Los sindicatos, divididos tras la sentencia del 1-O
La elevada factura, en forma de bajas, que CCOO y UGT han sufrido estos últimos años por su acercamiento al independentismo catalán han obligado a cambiar a los sindicatos mayoritarios. Tanto es así que ni el organismo comandado por Unai Sordo ni el de José María Álvarez apoyan la huelga general que el independentismo ha convocado para el próximo viernes en protesta por la sentencia del procés. No obstante, se comenta que esa decisión ha generado una importante fractura en el seno de ambos sindicatos. Por lo que se dice, el problema está en las diferentes posturas que defienden las ejecutivas centrales de Madrid y las federaciones catalanas. Así, mientras que las centrales sindicales se han mostrado moderadas con el fallo del Supremo (CCOO ha pedido diálogo), las filiales regionales de los agentes sociales en Cataluña mantienen posturas mucho más cercanas a sindicatos indepes como Intersindical CSC. De hecho, dicen que es probable que UGT y CCOO Cataluña sí secunden la huelga del próximo viernes. Ni qué decir tiene que esta división está obligando a los sindicatos a hacer finos equilibrios en el alambre para armonizar unas actuaciones tras el fallo que no generen mayor pérdida de afiliados.
El anticipo del programa electoral que el PSOE presentó el lunes omite casi en su totalidad cualquier referencia a alzas de impuestos. De hecho, solo se recuerda el nuevo tributo verde al CO2. La ausencia de subidas fiscales ha llamado la atención ya que el programa que la formación envió en septiembre a Unidas Podemos para obtener su apoyo en la investidura de Pedro Sánchez detallaba hasta ocho subidas impositivas (tasa Tobin, Sociedades, IRPF, tasa Google, etc.), con las que se esperaba recaudar 6.000 millones anuales. Es evidente que la eliminación de tributos del escueto programa para el 10-N se debe a motivos electorales. Pues bien, cuentan que ni Sánchez ni su ministra de Hacienda, María Jesús Montero, podrán mantener esta estrategia por mucho tiempo. Muy al contrario, el próximo día 15 el Gobierno debe mandar a Bruselas la actualización de su Programa de Estabilidad Financiera hasta 2022. En dicho documento no quedará más remedio que explicar con detalle cómo los mayores impuestos sufragarán el incremento del gasto anunciado por Sánchez (pensiones, SMI, etc.). Ni qué decir tiene que el impacto que en los votantes tengan los mayores tributos preocupa en Ferraz de cara a las generales.
Josep Borrell está un paso más cerca de convertirse en el nuevo Alto Representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad. El todavía ministro de Exteriores en funciones salió ayer airoso del examen del Parlamento Europeo, tanto al ser interrogado sobre sus futuras competencias como sobre sus pasadas polémicas.
La pasada semana el presidente del Gobierno Pedro Sánchez aseguró en el Congreso que España dispone de los medios suficientes para afrontar una crisis provocada por el Brexit. De hecho, afirmó que la Administración dispone de los recursos de personal necesarios, especialmente en el área de Exteriores (aún comandada por Josep Borrell), al haberse habilitado 900 nuevos puestos para reforzar ámbitos claves como aduanas. A pesar de ello, fuentes de la Administración dicen que el Estado requiere de mayor personal para hacer frente al divorcio del Reino Unido de la UE. Por lo visto, las necesidades se dan en diversos frentes, aunque la mayores carencias se encuentran en la Administración central. Pero también en empresas públicas como Aena o Puertos del Estado. "Urgen 1.000 nuevos efectivos", comentan. La misma fuente añade también que el Estado es consciente de ello, pero que tendrá dificultades para cubrir las plazas de los efectivos que faltan, ya que la tarea de convocar plazas, aunque sean urgentes se complica para un Gobierno en funciones, como el actual.
Los jefes de Estado y de Gobierno de la UE han nombrado formalmente este lunes al ministro de Exteriores en funciones, Josep Borrell, como el próximo Alto Representante de Política Exterior y de Seguridad Común de la UE y sucederá así a la italiana Federica Mogherini a partir de noviembre.
La Diputación Permanente ha rechazado este martes las peticiones de comparecencia urgente del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, y del ministros de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, en sesiones extraordinarias del Pleno de la Cámara.
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha rechazado paralizar provisionalmente la actividad de las delegaciones de la Generalitat en Alemania, Suiza y Reino Unido, como le pidió el Gobierno, a la espera de resolver si las cierra.
El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europa y Cooperación en funciones, Josep Borrell, ha explicado que este jueves asumirá la doble nacionalidad española y argentina, condición esta última que le viene por parte de su padre, nacido en Mendoza e hijo de inmigrantes catalanes.
Convertir a Josep Borrell en el Alto Representa de la UE fue uno de los grandes objetivos de Pedro Sánchez durante las negociaciones para elegir a los altos cargos comunitarios. Para el Gobierno español ese cargo es clave para aumentar la influencia de España en el ámbito internacional. Con esa idea, se dice que el aún ministro de Asuntos Exteriores ya tiene sus primeros deberes que llegan de España. Por lo visto Sánchez ha pedido a Borrell que sitúe las relaciones con América como prioritarias para aprovechar el reciente tratado de la UE y Mercosur y potenciar el papel de nuestro país. Pero parece que Borrell tiene otros deberes. Sánchez ya intentó hace poco más de un año que la UE financie el mantenimiento de los centros de acogida a inmigrantes, los conocidos como centros de Estancia Temporal (CETIs). De ahí que pida a Borrell que utilice su alto cargo diplomático para impulsar un pacto europeo en inmigración, que sirva para ayudar a los países receptores, como es el caso de España. Apesar de ello, dicen que en Ejecutivo son perfectamente conscientes de la dificultad que habrá para llegar a ese consenso. Convencer a los países del Este será difícil, explican. Las mismas fuentes indican que una de las claves será la postura que toma la futura presidenta de la Comisión, la alemana Ursula von der Leyen.
El ministro de Asuntos Exteriores en funciones, Josep Borrell, ha respondido a unas acusaciones de espionaje a la delegaciones en el exterior de la Generalitat recordando que "ni Cataluña tiene embajadas, porque las embajadas las tienen los Estados, ni el Ministerio de Exteriores tiene espías".
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