José Luis Escrivá

El Gobierno se ha adelantado algunos pasos en el arranque de la reforma de pensiones, que ya ha sido convalidada por los grupos en el Congreso de los Diputados y que supone un mandato oficial para el Ejecutivo de llevar a cabo los cambios normativos. Los primeros ladrillos de la reforma asoman en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado con la subida de las pensiones un 0,9% conforme al IPC previsto para el próximo ejercicio, la aprobación de una transferencia de 14.000 millones de euros que cubrirá una primera parte de los gastos no contributivos de la Seguridad Social, y el despliegue de las medidas que tienen que ver con el ahorro privado destinado a la jubilación: con el recorte de incentivos fiscales a planes individuales de pensiones de un 75% para trasladarlos al sistema colectivo y el anuncio de aprobación de un fondo público de pensiones.

Tras cuatro años de negociación y casi una década del último acuerdo alcanzado entre los partidos políticos, el Congreso de los Diputados dio luz verde este jueves a las recomendaciones del Pacto de Toledo para la reforma del sistema público de pensiones. Con la culminación de la aprobación del texto, el mandato para la modificación de la ley de Seguridad Social se hace efectivo y el Gobierno deberá ir abordando las reformas que se reclaman para garantizar el futuro de las jubilaciones en nuestro país durante los próximos meses, dando cuenta de las decisiones a los partidos representados en la Comisión parlamentaria."Solamente con la suma de ambos consensos, político y social, podremos adoptar medidas eficaces que solucionen de forma duradera los importantes desafíos a los que se enfrenta hoy nuestra Seguridad Social", manifestó la presidenta del Pacto de Toledo y exministra de Trabajo, Magdalena Valerio, que cree que este sistema "es y debe seguir siendo un instrumento de vertebración, inclusión y cohesión que garantice la paz social y la estabilidad política". Además, durante su intervención, ahora al acuerdo entre Gobierno, organizaciones sindicales y patronales.

"Fuerte incremento de la afiliación a la Seguridad Social" en lo que va de noviembre. En torno a 80.000 ocupados más en términos desestacionalizados, según ha indicado este jueves el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá.

La Oferta de Empleo Público para 2020 (OEP) incluye 323 nuevas plazas y cerca de 300 de promoción interna en la Seguridad Social con el objetivo de adaptar los medios técnicos y humanos del organismo a las nuevas necesidades de la sociedad tras perder un número importante de efectivos en los últimos años.

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha avanzado que el empleo volverá a mejorar en noviembre a pesar de las nuevas restricciones, que de momento no están dando lugar a una avalancha de expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) ni de despidos.

La acción protectora del Gobierno sobre el colectivo de autónomos se ha puesto en entredicho desde el inicio de la pandemia cuando el colectivo se puso en pie de guerra exigiendo al Ejecutivo medidas que ayudasen a sobrellevar la crisis a este colectivo, que es el más empleo genera en nuestro país y responsable del 98% del tejido productivo. Con los datos sobre la mesa, la cuenta es clara: las ayudas ofrecidas por la Seguridad Social a los trabajadores por cuenta propia ascienden a 8.616 millones de euros (hasta el próximo 31 de enero), mientras que la recaudación media del Reta en los últimos años se ha situado en torno a los 10.000 millones de euros. Es decir, que el Estado ya ha gastado en ayudas casi la cantidad equivalente a todas la recaudación que consigue a través de las cuotas en lo que dura un año normal. Concretamente, cerca del 86%.

Una vez más, he perdido la cuenta de las veces que ya van, se intenta embaucar, pueden utilizar como verbo “engañar”, a los ciudadanos aprovechándose de la falta de educación financiera existente en este país. Esta semana me llamó poderosamente la atención, la noticia publicada por este diario, sobre el super-fondo de pensiones público para el sistema de empleo.

Los partidos políticos representados en el Pacto de Toledo exigen al Gobierno que cumpla con el mandato de la Comisión que tanto en el reciente acuerdo de finales de octubre como en el alcanzado en 2011 piden a los responsable de la Administración de la Seguridad Social que informe por carta, tal y como ocurre en numerosos países del entrono comunitario, de la proyección de la pensión pública que recibirá durante la jubilación. Así aparece recogido en el documento de recomendaciones aprobado en el seno de la Comisión después de nueve años de ausencia de consenso hace escasas semanas, y con lo que se busca poner una suerte de alerta para los trabajadores que se aproximan a la jubilación.

El Gobierno quiere facilitar que cada persona que comience a trabajar tenga una "adscripción automática" a un plan de pensiones, de forma que pueda ahorrar y al llegar a su jubilación cuente con un "complemento significativo", teniendo en cuenta que "el ancla es el sistema público de pensiones". Concretamente, el objetivo, ambicioso, que se marca el Ejecutivo pasa por sumar a la mitad de los trabajadores a estos planes de ahorro colectivo que se promocionarán a través del anunciado fondo público de pensiones, que será desarrollado en un plazo de doce meses. Esto supone que si actualmente los planes de pensiones de empresa cuentan con casi dos millones de partícipes, la cifra llegue hasta la cobertura de nueve millones de ocupados.

Los 956 inspectores de Trabajo más otro centenar de subinspectores están trabajando fines de semana y festivos para cumplir con las 250.000 actuaciones previstas este año con motivo de la pandemia. La pretensión del Organismo Autónomo de la Inspección -aunque se creó en 2015, el próximo ejercicio será el primer año que cuente con presupuesto propio- es que este 2020 se realicen 100.256 inspecciones relativas al fraude en los Ertes, en concreto en las prestaciones y la posible connivencia entre empresarios y trabajadores; otras 116.189 inspecciones derivadas de la habilitación que se otorgó a los inspectores en junio para que controlen y adviertan a las empresas del riesgo de la exposición al Covid-19 en los centros de trabajo, 30.813 informes de los Ertes y, finalmente, 2.876 inspecciones para investigar denuncias laborales de los trabajadores. En total 250.134 actuaciones.

El ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, ha señalado que un "pago de una sola vez", en lugar de un incremento en la pensión, puede resultar "más interesante y más gratificante" como fórmula para incentivar el retraso voluntario en la edad de jubilación.

El ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, ha adelantado este lunes, festivo en España, que el dato de empleo de octubre que se conocerá el miércoles será "bastante bueno" y habrá en torno a 40.000 nuevos afiliados a la Seguridad Social, en términos desestacionalizados.

El Gobierno mantiene la máxima de eliminar el ya histórico déficit de las pensiones antes de que finalice la presente legislatura a pesar del lastre que supone el impacto de la pandemia y su incierta evolución para las previsiones de ingresos y gastos de la Seguridad Social en los próximos ejercicios. Así lo señaló el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, este viernes durante la rueda de prensa para presentar los Presupuestos de su departamento, donde resalta que en estos momentos hay gastos cíclicos asociados al coronavirus, pero que cuando pase 2022 y 2023, estos elementos cíclicos de deterioro de las cuentas de la Seguridad Social emergerán a la situación estructural, lo que "lleva al cierre del déficit en 2023".

El ministro de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones, José Luis Escrivá, ha precisado este miércoles que su ministerio ya había introducido hace semanas modificaciones para agilizar la tramitación del ingreso mínimo vital (IMV) y ha advertido que las modificaciones anunciadas por el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, en el marco de los Presupuestos Generales del Estado van a suponer "alguna carga administrativa adicional".

La próxima semana debería dar luz a los Presupuestos para el próximo ejercicio, después de dos años de intentos fallidos. Poco se conoce, sin embargo, sobre qué medidas contendrá. La feroz lucha entre Iglesias y Calviño mantiene en vilo hasta el último minuto al Gobierno. La vicepresidenta ha encontrado una fiel escudera en la titular de Hacienda, María Jesús Montero, a la que últimamente se sumó el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, en la defensa de sus posiciones.

Tras la primera reunión entre el Gobierno y las asociaciones representantes del trabajo autónomo para abordar la negociación de la reforma del Reta, el Ministerio de Seguridad Social arrojó algo de luz sobre las líneas fundamentales de los cambios normativos previstos en el sistema de aportaciones de este colectivo. Y tendrá, en primera instancia más beneficiados que perjudicados. Por un lado, como ya avanzó este periódico se espera que 700.000 trabajadores de este colectivo vean elevarse su cuota con el sistema de cotización en base a ingresos reales aún en proceso de aquilatamiento y estudio. Pero más de un millón de los 3,2 millones de actuales cotizantes al Reta verían reducirse sus aportaciones mensuales a la Seguridad Social.

El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) ha reconocido a más de 136.000 hogares el Ingreso Mínimo Vital (IMV), el 41,5 % del total de expedientes resueltos hasta la fecha, mientras que ha denegado 192.000 solicitudes, el 58,5 % restante.

La revalorización de las pensiones en 2021 con el IPC (0,9%, según estima el Gobierno) tendrá un coste de 1.439 millones de euros, de acuerdo con las previsiones que realiza el Ejecutivo en el Plan Presupuestario remitido a Bruselas.

Seguridad Social: aún bajo mínimos de plantilla

Realizar cualquier trámite en las oficinas de la Seguridad Social se ha convertido en una tarea casi hercúlea. Así lo indican los conocidos retrasos en la tramitación de jubilaciones, o en las solicitudes del ingreso mínimo vital. Estos problemas son ya tan evidentes que han obligado al Ejecutivo a reconocer la existencia de un colapso en la administración, que arrancó en marzo por la mayor carga de trabajo a raíz de la pandemia del coronavirus. Pues bien, a pesar de los meses que han pasado desde entonces, todo indica que los problemas en la Seguridad Social persisten, y no tienen solución a corto plazo. Buena prueba de ello son los intentos del Ministerio comandando por José Luis Escrivá de reclutar personal en las bolsas de trabajo de las Subdelegaciones del Gobierno. Con todo, se rumorea que este recurso no está funcionando en varias provincias, porque carecen de candidatos que puedan echar una mano a la Seguridad Social. Ante esta situación, desde el entorno de Escrivá se indica que el siguiente paso será contratar desempleados inscritos en el Sepe.

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha realizado una propuesta inicial de sistema de cotización por ingresos reales a las principales organizaciones de autónomos en el que plantea que los trabajadores por cuenta propia elijan su base de cotización en función de las previsiones de rendimientos que tendrán. La mayoría, según los cálculos del Ministerio, pasaría a cotizar menos, pero existe un grupo al que le pasaría lo contrario. 

El presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, ha denunciado que la propuesta de sistema de cotización de ingresos reales solo beneficiará a 1,5 millones de autónomos y dejará fuera a la mitad de los más de 3,2 millones de trabajadores por cuenta propia que hay en la actualidad.

Una realidad perversa del sistema de pensiones español se da a raíz del modelo de jubilación anticipada, que según el reglaje de porcentajes de penalización por cada año que se adelanta el retiro resulta en su cómputo final más ventajoso para las rentas altas y más gravoso para las más bajas. Ahora, como ya adelantó elEconomista y ya ha anunciado el ministro de Inclusión, Migraciones y Seguridad Social, José Luis Escrivá, en sus últimas comparecencias, la intención es la de establecer un marco que por un lado incentive la permanencia en el puesto de trabajo más allá de la edad legal al tiempo que haya desincentivos para adelantar ese retiro.

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, se reunirá este martes con patronal y sindicatos para empezar a abordar la futura reforma del sistema de pensiones justo cuando las negociaciones de la Comisión Parlamentaria del Pacto de Toledo han entrado en su recta final.

El Gobierno y las principales organizaciones de autónomos, ATA, UPTA y Uatae, se reunirán el próximo miércoles con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para hablar del nuevo sistema de cotización por ingresos reales.

Según las declaraciones concretas realizadas por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en las que aseguraba esta semana que las pensiones de jubilación se revalorizarán en 2021 en base al IPC, del mismo modo que ha ocurrido este año, y el coste que ello implica en función de la inflación prevista, el Gobierno asume un gasto de unos 1.400 millones de euros en la revalorización de las pagas del próximo año. Concretamente, la cuantía de la pensión se vería incrementada para el próximo año en un 0,9%.

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha garantizado la prórroga de los ERTE más allá del 31 de enero si fuera necesario como consecuencia de la crisis sanitaria provocada por la pandemia de covid-19.

El Gobierno tiene intención de trabajar para promover España como destino para teletrabajar. Ha sido el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, quien ha asegurado que en la lista de tareas del Ejecutivo está analizar esta "nueva fórmula de migración".

A pocos días del toque de corneta para arrancar la reforma del sistema público de pensiones, una vez el Pacto de Toledo resuelva el documento de recomendaciones y que según ha podido saber elEconomista podría tener lugar en las próximas semanas, la reforma de pensiones parece tener ya cara y ojos a la luz de las observaciones realizadas por el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, durante su intervención en la Comisión parlamentaria del ramo. Concretamente, los cambios que llegan para las jubilaciones futuras se sustancia en seis aspectos, a pesar de que serán hasta 21 las recomendaciones que emita el Pacto de Toledo de la reforma.

Hasta cuatro cambios de requisitos ha aplicado en los últimos días la Seguridad Social para agilizar el atasco que aún persiste en las aprobaciones de expedientes del ingreso mínimo vital. Los esfuerzos de la Administración para depurar con la mayor velocidad posible las peticiones de ingreso mínimo vital parecen no estar surtiendo efecto a tenor de los retrasos existentes en las concesiones de esta ayuda. Concretamente, el Gobierno reconoce haber recibido desde el día 15 de junio casi un millón de expedientes, cuya magnitud se entiende porque la cifra es equivalente a los expedientes de pensiones que resuelve en un año completo pero a día de hoy, solo unas 470.000 han sido procesadas y comenzadas a analizar (47%) y de ellas, se han concedido 90.800, lo que significa un 9,2% del total de las recibidas.

La posible reforma del régimen especial de trabajadores autónomos (Reta) que se avecina tras el anuncio del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, para ajustar las cotizaciones del colectivo de autónomos tendría un impacto directo sobre cerca de 700.000 trabajadores que automáticamente verían incrementarse la cuota que abonan mensualmente a la Seguridad Social. Se trata de una medida, que tal y como apuntan desde el Ejecutivo, serviría para dotar de contributividad al modelo de cotización del trabajo autónomo y que implicaría una mejora en las prestaciones vinculadas al nivel de aportaciones, como el cese de actividad (cierre del negocio) o la pensión de jubilación. Sin embargo, en plena pandemia, una medida que implique un incremento de la cuota para un elevado volumen de autónomos podría tener un efecto contraproducente en los baremos de afiliación la Reta.