La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado procesar a 14 personas, entre ellos al excomisario José Villarejo, al marido de la presentadora Ana Rosa Quintana, Juan Muñoz, y al hermano de éste, en la pieza del caso Tándem llamada 'Pintor', en la que se investiga si contrataron al expolicía para cobrar una deuda.
El bloque anticorrupción conformado por la Fiscalía General de la Nación, la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación avanza con determinación para garantizar la destinación correcta y legal de los recursos dispuestos para la atención de los colombianos durante la emergencia ocasionada por el Covid19.
El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) consideró que si se decide enjuiciar a los mandatarios que lo antecedieron, se deberá de empezar por el expresidente Carlos Salinas de Gortari pues es -dijo- el padre de la desigualdad moderna en México.
El juez de la Audiencia Nacional negó que BBVA fuera perjudicado por las investigación que las firmas del excomisario José Manuel Villarejo realizó para presuntos asuntos personales del expresidente de la entidad Francisco González (FG). El expolicía buscó fincas en varias zonas de España para que FG las adquiriera. Además, las empresas del exinspector también pagaron muebles al entonces jefe de Seguridad del banco, Julio Corrochano. Bajo estas dos actividades, la entidad quiso personarse en la causa como perjudicada, sin embargo el Ministerio Público propuso al juez Manuel García Castellón esta petición y aconsejó al grupo financiero que, si lo deseaba, podía "instar las acciones que estime conveniente en la reclamación de los derechos" si considera que la actuación de sus directivos "no se produjo en beneficio de la sociedad, sino únicamente en su perjuicio". Animando así a tomar acciones legales contra FG.
Los directivos que rodean al actual presidente de BBVA, Carlos Torres, están cada vez más señalados en la trama de espionaje. El actual asesor de presidencia del banco, Juan Asúa, imputado en el caso, tuvo un papel clave en la contratación de las empresas del excomisario Villarejo.
La propia investigación interna de BBVA sobre los vínculos del banco con el excomisario Villarejo relaciona a exejecutivos clave de la entidad con esas prácticas. Es una vinculación plenamente coherente. El hecho de que figure la firma del exjefe de Seguridad, Julio Corrochano, en los contratos con Villarejo no implica que sólo él manejara una operativa tan comprometida.
Anticorrupción no sólo considera probado que BBVA contrató los servicios del excomisario Villarejo a sabiendas de que era un policía en activo. Además, la acusación considera que la orden provino de forma opaca de la Presidencia de BBVA, que en 2004 ocupaba Francisco González.
Nacido en Leópolis (Ucrania) en 1964, Mikjail Fridman es uno de mayores empresarios de Rusia. Con nacionalidad además ucraniana e israelí, es cofundador de Alfa Group, un conglomerado dueño, entre otros activos, de Alfa Bank, el mayor banco privado ruso. En 2013, junto a otros socios, creó la firma de inversión LetterOne, presente, en telecomunicaciones, con Veon o Turkcell; en energía, con la alemana Wintershall; y en distribución, con la británica Holland & Barret, la rusa X5Retail y el 70% de Dia. Investigado por la Audiencia Nacional por haber provocado presuntamente la caída tanto de esta compañía como de la firma Zed Tecnologies, niega las acusaciones y asegura que es una víctima.
La Fiscalía Anticorrupción ha decidido no recurrir al Tribunal Supremo (TS) la sentencia de la 'pieza política' de la causa judicial sobre los expedientes de regulación de empleo (ERE), que condenó el pasado 19 de noviembre a 19 de los 21 ex altos cargos de la Junta de Andalucía enjuiciados en el caso, entre ellos los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán.
Ricardo Currás, exconsejero delegado de Dia, tendrá que declarar ante la Audiencia Nacional en calidad de investigado -anteriormente imputado- junto a otros cuatro miembros de su cúpula: su número dos, Amando Sánchez y los directivos Luis Martínez Gallardo, Antonio Arnánz y Juan Cubillo.
El exconsjero delegado de Dia, Ricardo Currás, declarará en la Audiencia como investigado. No cabía otra respuesta del Juzgado tras desvelarse las conclusiones de Anticorrupción. La Fiscalía acusa a Currás de idear un plan para mejorar de forma artificial los resultados del grupo.
El Ministerio Público allanó el local de la Universidad Alas Peruanas en Jesus María, para incautar información sobre el caso del ex secretario de Fuerza Popular, Joaquín Ramirez.
Por Dulce OlveraEl Gobierno de la Ciudad de México encabezado por Claudia Sheinbaum Pardo está cercando por desvío de recursos, nepotismo y otras irregularidades a 12 ex funcionarios públicos de su antecesor, el Senador de oposición, Miguel Ángel Mancera Espinosa, y el Gobierno federal denunció a otro.
La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional que cite a declarar en calidad de investigado al ex consejero delegado de Día Ricardo Currás por presuntos delitos de administración desleal y falsedad contable durante su gestión. La diligencia se insta en el marco de la causa que instruye el juez Alejandro Abascal a partir de la querella presentada por un grupo de accionistas minoritarios de la compañía, además de una denuncia interpuesta por Borja de la Cierva, exconsejero delegado también del grupo, contra sus predecesores por el estado de las cuentas. Además de llamar a Currás, Anticorrupción propone citar como investigados a otros trabajadores de la compañía, si bien ninguno con un cargo de tanta responsabilidad, de acuerdo a las fuentes consultadas. Entre los querellados por los accionistas minoritarios estaban también Antonio Coto, que sustituyó a Currás tras su cese en agosto de 2018 y el propio De La Cierva.
La Fiscalía Anticorrupción pide cuatro años y medio de cárcel para el expresidente de Banco de Valencia, José Luis Olivas, por un delito societario continuado de falsedad de cuentas de la entidad en 2009 y 2010, junto con una multa de 45.000 euros.
El juicio por la salida a bolsa de Bankia ha sido el asunto judicial con mayor repercusión del ámbito económico en 2019, un año en el que han desfilado por la Audiencia Nacional directivos de entidades como BBVA, el Popular (hoy parte del Santander), Banco de Valencia, Caixanova o Pescanova.
Las Naciones Unidas establecieron el 9 de diciembre como el Día Internacional contra la Corrupción. Excelente iniciativa, pues es esencial para el desarrollo sostenible de las economías el funcionamiento de las empresas basado en relaciones fundamentadas en la igualdad de oportunidades y sin que el tratamiento privilegiado en base a relaciones con el poder supongan posiciones ventajosas.
El Consejo de Europa, a través del Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco), tras mostrar su confianza en la integridad e independencia personal de los fiscales españoles, arremete contra el Gobierno de Pedro Sánchez por desoír sus recomendaciones para que la Fiscalía General sea completamente independiente del Ejecutivo.
La investigación de la presunta vinculación de BBVA con la trama de espionaje del excomisario Villarejo se acerca a otro giro crucial, ahora que la Fiscalía pide la imputación del expresidente Francisco González.
La petición de imputación de Francisco González (FG) por parte de la Fiscalía Anticorrupción abre un futuro incierto para el expresidente de BBVA durante más de dos décadas. De momento sólo se trata de una mera solicitud por parte del Ministerio Fiscal por distintos delitos (cohecho y revelación de secretos), pero de prosperar y acabar en condena el banquero se enfrentaría con hasta 9 años de prisión, además de probables multas económicas.
La familia Martínez Sampedro, fundadora de la multinacional española Codere, acaba de dar un nuevo paso en la actuación pionera en el campo procesal mercantil español, tras recibir autorización de un juzgado de Connecticut (Estados Unidos) para que el Discovery concedido, como prueba para sus demandas mercantiles y arbitrales, se incorpore a su denuncia ante la CNMV contra el fondo de inversión Silver Point y otros fondos que apoyaron la toma de control de la compañía.
La Fiscalía Anticorrupción ha pedido al juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón que cite a declarar como investigado al multimillonario ruso Mikhail Fridman, dueño del 70% del capital de la cadena de supermercados Dia, por liderar una serie de actuaciones para aprovecharse de la situación de quiebra de la empresa española Zed WorlWide y adquirirla por 20 millones de euros, "un precio irrisorio". Tal y como adelantó elEconomista.es en febrero, el fiscal José Grinda considera que Fridman lidera una red especializada en provocar la quiebra de empresas para quedárselas después a precio de saldo.El fiscal anticorrupción concluyó que "se evidencian elementos incriminatorios no solo a los delitos de amenazas y vulneración de la intimidad, sino también con relación a un delito de insolvencia punible cometido por una organización criminal, cuya cúspide es Mikhail Fridman".
La Fiscalía Anticorrupción ha retirado este lunes la petición hecha la semana pasada al juez del 'caso Villarejo' para que fijase una fianza de medio millón de euros al que fuera jefe del Area de Riesgos y Recuperaciones Inmobiliarias del BBVA Antonio Béjar González para eludir la prisión. Esta última decisión del Ministerio Público tiene lugar tras la última declaración como investigado por contratar presuntamente al comisario jubilado José Manuel Villarejo.
El gobierno de Nuevo León, encabezado por Jaime Rodríguez Calderón, reservó el expediente con el cual avaló un incremento salarial de 144% para la jubilación de María Teresa Martínez Galván, con lo que recibirá cerca de 30,000 pesos, suegra del mandatario estatal conocido también como "El Bronco".
El Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER) reveló esta mañana las primeras imágenes sobre las condiciones en las que se encontraba la planta de Agronitrogenados de Coatzacoalcos, Veracruz, cuando Altos Hornos de México (AHMSA) se la vendió a Petróleos Mexicanos (Pemex) en 2014, bajo la dirección general de Emilio Lozoya Austin, a un sobreprecio de 475 millones de dólares.
La Audiencia Nacional da el pistoletazo de salida a un macrojuicio que por primera vez, tras seis años, une a Bankia y su expresidente, Rodrigo Rato, en el mismo bando. A partir de hoy quedan a un lado las trifulcas por la petición del millonario rescate de la entidad y por las tarjetas black. Paradójicamente, Bankia ejercía la acusación particular contra Rato y los otros 63 ya condenados por las visas opacas por haberle causado un perjuicio al patrimonio de la entidad y ahora el banco también se sienta en el banquillo de los acusados junto al que fue su presidente por la salida a bolsa de la entidad.
José Antonio García Cabrera, abogado defensor del excomisario José Manuel Villarejo, ha asegurado hoy tras la declaración de su representado en la Audiencia Nacional que detrás del caso BBVA hay intereses estratégicos del Estado. "No fue simplemente un encargo profesional privado, sino que detrás del mismo hay intereses estratégicos del Estado y para el interés general de todos los españoles", ha asegurado el letrado.
El BBVA afronta otra semana complicada en medio del escándalo sobre las supuestas escuchas ordenadas al excomisario de policía Villarejo cuando aún presidía la entidad Francisco González, que se resiste a dimitir como presidente de honor del banco y de su fundación.
Los detalles que se van conociendo del asalto al BBVA muestran un perfil más propio de un país bananero que de uno desarrollado, como el nuestro. El expresidente de Sacyr, Luis del Rivero, fanfarroneaba con que contaba con el aval tanto del PP como del PSOE. Había enviado a Juan Abelló como emisario para obtener el visto bueno de Aznar. El expresidente guardó silencio, como de costumbre, y el constructor lo interpretó como un salvoconducto.
La Fiscalía Anticorrupción ha abierto diligencias para investigar el posible sobrecoste de siete hospitales públicos construidos en la etapa de Esperanza Aguirre, y ha solicitado documentación a la Consejería de Sanidad tras una denuncia de Podemos por presuntas irregularidades en el pago de cánones a las concesionarias.
