La Tesorería General de la Seguridad Social tiene contabilizados al mes de agosto 2.853.115 personas que trabajan para alguna de las tres administraciones públicas (general, autonómica y municipal). Eso supone 56.525 más que en enero de este año, o lo que es lo mismo, un 2% de puestos de trabajo públicos de nueva creación.
Los gobiernos central y vasco ratificaron este miércoles en la Comisión Mixta de Transferencias -celebrada en Madrid- el acuerdo de traspaso a Euskadi del Ingreso Mínimo Vital (IMV), tras más de 16 meses de retraso sobre lo previsto.
La consejera vasca de Gobernanza Pública y Autogobierno, Olatz Garamendi, y la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, se reunirán el próximo viernes en Madrid para tratar sobre las transferencias pendientes, entre ellas el Ingreso Mínimo Vital (IMV) que acumula casi un año de retraso en su cesión.
La mesa de diálogo político prevista para este miércoles por la tarde entre el Gobierno y la Generalitat en Barcelona tendrá sillas vacías si Junts per Catalunya no rectifica su propuesta de participantes, que incluye miembros del partido que no forman parte del Ejecutivo catalán. El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, vetó dicha propuesta, pero desde Junts ven como culpable a la Moncloa, que también mostró su rechazo a cualquier fórmula que no sea la de cargos de ambas administraciones. Con todo, el secretario general de Junts, Jordi Sànchez, negó que esta situación abra "ninguna crisis" en el Govern.
El Gobierno central estudia con la Generalitat de Cataluña el traspaso de la Formación Sanitaria Especializada (FSE) a Cataluña. El Gobierno de coalición llevaría a cabo así uno de los puntos que planteaba en el acuerdo de coalición progresista entre el PSOE y Unidas Podemos. Según informó El Mundo, este tema se abordó durante la reunión de la Comisión Bilateral entre la Generalitat de Cataluña y el Estado. El Gobierno y Generalitat comenzarán una mesa de trabajo a partir de octubre para estudiar la viabilidad del traspaso.
El consejero catalán de Economía, Jaume Giró, convocó una reunión con los abogados de los 34 excargos públicos de la administración catalana investigados por el Tribunal de Cuentas por presunta responsabilidad contable vinculada a gastos de promoción exterior de la independencia, según ha sabido elEconomista. Lo hizo para darles un mensaje de tranquilidad respecto a las fianzas por 5,4 millones de euros que deben afrontar, si bien les mintió doblemente.
