Fátima Báñez

La sociedad española acepta una reforma laboral, que es una política de ajustes entre medios y fines, sin apoyo en cifras, datos y argumentos y sin que los motivos de la misma se hayan despolitizado. Se acepta sin contraste en un debate nacional abierto y convincente, a pesar de que es un asunto que importa absolutamente a todos. Mientras en el contexto europeo más próximo han sido posibles diagnósticos mayoritariamente compartidos sobre los problemas del mercado laboral y se han conseguido reformas apoyadas socialmente, la opinión pública española (supongamos que existe) está siendo testigo mudo de una discusión exclusivamente partidista que le impide formarse una idea del estado de la cuestión.

La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, se presentó a la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros con aires de grandeza. "Hoy no es un día cualquiera. Es uno de los días más importantes del Gobierno y de esta legislatura", señaló para apuntarse el tanto de la reforma laboral sellada con patronal y sindicatos la víspera de Nochebuena. Y continuó diciendo, bajo la mirada ausente de la ministra portavoz, Isabel Rodríguez, que la reforma "va a cambiar la vida de la gente", que acabará con la "depreciación laboral y la devaluación salarial" y que "pasa página a la precariedad laboral". Toda una sarta de frases manidas y tópicas contra la reforma laboral de 2012 que la vicepresidenta pretende utilizar con fines partidistas para lanzar su proyecto político para las próximas elecciones.

La presidenta de la Fundación CEOE y exministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, ha defendido la "reforma laboral de 2012" que ha sido "fundamental en esta crisis porque ha permitido mantener empleos", este jueves en Zaragoza, donde ha participado en una mesa redonda organizada por CEOE Aragón y el Consejo Social de la Universidad de Zaragoza.

Los expertos estiman que elevar el número de años trabajados para el cálculo de la pensión, pasando de 25 a 35 años, supondría un recorte en la cuantía media de esas prestaciones cercano al 8%.

En las Navidades de 2014, Rodrigo Rato llamó a su secretaria, Teresa Arellano, al despacho y le dijo: "Necesito que me firmes esto". Teresa, que la había acompañado desde sus comienzos en el PP de Fraga de los ochenta y se preocupaba hasta por la educación de sus hijos, echó un vistazo a los documentos. El texto mencionaba el nombre de una sociedad, Kradonara, domiciliada en Sotogrande, pero cuya matriz, Vivaway, tenía sede en Gibraltar, y le otorgaba los poderes para su administración.

Resulta difícil de entender y mucho más complicado de explicar que en un país que ha encajado la caída del PIB más alta desde la guerra de Cuba y con un impacto social aún mayor, como recordaba la ex ministra de Trabajo, Fátima Báñez, que tiene más de cinco millones de parados, incluidos los trabajadores en ERTE y los autónomos en cese de actividad, y que ha elevado su nivel de deuda pública hasta casi el 120 por ciento del PIB, tenga un gobierno dividido y enfrentado cuyas prioridades son la Ley de Transexualidad, la intervención de los alquileres, los indultos a los políticos presos del Procés, o el traslado de los presos de ETA a cárceles del País Vasco, además de alentar las manifestaciones del 8 de marzo en plena crisis sanitaria.

Decía recientemente la diputada y vicepresidenta de la Comisión Mixta de la Unión Europea, Teresa Jiménez Becerril que el PSOE no es el responsable de que haya una crisis económica por el COVID 19 pero sí "es el responsable de que España sea de los países que peor se ha comportado y más empleo ha destruido en esa crisis económica de todo el mundo".

Con una caída histórica del PIB del 11 por ciento, la mayor del mundo desarrollado; un déficit público disparado que se estima en torno al 9 por ciento del PIB; una deuda pública en el entorno del 120 por ciento de nuestro producto interior y un paro real de mas de cinco millones de personas incluyendo los autónomos y los afectados por los ERTE, la economía española adolece en la UCI a la espera de que llegue los casi 150.000 millones de dosis de vacuna, en forma de millones de euros del Fondo Europeo de Reconstrucción.

La exministra de Empleo Fátima Báñez sí recibirá finalmente un pago por sus actividades en la CEOE, como trascendío en el día de ayer según fuentes que fijan en 240.000 euros anuales la remuneración para la que fuera la responsable de la reforma laboral de 2012 con el Gobierno del PP. El presidente de la patronal, Antonio Garamendi, como ya hiciera con su propia retribución el año pasado, vuelve a ocultar sueldos a la directiva de la patronal.

Rovi ha presentado los resultados de 2019 donde destacan los grandes números de la compañía. El beneficio neto de la compañía creció un 119%, impulsado por las heparinas, donde la compañía aspira a ser exportador mundial. Las ventas de medicamentos con receta crecieron en un 30%, un porcentaje donde los inyectables mencionados representan el 46%. Además, la compañía ha resaltado que el 50% de sus ventas se han producido fuera de España.

Iberdrola ha fichado a las exministras Isabel García Tejerina y Fátima Bañez para los consejos de administración de dos de sus filiales. La eléctrica acaba de comunicar sendos fichajes para sus compañías brasileña y mexicana. La eléctrica informó el pasado viernes a la Comision Nacional de Valores de Brasil la incorporación de García Tejerina, como nueva consejera independiente de Neoenergia al tiempo que anunciaba una operación de compra de 400 MW en el país.

Valga el título de la laureada película de Francis Ford Coppola, el apocalipsis ahora, para describir la situación real de una economía española que, empujada por el imparable crecimiento de los rebrotes de la COVID, se precipita aceleradamente hacia el abismo. Una economía que con los datos del último informe de la Fundación de Cajas de Ahorro (FUNCAS), corroborado un día después casi textualmente por el Banco de España, venía a confirmar el doble sentido que la historia y los lingüistas dan a la palabra apocalipsis: el de revelación y el de "situación catastrófica que evoca la imagen de la destrucción total", como la describe la Real Academia de la Lengua.

La exministra de Trabajo, Fátima Báñez, ha defendido la reforma laboral que impulsó en el año 2012 el Gobierno del PP y ha puesto en duda que el actual Ejecutivo de PSOE y Unidas Podemos la vaya a derogar finalmente, ya que, a su juicio, pese a las declaraciones, "la realidad se impone siempre".

La exministra de Empleo, Fátima Báñez, ha sido nombrada este mismo miércoles como la nueva presidenta de la Fundación CEOE. Así lo anunció el máximo dirigente de la patronal de empresarios, Antonio Garamendi, en la Junta Directiva celebrada hoy y en la que se ha confirmado el nuevo cargo de la exdirigente del PP durante el Gobierno de Mariano Rajoy. Un nombramiento que tiene lugar después de que su incorporación a la institución saltase a la palestra el pasado mes de abril, en plena crisis sanitaria.

La exministra de Empleo Fátima Báñez coordinará un proyecto solidario de la CEOE de manera altruista. Según ha podido saber este diario, Báñez, que no se incorpora al organigrama de la patronal, se pone al frente del proyecto 'Empresas que ayudan' con el objetivo de coordinar, a través de su Fundación, las iniciativas solidarias que parten de las empresas para contribuir a hacer frente a la crisis del coronavirus.

Era una de las promesas más recurrentes del entonces presidente del Gobierno Mariano Rajoy, pero a tenor de las previsiones que manejan los principales organismos para el mercado de trabajo español en este año, parece que quedará incumplida: el objetivo 20/20 de sumar veinte millones de afiliados a la Seguridad Social para al cierre de este 2020.

La ex ministra de trabajo, que dejó la política en marzo, ficha por esta compañía para sustituir a Enrique Castellón, que llevaba ya 12 años en el cargo. Asimismo, Rovi también ha anunciado la llegada a su empresa del ex presidente del Consejo Económico y Social, Marcos Peña.

Indignación por los recortes de Colau

Los datos del Ministerio del Interior respecto a falta de seguridad en Barcelona son demoledores. El número de robos con violencia se ha elevado en la ciudad hasta 7.082 en el semestre por menos de 5.200 en Madrid, una urbe con millón y medio más de habitantes. Es decir, Barcelona sufre una media de 39 robos violentos al día frente a 28 en Madrid. En cuanto a los hurtos, las cifras también van en contra de Barcelona, con 311 diarios, 80 más que hace tres años. Apesar del evidente incremento de la inseguridad que los datos demuestran y que ha llevado a algunos países a aconsejar a sus compatriotas que no viajen a Barcelona, la alcaldesa Ada Colau gasta cada vez menos en seguridad. En concreto, el presupuesto en este aspecto ha pasado de 323 millones en 2016 a 314 dos años después. También llama la atención que la única partida que se ha elevado en este campo sea para uniformes y medallas. Ni qué decir tiene que la indignación de la oposición en el consistorio barcelonés y en los ciudadanos está adquiriendo niveles notables. También entre el comercio que es una de las principales víctimas de la creciente inseguridad. “Es intolerable que Colau efectúe recortes en seguridad y prevención cuando Barcelona se ha convertido en la urbe con más robos violentos de España”, dicen desde una asociación de comerciantes.

El Estado necesita más personal ante el 'Brexit'

La pasada semana el presidente del Gobierno Pedro Sánchez aseguró en el Congreso que España dispone de los medios suficientes para afrontar una crisis provocada por el Brexit. De hecho, afirmó que la Administración dispone de los recursos de personal necesarios, especialmente en el área de Exteriores (aún comandada por Josep Borrell), al haberse habilitado 900 nuevos puestos para reforzar ámbitos claves como aduanas. A pesar de ello, fuentes de la Administración dicen que el Estado requiere de mayor personal para hacer frente al divorcio del Reino Unido de la UE. Por lo visto, las necesidades se dan en diversos frentes, aunque la mayores carencias se encuentran en la Administración central. Pero también en empresas públicas como Aena o Puertos del Estado. "Urgen 1.000 nuevos efectivos", comentan. La misma fuente añade también que el Estado es consciente de ello, pero que tendrá dificultades para cubrir las plazas de los efectivos que faltan, ya que la tarea de convocar plazas, aunque sean urgentes se complica para un Gobierno en funciones, como el actual.

La exministra de Empleo Fátima Báñez ha decidido dejar la política. Aprovechando las próximas elecciones generales del 28 de abril, la hasta ahora también diputada del PP por Huelva decide dar un paso al costado como ya han hecho otros 'sorayistas' del partido tras la victoria de Pablo Casado ante Soraya Sáenz de Santamaría en las primarias.

El líder del PP, Pablo Casado, ha propuesto hoy a la exministra Fátima Báñez para presidir la Comisión de Exteriores del Congreso, cargo que ha ocupado hasta que dejó el escaño la ex secretaria general del partido María Dolores de Cospedal.

El nuevo Gobierno de Pedro Sánchez prepara ya el nombramiento de sus ministros. De una manera exprés y tras la aprobación de la moción de censura contra Mariano Rajoy, el gabinete se renovará por completo en un nuevo giro en el que podría cambiar gran parte de su estructura.

La vuelta al curso político ha traído consigo un anuncio que invita a la incertidumbre por parte del secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado: "Este año los gestores de la Seguridad Social hemos recibido una herencia un poquito dañada", anunciaba antes de advertir de que éste será un año "de tensiones financieras" para la Seguridad Social.

La Policía Nacional se opondrá a inspeccionar los centros de trabajo como pide el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dentro de los objetivos del Plan Director para un Trabajo Digno, aprobado en Consejo de Ministros a finales de julio, y que trata de combatir la precariedad laboral y mejorar las condiciones de trabajo y la calidad del empleo. Así se lo han hecho saber a este periódico fuentes de los sindicatos policiales, cuyos agentes son uno de los protagonistas de dicha medida, destacando, entre otras razones, "no estar preparados para funciones administrativas que corresponden por su conocimiento solo a la inspección laboral".

Teníamos, ante nosotros, seis grandes problemas básicos, desde el punto de vista de la economía española. Habían nacido o se habían consolidado en la etapa que transcurre de 2008 a 2014, durante el Gobierno de Rodríguez Zapatero.

El coste de bonificar mediante la tarifa plana de 50 euros a todos los autónomos que inician su actividad ha supuesto desde su creación, en septiembre de 2013 hasta ahora, un coste de 3.200 millones de euros. Fuentes del Ministerio de Trabajo declaran que están analizando las cifras exactas, pero que sus cálculos preliminares apuntan en esa dirección, y ello cuando apenas el 15,5% de quienes se beneficiaron de la medida mantienen hoy su actividad en el sistema.

Restablecer los recortes causados por la crisis y restaurar los gastos suntuosos en educación y sanidad. En estas dos frases puede resumirse la política económica de Pedro Sánchez en los dos primeros meses (64 días) del Gobierno.

Sánchez accedió al Palacio de La Moncloa por una carambola, Aznar y Zapatero fueron presidentes con baraka y Rajoy se alzó frente a Rodrigo Rato contra todo pronóstico. Todos los presidentes tuvieron su momento de gloria...y de desdicha. El techo de gasto es como la bola negra del nuevo inquilino de Moncloa. De él depende que pueda seguir con la partida.

El nuevo vicesecretario de Organización del PP, Javier Maroto, ha asegurado este viernes que "ya no hay bandos" en el PP sino "integración" porque cada día se están integrando personas que apoyaron la candidatura de Soraya Sáenz de Santamaría. De hecho, ha subrayado que "solo queda una silla vacía", que es la de ella. La exvicepresidenta del Gobierno sigue remisa a aceptar y de momento sigue como diputada rasa.