La continuidad de la tasa a banca y energéticas y el Impuesto de Solidaridad a las Grandes Fortunas, en jaque ante la posibilidad de un cambio de color en el Gobierno tras las próximas elecciones del 23 de julio. Pero con matices. Una futura derogación de estos impuestos ya solo afectaría a las liquidaciones de 2023, que se practicarán en 2024. Lo pagado en 2023 por el ejercicio 2022, pagado quedaría.
Murcia se suma a la batalla de las comunidades del PP como Madrid, Andalucía y Galicia contra el Impuesto de Solidaridad a las Grandes Fortunas y recurre también ante el Tribunal Constitucional esta nueva tasa.
Hacienda aprovecha la ambigüedad con la que modificó el pasado diciembre el Impuesto de Patrimonio para gravar a los no residentes que tengan inmuebles en España a través de sociedad extranjeras y matiza ahora que estos inversores tendrán que pagar el tributo no solo por los activos que tienen en nuestro país, sino también por el resto de activos inmobiliarios que conformen la sociedad. Eso sí, solo pagarán el impuesto aquellas sociedades que tengan el 50% de sus activos o más en España.
El Pleno del Tribunal Constitucional ha informado este martes que ha admitido a trámite los recursos de inconstitucionalidad interpuestos por la Comunidad de Madrid y la Xunta de Galicia contra el impuesto a las Grandes Fortunas aprobado el pasado diciembre por el Ejecutivo. El Constitucional ya admitió a trámite también el pasado mes de marzo el recurso interpuesto por la Junta de Andalucía. Al igual que hizo con el recurso andaluz, en este caso el Tribunal de Garantías también ha denegado adoptar la suspensión cautelar del impuesto solicitada por Madrid.
El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) tiene este martes entre sus asuntos para primera deliberación el recurso del Gobierno de Andalucía contra uno de los artículos de la ley sobre el impuesto temporal de solidaridad a las grandes fortunas -que grava el patrimonio neto de las personas físicas de cuantía superior a tres millones de euros-, después de que el pasado marzo rechazara suspender el texto de forma cautelar. El magistrado Juan Carlos Campo es el encargado de redactar la ponencia de la sentencia.
El plazo de presentación de la declaración del Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas (ITSGF), que grava con una cuota adicional los patrimonios de las personas físicas de cuantía superior a los 3 millones de euros, se desarrollará entre los días 1 y 31 de julio de 2023, una vez finalizado el plazo de la campaña del Impuesto sobre el Patrimonio (IP), y se declarará digitalmente a través del modelo 718.
Los asesores fiscales del Registro de Economistas Asesores Fiscales (Reaf) del Consejo General de Economistas han demandado al Gobierno que el importe exento de los gastos de locomoción y de los vales comida se actualice porque las cuantías han quedado obsoletas.
Como todos los años es preciso revisar el borrador de la Renta antes de aceptarlo para no perder dinero, puesto que los borradores pueden contener errores o no contemplar cambios en las circunstancias familiares y personales que pueden suponer hasta 300 euros de media. En una situación delicada como la actual es preciso tener paciencia y no lanzarse a aceptar el borrador con un clic. elEconomista.es ha elaborado una guía con todas las novedades y consejos fiscales para ayudarte en esta Campaña, que puedes descargar aquí.
La Agencia Tributaria (AEAT) ya permite la descarga de los datos fiscales y parte de los contenidos informativos para elaborar las declaraciones de IRPF y Patrimonio, que podemos presentar desde el 11 de abril a través de Internet.
El próximo día 11 de abril comienza la Campaña de la Renta, un trámite anual que muchas personas encuentran complicado. Como todos los años, muchos contribuyentes se verán tentados a darle a 'aceptar' al borrador remitido por la Agencia Tributaria sin ser conscientes de que es posible que algunos de los conceptos que tenemos que incluir o alguno de los beneficios fiscales que nos corresponden no consten entre los que maneja Hacienda.
El gabinete jurídico de la Junta de Andalucía ha presentado este viernes ante el Tribunal Constitucional un recurso de súplica contra su decisión del pasado martes de denegar la petición de suspensión cautelar del Impuesto a las Grandes Fortunas. La Corte de Garantías admitió a trámite el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Ejecutivo andaluz, pero rechazó su petición de parar el gravamen. La liquidación de este nuevo impuesto que grava la fortuna por encima de los 3 millones de euros (bonificando para los residentes los primeros 700.000 euros) se hará entre el 1 y el 31 de julio.
La Asamblea de Madrid ha recurrido ante el Tribunal Constitucional el Impuesto a las Grandes Fortunas aprobado el pasado 28 de diciembre por el Gobierno central. El recurso se suma así al ya interpuesto por la propia Comunidad de Madrid a inicios de febrero y también al de la Junta de Andalucía, este último admitido a trámite por la Corte de Garantías.
El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso interpuesto por la Junta de Andalucía el pasado 24 de febrero contra el nuevo impuesto a las grandes fortunas, aprobado por el Gobierno central el pasado 28 de diciembre. No obstante, la Corte de Garantías ha rechazado la petición de la Junta de suspender de forma cautelar el gravamen. Cabe recordar que el impuesto grava las fortunas superiores a los 3 millones de euros, en el caso de los residentes en España, y de los 3,7 millones; en el caso de los no residentes. Se aplicará sobre los ejercicios 2022 (con retroactividad) y 2023 y la primera liquidación se hará del 1 al 31 de julio de este año.
El magistrado y exministro socialista Juan Carlos Campo será el ponente de la sentencia que dicte en un futuro el Tribunal Constitucional sobre el impuesto a las grandes fortunas, recurrido por el Gobierno andaluz.
Sentencia del Tribunal Supremo que podría servir de referente para los nuevos impuestos recurridos, el de la banca y energéticas y el de las grandes fortunas por su retroactividad. El Alto Tribunal avala que la Administración aplique un impuesto el mismo año de su entrada en vigor.
El Gobierno realizó la semana pasada una aclaración del nuevo impuesto a las grandes fortunas directamente a través del modelo de su liquidación, el 718, un cambio que los expertos en fiscalidad tachan de "exceso regulatorio" al no haberlo hecho por ley y que consideran que es un argumento más para recurrir el gravamen ante los tribunales.
Es por todos conocido el empeño del Gobierno por contrarrestar la voluntad de las comunidades autónomas gobernadas por el PP de utilizar sus competencias para reducir los impuestos cedidos por el estado, como son el impuesto sobre el patrimonio o el impuesto sobre sucesiones.
Los expertos avisan a los contribuyentes afectados por el impuesto a las grandes fortunas que, atendiendo a dos sentencias similares del Tribunal Constitucional, si quieren impugnar el tributo no se confíen a la espera del recurso interpuesto por la Comunidad de Madrid, puesto que el Tribunal de Garantías ya ha fallado en dos ocasiones anulando un tributo pero limitando la retroactividad del efecto exclusivamente a aquellos que se habían movilizado y también había recurrido el gravamen, frente a quienes no habían actuado. "Lo que viene a decir (el Constitucional), es que no se puede tratar de la misma manera al que es proactivo frente al que no lo es", asegura Antonio Puentes, socio en el área Fiscal y responsable del área de Procedimientos Tributarios de BDO Abogados.
El denominado Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas nace, como ya ha ocurrido con otras leyes decretadas por el actual Gobierno de España, muy mal parido.
La Comunidad de Madrid (CAM) ha solicitado al Tribunal Constitucional la suspensión del Impuesto sobre las Grandes Fortunas hasta que dicte sentencia, según consta en el recurso presentado ante el Tribunal de Garantías por la Abogacía General de la propia Institución.
El impuesto temporal de Solidaridad a las Grandes Fortunas -ISGF-, aprobado por el Gobierno en tiempo legislativo récord, y mediante enmienda 'colada' en una proposición de ley que tramitaba los gravámenes extraordinarios a la banca y a las empresas energéticas, no deja de copar titulares en los medios de comunicación por las múltiples dudas que plantea, y por cómo acabará afectando, de manera desigual, al Patrimonio de los contribuyentes de las distintas Comunidades Autónomas.
Con el propósito de no perder la inversión extranjera, que según la Comunidad de Madrid, podría ser el primer efecto de la aplicación del Impuesto de Solidaridad a las Grandes Fortunas -al estar bonificado en esta región Patrimonio-, este jueves, la presidenta Isabel Díaz Ayuso ha anunciado una nueva deducción fiscal de hasta un 20% del IRPF en cualquier tipo de inversión extranjera que se haga en Madrid, durante al menos seis años. El ahorro fiscal podría suponer deducciones de hasta 200.000 euros.
Las Haciendas de las Comunidades de Madrid o Andalucía recibirán más recaudación en el Impuesto sobre el Patrimonio (IP) que la proyectada por el Gobierno para el Impuesto Temporal de Solidaridad de Grandes Fortunas (ITSGF), como consecuencia de las prisas y la nefasta técnica legislativa desarrollada en los últimos tiempos. Los beneficiarios finales serán los contribuyentes madrileños y andaluces que pagarán menos por el nuevo impuesto, gracias a la bonificación vigente en el IP en ambas comunidades.
