Desde el inicio de la actual crisis inflacionista, han sido multitud los argumentos demagógicos que han identificado de inmediato a la industria alimentaria y los distribuidores con los grandes beneficiados, o incluso los instigadores, del encarecimiento que presenta la cesta de la compra. El examen riguroso de los datos más recientes permite desmontar esa tesis. No en vano el indicador que refleja la diferencia entre los precios en origen y aquellos que paga el consumidor final se encuentra actualmente en 3,66 veces, su nivel más bajo de la última década. Sin duda, si la diferencia entre ambos extremos de la cadena de productos básicos se estrecha, es debido, en parte, a que los costes de producción han subido sustancialmente para los agricultores y ganaderos en el último año. No obstante, los expertos señalan que la estadística también refleja el esfuerzo que los supermercados, transportistas y otros intermediarios están haciendo en cuanto a contención de sus márgenes. Sin duda, el hecho de que el precio de venta más que triplique el precio en origen puede parecer aún una diferencia demasiado amplia. Ahora bien, su origen no se encuentra en un hipotético abuso promovido por los distribuidores y la industria alimentaria. Mucho más decisivos resultan factores como la ineficacia en su aplicación de la que aún adolece la Ley de la Cadena Alimentaria, reformada en 2019 y en 2021 pero todavía ineficaz a juicio de los sectores involucrados. No existe, por tanto, base para defender la imposición de topes de precios a los supermercados como Unidas Podemos hizo hace pocas semanas. Esa distorsión del funcionamiento del mercado sólo abocará a mayores encarecimientos y más problemas para el consumidor.

Las cadenas de supermercados Dia, Carrefour y Froiz, así como empresas como Ray Lech han sido multadas por la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), dependiente del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, por incumplir la Ley de la Cadena Alimentaria.

España ha pasado en un año de tener los precios de la cesta de la compra más bajos entre las grandes potencias europeas a colocarse en posiciones de cabeza.

La escalada de los precios en Europa afecta con fuerza a los presupuestos familiares, ya que parte de los incrementos se da en productos de primera necesidad vital.

El Congreso de los Diputados ha dado el visto bueno definitivo a la nueva Ley de Cadena Alimentaria, que reforma la ley de cadena de 2013, y que incorpora como principal novedad la prohibición de la venta a pérdidas. De entre las principales formaciones, el texto ha contado con el respaldo del PSOE y Unidas Podemos y el rechazo de PP y Vox, mientras que el resto de grupos mayoritarios han facilitado su aprobación con el apoyo o la abstención a las enmiendas incorporadas.

La industria alimentaria, representada por Fiab (Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas, propone, en las alegaciones al nuevo texto de la Ley de la Cadena Alimentaria, que se contemple que los productos frescos y perecederos que se vendan para transformación puedan aumentar los plazos de pago hasta los 60 días, como el resto de productos

Promarca, que representa a los fabricantes de gran consumo, quiere que los súper no arrinconen a las innovaciones de las marcas de los fabricantes en favor de la marca blanca.