Muchas son las novedades legislativas que se plantean para entrar en vigor en los próximos meses. Algunas tan fundamentales como las que afectan a la propiedad de la vivienda o a la viabilidad de las empresas. Sobre ello hablamos con la decana de los registradores, María Emilia Adán, un colectivo que tiene un papel protagonista en su desarrollo.
El Proyecto de Ley de reforma concursal incluye dos modalidades de exoneración de la deuda: exoneración con liquidación de la masa activa y con plan de pagos.
El Proyecto de reforma de la Ley Concursal, aprobada por el Consejo de Ministros, introduce nuevas situaciones empresariales para poder acogerse al preconcurso .
El Gobierno ha decidido limitar el mantenimiento de las deudas con Hacienda y la Seguridad Social en los procedimientos de segunda oportunidad en 1.000 en cada caso, según ha anunciado la ministra de Justicia, Pilar Llop, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en el que se ha dado el visto bueno en segunda lectura de la Ley de Reforma de la Ley Concursal. Se trata de una novedad sobre el anterior borrador del anteproyecto.
Los magistrados mercantiles y penales consideran que la Ley Concursal de 2015 criminaliza la gestión empresarial.
El cómplice en la agravación de la insolvencia en una sociedad concursada no puede ser condenado a que cubra el déficit de forma solidaria con la persona afectada por la calificación de culpable, pues el cómplice no puede ser sujeto pasivo de esta responsabilidad de acuerdo con lo establecido en el artículo 172 bis de la Ley Concursal (LC), tal y como determina el Tribunal Supremo, en sentencia de 26 de octubre de 2021.
Un laudo arbitral carece de efecto de cosa juzgada negativa sobre la demanda judicial planteada contra una sociedad que actúa como deudor solidario de una concursada por una operación de escisión, según establece el Tribunal Supremo, en sentencia de 20 de octubre de 2021.
El panel de expertos perteneciente al Registro de Auditores Judiciales y Forenses (RAJ), del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España (ICJCE), coincide en que los concursos de acreedores están creciendo de manera exponencial y, además, se endurecen sus condiciones económicas.
Con el final del verano son muchos los empresarios que cada vez ven más próxima la llegada del mes de diciembre y con ello el fin de la moratoria concursal y se preguntan cómo deben proceder una vez se cierre el paraguas que les protegía del deber de solicitar el concurso de acreedores de encontrarse en situación de insolvencia. La verdad es que a tenor de la efervescencia legislativa no debe resultar nada fácil a un ajeno a la materia saber cómo actuar.
El Consejo General de Economistas de España ha solicitado al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital que durante este ejercicio se mantenga la suspensión del artículo 363 de la Ley de Sociedades de Capital. al igual que hizo el pasado año.
Los especialistas en Derecho Concursal aseguran que los privilegios de los créditos públicos en los concursos de acreedores harán fracasar la reforma.
El Consejo de Ministros ha anunciado la nueva reforma de la Ley Concursal, y no será objeto del presente analizar los efectos del calor canicular en nuestra salud mental, pero sí abordaremos las continuas pretemporadas de duro ejercicio físico a las que se somete nuestro entendimiento, fruto de las sucesivas adaptaciones y desarrollos legislativos sobre esta materia que, como si de la camiseta del Madrid o del Barça se tratara, cambia su diseño cada temporada, aunque manteniendo, en líneas generales, los colores, escudo y demás distintivos de la equipación. ¡Piiiiiiiii! Comienza la temporada: la Ley Concursal presenta su nueva equipación. Y es que, con tantos modelos de camiseta, es hora de repasar nuestra normativa sobre insolvencias.
Los economistas consideran que la reforma de la Ley Concursal que prepara el Gobierno tendría que resolver el grave problema de economía sumergida que afecta las insolvencias y que suponen una competencia desleal para el resto de los empresarios.
El Gobierno prepara una modificación de la Ley Hipotecaria para ajustar la nueva regulación del sistema de homologación del plan de reestructuración aprobado por los acreedores de una sociedad en situación de insolvencia, según se anuncia en el Anteproyecto de reforma de la Ley Concursal, que ultima el Gobierno.
La Asociación Profesional de Administradores Concursales (ASPAC) señala que el Anteproyecto no cumple con los principios del Banco Europeo de Recuperación y Desarrollo en materia de insolvencias y condena al 88% de los actuales procesos concursales a un experimento que ninguna legislación de nuestro entorno avala.
Cuando el pasado 7 de mayo de 2020 en plena pandemia- se publicó el Texto Refundido de la Ley Concursal una de las principales sorpresas negativas que nos llevamos es que se había modificado la Ley Concursal en el sentido de que las personas físicas ya no podían conseguir el perdón de parte de sus deudas con la Administración a través de un procedimiento concursal de segunda oportunidad. En efecto, se podía conseguir el perdón de las deudas con bancos y otros si se cumplían unos requisitos, pero no de las contraídas la AEAT, TGSS y otros organismos públicos.
El Gobierno pretende aprobar la reforma del marco concursal antes de junio para que vea la luz a final de año El Gobierno prevé la aprobación del proyecto de ley para la reforma del marco concursal por parte del Consejo de Ministros en el segundo trimestre de 2021, estimando para final de año el preceptivo visto bueno por parte de las Cortes, según explicó ayer el nuevo secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, Gonzalo García Andrés. "Estamos trabajando además en un Proyecto de Ley de Impulso a la Creación y el Crecimiento Empresarial para abordar los obstáculos que existen para que las empresas crezcan", ha añadido.
En los casos en que se produce la sustitución del deudor concursado por la administración concursal en un litigio, la Ley Concursal (LC) permite al deudor mantener su propia representación y defensa separada, por medio de sus propios procurador y abogado, siempre que garantice que los eventuales gastos generados por estas actuaciones no repercutirán en la masa del concurso.