Los economistas ven con incertidumbre las reestructuraciones de empresas que tengan créditos avalados por el ICO, a pesar de la modificación que el Ejecutivo hizo en la Ley Concursal a finales de diciembre a través de la Disposición Adicional Octava para agilizar los procesos de las compañías que tuvieran esta financiación. Según los expertos consultados, creen que el cambio va a funcionar aunque parte de una inseguridad jurídica en el juicio, por ello aseguran que la solución pasaría por una modificación normativa que fije que estos créditos pueden integrarse en la clase de crédito financiero.

El procedimiento especial para microempresas de la nueva Ley Concursal entró en vigor el pasado 1 de enero, aunque a efectos prácticos y tras la inhabilitación judicial por Navidad hasta el día 8, echó a rodar el pasado lunes. Los administradores concursales, a pesar de lo incipiente de la puesta en marcha de la norma, ya cuestionan la eficacia de una de las dos patas que trae el procedimiento: la plataforma de venta de activos.

El Ministerio de Justicia ha puesto en marcha la plataforma de liquidación de activos para microempresas junto con el procedimiento electrónico, a través de formularios, para este tipo de empresas con problemas de insolvencia, que están regulados por el Libro Tercero de la Ley de reforma de la Ley Concursal, que ha entrado en vigor el pasado 1 de enero de 2023.

El Gobierno ha prorrogado, a través del Real Decreto-ley 20/2022, de 27 de diciembre, la moratoria contable por la que no se toman en cuenta las pérdidas de los ejercicios 2020 y 2021, hasta el cierre del ejercicio que se inicie en el año 2024, a los efectos de la convocatoria de la Junta General en el plazo de dos meses, a contar desde el cierre del ejercicio, en el caso de que quede reducido el patrimonio neto a una cantidad inferior a la mitad del capital social, a fin de proceder a la disolución de la sociedad, salvo si se aumenta o reduce el capital en una cantidad suficiente.

El Gobierno enmienda uno de los puntos más polémicos que contenía la redacción actual de la nueva Ley Concursal. En concreto, el Ejecutivo acaba con la obligación de que las modificaciones en préstamos avalados por el ICO tengan que contar con el placet de la Agencia Tributaria, cuando su objetivo sea extender el plazo de devolución hasta 8-10 años o establecer dos años de carencias en el pago.

El Ministerio de Justicia pondrá a un equipo de guardia a vigilar el correcto funcionamiento de la plataforma digital a través de la cual las micropymes podrán presentar su liquidación, tanto a final de año como a inicios de 2023, según informan fuentes cercanas a la Administración.

La temporada otoño-invierno del sector jurídico viene marcada por la nueva Ley Concursal, la sensación del momento. En puridad, no es una ley nueva, pero le da un buen revolcón a la vigente, que tenía poco más de dos años de vida. Ahora bien, en esta ocasión y a diferencia de todas las anteriores, no podemos criticar la inestabilidad de nuestro ordenamiento. El legislador ya avisó de que vendrían más cambios cuando se publicó, en 2020, el Texto Refundido de la Ley Concursal.

Para que una empresa sea considerada microempresa, según la nueva Ley Concursal no solo es necesario que no supere los 10 trabajadores, tengan un volumen de negocio anual inferior a los 700.000 euros, o un pasivo inferior a 350.000 euros, sino también, que se trate de personas naturales o jurídicas que "lleven a cabo una actividad empresarial o profesional".

Celsa logra tres meses de oxígeno en plena guerra con los fondos. La siderúrgica española prolonga por tres meses las líneas de circulante firmadas con la banca española por valor de 525 millones de euros y que utiliza para operar en su día a día. Los Rubiralta, los dueños de la empresa, ganan así tiempo en el enfrentamiento judicial que mantienen con sus acreedores.

Durante la apertura de la primera edición de la jornada empresarial "La reestructuración empresarial que viene: el momento del capital privado", organizada por elEconomista, Raül Blanco Díaz, secretario general de Industria y PYME del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo destacó la importancia de la colaboración público-privada en los procesos de reestructuración de empresas, especialmente tras aprobarse la nueva Ley Concursal, que entró en vigor el pasado 26 de septiembre.

Eduardo Molina es economista, licenciado en Derecho, auditor y experto contable, con 30 años de experiencia en el sector del asesoramiento jurídico, contable, fiscal y de auditoría de cuentas. En la actualidad es presidente del RAJ, que acaba de celebrar su V Congreso Nacional para analizar el texto de la nueva Ley Concursal.

La mayor preocupación en el mundo empresarial se focaliza en pymes y autónomos por su menor margen de maniobra y por arrastrar aún, en muchos casos, dificultades sin resolver de la concatenación de crisis por la pandemia del Covid, con las tensiones de precios y ahora también los tipos, junto a la expiración en junio de las carencias en el repago del principal en créditos avalados por el ICO. A foto fija y conforme a datos del Banco de España, un 14,1% de toda la deuda corporativa tenía en 2021 detrás a negocios vulnerables. Según sus cálculos, una subida de tipos en 300 puntos básicos, elevará esa cuota al 21,9% al entrar más compañías en estrés y podría escalar al 23,4% si el BCE determina llevar los tipos al 4% para corregir la inflación.

Los fondos y la familia Rubiralta ya tienen a quién tutelará el plan de reestructuración de Celsa. El juzgado de lo mercantil número 2 de Barcelona ha designado a la firma Lexaudit para que medie en el conflicto entre ambos por hacerse con el control de la compañía. El bufete actuará como asesor de reestructuración, una figura que incluye la nueva ley concursal para buscar un acuerdo entre los tenedores de la deuda y los accionistas de la empresa en problemas.

Desde la entrada en vigor de la nueva Ley Concursal, no se admiten a trámite acuerdos extrajudiciales de pago ni acuerdos de refinanciación según las conclusiones interpretativas adoptadas por los magistrados mercantiles de Barcelona sobre el nuevo texto legislativo, reunidos para unificar criterios, según informan fuentes jurídicas.

Ante la creciente e imparable subida de tipos de interés y de inflación que asola al mundo, unidas al desabastecimiento y al incremento de los costes energéticos, muchas empresas y particulares están empezando o van a empezar a incumplir sus contratos de financiación, o van a intentar modificar ciertos apartados, que dada la situación macro les resulta imposible cumplir.

Los gestores administrativos van a tener una responsabilidad enorme sobre las causas de inhabilitación por inexactitudes graves en la entrega de documentación, que se va a colgar en la plataforma en el sistema concursal especial para microempresas, puesto que este es el momento clave para que no surjan complicaciones graves al cliente.

La reforma de la Ley Concursal incluye una sorpresa legislativa sobre las garantías de los créditos ICO-Covid que puede hacer que los beneficiarios de este tipo de financiación avalada por el Estado acaben pagando lo que les queda del crédito a pesar de encontrarse inmersos en un proceso concursal.

El Ministerio de Justicia ha habilitado un formulario, en el marco de la reforma de la Ley Concursal para presentar el plan de reestructuración del artículo 684 para las pymes.

Las grandes apuestas de la reforma se concentran en el derecho preconcursal, con una renovación íntegra del Libro II; y el procedimiento especial para las microempresas regulado en el Libro III que, aunque en la tramitación parlamentaria ha visto reducido su ámbito subjetivo de aplicación, se prevé que concentre un gran volumen.

El Boletín Oficial del Estado ha publicado hoy el texto de la reforma de la Ley Concursal, que entrará en vigor 20 días después, es decir, el próximo 26 de septiembre.

Tras un intenso año de tramitación, ha sido aprobada y se publicará en breve la Ley que reforma el vigente Texto Refundido de la Ley Concursal aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2020.

El Proyecto de Reforma Concursal, que en septiembre aprobará definitiva el Parlamento, da un plazo de seis meses desde la entrada en vigor de la nueva Ley Concursal para que se apruebe el Reglamento de la Administración Concursal, que lleva pendiente de su aprobación desde la entrada en vigor de la Ley Concursal en 2004 y que debe regular asuntos tan fundamentales como los requisitos de acceso a la profesión, el sistema de nombramientos y el régimen retributivo de estos profesionales.

Aunque las salidas dinerarias de las cuentas de la concursada carezcan de justificación, no considerarse que exista alzamiento de bienes si se reflejan en la contabilidad, aunque sea de forma incompleta, ya que el artículo 443.1 de la Ley Concursal (LC) dispone que en todo caso el concurso se calificará como culpable cuando el deudor se haya alzado con la totalidad o parte de sus bienes en perjuicio de sus acreedores, existiendo insolvencia, según determina el Juzgado de los Mercantil nº 8 de Barcelona, en sentencia de 2 de mayo de 2022.

El Pleno del Senado ha aprobado, con una sola enmienda aprobada, por el sistema de lectura única, los textos de reforma de la Ley Concursal y de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en materia de Juzgados de lo Mercantil aprobados por el Congreso de losDiputados. La tramitación de ambas normas, por su interrelación, se realizó de forma conjunta.

Los administradores concursales descartan que se vaya a dar el tan temido colapso de los tribunales por una avalancha de presentación de procedimientos concursales en los juzgados por empresas en situación de insolvencia, pero viables.

Mas de 100.000 pequeñas y medianas empresas (pymes) echarán el cierre y no acudirán al concurso de acreedores, ni con la actual ley ni con la que está a punto de aprobar el Senado, porque tienen graves problemas de financiación y el Gobierno ha puesto en marcha una moratoria pensando en las grandes empresas y no en las pymes.

Los Grupos del Senado han presentado 252 enmiendas al proyecto de Ley de reforma de la Ley Concursal remitido por el Congreso, a pesar de que fue aprobado sin votos en contra.

El 30 de junio de 2022 es la fecha que muchas pymes tenían marcada en rojo en el calendario. El inicio del periodo estival supone el final tanto de las ayudas públicas de Bruselas, canalizadas a través de los Fondos de la SEPI y de Cofides, como de la moratoria concursal. Además, hace escasos días, el Gobierno ha puesto en marcha la nueva ley concursal. Las empresas volverán a tener la obligación de presentar concurso de acreedores en los dos meses siguientes a conocer su estado de insolvencia. Con ello, las esperadas vacaciones podrían tornarse en agridulces para muchas pequeñas y medianas empresas. 

El Congreso de los Diputados ha introducido muchas mejoras sustanciales en la reforma de la Ley Concursal sobre el borrador inicial, tal y como informaba este pasado fin de semana en la Guía de la Ley Concursal de elEconomista.

La solicitud de concurso por el deudor, por un acreedor o por cualquier legitimado debe ser objeto de reparto el mismo día de presentación o el siguiente hábil para que el juez la examine lo antes posible. También, se reducen los plazos para la declaración de concurso voluntario y para tramitar la solicitud de concurso necesario.