La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha comparecido esta mañana en la Comisión parlamentaria de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para dar cuenta de las principales líneas de actuación de su Gabinete durante esta legislatura con un mensaje contundente para los empresarios, más aún en un escenario de desaceleración de la economía global y de menor creación de empleo: "Vamos a impedir que el empresario despida a un trabajador si no está justificado", señalaba la ministra sugiriendo un endurecimiento de las causas de despido dentro del proceso de derogación de la reforma laboral del PP de 2012. De hecho, la ministra reconoce que una de las prioridades del ministerio pasa por recuperar la causalidad de los despidos como elemento de conservación de los puestos de trabajo. "No podemos reducir el enorme problema en materia de empleo a la cifra del paro", aclaraba la ministra durante su intervención, tras insistir en que se debe invertir la tendencia haciendo del trabajo decente "la base del progreso de España" y apuntando la necesidad de actuar sobre diferentes planos de la relación laboral entre empleador y trabajador.

"No entiendo la urgencia con que se aprobó la normativa del control horario y el tiempo que ha transcurrido sin que se haya ni siquiera abordado el reglamento de desarrollo", ha señalado Ángel Blasco Pellicer, magistrado de la Sala de los Social del Tribunal Supremo , en el transcurso de su intervención en una jornada de trabajo organizada por Hispajuris.

El despido por ausencias al trabajo no es nuevo. Dicha causa de extinción contractual lleva contemplada en el Estatuto de los Trabajadores desde su primigenia versión de 1980. Es cierto que desde entonces ha sufrido cambios, pero la causa en sí lleva incorporada al ordenamiento jurídico español desde hace ya cuarenta años. Nadie se molestaba hasta una reciente sentencia del Tribunal Constitucional, que la aplicó.