Diesel

Los transportistas por carretera siguen sufriendo el alza de costes de los carburantes. Desde hace meses, este colectivo venía solicitando incluir en la norma la obligación de revisar los precios de este bien básico para que sea el cliente quien se encargase de los sobrecostes. Tras la convocatoria de huelga del pasado mes de diciembre, los transportistas arrancaron al Ministerio de Transportes el compromiso de incluir el diésel y se desconvocaron los paros. Ahora, apenas un mes después, la Asociación del Transporte Internacional por Carretera (Astic) ha propuesto extender al gas natural la obligatoriedad de la aplicación de la cláusula de revisión del precio del transporte que se aplicará antes del próximo mes de marzo a los contratos.

Aunque el precio de los carburantes en España ha dado una pequeña tregua este mes de diciembre, encadenando cinco semanas consecutivas a la baja, lo cierto es que a lo largo de 2021 ha llegado a alcanzar niveles que no se veían desde hace casi una década. No te pierdas la nueva edición de elEconomista Energía

El coche eléctrico es un vehículo muy adecuado para las ciudades y las áreas metropolitanas; de hecho, su contaminación en funcionamiento solo es debida a las partículas metálicas de las pastillas de freno y las del desgaste de los neumáticos. Es pues un vector importante en la reducción de la contaminación urbana. Sin embargo, su tecnología aún no ha alcanzado la madurez suficiente como para convertirse en el sustituto real del vehículo convencional de motor de explosión, según se asegura en el informe elaborado por la Comisión de Transportes del Colegio Oficial de Ingenieros, que preside José Ramón Perán, colegiado por Valladolid, director de Cartif y profesor emérito de la Universidad de Valladolid.

Sigue la fuga empresarial que Giró todavía niega

Los últimos datos del Colegio de Registradores desvelan que el éxodo empresarial en Cataluña está lejos de detenerse. Muy al contrario, la región ha perdido casi 5.000 firmas desde el referéndum ilegal del 1-O. La incertidumbre generada por esa consulta hizo que en 2017 cerca de 2.000 empresas salieran de Cataluña. Es obvio que la marcha de compañías se ralentizó, pero eso no quiere decir que Cataluña haya dejado de ser la comunidad autónoma que más empresas pierde cada año. De hecho, hasta septiembre de este año lidera de nuevo la clasificación, con 245 traslados de sede. A pesar de la contundencia de las cifras oficiales, el consejero de Economía de la Generalitat, Jaume Giró, sigue negando que el procés tengo algo que ver con la fuga de compañías o con la ralentización del crecimiento económico en el territorio. El “negacionismo” de Giró no es nuevo. Pero en la oposición política ha sido muy comentado que mantenga sus tesis a pesar de que “conoce a la perfección el alto número de empresas que, mes tras mes, mudan sus sedes”. “Resulta inadmisible que Giró sostenga que no ocurre nada cuando los datos demuestran las consecuencias que para Cataluña ha tenido el independentismo. De hecho, lideramos los traslados de domicilios fiscales y sociales desde 2012”, añaden en círculos políticos catalanes.

La electrificación del transporte avanza en Europa a dos velocidades distintas. Prueba de ello son las matriculaciones de vehículos electrificados en Alemania, Países Bajos o Noruega, frente a otros mercados en los que esta penetración va más despacio, como en el caso de España.

El fabricante de automóviles registrará unas ventas inauditas en 2022, y superará el beneficio previo al Covid en el año actual. Ojo al dato, inversor, porque las ganancias de la firma alemana están de rebajas: cotizan en bolsa en las 5,5 veces. | Todo sobre el fondo asesorado por elEconomista, Tressis Cartera Eco30.

Hace 15 años el motor de combustión era la única opción disponible entre aquellos que tomaban la decisión de adquirir un vehículo. Tres lustros después, los países incentivan la compra de modelos electrificados con el objetivo de descarbonizar el parque automovilístico.

La Fiscalía de Fráncfort ha impuesto una multa de 64,8 millones de euros al fabricante automovilístico Opel por incumplir requisitos de documentación en relación con las emisiones diésel en un caso que se remonta a hace más de cinco años.

Uno de los factores más determinantes a la hora de saber si merece la pena comprar un coche eléctrico es su mantenimiento. Un coste que implica un gasto mucho menor que su precio de compra, sin embargo esto supone todo lo contrario si se aplica en un coche de gasolina o diésel.

En agosto uno de cada cinco coches vendidos en Europa fue eléctrico o híbrido enchufable y el Volkswagen ID.3 fue el líder eléctrico.

Aunque aún no es nada oficial y solo una medida que contempla la Comisión Europea sobre el tablero del automóvil, para 2035 los coches de gasolina y diésel habrán desaparecido del nuevo parqué. Enmarcada bajo el objetivo de alcanzar la neutralidad de carbono en 2050, esta idea dará paso a las energías menos contaminantes para poner fin al tradicional combustible de las carreteras de todo el mundo. Sin embargo, para los amantes de la gasolina y el diésel aún quedará un resquicio al que agarrarse, denominado combustible CO2 neutral.

Las cosas cambian rápido cuando se trata de utilizar fuentes de energía verdes o renovables. Quizá, el cambio más representativo hoy en día es el de los coches eléctricos. También cabe mencionar el progreso generado en los camiones eléctricos, pero en este campo los cambios son más lentos por ahora. La gran dependencia del sector logístico con los camiones diésel, hace que sea más complicado el cambio hacia combustibles renovables.

La subida de los carburantes es habitual en los meses de verano. Así, el precio de la gasolina ha vuelto a subir esta semana, situándose en niveles de 2013, mientras que el gasóleo afronta su agosto más caro desde 2014. A continuación, tiene los mapas que muestran el precio de los combustibles por regiones.

En plena canícula, subida de la luz y, metidos en la contienda por el modelo fiscal que diferencia a unas formaciones de otras, el Partido Popular denunció la "agenda oculta" del Gobierno para imponer un 'hachazo fiscal' recogido someramente en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, enviado a la Unión Europa a cambio de 140.000 millones de euros.

Este mes la Comisión Europea ha presentado "Fit for 55", posiblemente el paquete reformista más ambicioso de la legislatura que, mediante la revisión o aprobación de hasta 13 Reglamentos y Directivas, supone una actualización integral de la legislación de la Unión Europea (UE) para alinearla con sus ambiciosos objetivos en política climática. Sin duda, estas reformas afectarán a la práctica totalidad de los sectores económicos, obligando a las empresas a realizar cambios significativos en sus operaciones y a impulsar planes de transformación sostenible.

Repsol incrementa sus objetivos de energías renovables e hidrógeno. Prevé instalar 800 MW más para alcanzar los 8.300 MW en España en el año 2025. Pero las aspiraciones de Repsol en el ámbito de las energías limpias no se limitan exclusivamente a nuestro territorio.

El proyecto presentado esta semana por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en materia de reducción de emisiones fija el año 2035 como el último en el que se puedan comercializar turismos y vehículos comerciales propulsados por motores de combustión interna (diésel, gasolina, gas e híbridos).

El modo en que la UE acelera sus metas para la transición energética hará que, desde 2035, quede prohibida la venta de automóviles nuevos de combustión. El anuncio, conocido esta semana, ensombrece aún más las perspectivas de futuro de este tipo de propulsiones, en especial del diésel.

La Comisión Europea presentó ayer uno de los paquetes legislativos más ambiciosos en décadas. Una auténtica revolución en el sector energético, del transporte o la construcción para facilitar que la UE consiga alcanzar la neutralidad climática (cero emisiones de CO2 netas) para 2050. La meta volante pasará por reducir las emisiones de CO2 al menos un 55% para 2030. Las 13 iniciativas aprobadas por el Ejecutivo comunitario bajo el título Fit for 55 representan el exigente camino para atar ese objetivo.

El malestar entre los gabinetes de comisarios y servicios de la Comisión Europea llevaba tiempo bullendo. La responsable es nada menos que la presidenta de la institución, la alemana Ursula von der Leyen. Critican su gestión centralista y bunkerizada, un estilo que quedó estampado en el ambicioso megapaquete aprobado este miércoles para reducir las emisiones de la UE al menos un 55% para 2030. Pero algunos este miércoles dijeron basta, y la revuelta estalló en la cara de la presidenta durante el colegio de comisarios, justo cuando le tocaba celebrar por la aprobación de uno de los paquetes más importantes de su mandato.

Bruselas presenta la primera parte de la reforma más profunda que experimentarán los impuestos ligados a la energía de las últimas décadas. Los muy ambiciosos objetivos de reducir las emisiones contaminantes de la UE (al menos) un 55% en 2030, y de eliminarlas por completo en 2050, plantean un difícil horizonte para los motores de combustión.

La Comisión Europea presentará este próximo 14 de julio una reforma que le permita alcanzar una reducción de emisiones del 55% para 2030. Bruselas pondrá sobre la mesa el paquete de medidas ("Fit for 55") en el que incluye una actualización de todo el cuerpo legislativo climático. Para lograrlo, la Comisión planteará un fuerte incremento de los impuestos energéticos con la intención de dar señales de precio sobre los consumos para alinearlos con los objetivos de reducción de emisiones. Es decir, aquellos carburantes con más emisiones -diésel o butano- serán los que recibirán una mayor carga impositiva.

La Comisión Europea ha impuesto una multa de 875 millones de euros a los grupos automovilísticos Volkswagen y BMW por participar durante cinco años en un cártel para evitar competir entre sí en las tecnologías de reducción de emisiones diésel.

Llega la época de mayores movilizaciones en carretera y, con ello, la siempre cuestión de en qué momento echar gasolina y qué estación de servicio elegir. Una decisión que puede llegar a marcar el ahorro este verano... o incluso a lo largo del año, pues son hasta 250 euros de diferencia los que la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) calcula entre una gasolinera cara y una barata.

Tras la imputación de Renault y Volkswagen, ahora la Justicia francesa ha imputado a Peugeot, marca gala propiedad del consorcio automovilístico Stellantis, por un supuesto fraude al consumidor en relación con la venta de vehículos diésel Euro 5 en Francia entre 2009 y 2015.

La Justicia francesa ha imputado al grupo Volkswagen, como también lo ha hecho con Renault, por la presunta utilización de dispositivos que ocultaban la dimensión real de las emisiones de partículas contaminantes de motores diésel en condiciones normales de utilización.

El expresidente del Grupo Volkswagen, Martin Winterkorn, abonará una indemnización de 11,2 millones de euros al consorcio automovilístico alemán por el escándalo de manipulación de emisiones, denominado dieselgate, que destapó la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de Estados Unidos en 2015.

El fabricante francés Renault anunció ayer que ha sido imputado por "engaño" en los dispositivos de control de emisiones contaminantes de los vehículos diésel.

La vicepresidenta cuarta y ministra de Transformación Ecológica, Teresa Ribera, lleva meses diciendo que la reforma de la tarifa eléctrica iba a bajar el precio de la luz. Pero resultó que es mentira. Comparado con mayo del año pasado, cuando la actividad era prácticamente inexistente por culpa del Covid, los precios crecieron el 44 por ciento. ¿Por qué se coló la ministra? La culpa la tiene el CO2, que más que se duplicó. El mercado eléctrico es marginalista debido al ordenamiento de la Unión Europea, lo que significa que la energía más cara determina el precio del pool para el resto. De manera que el gas, con 50 euros en impuestos por tonelada de CO2, encarece a las demás.

El Gobierno ha doblado la apuesta sobre su programa para subir los impuestos a los carburantes. Moncloa ya estudiaba antes de la pandemia equiparar los precios de la gasolina y el diésel a través de gravar más los Impuestos Especiales (IIEE) del gasóleo. Sin embargo, la propuesta se paralizó durante la negociación de los Presupuestos Generales del Estado para este año. Ahora, el plan es subir los impuestos tanto al diésel como a la gasolina para equiparar los precios al de los países del entorno.