El Gobierno seguirá apostando en 2023 por la "prohibición de despedir" para impedir una oleada de extinciones de contratos provocada por la crisis energética y la incertidumbre económica. Pero no solo lo hace sin corregir ni clarificar una fórmula cuestionada por el Tribunal Supremo, sino que añade nuevos y controvertidos cambios legales que auguran un ejercicio lleno de litigiosidad e inseguridad jurídica para las empresas que pretendan hacer ajustes.
Las ayudas que el Estado prestó a las empresas que presentaron expedientes de regulación temporal de empleo (ERTEs) durante la pandemia venían con una contraprestación: no podían despedir en los siguientes meses. El Corte Inglés, que presentó un paquete de despidos temporales para 26.000 empleados durante el primer estado de alarma, se saltó la limitación y un año después aprobó un ERE para 3.292 personas. Además, repartió un dividendo de 37,5 millones. Así, tuvo que devolver las bonificaciones recibidas. No todas, pero sí las que se dieron para los trabajadores que finalmente abandonaron los grandes almacenes.
Los despidos colectivos se duplicaron en el año 2020 hasta alcanzar los 81.294 frente a los 38.469 registrados en 2019. De esta forma, y a pesar del aumento de empresas que se acogieron a los Expedientes de Regulación de Empleo Temporal (ERTE) durante este año marcado por la pandemia hasta 755.000 personas a cierre de año, los ERE se incrementaron en torno al 112%, según la 'Estadística de despidos y su coste' publicada por primera vez por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.
Nuevo jarro de agua fría de Ford cuando aún no ha despejado si la factoría de Almussafes fabricará los nuevos modelos de coche eléctrico por los que compite con Saarlouis, en Alemania. La multinacional ha dejado claro que pase lo que pase con esa decisión, la factoría española tendrá que reducir su estructura para adaptarse a la nueva realidad.
La protección a asalariados y autónomos por el Covid ha costado a las arcas del estado 31.130 millones de euros durante los años 2020 y 2021. De ellos, 19.630 millones se han destinado a abonar los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (Erte) y 11.500 millones de euros para los ceses de actividad.
La nueva reforma laboral introduce una destacada novedad, como es el Mecanismo RED de Flexibilidad y Estabilización del Empleo. Se establece como una herramienta que permite a las empresas, tras aprobarlo el Consejo de Ministros, disfrutar de medidas de reducción de jornada y suspensión de contratos.
La decisión por parte de Trabajo y Seguridad Social de extender hasta el 31 de marzo los Ertes se ha tomado casi in extremis. Parece que el número de trabajadores que permanecen incluidos en alguna modalidad de estos es relativamente pequeño. Trabajo habla de 105.000 trabajadores.
Afrontar la recuperación económica en España se convierte en una ardua tarea en el contexto actual. Nos enfrentamos a un entorno socioeconómico extremadamente complejo, con grandes retos estructurales que se agudizan en tiempos de crisis y que hemos de abordar de forma decidida.
Los contratos temporales de menos de 30 días tendrán una cotización adicional a cargo del empresario una vez haya finalizado. Así consta en un nuevo texto de la reforma laboral que el Gobierno ha trasladado a los agentes sociales y que modifica algunos aspectos del del pasado miércoles que fue debatido por los órganos directivos de las asociaciones empresariales y sindicales y recibió su visto bueno. El texto, que podría ser el definitivo, será el que se lleve al Consejo de Ministros de este martes para su aprobación
El Gobierno ha presentado a patronal y sindicatos el esquema de exoneraciones de cuotas a la Seguridad Social del nuevo modelo de Ertes y mecanismo RED, que incluirá en la nueva reforma laboral.
Reino Unido ha comenzado un nuevo confinamiento no oficial. El disparo de salida no lo dio el Parlamento, ni el primer ministro, sino el Jefe Médico de Inglaterra, Chris Whitty, en una rueda de prensa en la que recomendó a los ciudadanos reducir al mínimo sus movimientos y encuentros sociales ante el aumento descontrolado de la variante ómicron. El resultado ha sido una avalancha de cancelaciones que ha llevado a las empresas a temer que, sin ayuda económica del Gobierno, la temporada navideña vaya a ser un desastre.
La Inspección de Trabajo ha emitido 5.832 sanciones por fraude en la tramitación de los Expedientes de Regulación Temporal del Empleo (Ertes), según ha indicado la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en la que ha presentado el Plan Estratégico para modernizar la Inspección.
El Gobierno estima que las exoneraciones en las cotizaciones a la Seguridad Social de la nueva prórroga de los expedientes de regulación temporal de empleo (Erte), que estará vigente hasta el 28 de febrero de 2022, tendrá un coste máximo de 401,9 millones de euros. Así lo recoge la memoria económica del decreto de prórroga de los Ertes aprobado actualmente en vigor.
Con nocturnidad y en el último minuto del descuento el Gobierno dio su brazo a torcer y firmaba el acuerdo para la quinta prórroga de los ERTE, cediendo a la mayor parte de las condiciones planteadas por la CEOE. Una prórroga que costará 1.200 millones y que permite garantizar la viabilidad de las empresas, muchas de ellas en riesgo extremo de desaparición y permite la continuidad de miles de puestos de trabajo.
La recuperación está siendo más lenta de lo previsto, según señaló el martes el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, pero aún así, confió en que la última prórroga de los Ertes recién aprobada sea la última necesaria. En una conferencia en el Foro Agendas Cruzadas Madrid-Barcelona organizado por el Círculo Ecuestre, celebró que los Ertes "han demostrado ser una herramienta más que eficiente", si bien reprochó al Gobierno la tardanza a la hora de negociar las prórrogas, siempre a contrareloj, y los planteamientos respecto a su nueva vinculación a la formación: "La formación es posiblemente la palanca más importante del cambio en España. Pero no vale solo con la formación del Ministerio de Empleo, porque es una formación fracasada. Las empresas pagamos 1.800 millones de euros al año y todos sabemos que la formación continua es un lío del que las empresas no quieren ni oír hablar. Tienen que valer todas las opciones". Por contra, destacó en positivo la continuidad de las ayudas para los autónomos y el sistema específico aprobado para La Palma y el conjunto de Canarias.
El Consejo de Ministros ha dado luz vez a la prórroga de los Ertes hasta marzo, a las ayudas a los autónomos y la subida de 15 euros del salario mínimo, hasta los 965 euros mensuales desde el 1 de septiembre. También habrá Ertes específicos para los afectados del volcán de La Palma.
El Gobierno ha llegado este lunes a un principio de acuerdo con los agentes sociales para extender el esquema de protección de los Erte hasta febrero de 2022. Finalmente, a solo tres días de su vencimiento los más de 250.000 trabajadores que aún se encuentran bajo el paraguas de los expedientes de regulación temporal de empleo seguirán con el paraguas de protección laboral al menos hasta comienzos del próximo año, tras una ardua negociación en la mesa de diálogo social.
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, anunció en Santander que los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (Erte) se prolongarán hasta el 31 de enero de 2022 condicionados a formación para empresas de más de 10 trabajadores. Así se pronunció, a preguntas de la prensa, la ministra, que ha asegurado que su departamento está trabajando y sigue dialogando con los agentes sociales para alcanzar ese acuerdo, que desea que mañana pueda ir al Consejo de Ministros. Díaz subrayó la "decisión clara" de prorrogar los ERTE hasta el 31 de enero. "Por tanto, tranquilidad, en Cantabria también; las empresas y los trabajadores pueden estar tranquilos", enfatizó la ministra tras su reunión con el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla.
El Gobierno ha planteado este domingo a los agentes sociales un nuevo esquema para extender los expedientes de regulación temporal de empleo (Erte) en el que ofrece exoneraciones a la Seguridad Social de mayor cuantía para aquellas empresas que den formación a los trabajadores suspendidos de empleo.
El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, ha asegurado hoy en San Sebastián que ve complicado un acuerdo sobre la renovación de los Ertes que se está negociando, debido a las nuevas condiciones exigidas por el Gobierno como el fin de la prórroga y la rebaja de las exenciones a las empresas.
El Gobierno ha presentado una propuesta de prórroga de Ertes a los agentes sociales en el contexto de la crisis sanitaria del Covid. La medida excepcional laboral se prorrogará hasta el 31 de enero de 2022, con carácter general para todos los trabajadores en Erte regulados en los Reales Decretos anteriores.
El grupo turístico Globalia ha anunciado que pondrá en marcha un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) que afectaría a unos 9.000 empleados ante la posibilidad de que las conversaciones entre el Gobierno y los agentes sociales no den como resultado una prórroga de los ERTEs de fuerza mayor al menos durante este año, según han confirmado a Europa Press en fuentes del sector.
