El economista e inspector de Hacienda Francisco de la Torre está convencido de que "todas las formas de populismo fiscal son desastrosas". A combatirlas, y explicar al mismo tiempo una "economía para adultos", De la Torre dedica su último libro Y esto, ¿quién lo paga? (Debate, 2023).
Es por todos conocido el empeño del Gobierno por contrarrestar la voluntad de las comunidades autónomas gobernadas por el PP de utilizar sus competencias para reducir los impuestos cedidos por el estado, como son el impuesto sobre el patrimonio o el impuesto sobre sucesiones.
La Comunidad de Madrid (CAM) considera que la configuración del Impuesto sobre las Grandes Fortunas vulnera los principios de capacidad económica y no confiscatoriedad protegidos por el artículo 31.1 de la Constitución, ya que, al ser un impuesto temporal inicialmente exigible por dos años, los tipos de la escala no se ajustan a la realidad económica y presuponen una manifestación de riqueza ficticia.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha manifestado durante su participación en la celebración del VII aniversario de Madrid Foro Empresarial que el Gobierno regional recurrirá ante el Tribunal Constitucional el conocido como "impuesto a los ricos" impulsado por el Ejecutivo, que aún se encuentra en tramitación parlamentaria.
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) dijo el martes que el conocido como impuesto de solidaridad para las grandes fortunas debía entrar en vigor en 2022 para recaudar 3.000 millones en 2023 y 2024; hoy el propio Ministerio de Hacienda, dirigido por María Jesús Montero, confirmó las palabras de la AIReF, matizando que el planteamiento no cambió en ningún momento y que la idea inicial siempre fue esa.
Las personas con grandes patrimonios ya evalúan la opción de cambiar de residencia para eludir el impuesto, una opción complicada si tienen su arraigo en España. Sin embargo, bancos, abogados y consultoras sí consideran probable que haya traslados de residencia de inversores extranjeros afincados en España.
Los fiscalistas coinciden en señalar que las nuevas medidas tributarias del Gobierno son un ataque más a la seguridad jurídica de empresas y contribuyentes personas físicas, máxime después de escucha a la ministra Ione Belarra reconocer que algunas de las medidas se han introducido por un debate "que no estaba en la mesa hace pocas horas".
