El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía anunció este martes "una segunda bajada masiva" de impuestos, en palabras del consejero de la Presidencia, Elías Bendodo, que tendrá como beneficiarios a más de 4 millones de andaluces y supondrá para éstos un ahorro de 329 millones de euros. Se trata de una rebaja de tipos en el impuesto de Transmisiones Patrimoniales, lo que repercute en la compraventa de viviendas.
La Junta de Andalucía, y en su nombre el consejero de Hacienda, Juan Bravo, ha enviado este martes 13 de abril una carta a la ministra del ramo, María Jesús Montero, donde recuerda que justo hoy cumple el plazo de un mes de periodo límite para tramitar las ayudas directas por parte de las CCAA. El Gobierno de Juanma Moreno Bonilla señala también la falta de información por parte del Ejecutivo progresista, la nula participación de las administraciones regionales y ciudades autónomas, y advierte que de seguir así, esta situación puede poner en riesgo la eficacia de estas ayudas calificadas de urgentes. Así será el reparto de las ayudas.
Como ocurrió en la Guerra Civil para determinar el vencedor, la batalla por Madrid va a ser decisiva para definir el modelo que rija en la economía española durante los próximos años. Isabel Díaz Ayuso defiende una bajada de impuestos, que pondere el equilibrio entre la salud y los intereses económicos, como hemos visto en su política de puertas abiertas en la pandemia.
El PP-A ganarías las elecciones andaluzas con el 30,8% de los votos, con una ventaja de 0,4 puntos sobre el PSOE-A, que obtendría el 30,4% de los votos. El PP-A podría volver a sumar la mayoría absoluta en el Parlamento autonómico con Ciudadanos (Cs) y Vox, que obtendrían el 11,2 y 10,1% de los votos, según se recoge en el apartado sobre estimación de voto del Barómetro Andaluz que este lunes ha publicado en su página web el Centro de Estudios Andaluces (Centra). Adelante Andalucía (que actualmente conforma grupo parlamentario) obtendría el 4% de los votos y Podemos, el 9,4%.
A su paso por elEconomista, el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, ha afirmado este martes que "es un error que no nos dejen gestionar a todas las CCAA nuestras rentas mínima", por lo que adelanta que habrá problemas. Invitado a las Conversaciones 2020 del eE, y esta vez patrocinadas por Aldro, Energía y Soluciones, el principal dirigente andaluz también ha denunciado que "hay una falta de sensibilidad a Andalucía", por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez, lo que les hace pensar que el Gobierno "quiere llevarnos a una situación donde no tengamos Tesorería". Molesto con el juego político que se ha despertado a raíz de los apoyos a las prórrogas del estado de alarma, Moreno Bonilla defiende que "Andalucía quiere exactamente el mismo trato que se le dé a País Vasco, a Navarra o Cataluña... No vamos a dejar pasar ni un céntimo de euro", anticipa.
Juan Manuel Moreno Bonilla, el primer presidente de la Junta de Andalucía del Partido Popular, después de más de tres décadas de socialismo en una región azotada por el paro, ha concedido este martes una entrevista on-line dentro del nuevo apartado Conversaciones 2020, patrocinado por Aldro, Energía y Soluciones.
La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha defendido que la compra de "algún" material sanitario defectuoso ha sido debido a la "dificultad en un mercado absolutamente tensionado". En directo | Última hora sobre el coronavirus
El turismo andaluz atraviesa el peor momento de su historia reciente. Con la planta hotelera completamente cerrada en vísperas del inicio de la temporada alta, los hoteleros comienzan a evaluar las pérdidas que está provocando en sus establecimientos la pandemia. Una crisis sanitaria y económica sin precedentes que amenaza con dañar gravemente a un sector clave de la economía andaluza.
La expresidenta de Andalucía, Susana Díaz, se ha prestado este jueves a participar en la Gran Alianza por Andalucía propuesta por Juan Manuel Moreno Bonilla, y a su vez, siguiendo el planteamiento de Pablo Casado, ha urgido a la creación de una mesa en el Parlamento autonómico para la "reconstrucción" de la comunidad tras la crisis del coronavirus.
Bajo el mando único del Gobierno, con pocos plenos autonómicos y acercamientos impensables como el de la concejal de Más Madrid, Rita Maestre, hacia el alcalde José Luis Martínez Almeida, los ejecutivos autonómicos y sus respectivos partidos en la oposición han iniciado un camino al entendimiento, mientras en el Parlamento español se debate todavía la presidencia de una comisión que finalmente acabará sustituyendo a la Mesa por la Reconstrucción, en la que se iba a sentar partidos políticos -con igual representación unos que otros-, administraciones autonómicas, ayuntamientos y agentes sociales.
El Gobierno andaluz que preside el popular Juan Manuel Moreno Bonilla con Ciudadanos ha logrado en su primer año de legislatura cumplir con el objetivo de déficit marcado para el ejercicio 2019, y dar un paso más allá cerrando sus primeras cuentas con un superávit de 32 millones de euros, según los datos publicados por el Ministerio de Hacienda. Se trata, por tanto, del primer superávit de la administación andaluza, desde que entrara en vigor la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera en 2012.
El presidente del Gobierno se negó este domingo a suspender toda la actividad productiva del país, una posición que sí defendió Pablo Iglesias el pasado sábado, 14 de marzo, en un Consejo de Ministros donde los postulados económicos del ala más moderada, encabezada por Nadia Calviño, chocaron de plano con las posiciones más izquierdistas del líder de Unidas Podemos, a la sazón, vicepresidente segundo del Gobierno, y que por cierto, comparten presidentes autonómicos del PP, como los de Madrid y Murcia. A última hora del domingo, se conocía la noticia de que el Gobierno de Murcia había acordado en su reunión de este domingo exigir al Ministerio de Sanidad el cese de todas las actividades no esencial.
La Consejería de Salud de la Junta de Andalucía está investigando quién ordenó construir una habitación que ha sido localizada oculta tras una estantería en un despacho oficial y en la que hay un sofá, una televisión, un vídeo, una mesa baja y una ducha de hidromasaje.
La Junta de Andalucía estudia tomar acciones legales ante la decisión de Hacienda de vedarle el acceso a los mercados financieros el año próximo, tras haber incumplido el objetivo de déficit en 2018. En teoría puede parecer que el Gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla tiene poco margen ante una decisión del Ejecutivo central que se atiene estrictamente la ley. La normativa es clara a la hora de establecer que toda autonomía que se acoja al mecanismo de liquidez del Fondo de Facilidad Financiera, como es el caso de Andalucía, debe cumplir con los objetivos de estabilidad.
Los últimos presupuestos de la expresidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, traen cola. Hacienda ha advertido al Gobierno regional, ahora del PP, de que no podrá salir a los mercados en 2020 debido a la deuda generada así como le ha reclamado un plan de ajuste por incumplir el déficit en 2018.
La Junta de Andalucía ha reaccionado a la carta que recibido estos días del Ministerio de Hacienda, en la que se le conmina a presentar un plan de ajuste por haber incumplido la deuda y la regla de gasto del ejercicio presupuestario de 2018. Después de conocer el contenido, considerado por el ejecutivo popular-ciudadano de "político y arbitrario", no descarta recurrir ante la justicia las directrices del Gobierno, aunque de momento va a solicitar una reunión urgente con el Ministerio de Hacienda para revertir la situación, además de una comparecencia urgente de la titular de Hacienda, en el Congreso, para que explique el por qué de esta decisión que afecta a una comunidad que ha presentado unos presupuestos con déficit cero, con cuenta con plan de mercado que se financia con menor interés que en 2018, que también cuenta con el visto bueno de las agencias de calificación y, con el la Asociación Analistas Financieros de Andalucía.
La Junta de Andalucía presidida por el popular Juan Manuel Moreno Bonilla ha anunciado este martes el hallazgo de tres cajas fuertes de un metro de altura, escondidas bajo llave en un sótano, en cuyo interior se encuentra importante documentación de los ERE, que viene a demostrar una operación fraudulenta de 9.000 millones de las antiguas pesetas en falsas prejubilaciones, y del conocimiento que "todo el Consejo de Gobierno" de Chávez tenía del mecanismo de pago. El Ejecutivo de Moreno Bonilla ya había anunciado meses atrás que destinaría tres millones de euros para auditar la administración paralela creada por el PSOE a lo largo d 37 años.
Baste una idea para entender cuánto ha cambiado la realidad política española: Pedro Sánchez se convirtió en presidente del Gobierno con sólo 85 escaños, el peor resultado en la historia del PSOE. Por dar contexto fueron 25 menos de los que había sumado Alfredo Pérez Rubalcaba en 2011 y que provocaron su dimisión inmediata, además de la convocatoria de las primeras primarias abiertas de la historia del partido. Especial Elecciones 10-N
Entre finales de octubre y principio de noviembre, el Gobierno andaluz, presidido por Juan Manuel Moreno Bonilla, adjudicará la contrata de la primera auditoría externa que encarga la Junta para estudiar la administración paralela, o sector instrumental, heredado de 37 años consecutivos de gobiernos socialistas.
Juan José Cortés, el padre de la pequeña Mari Luz asesinada en 2008, que fue cabeza de lista del PP al Congreso por la provincia de Huelva las pasadas elecciones generales y que lo será ahora al Senado de cara a los comicios del 10 de noviembre, ha asegurado este martes que ve el cambio como "un ataque personal" y no por los resultados obtenidos y ha criticado al presidente del PP andaluz y de la Junta, Juanma Moreno, quien gobierna "gracias a Vox" tras perder en seis años "el 50% de los votos". Horas después Cortés ha pedido disculpas por estas acusaciones.
El ámbito de la fiscalidad se ha convertido en un campo de batalla más entre el PSOE y el PP. En un nuevo capítulo de esta particular guerra, las regiones de signo popular han decidido iniciar una ofensiva basada en bajadas de impuestos, una estrategia que no es casualidad: con ella pretenden contraatacar las alzas fiscales que llegarán si finalmente Pedro Sánchez es investido presidente del Gobierno y los socialistas se mantienen en Moncloa.
La estrategia de reducir la fiscalidad de los gobiernos autonómicos del Partido Popular sigue en marcha. Este es el caso de Andalucía, que ha anunciado que en 2020 impulsará una bajada de tributos, particularmente del tramo autonómico del IRPF y de los impuestos sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP) y Actos Jurídicos Documentados (AJD), así como una rebaja de las tasas públicas. Una reducción de Patrimonio se está barajando pero no está confirmada.
Los números de Susana Díaz siguen trayendo cola. La nueva administración andaluza ha detectado -con el soporte técnico de la Cámara de Cuentas- un agujero contable de más de 8.000 millones de euros, cuyas fuentes proceden básicamente de libramientos sin justificar (subvenciones), derechos pendientes de cobro, como multas, impuestos, recargos, y sentencias judiciales sin registro centralizado, cuya factura, se eleva entre 2016 y 2018 a 743 millones de euros.
Juan Manuel Moreno Bonilla somete esta tarde a examen sus primeros Presupuestos los de 2019 como presidente de la Junta de Andalucía, con el Gobierno formado por PP y Ciudadanos, por una cuantía que se eleva a 36.495,5 millones de euros. Poco antes de la votación, fuentes del Gobierno andaluz apuntan a eE que el negociador del PP asegura que quedan algunos flecos para cerrar el acuerdo con Vox para que éste retire la enmienda a la totalidad a los Presupuestos. Pero ese acuerdo mantienen no se materializará hasta que dé comienzo el pleno en el Parlamento andaluz.
Finalmente, y tras valorar el informe realizado por Price Watherhouse, por encargo de la administración andaluza, la Consejería de Sanidad ha roto este jueves la relación laboral que unía a la Junta con Bernat Soria. Las razones del fin del contrato, no son otras que el incumplimiento del mismo por parte del exministro socialista de la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero, no habiendo respetado la clausula de exclusividad que le obligaba a trabajar solo para la Fundación Progreso y Salud, que dependía de la Junta de Andalucía.
El presidente de la Junta de Andalucía y del PP-A, Juanma Moreno, ha anunciado este sábado en Marbella (Málaga) que el impuesto de sucesiones y donaciones se suprimirá de "forma definitiva" en el plazo de un mes o, como máximo, cinco semanas.
La Junta de Andalucía, gobernada por el popular Juanma Moreno Bonilla, con el sostén de Ciudadanos, procedía la semana pasada al nombramiento de altos cargos en diversas consejerías. Entre los nombramientos destacan los del director gerente de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, el presidente de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz o, el del presidente de la Autoridad Portuaria de Almería, que corresponden, y en este orden, a Rafael Merino, Teófila Martínez y Jesús Caicedo.
El veterano político 'popular' Javier Arenas volverá a ser senador por designación del Parlamento andaluz, al elegirlo el PP para uno de los dos escaños que le corresponde asignar. Le acompañará Teresa Ruiz Sillero, que sustituirá a Antonio Sanz, nombrado viceconsejero de Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta de Andalucía.
La Junta presidida por Juanma Moreno Bonilla ha puesto en marcha este 1 de febrero una auditoría pionera en España para detectar si hay o no duplicidades entre sus consejerías y 19 entes públicos. Con esta actuación, el equipo de Gobierno formado por PP y Cs quiere comprobar si se justifican la creación de esas entidades instrumentales que nacieron al calor de 37 años de gobiernos socialistas y, comprobar si en efecto, constituyen el medio idóneo para lograr los objetivos por los que fueron creados, verificando el modelo de gestión de los servicios públicos y destapando si hay o no gasto superfluo. En 45 días, Moreno Bonilla tendrá sobre la mesa las primeras conclusiones del supuesto despilfarro de la administración andaluza, donde se sospechan, recalaban algunos enchufados con carné del PSOE y de ciertos entornos sindicalistas.
