España se encuentra en el grupo de cola de los países de la Unión Europea por nivel de implantación de la auditoría en el sector de la Administración local, puesto que ni en las entidades Administrativas ni en las dependientes se lleva a cabo una auditoría anual de la información financiera, ni tampoco una auditoría de legalidad.
No puede imponerse una penalización negativa en la valoración de las participaciones sociales a aquellos socios minoritarios que ejerzan su derecho de separación con motivo de la falta de distribución de beneficios en los últimos ejercicios.
El colectivo de profesionales de la auditoría de cuentas nos topamos en el contexto que nos compete de realización y supervisión de las cuentas anuales con un ejercicio económico atípico, condicionado por la Covid-19. De forma simultánea, en materia regulatoria destaca la reciente aprobación en España del Reglamento de la Ley de Auditoría de Cuentas, que aporta luz a la realización de auditorías, la organización de las firmas, el marco de actuación del organismo regulador y otros aspectos que precisaban ser considerados en la normativa.
El Gobierno ha dado un nuevo paso en el Reglamento de la Ley de Auditoría (Real Decreto 2/2021, de 12 de enero), que hoy entra en vigor, en su lucha por localizar y eliminar a las empresas sin actividad, pendientes de extinción o de liquidación para prevenir el empleo de estas sociedades interpuestas en el desvío de dinero, la ocultación de los titulares reales y el blanqueo de capitales y el empleo de las llamadas sociedades 'zombies'.
A partir de hoy ya es exigible el cumplimiento del Real Decreto 2/2021, de 12 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, que introduce numerosas novedades en la cumplimentación de los informes y en el ejercicio de la actividad de los profesionales auditores, así como en la actuación de las sociedades auditadas de forma obligatoria o voluntaria.
El Registro de Economistas Auditores (REA), del Consejo General de Economistas de España, considera que el texto del Real Decreto 2/2021, de 12 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, publicado hoy en el BOE, resulta en líneas generales positivo.
