cada vez más ministrable Yolanda Díaz. En cualquier caso, de ser así, el pack no incluiría la Seguridad Social, que el PSOE quiere mantener en sus dominios.
La Seguridad Social ganó una media de 12.356 cotizantes extranjeros en septiembre (+0,58%), hasta situarse el total de inmigrantes ocupados en 2.145.263 personas, según ha informado este martes el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.
La ministra de Trabajo en funciones, Magdalena Valerio, calcula que se tendrán que utilizar unos 3.500 millones del fondo de reserva de la Seguridad Social para poder abonar la paga extra de Navidad a los más de nueve millones de pensionistas.
El secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado, ha reconocido que la ganancia de afiliados a la Seguridad Social del mes de septiembre refleja un "evidente" enfriamiento de los datos de creación de empleo que está sufriendo la economía española.
Son numerosos los organismos que atestiguan cómo los años de la recuperación de la crisis económica de 2008 no han sido igual de positivos para todos los colectivos sociales. Y prueba de ello es el hecho de que los pensionistas españoles han visto incrementado su poder de compra cinco veces menos que lo experimentado por los trabajadores asalariados de nuestro país en pleno periodo de recuperación de la devastadora crisis financiera de 2008.
El desatino del Gobierno a la hora de ponderar el IPC previsto para este ejercicio ya le está costando a las arcas públicas 1.016 millones de euros de gasto extra en la partida de pensiones. La causa del sobrecoste está, concretamente, en la desviación a la baja que está experimentado la inflación durante 2019 que fue estimada por el Ejecutivo socialista en el 1,6% al inicio de año, base sobre la que se calculó la revalorización de las pagas de jubilación y demás prestaciones a clases pasivas pero que vista la falta de presiones inflacionistas no alcanzará dicho nivel al cierre de ejercicio.
Las personas de entre 35 y 43 años que durante la crisis fueron expulsadas del mercado de trabajo durante al menos tres años podrán recuperar hasta dos años de cotizaciones a través de un convenio especial con la Seguridad Social, según una Orden Ministerial que está diseñando el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social para su aprobación "en el menor plazo posible".
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