Junts per Catalunya y Esquerra Republicana de Catalunya vuelven a chocar en el mando de la Generalitat. Si normalmente el enfrentamiento entre socios de Gobierno se produce por motivos soberanistas, la razón del desencuentro fue esta vez la eliminación de los impuestos de Patrimonio y Sucesiones. El consejero de Economía, Jaume Giró, defiende la supresión de dos tasas inexistentes en Madrid tras escuchar repetidamente como los empresarios justifican la fuga de inversiones a la capital por la política tributaria del Ejecutivo que lidera Isabel Díaz Ayuso (PP).

La palabra recesión ya no es un tabú entre los dirigentes políticos. Aunque no es el caso catalán, el conseller de Economía de la Generalitat, Jaume Giró, ya advierte que "algunos países europeos entrarán en recesión" mientras admite que la economía del territorio crecerá menos de lo previsto a comienzos de año por el impacto de la guerra de Ucrania y la subida de los precios de la energía. La escalada será del 4,9% en 2022 y del 2,9% en 2023.

Los datos desmontan el 'negacionismo' de Giró

El debate para la aprobación de los Presupuestos de la Generalitat en el Parlament de Cataluña, ha vuelto a poner de actualidad la cuestión de la fuga de empresas por el procés, que el consejero de Economía, Jaume Giró, insiste en negar por activa y por pasiva. Pero la realidad es tozuda, y los datos muestran que desde octubre de 2017 hasta el 30 de septiembre de 2021 se han ido de Cataluña 7250 empresas, de las que 741 lo hicieron en los nueve primeros meses de 2021. Esta última cifra rebasa ya con creces el total de 666 empresas que se exiliaron en el conjunto de 2020. Este éxodo tiene como destino principal Madrid, seguido de Aragón y Valencia. Pero según los últimos datos el rango sea amplía y cada vez más miran a Andalucía para instalarse. Ni qué decir tiene que el contraste entre la contundencia de los datos y las palabras del consejero, es muy comentada entre los empresarios afectados. "Cierra los ojos a la evidencia cuando precisamente él ha tenido una trayectoria en el mundo empresarial".

El mismo día en que la Comunidad de Madrid ha aprobado la rebaja de su tramo autonómico del IRPF, el consejero catalán de Economía Jaume Giró, ha propuesto elevarlo en Cataluña para las rentas de más de 33.000 euros de base imponible, que equivalen a sueldos a partir de 37.000 euros brutos anuales.

Sigue la fuga empresarial que Giró todavía niega

Los últimos datos del Colegio de Registradores desvelan que el éxodo empresarial en Cataluña está lejos de detenerse. Muy al contrario, la región ha perdido casi 5.000 firmas desde el referéndum ilegal del 1-O. La incertidumbre generada por esa consulta hizo que en 2017 cerca de 2.000 empresas salieran de Cataluña. Es obvio que la marcha de compañías se ralentizó, pero eso no quiere decir que Cataluña haya dejado de ser la comunidad autónoma que más empresas pierde cada año. De hecho, hasta septiembre de este año lidera de nuevo la clasificación, con 245 traslados de sede. A pesar de la contundencia de las cifras oficiales, el consejero de Economía de la Generalitat, Jaume Giró, sigue negando que el procés tengo algo que ver con la fuga de compañías o con la ralentización del crecimiento económico en el territorio. El “negacionismo” de Giró no es nuevo. Pero en la oposición política ha sido muy comentado que mantenga sus tesis a pesar de que “conoce a la perfección el alto número de empresas que, mes tras mes, mudan sus sedes”. “Resulta inadmisible que Giró sostenga que no ocurre nada cuando los datos demuestran las consecuencias que para Cataluña ha tenido el independentismo. De hecho, lideramos los traslados de domicilios fiscales y sociales desde 2012”, añaden en círculos políticos catalanes.

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha abierto este miércoles la puerta a sumar a En Comú Podem a las negociaciones para sacar adelante los Presupuestos catalanes de 2022, en paralelo a los contactos con la CUP, que de momento los rechaza y eleva la presión para cambiar su voto de enmienda a la totalidad el próximo lunes.

Los Presupuestos de la Generalitat de Cataluña para 2022 prevén un gasto récord de 38.139 millones de euros, un 17,3% más respecto a lo planificado en 2020 -último año con Cuentas aprobadas-, lo que supone 5.618 millones adicionales, debido a los gastos extraordinarios que todavía comporta la pandemia (con una dotación para personal y salud de 705 millones) y también por la inyección que supondrán los fondos europeos Next Generation, cifrados en 2.142 millones desde el Govern, y que permitirán casi duplicar la inversión pública catalana hasta los 3.951 millones.

Preocupación por la falta de jueces en Cataluña

Aunque el consejero de Economía de la Generalitat de Cataluña, Jaume Giró, siga haciendo gala de su "negacionismo", la realidad es que el procés ha afectado de forma negativa a Cataluña en muchos aspectos. Uno de ellos es el judicial. Así lo indican la últimas cifras del Consejo General del Poder Judicial, que desvelan que 186 magistrados han abandonado Cataluña en los últimos cuatro años, frente a los solo 23 jueces que han optado por desplazarse a dicha comunidad autónoma para ejercer su actividad. Se comenta que este "déficit" preocupa y mucho en el organismo presidido por Carlos Lesmes, donde se teme "por la calidad de los servicios judiciales" a los catalanes. En el CGPJ cuentan también que son "los continuos ataques por parte del independentismo a las decisiones judiciales y la campaña de desprestigio a los jueces lo que está provocando el éxodo". Para tratar de detener la sangría de magistrados, el CGPJ ha recurrido a la "vía forzosa" con el fin de cubrir las vacantes actuales en Cataluña, que ascienden a 80, pero reconocen que este método es solo un parche y "no puede frenar por sí mismo el déficit estructural de magistrados en los juzgados catalanes".

El negacionismo de Giró rebasa todos los límites

Esta misma semana, en el Pleno del Parlament de Cataluña, el consejero de Economía de la Generalitat, Jaume Giró, ha vuelto a negar que el procés tuviera algo que ver con la fuga de empresas de Cataluña, o con la ralentización del crecimiento económico en el territorio. No es la primera vez que Giró niega los datos que reflejan la lenta decadencia que la economía catalana muestra desde que se impulsó el proceso independentista. Pero ha sido muy comentado que en esta ocasión su “negacionismo” haya llegado incluso al límite de acusar al PP de la “supuesta” marcha de empresas de Cataluña. Además de calificar a esa formación de “apocalíptica”, el conseller sitúa el decreto aprobado por los populares en 2017, que permitió los cambios de sedes sociales en 24 horas, como el gran culpable de la fuga de empresas. Ni qué decir tiene que esas palabras han sido muy comentadas en círculos políticos, pero también en el mundo empresarial, donde ha causado una gran sorpresa que Giró “cierre los ojos a todos los datos cuando precisamente él ha tenido una trayectoria en el mundo empresarial”.

El Institut Català de Finances (ICF) ha culminado con el cambio de su primer ejecutivo el relevo de altos cargos contrarios al aval ideado por el conseller de Economía, Jaume Giró, para cubrir las fianzas por 5,4 millones de euros que exige el Tribunal de Cuentas a excargos de la Generalitat entre 2011 y 2017 por presunta malversación en la acción exterior del Govern en favor de la independencia, durante los gobiernos de Artur Mas y Carles Puigdemont.

El conseller de Economía, Jaume Giró, es el miembro del Govern con más patrimonio, ya que el total de activos que posee ascienden a 7.105.587,56 euros, y no tiene ningún préstamo ni crédito activo, según consta en la declaración de bienes patrimoniales publicada este viernes en el portal de transparencia de la Generalitat y recogida por Europa Press y elEconomista.

Sin informes que avalen la primera desescalada

Tras un mes de confinamiento prácticamente total debido a la pandemia, Pedro Sánchez anunció en abril de 2020 que España recuperaría parte de la actividad económica. Entonces, el presidente del Gobierno aseguró que esa decisión se tomó con el aval del comité de expertos científicos y sanitarios que asesoraban al Ejecutivo. Es más, Sánchez se encargó personalmente de despejar cualquier duda cuando en rueda de prensa contestó con un "responderé telegráficamente, sí" a un periodista que le preguntó si de verdad existía dicho aval. Pues bien, ha pasado año y medio de aquella comparecencia y todo apunta a que jamás hubo nada oficial que justificara aquella primera desescalada. Al menos eso es lo que se deduce tras reconocer el propio Gobierno al Portal de Transparencia que carece de actas que informen de las supuestas reuniones mantenidas por los expertos. Como no podía ser de otra manera, el hecho de que se tomara la decisión de reactivar la actividad económica sin ningún tipo de informe que lo aconsejara está causando revuelo en el ámbito político. De hecho, desde Moncloa cuentan que la falta de ese aval ha vuelto a enfrentar a Sánchez con el sector de Podemos dentro del Ejecutivo, que ya entonces criticó la desescalada.

Cataluña dará la bienvenida al nuevo año, una vez más, con una prórroga presupuestaria, como viene pasando desde 2010. Y es que el objetivo del conseller de Economía, Jaume Giró, de comenzar el próximo ejercicio con las Cuentas de la Generalitat para 2022 vigentes no será posible por cuestión de calendario parlamentario, según los cálculos de elEconomista.

Las patronales catalanas Foment del Treball y Pimec estallaron este jueves contra las propuestas que ha enviado la Generalitat de Cataluña a la comisión de expertos para la reforma fiscal que prepara el Gobierno central, y que incluyen subir el impuesto de Patrimonio y endurecer la fiscalidad a las empresas familiares, según publicó La Vanguardia.

Los problemas de Giró con las Cuentas de 2022

A comienzos del verano, el consejero de Economía de la Generalitat de Cataluña, Jaume Giró, anunció que renunciaba a intentar sacar adelante los Presupuestos para este año, y que ya trabajaba en las cuentas de 2022. Pues bien, todo indica que la tarea no será sencilla. Al menos así lo piensan en el propio Govern, donde algunos contemplan con preocupación cómo la CUP está ya poniendo palos en las ruedas de la negociación de las cuentas públicas. “Los anticapitalistas quieren que las medidas de Pere Aragonès, en aspectos como el gasto público o el secesionismo, lleguen mucho más lejos”, dicen en círculos políticos. También se confirma que la ampliación de El Prat supone un gran escollo para contar con la CUP, ya que está en enfrentada a la Generalitat por un proyecto que una formación tan radical nunca aceptará. Ante esta situación, se comenta que Giró ya explora otras opciones para sacar adelante los Presupuestos. En concreto, dicen que está hablando con el PSC y Catalunya en Comú. “No somos optimistas. Los comunes casi se han autodescartado por los mismos motivos que la CUP”, explican en el entorno del Govern. Por tanto, la única opción que queda, a priori, es la del PSC, que en agosto abrió la puerta a la negociación. “A pesar de ello, la posibilidad de acuerdo se antoja muy lejana”, dicen.

El presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, se reunió este viernes por primera vez con el consejero catalán de Economía, Jaume Giró, en un encuentro en el que le trasladó el clamor de los empresarios catalanes por “una fiscalidad más competitiva”, frente a la tendencia del Ejecutivo autonómico de seguir creando tributos propios, el último vigente desde este mes y que grava las emisiones teóricas de CO2 de los vehículos.

Inicio de curso con menos recursos en Cataluña

A comienzos del verano, el consejero de Economía de la Generalitat de Cataluña, Jaume Giró, anunció que renunciaba a intentar sacar adelante los Presupuestos para este año, y que ya trabajaba en las cuentas de 2022. Como era de esperar, esta nueva prórroga presupuestaria (el Govern lleva cinco en diez años), tiene sus consecuencias. De hecho, ya existen quejas en el ámbito educativo catalán por los problemas que supondrá la falta de unas cuentas públicas actualizadas. “Entre los profesores se comenta que este curso seguirá siendo muy complicado por los problemas que el Covid continúa planteando y la ausencia de unos nuevos Presupuestos impide abordarlos como es debido”, dicen en el mundo educativo. También se comenta que las quejas ya han llegado a la Consejería de Educación. Pero ni el consejero Josep González-Cambray ni nadie de su equipo han aportado soluciones a la comunidad docente. De hecho, se rumorea que han insinuado que no pueden hacer nada “ante la negativa de Giró a siquiera negociar las Cuentas de 2021”.

Este viernes, último del mes de julio, se celebra en Salamanca la XXIV Conferencia de Presidentes en plena quinta oleada de la pandemia -con la imposición de la variante Delta-, con toques de queda territoriales y, con el turismo internacional muy mermado por las restricciones. En este marco, el presidente del Gobierno reúne a sus homólogos autonómicos entre enormes críticas por el desconocimiento del criterio en el reparto de los fondos Next Generation, por la no asignación de fondos covid para 2022 -dinero que serviría para hacer los presupuestos-, con la reforma de la financiación autonómica atascada y, también por la ausencia del president de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonés.

Lleva mareando la perdiz desde que llegó. En la última semana ha cambiado de parecer un par de veces. Aunque bien podría ser gallego, porque ya no se sabe si sube o baja, es catalán. Me refiero al conseller de Economía de la Generalitat, Jaume Giró. Hace unas semanas reunió a los 34 afectados por las sanciones del Tribunal de Cuentas para comunicarles que el tema estaba solventado. La Generalitat cubriría la indemnización mediante la creación de un fondo de diez millones, respaldado por el Instituto Catalán de Finanzas (ICV) y el contraaval del Sabadell. Ni una cosa ni la otra eran ciertas.

¿Rebelión en el Instituto Catalán de Finanzas?

El consejero de Economía de la Generalitat, Jaume Giró, aseguró el miércoles que los propios funcionarios del Instituto Catalán de Finanzas (ICF) le pidieron que recurriera a este organismo para avalar las fianzas de los políticos catalanes investigados por el 9-N. De hecho, Giró fue más allá , al añadir en el Parlament que esas llamadas que recibió de los empleados públicos del ICF lo convencieron para utilizar el Instituto como respaldo financiero a pesar de que con ello pone en riesgo a los propios empleados, que podrían ser acusados de malversación. Pues bien, se rumorea que en “parte de la plantilla” existe un gran temor ante las consecuencias jurídicas que esta acción puede tener para ellos. Máxime si se tiene en cuenta que los estatutos del ICF son claros en su prohibición de prestar dinero a particulares. Se dice también que ese temor latente que existe en este organismo, por mucho que Giró “venda” lo contrario, ha hecho que algunos funcionarios se estén planteando dirigir un escrito a su presidente, Albert Castellanos, quejándose por haber sido utilizados con “fines políticos” sin tener en cuenta el riesgo que eso podía suponer. “Hay miedo y nervios”, insisten desde el ICF.

Cuando todo parecía que la Generalitat de Cataluña iba a proceder ayer al pago del aval, que el Tribunal de Cuentas solicita a los 34 encausados del procès -por delito de malversación-, a una hora de que expirara el plazo, a las 12 de la noche, el Govern pidió un aplazamiento de dicho aval, que tenía pensado hacer con fondos públicos. Este cambio ha precipitado que, a media mañana, al menos 29 de esos 34 encausados hayan presentado sus fianzas o la relación de sus bienes inmuebles. Pero esa documentación, en buena parte, apenas ha sido considerada como un mero "anuncio", motivo por el cual, el Tribunal de Cuentas ha dado solo dos días para que se haga entrega de los avales o de los bienes inmuebles.

Lo que más molesta a los hosteleros catalanes

La creación del fondo de 10 millones por parte de la Generalitat de Cataluña para hacer frente a las fianzas impuestas por el Tribunal de Cuentas a los líderes del procés ha indignado a buena parte del empresariado catalán. Con razón, las empresas se quejan ante el consejero de Economía, Jaume Giró, de que "el Govern se preocupa de crear esa caja común con dinero proveniente de los presupuestos de varias consejerías mientras las empresas siguen sin recibir ayudas", dice un empresario catalán. Por lo que se comenta son los hosteleros y comerciantes catalanes los más críticos con esta maniobra del Govern, ya que llevan tres meses esperando las ayudas por los cierres y limitaciones de las autoridades sanitarias para hacer frente a la pandemia. "Ahora con la quinta ola ya se están tomando nuevas restricciones que seguirán impactando en nuestro negocio mientras seguimos a la espera de las prometidas ayudas que nunca llegan", dicen en el sector hostelero. En la Generalitat aseguran que las empresas empezarán a recibir el dinero de las ayudas a finales de este mes de julio. A pesar de ello, en el ámbito de la restauración siguen sin creerse que eso vaya a ocurrir. "El Govern lleva mucho tiempo dejando claro que su único interés es el procés. Lo que le pase al tejido productivo de Cataluña le da bastante igual", dicen un empresario.

El consejero catalán de Economía, Jaume Giró, convocó una reunión con los abogados de los 34 excargos públicos de la administración catalana investigados por el Tribunal de Cuentas por presunta responsabilidad contable vinculada a gastos de promoción exterior de la independencia, según ha sabido elEconomista. Lo hizo para darles un mensaje de tranquilidad respecto a las fianzas por 5,4 millones de euros que deben afrontar, si bien les mintió doblemente.

Sánchez tiene ya prepara la hoja de ruta para los próximos años. Los indultos a los presos del procés serán el salvoconducto para lograr el apoyo de ERC a los Presupuestos. El ministro de Política Territorial y Gestión Pública, Miquel Iceta, convocará en breve la comisión bilateral con Cataluña, que llevaba tres años sin reunirse. El objetivo, en palabras de Iceta, es tratar "las cosas de comer". Es decir, la inversión en infraestructuras y los grandes capítulos como sanidad o educación, que recibieron un gran impulso en el último año, gracias a la pandemia.

El plan del Gobierno catalán para avalar las fianzas de los ex trabajadores de la administración catalana investigados por el procés se ha topado antes con trabas financieras que judiciales, ya que la estrategia de vehicular las coberturas de forma indirecta a través de una entidad financiera para esquivar una acusación de malversación de fondos públicos ha sido recibida con incomodidad por el sector bancario, nada proclive a posicionamientos políticos.

La Generalitat de Cataluña busca un banco a través del cual avalar indirectamente a los investigados por el Tribunal de Cuentas por presunta malversación. El Govern aprobó un mecanismo con el que pretende dar apoyo económico a los trabajadores públicos a los que se les exijan responsabilidades patrimoniales por gastos ilícitos vinculados al procés, algo que no cubren los seguros de responsabilidad civil contratados por la administración catalana, y por lo que el Ejecutivo de Pere Aragonès podría ser acusado de malversación si destina dinero público a pagar un dinero que en realidad debe cobrar.

El consejero catalán de Economía, Jaume Giró, calcula que el déficit fiscal actual del Estado con Cataluña, según las cifras del PIB, asciende a entre 18.000 y 20.000 millones de euros, frente a los 17.000 que estimaba la Generalitat en 2016.

La lucha ERC-Junts por las ayudas europeas

El acuerdo de Gobierno que, tras varios meses de negociaciones, lograron firmar Junts per Catalunya y ERC para formar Govern tuvo siempre como uno de sus grandes escollos el manejo de los fondos europeos. Una de las quejas de los de Carles Puigdemont era la existencia del Comité Asesor de los Fondos Next Generation impulsado por Pere Aragonés al final de la anterior legislatura y presidido por el economista y concejal de ERC, Miquel Puig. A pesar de ello, se pactó que el reparto lo realizarían ambas formaciones. Pues bien, la tregua ha durado bastante poco. Hasta que el consejero de Economía, Jaume Giró, ha creado la Secretaría de Asuntos Económicos y de Fondos Europeos y la Dirección General de Fondos Europeos, que lidera Mariona Sanz. Según comentan por el Parlament los diputados de ERC están bastante molestos con este nuevo organismo ya que, dicen, rompe el acuerdo alcanzado de reparto igualitario al 50% entre los dos partidos independentistas. "Giro ha dado atribuciones ejecutivas a la Secretaría mientras que el Comité que lidera Puig se ha quedado como un mero órgano consultivo", dicen en el partido de Oriol Junqueras. Las fuentes añaden que aún es pronto para saber si este problema podría llevar a romper el acuerdo de Gobierno, aunque desde ERC avisan que "no descartamos nada".

En el film "Bailando con lobos" un jovencísimo Kevin Costner interpreta a un oficial del Ejército americano que se integra en la tribu de los indios Siux, hasta el punto de emparejarse con una de sus mujeres y de unirse a ellos frente a los ataques de los blancos estadounidenses, que debería haber defendido.

Jaume Giró destapa su radicalidad

Las primeras intervenciones masivas en público del conseller de Economía, Jaume Giró, han suscitado preocupación entre los empresarios catalanes por la “evidente radicalidad” de su discurso independentista. El punto de inflexión fue su intervención la semana pasada en la reunión anual del Círculo de Economía, luciendo el lazo amarillo en la solapa. Allí pronunció un discurso lleno de reproches al sistema de financiación al que Cataluña se sujeta (llegó incluso a tildarlo de “vasallaje”) con un remate final totalmente político sobre el “acoso” estatal, ante un auditorio que lo que esperaba de él eran propuestas económicas. No en vano invocó la independencia como solución a todo, por lo que su actitud todavía fue más chocante. Muchos fueron los sorprendidos desagradablemente ante esta militancia, reforzada en una entrevista en TV3 el fin de semana en la que sostuvo que “no había razones objetivas” para que las empresas cambiasen de sede por el referéndum ilegal del 1-O. “Es increíble que llegáramos a considerar a Giró en el pasado un moderado”, se oyó comentar a un destacado empresario.