La administración da largas con el teletrabajo

El Gobierno se comprometió en mayo del pasado año con los sindicatos a regular el teletrabajo en la Administración antes de diciembre de 2021. En concreto, fue el entonces ministro de Función Pública, Miquel Iceta, el que firmó el pacto con las centrales. A la vista está que el acuerdo pactado no se ha cumplido. De hecho, hace pocos días la nueva responsable de la cartera, la ministra María Jesús Montero, volvió a retrasar hasta octubre la regulación del trabajo a distancia para los empleados públicos. Ni que decir tiene que esta nueva demora ha generado un importante malestar entre los funcionarios, que no entienden por qué se sigue postergando la normativa. "Se utilizan excusas pasajeras, pero nadie comprende qué es lo que ocurre", indican desde un sindicato público. No obstante, en el entorno del Gobierno sí tienen clara la causa que está llevando a la también ministra de Hacienda a dar largas. Por lo visto, la dificultad que esta modalidad de trabajo a distancia genera a la hora de controlar la efectividad y la productividad de los funcionarios es un argumento de peso que retrasa la puesta en marcha de la normativa. "Sin la presencialidad de los funcionarios es muy complicado saber si alguien está realmente cumpliendo con las tareas encomendadas o si realmente está perdiendo el tiempo", explican.

La Audiencia de Barcelona ha dejado en manos de un juzgado mercantil averiguar quiénes son los sucesores de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) a los efectos de la sentencia firme del 'caso Palau de la Música', que condenó al partido desaparecido a pagar 6,6 millones de euros como responsable civil por el expolio de la institución musical.

Este lunes se cumple un año de las primeras elecciones autonómicas catalanas en las que el independentismo ganó en votos, con un 52% del total, pero este triunfo en las urnas no ha mejorado la relación entre las formaciones favorables a la secesión, que encadenan desencuentros continuos, tanto sobre la estrategia rupturista como sobre políticas del día a día.

La decisión de la CUP de mantener este lunes su enmienda a la totalidad a los presupuestos de la Generalitat para 2022 ha agudizado las tensiones entre ERC y Junts en el Govern. Al mismo tiempo que la tarde de este domingo se producía una reunión en el Palau de la Generalitat con En Comú Podem para contar con apoyos suficientes como para sacar adelante la tramitación de las Cuentas este lunes, Junts, ausente de manera voluntaria en dicho encuentro, evidenciaba sus recelos en rueda de prensa.

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha sido detenido en Italia, en Cerdeña, por la orden de búsqueda y captura del Tribunal Supremo, según ha confirmado su abogado a la agencia Europa Press. El fugado se encontraba allí para asistir a un evento, pero la Justicia local ha dado por válida la orden de detención internacional española al habérsele sido retirada la inmunidad por parte del Parlamento Europeo.

La mesa de diálogo político prevista para este miércoles por la tarde entre el Gobierno y la Generalitat en Barcelona tendrá sillas vacías si Junts per Catalunya no rectifica su propuesta de participantes, que incluye miembros del partido que no forman parte del Ejecutivo catalán. El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, vetó dicha propuesta, pero desde Junts ven como culpable a la Moncloa, que también mostró su rechazo a cualquier fórmula que no sea la de cargos de ambas administraciones. Con todo, el secretario general de Junts, Jordi Sànchez, negó que esta situación abra "ninguna crisis" en el Govern.

Grietas en el secesionismo tras la ‘frustrada’ Diada

Las malas perspectivas en cuanto a asistencia que había depositadas en la manifestación del pasado día 11 con motivo de la Diada de Cataluña se confirmaron con claridad. Es más, las 400.000 personas que, según la Asamblea Nacional Catalana (ANC), participaron en las movilizaciones (108.000 para la Guardia Civil) supone la peor cifra de asistencia en una década. Pues bien, los rumores apuntan a que esta decepción está generando importantes grietas entre las asociaciones y los partidos independentistas. Desde la ANC, donde existe un importante enfado por la manifiesta pérdida de poder de convocatoria, se acusa a ERC y Junts del fracaso. “Falta un proyecto común que una al independentismo”, dicen en la organización presidida por Elisenda Paluzie, donde ya califican de “inútil” la mesa negociadora entre el Gobierno y la Generalitat. Por su parte, los partidos políticos descargan toda la responsabilidad en la ANC. “Cuando acudían millones a las movilizaciones por la Diada, la ANC se ponía todas las medallas. Ahora que las cifras son negativas, echa balones fueran y acusa a los partidos”, contestan desde ERC. Las mismas fuentes indican que en estos momentos “no existen vías de entendimiento en este conflicto interno que vive el procés” tras la Diada.

La paralización del proyecto de ampliación del Aeropuerto de Barcelona protagonizó la reacción de alarma del mundo económico catalán ante sus consecuencias negativas para el crecimiento futuro de la región, pero también tiene importantes consecuencias políticas que a su vez repercutirán en la economía nacional.

El cargo de Dolores Delgado, en el alero

Además de inesperado, el nombramiento de Dolores Delgado como Fiscal General del Estado en febrero de 2020 fue objeto de una polémica que está lejos de terminar. De hecho, el Pleno de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo decidirá en octubre si estima el recurso contra el nombramiento de la ex ministra de Justicia presentado por Vox. Cuentan que en el Gobierno se temen que los 40 magistrados de la Sala puedan estar a favor de la "declaración de no idoneidad" de Delgado para el cargo. "La mayoría apoya la destitución de la Fiscal", corroboran fuentes jurídicas. Con todo, el mayor problema que Delgado afronta en los próximos meses de cara a mantener su empleo no está en el Supremo, sino en Moncloa. Por lo visto, el presidente Pedro Sánchez y su equipo de colaboradores considera que la Fiscal "está ya amortizada", por lo que no se descarta que puedan hacerla caer "incluso antes de que se conozca la decisión del Supremo". Dicen que Delgado es bien consciente de su "precaria situación actual" y que "la está pasando factura".

La lucha ERC-Junts por las ayudas europeas

El acuerdo de Gobierno que, tras varios meses de negociaciones, lograron firmar Junts per Catalunya y ERC para formar Govern tuvo siempre como uno de sus grandes escollos el manejo de los fondos europeos. Una de las quejas de los de Carles Puigdemont era la existencia del Comité Asesor de los Fondos Next Generation impulsado por Pere Aragonés al final de la anterior legislatura y presidido por el economista y concejal de ERC, Miquel Puig. A pesar de ello, se pactó que el reparto lo realizarían ambas formaciones. Pues bien, la tregua ha durado bastante poco. Hasta que el consejero de Economía, Jaume Giró, ha creado la Secretaría de Asuntos Económicos y de Fondos Europeos y la Dirección General de Fondos Europeos, que lidera Mariona Sanz. Según comentan por el Parlament los diputados de ERC están bastante molestos con este nuevo organismo ya que, dicen, rompe el acuerdo alcanzado de reparto igualitario al 50% entre los dos partidos independentistas. "Giro ha dado atribuciones ejecutivas a la Secretaría mientras que el Comité que lidera Puig se ha quedado como un mero órgano consultivo", dicen en el partido de Oriol Junqueras. Las fuentes añaden que aún es pronto para saber si este problema podría llevar a romper el acuerdo de Gobierno, aunque desde ERC avisan que "no descartamos nada".

"Al Govern le toca mover ficha ahora han reiterado los miembros del Gobierno de Sánchez, antes y después de la concesión de los indultos a los nueve condenados del procés. Esta frase, según diversas fuentes de Moncloa consultadas, supone que Sánchez espera que antes de sentarse a negociar, los partidos del Gobierno catalán se pongan de acuerdo en la postura que van a plantear en la mesa.

El presidente Sánchez anunció la decisión de mayor gravedad en esta legislatura: los indultos para las condenas por sedición y malversación de los políticos presos por el referéndum ilegal del 1-O. Sánchez actúa pasando deliberadamente por encima del Supremo.

Cataluña ha conseguido investir un presidente tres meses después de las elecciones, el republicano Pere Aragonès. Sin embargo, el mandato no será tranquilo, compartido en una volátil relación con Junts per Catalunya y sostenido por una CUP que solo garantiza el apoyo durante dos años, un período corto al repasar la lista de retos que afrontará el nuevo Govern. En el plano político, los retos se centrarán en el procés; de otro modo los socios de ERC activarán la maquinaria de la oposición y la deslealtad para dinamitar un gobierno frágil. Pero también hay grandes retos económicos, de los que depende no solo la salud económica de la comunidad, sino su competitividad, su atractivo de cara a la inversión extranjera y decenas de miles de empleos, y el nuevo Ejecutivo los enfrentará sin Presupuestos 2021, a los que ha renunciado. El objetivo es trabajar en las cuentas de 2022 para empezar el próximo año con nuevos Presupuestos vigentes, algo que no pasa desde 2010.

Comienza la guerra de los asesores en Cataluña

Han hecho falta más de tres meses de negociaciones, encuentros y desencuentros entre Junts per Catalunya, ERC y la CUP para que finalmente Pere Aragonés haya podido ser investido presidente de la Generalitat de Cataluña. A pesar de ello, fuentes independentistas desvelan que la verdadera batalla entre las formaciones empieza justo ahora. “Hasta el momento se ha elegido a los consejeros y a sus secretarios generales. Pero el meollo del poder económico está en los siguientes escalones, con los directores generales y los asesores”, dicen desde una de las formaciones secesionistas. Las mismas fuentes añaden que son estos cargos técnicos y no tanto sus superiores los que realmente llevan “las palancas del poder catalán”. De ahí que constituyan el campo de batalla perfecto en el que ERC y Junts “deben dirimir su poder”. En total, cuentan que son 500 altos cargos los que tienen que repartirse entre los partidos que sostienen el nuevo Govern. “Salta a la vista que la previsión es que haya una dura negociación, o más bien una guerra interna para ver quién se queda con los puestos más golosos en la red tan extensa de organismos asociados que tiene la Generalitat”, dicen fuentes políticas.

El fugitivo de Waterloo sigue dándole al magín con la formación del nuevo 'Govern' de la Generalitat para que quede claro que quien sujeta la sartén por el mango, es él: Carles Puigdemont. La semana pasada y con una estrategia de presión permanente, evitó que sus más allegados se retrataran en el Ejecutivo de Esquerra, el primero para ellos desde la República de 1931. Poco a poco, sus hombres fuertes dijeron 'No' a Pere Aragonés. La intención -cuentan desde los cenáculos políticos catalanes- es manifestar que este Gobierno no durará mucho tiempo, y el poco que dure estará siempre en manos de los caprichos de Puigdemont.

Ocho meses de interinidad institucional en Cataluña llegan a su fin con la investidura del presidente Pere Aragonès. ERC y Junts alcanzaron su pacto pese a la hostilidad que separa a sus líderes, Oriol Junqueras y Carles Puigdemont, y además, el nuevo Govern incorporará algunos perfiles de carácter más técnico.

El exdirectivo de La Caixa Jaume Giró ha aceptado la invitación de Junts per Catalunya para ser el nuevo consejero catalán de Economía en el Govern de coalición que presidirá el republicano Pere Aragonès. El que fue durante más de una década mano derecha de Isidre Fainé se desvinculó del grupo financiero y de su fundación a principios de 2020, y entonces ya se comentó en sus círculos cercanos que su salida incluía cuestiones políticas, entre otros motivos. Con todo, su entrada en un gobierno independentista ha sido una gran sorpresa, si bien siempre ha intentado tener contacto con los líderes políticos de diverso signo pero con posición relevante tanto en la política catalana como en la estatal.

El bloqueo político al que han llevado las negociaciones fallidas entre ERC y Junts para formar Govern tras las elecciones autonómicas del 14 de febrero vivió este miércoles un intento de desescalada, aunque ninguna de las dos formaciones se mostró dispuesta a ceder en sus pretensiones.

Los catalanes tendrán una nueva cita con las urnas en julio si el 26 de mayo no hay presidente de la Generalitat, y a día de hoy ningún candidato cuenta con los apoyos necesarios para serlo. El que tiene más opciones sigue siendo Pere Aragonès, pero requiere de los apoyos de la CUP, En Comú Podem y al menos cuatro diputados de Junts per Catalunya, que con el paso de los días y la ruptura de negociaciones por parte de ERC para formar gobierno de coalición ha elevado sus exigencias para apoyar la investidura del ahora vicepresidente en funciones con funciones de presidente, tras la inhabilitación de Quim Torra en septiembre.

La formación de Govern en Cataluña está cada día más lejos y la fecha de convocatoria automática de repetición electoral más cerca, con los partidos con opciones de alianza enrocados en posturas tacticistas que no permiten formar mayoría a nadie. La decisión de Pere Aragonès anunciada el sábado de renunciar a formar Ejecutivo con Junts por no ceder en sus pretensiones de control sobre los republicanos supone volver al punto de partida surgido de las elecciones autonómicas del 14 de febrero, pero con un plazo para conseguir una mayoría alternativa que vence en dos semanas, el 26 de mayo.

El vicepresidente de la Generalitat en funciones y candidato de ERC a la Presidencia, Pere Aragonès, ha propuesto este sábado un Govern en minoría sin Junts "con el compromiso de seguir trabajando para restablecer consensos y acuerdos" con los partidos independentistas del Parlament.

Las negociaciones que impulsa ERC para liderar el próximo gobierno catalán apuntan a nuevas consejerías y a la recomposición de las actuales por redistribución de algunos departamentos, lo que sumado a nuevas áreas para coordinar la llegada de los fondos europeos para la recuperación económica postpandemia, sitúa el número de altos cargos del próximo Ejecutivo autonómico por encima de los 180. Y es que la administración en funciones actual, conformada por Junts per Catalunya y ERC, ya cuenta con 178 cargos de alto rango, contando básicamente secretarios y directores generales, según datos recopilados por TV3.

La lucha de ERC y Junts por la Consejería de SaludCerca de dos meses después de que se celebraran las elecciones en Cataluña, aún es imposible saber si los partidos independentistas serán capaces de ponerse de acuerdo para formar el próximo Govern. El enfrentamiento actual que mantienen ERC y Junts per Catalunya pudo comprobarse en las dos sesiones de investidura de Pere Aragonès, que fueron frustradas por la formación de Carles Puigdemont. Se rumorea que la Consejería de Salut, que ahora lidera Alba Vergès, es una de las causas que impiden el pacto de los indepes. Por lo que se comenta, ambas formaciones ambicionan dirigir este departamento de la Generalitat. “Ninguna quiere ceder en este sentido”, aseguran fuentes independentistas. Pero, ¿por qué ERC y Junts quieren Salut? Según se rumorea, lo que en realidad ambicionan ambos partidos es el control del Institut Català de Salut. Primero porque el director de esta entidad pública tiene un sueldo similar al de la propia Vergès, lo que convierte el puesto en ideal para “pagar favores”. Con todo, lo más importante es que este organismo presenta una gran libertad para gestionar uno de los presupuestos más altos que manejan los organismos adscritos a la Generalitat. “El Institut es el que decide todos los aspectos sobre las compras de material sanitario para los hospitales y los centros de salud de Cataluña”, añaden desde la Generalitat.

El nuevo cargo que se baraja para Simón

Existen rumores que apuntan a que el Ministerio de Sanidad lleva meses trabajando en la creación de un organismo encargado de coordinar el sistema público a nivel estatal. Aunque se desconocen detalles sobre sus competencias exactas, ya circulan quinielas con los favoritos para dirigir el conocido en el Ministerio como futuro Centro Estatal de Salud Pública. Cuentan que el preferido por Pedro Sánchez es Fernando Simón. Por lo que se comenta, el presidente del Gobierno está satisfecho con la gestión de la pandemia realizada por el ahora director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias. “En Moncloa se considera que es la persona idónea”, según se rumorea. Con todo, las mismas fuentes añaden que los comentarios que llevan a Simón a dirigir el futuro Centro Estatal generan cierta polémica en el propio Ministerio y en altas esferas del ámbito sanitario conocedoras del proyecto. “Muchos piensan que un cargo de esta importancia nunca debería otorgarse con un dedazo, sino cubrirse mediante una convocatoria pública”, dicen en Sanidad. Se dice incluso que las primeras protestas ya han llegado a Moncloa pero que, a pesar de ello, pocos piensan que la elección del director del futuro organismo se realice por medio de un concurso.

La Ejecutiva de Junts ha aprobado que sus 32 diputados en el Parlament se abstengan en la votación del pleno de investidura del candidato de ERC, Pere Aragonès, que se celebrará este viernes, por lo que no será elegido presidente de la Generalitat en primera vuelta.

Junts per Catalunya no tiene prisa por acordar con ERC un gobierno catalán que presidan los republicanos, aunque el plazo para una rápida investidura se está agotando, ya que expira esta semana. La formación liderada por Carles Puigdemont argumenta que no quieren limitarse a un acuerdo de investidura que dé lugar a un Govern inestable, sino que persiguen un acuerdo de legislatura que incluya un proyecto común de Presupuestos de la Generalitat y el resto de prioridades en todos los ámbitos de gobierno. Pero las diferencias en esos aspectos son numerosas y los días pasan.

Vuelven las presiones para subir el SMI

Los sindicatos CCOO y UGT convocaron más de 50 concentraciones ayer jueves en toda España para exigir la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), actualmente situado en 950 euros mensuales, y la derogación de las últimas reformas laborales y la propia de pensiones aprobada en 2013. Además, amenazan con seguir manifestándose todos los días 11 de cada mes si no hay cambios al respecto de sus peticiones, sobre todo en relación al SMI. Fuentes empresariales añaden que esas reivindicaciones no se van a limitar a los manifiestos sindicales. De hecho, se rumorea que la facción de Podemos en el Gobierno, con Pablo Iglesias y Yolanda Díaz a la cabeza, vuelve a presionar a Moncloa para que haya subida del SMI en 2021. En concreto, el objetivo que ambos persiguen es lograr que el Salario Mínimo alcance los 975 euros en junio, un alza ligeramente superior al 2,5%. A pesar de las presiones, Moncloa no cree que esta vez Podemos logre sus objetivos. “Nadia Calviño, María Jesús Montero e incluso el presidente Pedro Sánchez no son partidarios de un avance que supondría más apuros para las empresas en un momento como el actual”, dicen.

Las ideas fiscales de Canadell dividen a JxCat

Al contrario que gran parte del independentismo, el candidato de Junts per Catalunya, Joan Canadell, siempre se ha mostrado partidario de eliminar los impuestos de Patrimonio y Sucesiones. De hecho, un comentario suyo a favor de la supresión de estos tributos, realizado durante la campaña electoral, supuso un auténtico cisma en la formación que lidera Laura Borràs. Pues bien, se comenta que esa posición que mantiene el expresidente de la Cámara de Comercio de Barcelona (Cambra) sigue generando divisiones en el seno de Junts. Pero también está provocando problemas para entenderse con ERC en las negociaciones para formar Gobierno. Tanto es así que, según dicen desde Junts, Canadell “está apartado de todas las conversaciones que se plantean entre las formaciones independentistas para crear el nuevo Govern”. “Dicen que su relación con el número dos del partido, Jordi Sànchez, ya es muy mala”, añaden desde Junts. A pesar de todos estos problemas, nada hace pensar que Canadell vaya a dar un paso atrás respecto a Patrimonio y Sucesiones. Es más, un reciente tuit, que borró a las pocas horas, en el que acusaba a Pere Aragonès de buscar “un Govern a costa de la gente”, manifiesta su interés por ser aún el “verso suelto fiscal” de Junts.

Las consejerías que Junts exige a Aragonés

Se comenta que Pere Aragonés y Oriol Junqueras ya han recibido la lista de consejerías que Junts exige para entrar en el Gobierno de la Generalitat. Por lo visto, los chicos de Carles Puigdemont y Laura Borràs quieren quedarse con Salud, Trabajo y Educación. La primera porque Junts quiere colocar "sí o sí" como secretario de Salud Pública al médico independentista Josep María Argimon. "Es una apuesta personal del propio Puigdemont", dicen desde Junts. En cuanto a Educación, Borràs tiene especial interés en esta consejería para "proteger la inmersión lingüística ante la invasión de las leyes estatales". ERC aún no ha ofrecido su respuesta a estas peticiones. Pero en el partido de Aragonés se dice que la batalla está en Trabajo. "Puigdemont se puede ir olvidando de esa consejería", aseguran. La afirmación indica que en ERC no están dispuestos a que Junts utilice la consejería para cumplir sus promesas electorales de crear un banco nacional catalán y cambiar la Ley de Contratación Pública para expulsar a las grandes cotizadas nacionales de los contratos de la Generalitat, lo que supondría dejar fuera a gigantes como Almirall, CaixaBank, Sabadell, Cellnex, Colonial, Grifols o Naturgy. "Aprobar esas medidas radicales sería una verdadera locura que generaría un daño irreparable a la economía catalana", dicen desde el entorno de Aragonés.

"Me sabe a humo, me sabe a humo". Esta copla de Los Chunguitos rondaba ayer en la mente de algunos dirigentes de Cepyme y de muchos pequeños y medianos empresarios cuando escuchaban al Presidente del Gobierno anunciar un paquete de ayudas de 11.000 millones de euros para empresas, pymes y trabajadores autónomos. Un conejo que Pedro Sánchez se sacó de la chistera para dar un titular a la opinión pública y la publicada con el que ocultar su pésima gestión de la pandemia -que era para lo que comparecía en el Congreso- y para evitar responder a las preguntas de sus señorías sobre la profunda división de su gobierno, las responsabilidades políticas de su vicepresidente segundo, los problemas judiciales, Caja B incluida, del partido coaligado en su gobierno, o de la niñera de su ministra de Igualdad pagada con dinero público.