El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha celebrado la reunión anual del comité de enlace entre el CSN y la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa), en la que se han tratado aspectos de interés ambas instituciones para impulsar la gestión de las mismas, tanto desde el punto de vista regulador y normativo como desde el punto de vista operativo.
El Gobierno ha iniciado el procedimiento de información pública sobre la propuesta de Séptimo Plan General de Residuos Radiactivos tras casi doce años de retraso. La propuesta mantiene la opción de puesta en marcha de un Almacén Temporal Centralizado (ATC) para el combustible gastado y los residuos de alta actividad -que debería estar funcionando desde el año 2017- pero ahora abre la puerta a la instalación de siete Almacenes Temporales Descentralizados (ATD) en los emplazamientos de las centrales nucleares.
El Tribunal Administrativo Central ha obligado a Enresa a paralizar un concurso que abrió en agosto del año pasado para adjudicar un jugoso contrato de 218 millones para un sistema de almacenamiento y transporte de combustible nuclear para las centrales de Ascó, Almaraz, Cofrentes y Vandellós II.
Enresa ha presentado hoy al Ministerio para la Transición Ecológica la documentación para hacerse con la titularidad de la central nuclear de Garoña e iniciar la primera fase de desmantelamiento.
Las centrales nucleares españolas afrontan un año complicado que las llevará previsiblemente a pérdidas. Los precios del mercado mayorista y el incremento de los impuestos han puesto en jaque las cuentas de estas estratégicas plantas para el sector eléctrico.Los bajos niveles que está registrando el mercado mayorista de la electricidad por la fuerte caída del petróleo y del gas, así como por la mayor producción de las energías renovables suponen un problema para este tipo de plantas cuyos costes son superiores a los del resto de tecnologías.
La central nuclear de Santa María de Garoña se desmantelará entre 2022 y 2031, en tres fases y siguiendo un procedimiento extraordinario, porque al apagarse abruptamente en 2012, no se pudieron planificar las actividades preparatorias durante su etapa final de operación. Los trabajos arrancarán sin haber vaciado la piscina de la instalación de 440 toneladas de combustible nuclear gastado.
Los residuos radiactivos del país costarán un total de 23.044 millones de euros, calculados desde que empezaron a generarse en 1985 hasta final de siglo, de acuerdo con las previsiones de Enresa, la empresa pública encargada de su gestión. Se trata de un incremento del 77% con relación a las previsiones anteriores. De esa cantidad, queda por pagar la parte del león, 16.745 millones, la mayoría correspondientes al combustible gastado de las centrales nucleares (8.218 millones) y a la clausura de estas mismas instalaciones (4.288 millones).
El Tribunal de Cuentas reclama revisar las tasas que gravan las centrales nucleares para financiar su desmantelamiento y la gestión de sus residuos radiactivos, porque son insuficientes para cubrir los costes previstos: se estimaba un déficit de 2.354 millones de euros a cierre del año pasado.