Ingreso mínimo vital

Un 78% de los textos administrativos no son claros, y el 97% de los formularios para la solicitud de ayudas, becas y subvenciones como el Ingreso Mínimo Vital resultan en su mayoría incomprensibles y rebuscados para el ciudadano. Estas son algunas de las conclusiones del estudio '¿Habla claro la administración pública?', en el que se han analizado 760 textos administrativos, a los que se ha sumado un cuestionario a veinte técnicos de la Administración Pública y entrevistas a expertos en diferentes disciplinas.

Edmundo Bal Francés (Huelva, 1967) pasó de ser el jefe de Penal de la Abogacía del Estado -por cuyas manos pasaron casos de relumbrón como la Gürtel, la famosa lista Falciani, el cuadro de Jaime Botín o los escándalos financieros de Ronaldo y otros famosísimos acusados por fraude fiscal- a ser el número dos de Ciudadanos en el Congreso.

La “coronacrisis” ha provocado una fuerte presión social para que el Estado alivie los efectos económicos, sanitarios y sociales que se derivan de ella. No solo han aumentado las demandas sociales, sino que la inmensa mayoría de los ciudadanos consideran legítimas y necesarias muchas de esas peticiones. En la lista figura la contratación de más profesionales sanitarios y la mejora de sus condiciones retributivas, la concesión de ayudas directas a personas dependientes, ordenadores para niños de familias más desfavorecidas, el ingreso mínimo vital, la prolongación de los ERTE… Y muchas más que me dejo en el tintero.

El Gobierno no ha incluido en los Presupuestos Generales del Estado para 2021 la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) en línea con las fijadas durante los dos últimos años. Lo ha congelado para este ejercicio. De esta forma, la previsión de incremento ha quedado ligada a la recuperación económica, a pesar de que Bruselas empuja para aumentar el salario mínimo en la UE.

El ministro de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones, José Luis Escrivá, ha precisado este miércoles que su ministerio ya había introducido hace semanas modificaciones para agilizar la tramitación del ingreso mínimo vital (IMV) y ha advertido que las modificaciones anunciadas por el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, en el marco de los Presupuestos Generales del Estado van a suponer "alguna carga administrativa adicional".

La próxima semana debería dar luz a los Presupuestos para el próximo ejercicio, después de dos años de intentos fallidos. Poco se conoce, sin embargo, sobre qué medidas contendrá. La feroz lucha entre Iglesias y Calviño mantiene en vilo hasta el último minuto al Gobierno. La vicepresidenta ha encontrado una fiel escudera en la titular de Hacienda, María Jesús Montero, a la que últimamente se sumó el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, en la defensa de sus posiciones.

Unidas Podemos ha advertido de que el borrador de los Presupuestos se podría retrasar si el PSOE no acepta algunas exigencias que la formación morada pide incluir, entre ellas la regulación del precio de los alquileres, un aumento fiscal para rentas altas a través del IRPF o la devolución de la capacidad adquisitiva al Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), baremo utilizado en la concesión de muchas ayudas. No obstante, la portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, se ha mostrado confiada este martes en poder aprobar las cuentas públicas "en los próximos días".

El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) ha reconocido a más de 136.000 hogares el Ingreso Mínimo Vital (IMV), el 41,5 % del total de expedientes resueltos hasta la fecha, mientras que ha denegado 192.000 solicitudes, el 58,5 % restante.

El resiliente Sánchez, cuya nefasta gestión de la pandemia ha contribuido al mayor descalabro económico de Europa y casi del mundo, dice ahora que lo va arreglar puliéndose 72.000 millones de euros de los programas europeos en los próximos 3 años. Y va y le pone una cifra a los puestos de trabajo que va a crear, como si no supiéramos ya que jamás ningún político creó puesto de trabajo alguno, puesto que son las empresas las que los crean si les dejan. Esa mágica cifra es de 800.000 nuevos trabajadores y es un número exacto al que hace décadas dijo que iba a crear otro socialista, Felipe González. Entonces, la broma que circuló es que lo que quería decir es que iba a crear 800 o 1.000 y que en realidad no le habíamos entendido.

La crisis económica derivada de la pandemia de la Covid-19, empobrece a España y a nuestros mayores que ven menguar sus pensiones. Según las recientes previsiones del Gobierno, la economía española caerá más del 11% en el 2020. Para hacer frente y paliar la crisis, el Gobierno de Pedro Sánchez ha presentado el llamado 'Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía Española', basado en cuatro ejes transversales (transición ecológica, cohesión social y territorial, digitalización e igualdad de género).

Hasta cuatro cambios de requisitos ha aplicado en los últimos días la Seguridad Social para agilizar el atasco que aún persiste en las aprobaciones de expedientes del ingreso mínimo vital. Los esfuerzos de la Administración para depurar con la mayor velocidad posible las peticiones de ingreso mínimo vital parecen no estar surtiendo efecto a tenor de los retrasos existentes en las concesiones de esta ayuda. Concretamente, el Gobierno reconoce haber recibido desde el día 15 de junio casi un millón de expedientes, cuya magnitud se entiende porque la cifra es equivalente a los expedientes de pensiones que resuelve en un año completo pero a día de hoy, solo unas 470.000 han sido procesadas y comenzadas a analizar (47%) y de ellas, se han concedido 90.800, lo que significa un 9,2% del total de las recibidas.

Sin nueva senda de estabilidad a la vista, pero con un nuevo techo de gasto de 196.097 millones de euros -el 53,4% más que el techo de gasto de 2019-, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, tuvo que reconocer este martes que el Gobierno de Pedro Sánchez prepara una subida de impuestos de cara a los próximos Presupuestos Generales, alza impositiva calificada por ella de "ajuste de figuras fiscales".

Colau se afana en proteger a Castells

Las informaciones que apuntan a que Pedro Sánchez reformará el Ejecutivo si consigue aprobar los Presupuestos suenan cada vez con más fuerza. Lo mismo ocurre con las quinielas que ya circulan y en las que se detallan los nombres de los ministros prescindibles para Sánchez. Uno de esos nombres que aparece en casi todas las apuestas como damnificado en una próxima remodelación del Ejecutivo es Manuel Castells. Su trabajo no convence en el ala socialista del Gobierno, ni en el mundo académico. Con todo, el ministro de Universidades aún cuenta con una importante aliada: Ada Colau. Según cuentan, la alcaldesa de Barcelona no va a poner nada fácil el cese de su hombre de confianza en el Consejo de Ministros. Tanto es así que, según desvelan en Podemos, la primera edil ya ha hablado en repetidas ocasiones con Pablo Iglesias para que maniobre y evite el despido de Castells. Incluso se comenta que ambos han pactado un sustituto por si finalmente no pudieran impedir el relevo en la cartera de Universidades. A pesar de esos esfuerzos, fuentes de Moncloa comentan que Colau tendrá difícil lograr sus objetivos, ya que la intención de Sánchez es reducir el número de Ministerios, lo que llevaría a integrar Universidades en Educación o Cultura.

La previsión del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, sobre el número de hogares que se beneficiarán del ingreso mínimo vital (IMV) es que pasarán de los 90.000 que lo reciben actualmente a 180.000 a finales de octubre.

Estar inscrito como demandante de empleo ya no será un requisito indispensable para poder recibir el ingreso mínimo vital desde este martes, al menos a priori. Así se incluye en el real decreto de regulación del teletrabajo en el que se han incorporado algunas medidas para facilitar el trámite de solicitud y resolución de los expedientes recibidos para recibir el ingreso mínimo. Pasa de este modo a tratarse de un requisito "a posteriori" de modo que será obligatorio una vez se haya pedido la ayuda y se esté percibiendo, en función de la condición del solicitante. Siendo la idea general que si el solicitante está en condición de empleabilidad, se apunte a demandante de empleo después de solicitarlo. De modo que la búsqueda activa de empleo pasa a ser como un requisito de mantenimiento de la ayuda. No un requisito previo obligatorio, pero sí una vez se está percibiendo la prestación en función de la situación del beneficiario.

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones está preparando unos "pequeños ajustes normativos" con los que ampliará el plazo para recibir respuesta a las solicitudes del Ingreso Mínimo Vital (IMV), que empezarían a caducar desde este martes por silencio administrativo. El objetivo es que no caduque ninguna de las presentadas y "agilizar los trámites" ante el elevado número de expedientes.

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha anunciado este martes que la "simplificación" y las "mejoras" en la tramitación del ingreso mínimo vital (IMV) provocarán un "acelerón muy fuerte en la segunda parte de septiembre" por el que 150.000 hogares -unas 450.000 personas- podrán cobrar la prestación.

Unas 85.000 familias en España ya están recibiendo el Ingreso Mínimo Vital (IMV) aprobado por el Gobierno el pasado mes de mayo con el objetivo de reducir en un 80% la pobreza extrema, y unos 900.000 expedientes se están tramitando en la Seguridad Social, lo que ha supuesto una "avalancha".

Tragsa se desvincula de los retrasos en la tramitación de las solicitudes del ingreso mínimo vital y niega haber recibido o emitido "instrucción alguna de ralentizar el procedimiento establecido". A través de su filial Tragsatec, la empresa recibió el encargo temporal de apoyar al Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS) tramitando la primera gestión electrónica de las prestaciones económicas. Sin embargo, las denuncia de un extrabajador asegurando haber recibido la indicación de retrasar las peticiones aunque cumplieran con los requisitos para ese primer paso, precipitaron las dudas.

El Ayuntamiento de Madrid dará una tarjeta con entre 125 y 630 euros mensuales a 27.000 familias vulnerables para la compra de alimentos y productos de higiene, cuyo gasto se controlará a posteriori, y que busca no estigmatizar y dar autonomía.

El atasco burocrático que experimenta en general la Administración Pública tras los peores meses de la crisis sanitaria amenaza con provocar un colapso que deje en punto muerto las gestiones más ordinarias de las distintas instituciones gubernamentales y que ha provocado la amenaza directa de los sindicatos si no se resuelven las disfunciones con movilizaciones a partir de septiembre. | EN DIRECTO: Todos los detalles de la evolución de la pandemia

UGT ha denunciado que algunas de las citas concedidas a los solicitantes del ingreso mínimo vital (IMV) para formalizar de forma presencial su petición tienen fecha después del 15 de septiembre, con lo que quedarían fuera del periodo de carencia que garantiza el cobro retroactivo desde el 1 de junio.

La Seguridad Social ha dado cuenta del estado de la cuestión en lo que a la gestión de ingreso mínimo vital se refiere y las cifras denotan las dificultades y el cuello de botellas que se está viviendo en las oficinas del INSS por la avalancha de solicitudes. Según el ministerio liderado por José Luis Escrivá hasta finales de agosto se han recepcionado en las oficinas de las Seguridad Social 750.000 solicitudes de ingreso mínimo, de las que ha sido analizadas 143.000 y aprobadas 80.000 peticiones. Ello supone que de todas las solicitudes se han revisado solo el 19% de ellas, y se han aprobado un 10%. Si atendemos a los expedientes que han sido analizados el 56% de ellos han terminado por aprobarse. Unas cifras, no en vano, escasas, tal y como critican las asociaciones de servicios sociales y los sindicatos y que responden a la incapacidad por parte de los funcionarios de atender el elevado volumen de operaciones acumuladas en pocas semanas, desde que se puede pedir la nueva prestación.

El presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales (Adygss), José Manuel Ramírez, auguró este miércoles "más caos" en la tramitación de las solicitudes del ingreso mínimo vital (IVM), que considera un "desastre" y pide que se simplifiquen los trámites, tras conocerse que desde mitad de junio hasta el pasado 7 de agosto la administración ha resuelto 3.966 solicitudes de las cerca de 600.000 presentadas.

El Gobierno baraja la posibilidad de crear un nuevo subsidio de desempleo (de 430 euros mensuales) destinado a parados que hubiesen agotado su prestación ordinaria, y no hubiesen podido encontrar un empleo entre el inicio del estado de alarma y el 30 de septiembre de 2020.

Caixa d'Enginyers avanzará el ingreso de la Renta Mínima Vital a los socios beneficiarios de la prestación para que puedan disponer de la misma a finales del mes previo.

El cálculo del agujero presupuestario que debe asumir este año el conjunto de las Administraciones Públicas (Central, Autonómicas, Locales y Seguridad Social) sigue creciendo según se van sumando nuevas medidas contra el coronavirus y se van reduciendo las previsiones de la economía española. Según los cálculos de algunos expertos y de la propia AIReF ya superaría los 125.000 millones de euros (un déficit del 11,15% sobre un PIB estimado de 1,125 billones de euros). Lo que deja desfasada la previsión del 10,34% de déficit (115.875 millones de euros) anunciado por el Gobierno en mayo. La AIReF elevó hace una semana el déficit para el conjunto del año al 11,9%, lo que colocaría el agujero presupuestario público en 133.870 millones de euros, que en caso de que la economía evolucione a un escenario adverso podría subir hasta el 14,4% o 162.000 millones, según la AIReF.

La Diputación Permanente del Parlament ha derogado este viernes el decreto ley del Govern que pretendía adoptar medidas urgentes para armonizar la Renta Garantida de Ciudadanía (RGC) con el Ingreso Mínimo Vital (IMV).

El conseller de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias de la Generalitat, Chakir el Homrani, ha anunciado que el Govern presentará un recurso de inconstitucionalidad para poder gestionar el Ingreso Mínimo Vital (IMV): "Las competencia de prestaciones no contributivas son de la Generalitat", ha subrayado el conseller.

UGT ha demandado empezar a negociar en el marco del Diálogo Social los desarrollos reglamentarios del Ingreso Mínimo Vital (IMV) para mejorar su implementación y ha pedido refuerzos en la Seguridad Social ante el desbordamiento que acusa para gestionar las citas tanto telefónicas como presenciales.