El Ministerio de Hacienda y Función Pública, dirigido por María Jesús Montero, frenó ayer (martes) a última hora de la tarde la reforma de la Inspección de Trabajo, cuando la cartera liderada por Yolanda Díaz esperaba recibir la síntesis del acuerdo. Fuentes sindicales consultadas por este medio dicen que, tras meses de promesas por parte de Función Pública, finalmente "llaman e informan que no hay nada de lo dicho", generando un "cabreo monumental en Trabajo".
Hace cuatro años, la publicación del Real Decreto Ley 8/2019, de medidas urgentes de protección social y de lucha contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo revolucionó a nuestro tejido empresarial, puesto que introducía la obligación para todas las compañías, con independencia de su tamaño, de registrar diariamente la jornada de su plantilla, incluyendo el horario concreto de inicio y finalización.
El Gobierno ha introducido un cambio de forma "sorpresiva", según los expertos laboralistas, a través de la nueva Ley de Empleo que permite a la Inspección de Trabajo actuar de forma más rápida frente a las compañías que utilicen la figura de los falsos autónomos. El objetivo es reducir el proceso judicial para que las empresas regulen estas figuras en el menor plazo posible sin esperar a que se posicione un juez de la jurisdicción social al respecto.
La Inspección de Trabajo ha intensificado el control sobre las Big Four en la última semana y, según ha podido saber elEconomista.es, ha pedido que se le remitan más correos electrónicos para comprobar la duración de las jornadas de trabajo de sus empleados tras la macroinspección que se llevó a cabo el pasado mes de noviembre. En concreto, fuentes al tanto de estos requerimientos señalan que este organismo dependiente del Ministerio de Trabajo habría seleccionado a 80 trabajadores de PwC de forma aleatoria y habría requerido que remitiesen los correos electrónicos enviados fuera de su horario laboral.
Los sindicatos con representación en la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) irán a huelga el miércoles para exigir al Gobierno el cumplimiento del acuerdo firmado el pasado 7 de julio de 2021. Durante la mañana del lunes ya se reunieron ante las sedes de la organización en todo el país en una primera jornada, para manifestar la "incapacidad del Gobierno de reforzar el organismo".
Inspección de Trabajo llevará a cabo actuaciones de control en los contratos de las empleadas del hogar para verificar que su salario corresponde con los establecido en el SMI. También se comprobará que dicho salario se comunica debidamente a la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) y que las cotizaciones se ajustes a los márgenes establecidos. Según ha podido señalar Javier Fernández Travieso, Inspector de Trabajo en A Coruña durante un encuentro celebrado en el Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Galicia.
Los juzgados de lo Social han incrementado la solicitud de informes de la Inspección de Trabajo para que los jueces puedan conocer la situación en que están las empresas sobre materia de discriminación en los litigios, "lo que va a tener reflejo en las indemnizaciones que se impongan", según ha explicado Paloma Urgorri, inspectora de Trabajo, en el transcurso de su intervención en la jornada sobre El nuevo derecho antidiscriminatorio y su impacto en las relaciones laborales, organizada por Labormatters Abogados, en colaboración con CEOE.
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, desveló el pasado lunes en sede parlamentaria que la Inspección de Trabajo había detectado que 14.601 empresas habían utilizado de forma irregular los contratos de fijos discontinuos. Efecto de la intervención de la Inspección, la ministra desveló que se habían transformado 25.800 contratos de fijos discontinuos en fijos ordinarios.
El Ministerio de Trabajo y de Economía Social utilizará "todo el potencial de la inspección" para "controlar de manera muy exhaustiva cómo se usan las nuevas figuras de contratación", como los fijos discontinuos, y vigilar que lo regulado en la reforma laboral se cumpla.
La solicitud de una pensión de incapacidad permanente (que cobran aproximadamente 950.000 personas en nuestro país) es un proceso que en muchas ocasiones tiene como origen la iniciativa del trabajador. Sin embargo, existen situaciones en las que la petición no parte del posible beneficiario
El Gobierno ha tomado la lucha contra el fraude como uno de sus caballos de batalla, poniendo el foco principalmente en como los empleadores tratan a sus trabajadores. Por este motivo, la Inspección está vigilando de cerca que los autónomos paguen lo correcto a sus empleados. De lo contrario, se pueden enfrentar a severas multas.
La actuación de la Inspección de Trabajo fue determinante en la conversión de 370.000 contratos temporales en fijos, según anunció hace unos días la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Eso supones que cuatro de cada diez conversiones del pasado año estuvieron motivadas por la Inspección.
Una hoja de papel donde el empleado firma cuando inicia el servicio no sirve como sistema de registro de jornada de la empresa, según establece la Audiencia Nacional, en sentencia de 15 de febrero de 2022.
Muchas personas han asumido el autoempleo como una forma de acceder a un mercado laboral que cada vez pone más complicaciones. Por este motivo, estos trabajadores se dan de alta como autónomo para poder acceder a un mínimo de ingresos. Sin embargo, existe una figura que, a pesar de ser un autónomo para la Seguridad Social, posee una serie de singularidades que lo diferencian de un trabajador por cuenta propia al uso: los TRADE.
El Ejecutivo ha tomado el fraude como uno de sus caballos de batalla, con la Inspección como principal arma para combatir la precariedad laboral. Precisamente, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social acaba de cumplir 116 años, a la par que afronta una importante reforma en el empleo.
El Salario Mínimo Interprofesional ha subido en 2022 de los 965 a los 1.000 euros mensuales en 14 pagas. Es por eso que los trabajadores que viniesen percibiendo ese SMI el año pasado o cantidades por debajo de los 1.000 euros en jornada completa (o la parte proporcional a tiempo parcial) han de ver esos sueldos actualizados y cobrar las cantidades pendientes, ya que la medida es retroactiva con efectos al 1 de enero.
Muchas personas recurren al autoempleo como forma de generar ingresos cuando se presentan grandes dificultades para encontrar un trabajo como asalariado. Sin embargo, en muchas ocasiones, las horas dedicadas a la actividad son muy pocas, incluso se compatibilizan con un empleo a tiempo parcial. Por este motivo, entre los trabajadores surge una pregunta: ¿cuánto dinero tengo que ganar para que me obliguen a ser autónomo?
Un acuerdo mercantil entre una cooperativa y una empresa impide que se pueda declarar la relación laboral de los socios de la cooperativa que desarrollan su trabajo para la mercantil, al considerarse que concurren las notas definitorias de la relación laboral por cuenta ajena, según establece el Tribunal Superior de Justicia de Navarra.
El Ministerio de Trabajo y Economía Social ha puesto en marcha una nueva iniciativa para reforzar las actuaciones contra el fraude en el sector de las personas empleadas del hogar. En concreto, la Inspección ha anunciado un nuevo Plan de Actuación para regularizar salarios y cotizaciones a la Seguridad Social de estos trabajadores.
“Que en una camiseta que viste un hombre exista una leyenda en el torso a la altura del pecho no implica ningún tinte de sexualización o de cosificación, pero que ello exista en una camiseta que porta una mujer, a la misma altura sí lo implica, según determina el Juzgado de lo Social número 32 de Barcelona, en sentencia de 1 de febrero de 2022.
La subida del Salario Mínimo Interprofesional decretada en septiembre de 2021 tiene efectos sobre todos los trabajadores, incluidos los del régimen de empleados del hogar, un colectivo en el que se ha fijado especialmente la Inspección de Trabajo en el último año y que deben ver actualizados sus salarios en consonancia con el nuevo SMI.
El procedimiento de oficio, abierto como consecuencia de la impugnación por la empresa de las actas de infracción elevadas por la Inspección de Trabajo, continua a pesar de que los trabajadores no se presenten a la vista para defender sus intereses, según establece el Juzgado de lo Social nº 1 de León, en sentencia de 22 de diciembre de 2021.
Las empresas que estando en Erte o dentro del Mecanismo RED contraten a personas para cubrir funciones que pueden ser desarrolladas por su personal tendrán que abonar una sanción que oscila entre 1.000 a 2.000 euros en su grado mínimo, de 2.001 a 5.000 euros en su grado medio y de 5.001 a 10.000 euros en el máximo. La gran novedad es que antes de la entrada en vigor de la reforma laboral, las infracciones graves similares se sancionaban con 8.000 euros por empresa y a partir de hoy será de hasta 10.000 euros, por cada trabajador contratado.
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, presentó ayer un plan de choque contra los accidentes mortales en el trabajo que se centrará especialmente en seis sectores, aunque han detectado 19 actividades (CNAE-3 dígitos) con priorización.La ministra recordó que las empresas afrontan multas cercanas al millón de euros (983.736 euros para las infracciones muy graves de prevención de riesgos laborales) desde el 1 de octubre tras la reciente reforma de los montantes de la sanciones.
De nuevo, el Gobierno demuestra que la lucha contra el fraude es uno de sus más importantes caballos de batalla. El Consejo de Ministros ha aprobado el Plan Estratégico de la Inspección de Trabajo y la Seguridad Social 2021-2023 con el fin de modernizar las actuaciones. Así, la entidad usará nuevas herramientas y recursos que garanticen su adaptación a los nuevos desafíos en el ámbito laboral.
Confemetal, la confederación de empresas del metal, saldrá hoy en defensa de su federación regional de Murcia (Fremm) que el pasado viernes recibió un acta por valor de 1,7 millones de euros de la Inspección de Trabajo provincial que entiende que los profesores del Centro Integrado de Formación Profesional CIFP de la Fremm que imparten cursos para el empleo deben ser contratados y no autónomos.
Patronales como Confemetal desconfían del posible endurecimiento que puede producirse en las inspecciones sobre la formación profesional de parados y trabajadores en activo. La ley es clara al permitir que estos contenidos puedan ser impartidos por profesores sujetos al régimen de autónomos.
La Inspección de Trabajo de Cataluña ha propuesto sanciones de 729.370 euros por irregularidades laborales a ocho empresas que forman parte de un sistema de franquicias de la cadena de supermercados Condis.
La Inspección de Trabajo ha emitido 5.832 sanciones por fraude en la tramitación de los Expedientes de Regulación Temporal del Empleo (Ertes), según ha indicado la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en la que ha presentado el Plan Estratégico para modernizar la Inspección.
