El responsable del cumplimiento normativo de las empresas es responsable penal de los delitos cometidos por la empresa y no denunciados. La afirmación, aunque con voces jurídicas contrarias, gana terreno en los debates jurídicos sobre la figura del compliance officer.
Las empresas españolas aún presentan algunas carencias en la incorporación y desarrollo de sistemas de compliance en sus respectivos sectores de actividad. En un momento en el que es imprescindible contar con un sistema de gestión de cumplimiento penal con independencia del tamaño o de la actividad de una compañía, gran parte de los empresarios reconocen no contar con un modelo integrado conforme a la normativa española y demás estándares internacionales de referencia.
Las investigaciones internas que realiza la empresa cuando sospecha que un empleado o directivo le está robando deben respetar los derechos fundamentales del sospechoso si quiere que las pruebas obtenidas y las conclusiones se admitan en un juicio posterior.
Las multas impuestas a las empresas por incumplimientos en los planes de cumplimiento normativo -'compliance'- suman un total de 2.045 millones de euros, desde la reforma del Código Penal en 2015, que introdujo la responsabilidad penal de las personas jurídicas.
El Tribunal Supremo avala el uso de denuncias anónimas para poner en conocimiento de los responsables de la empresa de la existencia de prácticas delictivas y que se inicie una investigación interna, sin que sea necesario identificar al autor.
México
Argentina
Chile
Colombia
Perú
