José Antonio García Cabrera, abogado defensor del excomisario José Manuel Villarejo, ha asegurado hoy tras la declaración de su representado en la Audiencia Nacional que detrás del caso BBVA hay intereses estratégicos del Estado. "No fue simplemente un encargo profesional privado, sino que detrás del mismo hay intereses estratégicos del Estado y para el interés general de todos los españoles", ha asegurado el letrado.
El BBVA afronta otra semana complicada en medio del escándalo sobre las supuestas escuchas ordenadas al excomisario de policía Villarejo cuando aún presidía la entidad Francisco González, que se resiste a dimitir como presidente de honor del banco y de su fundación.
Los detalles que se van conociendo del asalto al BBVA muestran un perfil más propio de un país bananero que de uno desarrollado, como el nuestro. El expresidente de Sacyr, Luis del Rivero, fanfarroneaba con que contaba con el aval tanto del PP como del PSOE. Había enviado a Juan Abelló como emisario para obtener el visto bueno de Aznar. El expresidente guardó silencio, como de costumbre, y el constructor lo interpretó como un salvoconducto.
La Fiscalía Anticorrupción ha abierto diligencias para investigar el posible sobrecoste de siete hospitales públicos construidos en la etapa de Esperanza Aguirre, y ha solicitado documentación a la Consejería de Sanidad tras una denuncia de Podemos por presuntas irregularidades en el pago de cánones a las concesionarias.
La Fiscalía Anticorrupción valorará si pide que se investigue al BBVA por las escuchas encargadas durante años al excomisario José Manuel Villarejo, una vez reciba el informe de la Policía sobre los pinchazos que figuran en el caso Tándem, que actualmente instruye la Audiencia Nacional.
El inicio de las investigaciones sobre los pagos de BBVA al excomisario de la Policía José Villarejo coincidió con una salida clave en el banco. Julio Corrochano, el responsable de Seguridad Corporativa del grupo financiero y persona que mantenía la relación directa con Villarejo y su entorno abandonó todos sus cargos en la entidad la pasada primavera, poco antes de que tanto la Audiencia Nacional, como BBVA, iniciaran las investigaciones para esclarecer las presuntas irregularidades que puedan desprenderse de los contratos que el banco mantuvo con el exinspector para, entre otros asuntos, presuntamente boicotear el asalto de la constructora Sacyr a la entidad.
La Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha suspendido al menos durante dos semanas las sesiones del juicio por la salida a bolsa de Bankia por motivos de salud de la fiscal del caso, Carmen Launa, por lo que la continuación del interrogatorio del principal acusado, Rodrigo Rato, tendrá que esperar.
El excomisario de la Policía José Villarejo creó la Asociación para la Protección de Inversores de Sacyr para boicotear el asalto de la constructora a BBVA y el consiguiente intento de derrocar a su entonces presidente, Francisco González. La asociación nació con el objetivo de aunar a los inversores minoristas de la constructora que fueran contrarios a la toma de una participación accionarial de la entidad para aglutinar una representación del 5% de Sacyr que les diera voz y voto en la junta de accionistas y bloquear la operación, según se desprende de los documentos que investiga la Audiencia Nacional en la pieza separada sobre BBVA.
El comisario jubilado y en prisión provisional José Manuel Villarejo ha hecho difundir una carta abierta dirigida al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la que le advierte de que en su defensa, no tendrá "más remedio de forma inminente" que revelar "la verdad" sobre el CNI y su relación tanto con la Fiscalía Anticorrupción que le investiga en el marco de la operación Tándem como con "amenazas" a jueces de la Audiencia Nacional para que "dejen de investigar" temas que afectan a la institución.
El tribunal de la Audiencia Nacional que juzga la salida a bolsa de Bankia ha rechazado este martes aplicar a Bankia, y a otros 16 procesados en la causa, la 'doctrina Botín'. Este procedimiento, aplicado por Tribunal Supremo en 2007, consiste en que una persona física o jurídica no puede ser juzgada si no hay acusación por parte de la Abogacía del Estado ni de la Fiscalía Anticorrupción a pesar de que haya acusación popular, ya que ésta quedaría deslegitimada. Asimismo, el tribunal ha retirado la acusación de falsedad contable al banco, BFA y Deloitte.
México
Argentina
Chile
Colombia
Perú
