La guerra interna en el Gobierno por el ingreso mínimo vital (IMV) está lejos de acabar. Unidas Podemos ha registrado en el Congreso una docena de enmiendas para "mejorar y solventar las deficiencias" de la prestación pero el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha defendido la prevalencia de la medida aprobada sin votos en contra.
El decreto ley aprobado por el Consejo de Ministros prevé un nuevo complemento de maternidad a las pensiones que tendrá una cuantía fija de 400 euros anuales por hijo, desde el primero -hasta ahora solo se podía acceder a partir del segundo hijo-, con el que el Ejecutivo pretende reducir la brecha de género en las pensiones del 30% a menos del 5%. El complemento estará en vigor hasta que se alcance esta meta.
El Gobierno ha flexibilizado los requisitos para tener derecho a obtener el Ingreso Mínimo Vital, de manera que algunos colectivos como las personas sin hogar y los temporeros se han visto favorecidos por estas nuevas medidas que ha impulsado el Ministero de Inclusión y Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá.
La implantación el pasado año del ingreso mínimo vital produjo un cambios en otro tipo de prestaciones. Así, desaparecieron las ayudas por hijo o menor a cargo para evitar duplicidades con la nueva prestación mínima vital.
El Gobierno prevé aprobar en las próximas semanas una modificación de la regulación del Ingreso Mínimo Vital (IMV) para ajustar al alza los niveles de renta y patrimonio que permiten acceder a esta prestación.
El Gobierno ha extendido al ingreso mínimo vital (IMV) la exención del pago de IRPF que ya se aplica a las prestaciones de las comunidades autónomas en concepto de renta mínima de inserción o a las ayudas de ayuntamientos y que fija como tope conjunto 1,5 veces el indicador público de rentas de efectos múltiples (IPREM).
Los gestores administrativos denuncian que seis meses después de finalizado el primer período del estado de alarma la Administración sigue sin funcionar y en muchas de ellas, pedir cita por la sede electrónica resulta imposible.
Nueve meses después de la entrada en vigor de la cuarentena provocada por la COVID-19, la economía española está solo comenzando a digerir sus efectos. La actividad, el empleo y la ocupación se han contraído con fuerza desde entonces. La renta disponible bruta de los hogares se redujo un 8,6% en el segundo trimestre de 2020 respecto del año anterior; la media para la Eurozona fue del 2,4% en el mismo período.
Hay un dicho bastante cínico entre los periodistas que recomienda no permitir que la realidad te estropee un buen titular. Mis amigos conservadores están muy enfadados con mis últimas crónicas en las que describo un futuro menos terrible del que nos ha estado dibujando la derecha. Por esta razón me he esforzado en buscar todo tipo de argumentos para poder justificar la idea de que a Pedro Sánchez le crecen los enanos, como les gustaría leer. Pero lo cierto es que hay que esforzarse mucho para poder mantenerla.
Un 78% de los textos administrativos no son claros, y el 97% de los formularios para la solicitud de ayudas, becas y subvenciones como el Ingreso Mínimo Vital resultan en su mayoría incomprensibles y rebuscados para el ciudadano. Estas son algunas de las conclusiones del estudio '¿Habla claro la administración pública?', en el que se han analizado 760 textos administrativos, a los que se ha sumado un cuestionario a veinte técnicos de la Administración Pública y entrevistas a expertos en diferentes disciplinas.
Edmundo Bal Francés (Huelva, 1967) pasó de ser el jefe de Penal de la Abogacía del Estado -por cuyas manos pasaron casos de relumbrón como la Gürtel, la famosa lista Falciani, el cuadro de Jaime Botín o los escándalos financieros de Ronaldo y otros famosísimos acusados por fraude fiscal- a ser el número dos de Ciudadanos en el Congreso.
La coronacrisis ha provocado una fuerte presión social para que el Estado alivie los efectos económicos, sanitarios y sociales que se derivan de ella. No solo han aumentado las demandas sociales, sino que la inmensa mayoría de los ciudadanos consideran legítimas y necesarias muchas de esas peticiones. En la lista figura la contratación de más profesionales sanitarios y la mejora de sus condiciones retributivas, la concesión de ayudas directas a personas dependientes, ordenadores para niños de familias más desfavorecidas, el ingreso mínimo vital, la prolongación de los ERTE Y muchas más que me dejo en el tintero.
El Gobierno no ha incluido en los Presupuestos Generales del Estado para 2021 la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) en línea con las fijadas durante los dos últimos años. Lo ha congelado para este ejercicio. De esta forma, la previsión de incremento ha quedado ligada a la recuperación económica, a pesar de que Bruselas empuja para aumentar el salario mínimo en la UE.
El ministro de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones, José Luis Escrivá, ha precisado este miércoles que su ministerio ya había introducido hace semanas modificaciones para agilizar la tramitación del ingreso mínimo vital (IMV) y ha advertido que las modificaciones anunciadas por el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, en el marco de los Presupuestos Generales del Estado van a suponer "alguna carga administrativa adicional".
La próxima semana debería dar luz a los Presupuestos para el próximo ejercicio, después de dos años de intentos fallidos. Poco se conoce, sin embargo, sobre qué medidas contendrá. La feroz lucha entre Iglesias y Calviño mantiene en vilo hasta el último minuto al Gobierno. La vicepresidenta ha encontrado una fiel escudera en la titular de Hacienda, María Jesús Montero, a la que últimamente se sumó el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, en la defensa de sus posiciones.
Unidas Podemos ha advertido de que el borrador de los Presupuestos se podría retrasar si el PSOE no acepta algunas exigencias que la formación morada pide incluir, entre ellas la regulación del precio de los alquileres, un aumento fiscal para rentas altas a través del IRPF o la devolución de la capacidad adquisitiva al Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), baremo utilizado en la concesión de muchas ayudas. No obstante, la portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, se ha mostrado confiada este martes en poder aprobar las cuentas públicas "en los próximos días".
El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) ha reconocido a más de 136.000 hogares el Ingreso Mínimo Vital (IMV), el 41,5 % del total de expedientes resueltos hasta la fecha, mientras que ha denegado 192.000 solicitudes, el 58,5 % restante.
El resiliente Sánchez, cuya nefasta gestión de la pandemia ha contribuido al mayor descalabro económico de Europa y casi del mundo, dice ahora que lo va arreglar puliéndose 72.000 millones de euros de los programas europeos en los próximos 3 años. Y va y le pone una cifra a los puestos de trabajo que va a crear, como si no supiéramos ya que jamás ningún político creó puesto de trabajo alguno, puesto que son las empresas las que los crean si les dejan. Esa mágica cifra es de 800.000 nuevos trabajadores y es un número exacto al que hace décadas dijo que iba a crear otro socialista, Felipe González. Entonces, la broma que circuló es que lo que quería decir es que iba a crear 800 o 1.000 y que en realidad no le habíamos entendido.
La crisis económica derivada de la pandemia de la Covid-19, empobrece a España y a nuestros mayores que ven menguar sus pensiones. Según las recientes previsiones del Gobierno, la economía española caerá más del 11% en el 2020. Para hacer frente y paliar la crisis, el Gobierno de Pedro Sánchez ha presentado el llamado 'Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía Española', basado en cuatro ejes transversales (transición ecológica, cohesión social y territorial, digitalización e igualdad de género).
Hasta cuatro cambios de requisitos ha aplicado en los últimos días la Seguridad Social para agilizar el atasco que aún persiste en las aprobaciones de expedientes del ingreso mínimo vital. Los esfuerzos de la Administración para depurar con la mayor velocidad posible las peticiones de ingreso mínimo vital parecen no estar surtiendo efecto a tenor de los retrasos existentes en las concesiones de esta ayuda. Concretamente, el Gobierno reconoce haber recibido desde el día 15 de junio casi un millón de expedientes, cuya magnitud se entiende porque la cifra es equivalente a los expedientes de pensiones que resuelve en un año completo pero a día de hoy, solo unas 470.000 han sido procesadas y comenzadas a analizar (47%) y de ellas, se han concedido 90.800, lo que significa un 9,2% del total de las recibidas.
Sin nueva senda de estabilidad a la vista, pero con un nuevo techo de gasto de 196.097 millones de euros -el 53,4% más que el techo de gasto de 2019-, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, tuvo que reconocer este martes que el Gobierno de Pedro Sánchez prepara una subida de impuestos de cara a los próximos Presupuestos Generales, alza impositiva calificada por ella de "ajuste de figuras fiscales".
La previsión del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, sobre el número de hogares que se beneficiarán del ingreso mínimo vital (IMV) es que pasarán de los 90.000 que lo reciben actualmente a 180.000 a finales de octubre.
Estar inscrito como demandante de empleo ya no será un requisito indispensable para poder recibir el ingreso mínimo vital desde este martes, al menos a priori. Así se incluye en el real decreto de regulación del teletrabajo en el que se han incorporado algunas medidas para facilitar el trámite de solicitud y resolución de los expedientes recibidos para recibir el ingreso mínimo. Pasa de este modo a tratarse de un requisito "a posteriori" de modo que será obligatorio una vez se haya pedido la ayuda y se esté percibiendo, en función de la condición del solicitante. Siendo la idea general que si el solicitante está en condición de empleabilidad, se apunte a demandante de empleo después de solicitarlo. De modo que la búsqueda activa de empleo pasa a ser como un requisito de mantenimiento de la ayuda. No un requisito previo obligatorio, pero sí una vez se está percibiendo la prestación en función de la situación del beneficiario.
El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones está preparando unos "pequeños ajustes normativos" con los que ampliará el plazo para recibir respuesta a las solicitudes del Ingreso Mínimo Vital (IMV), que empezarían a caducar desde este martes por silencio administrativo. El objetivo es que no caduque ninguna de las presentadas y "agilizar los trámites" ante el elevado número de expedientes.
El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha anunciado este martes que la "simplificación" y las "mejoras" en la tramitación del ingreso mínimo vital (IMV) provocarán un "acelerón muy fuerte en la segunda parte de septiembre" por el que 150.000 hogares -unas 450.000 personas- podrán cobrar la prestación.
Unas 85.000 familias en España ya están recibiendo el Ingreso Mínimo Vital (IMV) aprobado por el Gobierno el pasado mes de mayo con el objetivo de reducir en un 80% la pobreza extrema, y unos 900.000 expedientes se están tramitando en la Seguridad Social, lo que ha supuesto una "avalancha".
Tragsa se desvincula de los retrasos en la tramitación de las solicitudes del ingreso mínimo vital y niega haber recibido o emitido "instrucción alguna de ralentizar el procedimiento establecido". A través de su filial Tragsatec, la empresa recibió el encargo temporal de apoyar al Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS) tramitando la primera gestión electrónica de las prestaciones económicas. Sin embargo, las denuncia de un extrabajador asegurando haber recibido la indicación de retrasar las peticiones aunque cumplieran con los requisitos para ese primer paso, precipitaron las dudas.
El Ayuntamiento de Madrid dará una tarjeta con entre 125 y 630 euros mensuales a 27.000 familias vulnerables para la compra de alimentos y productos de higiene, cuyo gasto se controlará a posteriori, y que busca no estigmatizar y dar autonomía.
