La Junta de Andalucía presidida por el popular Juan Manuel Moreno Bonilla ha anunciado este martes el hallazgo de tres cajas fuertes de un metro de altura, escondidas bajo llave en un sótano, en cuyo interior se encuentra importante documentación de los ERE, que viene a demostrar una operación fraudulenta de 9.000 millones de las antiguas pesetas en falsas prejubilaciones, y del conocimiento que "todo el Consejo de Gobierno" de Chávez tenía del mecanismo de pago. El Ejecutivo de Moreno Bonilla ya había anunciado meses atrás que destinaría tres millones de euros para auditar la administración paralela creada por el PSOE a lo largo d 37 años.
Baste una idea para entender cuánto ha cambiado la realidad política española: Pedro Sánchez se convirtió en presidente del Gobierno con sólo 85 escaños, el peor resultado en la historia del PSOE. Por dar contexto fueron 25 menos de los que había sumado Alfredo Pérez Rubalcaba en 2011 y que provocaron su dimisión inmediata, además de la convocatoria de las primeras primarias abiertas de la historia del partido. Especial Elecciones 10-N
Entre finales de octubre y principio de noviembre, el Gobierno andaluz, presidido por Juan Manuel Moreno Bonilla, adjudicará la contrata de la primera auditoría externa que encarga la Junta para estudiar la administración paralela, o sector instrumental, heredado de 37 años consecutivos de gobiernos socialistas.
Juan José Cortés, el padre de la pequeña Mari Luz asesinada en 2008, que fue cabeza de lista del PP al Congreso por la provincia de Huelva las pasadas elecciones generales y que lo será ahora al Senado de cara a los comicios del 10 de noviembre, ha asegurado este martes que ve el cambio como "un ataque personal" y no por los resultados obtenidos y ha criticado al presidente del PP andaluz y de la Junta, Juanma Moreno, quien gobierna "gracias a Vox" tras perder en seis años "el 50% de los votos". Horas después Cortés ha pedido disculpas por estas acusaciones.
El ámbito de la fiscalidad se ha convertido en un campo de batalla más entre el PSOE y el PP. En un nuevo capítulo de esta particular guerra, las regiones de signo popular han decidido iniciar una ofensiva basada en bajadas de impuestos, una estrategia que no es casualidad: con ella pretenden contraatacar las alzas fiscales que llegarán si finalmente Pedro Sánchez es investido presidente del Gobierno y los socialistas se mantienen en Moncloa.
La estrategia de reducir la fiscalidad de los gobiernos autonómicos del Partido Popular sigue en marcha. Este es el caso de Andalucía, que ha anunciado que en 2020 impulsará una bajada de tributos, particularmente del tramo autonómico del IRPF y de los impuestos sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP) y Actos Jurídicos Documentados (AJD), así como una rebaja de las tasas públicas. Una reducción de Patrimonio se está barajando pero no está confirmada.
Los números de Susana Díaz siguen trayendo cola. La nueva administración andaluza ha detectado -con el soporte técnico de la Cámara de Cuentas- un agujero contable de más de 8.000 millones de euros, cuyas fuentes proceden básicamente de libramientos sin justificar (subvenciones), derechos pendientes de cobro, como multas, impuestos, recargos, y sentencias judiciales sin registro centralizado, cuya factura, se eleva entre 2016 y 2018 a 743 millones de euros.
Juan Manuel Moreno Bonilla somete esta tarde a examen sus primeros Presupuestos los de 2019 como presidente de la Junta de Andalucía, con el Gobierno formado por PP y Ciudadanos, por una cuantía que se eleva a 36.495,5 millones de euros. Poco antes de la votación, fuentes del Gobierno andaluz apuntan a eE que el negociador del PP asegura que quedan algunos flecos para cerrar el acuerdo con Vox para que éste retire la enmienda a la totalidad a los Presupuestos. Pero ese acuerdo mantienen no se materializará hasta que dé comienzo el pleno en el Parlamento andaluz.
Finalmente, y tras valorar el informe realizado por Price Watherhouse, por encargo de la administración andaluza, la Consejería de Sanidad ha roto este jueves la relación laboral que unía a la Junta con Bernat Soria. Las razones del fin del contrato, no son otras que el incumplimiento del mismo por parte del exministro socialista de la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero, no habiendo respetado la clausula de exclusividad que le obligaba a trabajar solo para la Fundación Progreso y Salud, que dependía de la Junta de Andalucía.
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