Compromís

Enfado de los profesores con el plan 2050

Las críticas que Pedro Sánchez ha recibido de su plan 2050 han sido constantes por la incoherencia que supone definir un futuro a "larguísimo plazo" cuando aún no se ha solucionado el presente, que está protagonizado por la crisis del Covid. Cuentan que uno de los colectivos que con mayor énfasis ha mostrado su enfado es el de los profesores. Para empezar, critican que el plan 2050 del Gobierno no aporte solución alguna a los múltiples problemas que padece el sistema educativo español. "El plan no dice nada al respecto de la interinidad del profesorado ni de qué se va a hacer para que dejemos de aparecer a la cola en los informes PISA", se quejan en un sindicato de profesores. Los docentes también presentan dudas al respecto de la reducción de 800.000 estudiantes para 2050 que anunció el presidente. "No se sabe a qué expertos ha consultado. Parece todo de ciencia ficción", aseguran. No obstante, el aspecto que más ha irritado a los profesores es que se les ofrezca una hoja de ruta a 30 años vista para la Educación cuando ni siquiera les han explicado cómo tienen que implantar la Ley Celaá, que ya está aprobada, a partir del próximo curso. Se comenta que los sindicatos ya han elevado sus quejas al equipo de la ministra Isabel Celaá. "Estamos a la espera de respuestas", dicen.

Nueva grieta entre los distintos departamentos dirigidos por Compromís y PSPV en la Generalitat Valenciana. La Conselleria de Hacienda rebate en sus alegaciones al borrador elaborado por la Conselleria de Economía el modelo legal planteado por el que Feria Valencia y la Institución Ferial Alicantina (IFA) se transformarían en corporaciones privadas de interés público para cerrar su rescate.

La brecha por la gestión de la emergencia sanitaria entre los socios del Gobierno valenciano de coalición se agrava a medida que crecen las cifras de contagiados y hospitalizados. Compromís ha hecho público un comunicado en que reclama medidas más restrictivas a las impuestas por el Consell, como ya había hecho Unidas Podemos.

Las aguas siguen estando revueltas entre las dos cabezas visibles del Gobierno valenciano de coalición, el presidente Ximo Puig y la líder de Compromís, Mónica Oltra. Al más puro estilo de Donald Trump, a través de una red social, la vicepresidenta ha rebajado la Estrategia Valenciana de Recuperación de Puig a un "documento de trabajo".

La conselleria de la vicepresidenta carga contra Hacienda por incluir cifras distintas y cambiar la distribución de las partidas pactadas por el Gobierno de coalición.

El Gobierno valenciano presenta el anteproyecto de la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos de 2021 sin recoger los nuevos impuestos verdes y el cambio del IRPF que presentó su socio, aunque su tramitación parlamentaria podría introducir cambios.

El apoyo de los 10 diputados de Ciudadanos comprometido este miércoles por la presidenta del partido naranja, Inés Arrimadas, en la reunión que mantuvo con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha despejado bastante las puertas para que el Gobierno del PSOE-Unidas Podemos aprueben los Presupuestos Generales del Estados. Pero también, ha abierto una brecha con socios de izquierda del Gobierno que podría desencadenar unas reacciones totalmente incontroladas.

Tan solo han pasado siete meses desde la reedición del acuerdo de gobierno de izquierdas en la Comunitat Valenciana, al que Podemos se incorporó como lo hace el menor de los hermanos a un negocio familiar. Aquella fue la lectura, la de que Unides Podem-EUPV entraba con dos consellerias menores de las doce a repartir (Vivienda y Transparencia, una para cada pata de la alianza electoral entre los 'podemitas' y Esquerra Unida). Aunque el candidato de aquella lista, Rubén Martínez Dalmau, arañó la categoría de vicepresidente segundo, nada hacía presagiar que esta irrupción podría llegar a hacer sombra a Compromís, que obtuvo el liderazgo de cuatro consellerias con la todopoderosa Mónica Oltra como vicepresidenta primera del Consell. El PSPV de Ximo Puig se reservó los seis departamentos restantes.

El puzzle para la formación de Gobierno ha encajado todas las piezas aunque la investidura de Pedro Sánchez sigue siendo incierta y, en todo caso, no garantiza unos Presupuestos. Sin embargo, las peticiones son tan regionalistas que cuesta imaginar un proyecto de país. Todos y cada uno de los actores en los que se apoyarán Pedro Sánchez y Pablo Iglesias han buscado en sus acuerdos de investidura el bien personal antes que el comunitario, por lo que las tensiones no tardarán en aparecer cuando en las listas de promesas se antepongan unas a otras.

El portavoz de Compromís en el Congreso, Joan Baldoví, ha asegurado este martes que está "más cerca" de llegar a un acuerdo con el PSOE para apoyar la investidura del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, tras constatar "un acercamiento de posturas" en los últimos días.

La portavoz del PSOE en el Congreso, Adriana Lastra, ha iniciado este martes la ronda de reuniones con todos los partidos con representación parlamentaria con vistas a la investidura de Pedro Sánchez, que fue quien anunció dichos encuentros tras ser designado candidato por el Rey.

Los letrados del Congreso no avalan ninguno de los dos grupos parlamentarios planteados para dividir el Grupo Mixto, ni el Múltiple que han presentado Junts, Más País, Compromís y BNG, ni el de España Plural impulsado por UPN, Coalición Canaria, el Partido Regionalista de Cantabria (PRC) y Teruel Existe. En ambos casos, según aseguran a Europa Press fuentes parlamentarias, los servicios jurídicos de la Cámara argumentan que no se cumplen los requisitos.

Colau pretende seguir la guerra contra Agbar

La sentencia del Tribunal Supremo, que avaló a la empresa controlada por Agbar para gestionar el agua en Barcelona, no ha sentado bien a Ada Colau. Tanto es así que la alcaldesa de la Ciudad Condal ha declarado que el fallo es "inusual" y que el Alto Tribunal "va en contra del sentido común" al apoyar a la empresa. De hecho, Colau fue más allá e insinuó que Agbar tiene influencia en las decisiones de la Justicia. Pues bien, parece que a la primera edil no le basta con lo dicho y planea prolongar la guerra que mantiene con Agbar por remunicipalizar la gestión del agua en el área metropolitana de Barcelona. Al menos eso indican desde su entorno al afirmar que Cola recurrirá a la vía legislativa para cambiar el modelo de gestión del agua. "Está empeñada en recuperar el control del servicio y su equipo ya prepara una ley para evitar que Agbar lo siga ofreciendo", avisan fuentes de Barcelona en Comú. Ahora bien, "si cambia la normativa, la empresa podrá recurrir de nuevo a la vía judicial, por lo que el conflicto seguirá abierto", advierten desde un bufete.

La vicepresidenta del Gobierno Valenciano, Mónica Oltra, atiende a elEconomista a las puertas de las elecciones generales del 10 de noviembre, unos comicios que, a juicio de la líder de Compromís, son una muestra de "impotencia política". A los mismos su coalición concurre de la mano de Más País, la formación que lidera Íñigo Errejón y en la que, según asegura, nunca cambiarán las reivindicaciones de su partido ante temas importantes como la infrafinanciación de la Comunitat Valenciana. Precisamente esta cuestión suscita una de sus principales críticas al Ejecutivo socialista de Pedro Sánchez, a quien afea un balance "decepcionante" en lo que refiere a "los problemas territoriales fundamentales" en sus 17 meses como presidente.

Compromís ya ha elegido: la formación valenciana negociará una alianza de cara a las elecciones del 10 de noviembre con Íñigo Errejón antes que con Pablo Iglesias si no es posible una alianza que aglutine a todos los actores en liza. Así lo ha decidido la dirección del partido tras una reunión este lunes. La formación consultará la decisión a sus bases.

Pedro Sánchez busca hacer la 'envolvente' a Unidas Podemos de cara a un nuevo intento de investidura. Además de mantener reuniones con distintos agentes sociales y personalidades de la sociedad civil en busca de una ampliación programática, el presidente del Gobierno en funciones y candidato del PSOE se empieza a arremangar para hacer lo que no hizo estos pasados meses: reunirse en persona con los grupos minoritarios en el Congreso y buscar su apoyo para ponérselo más difícil a Pablo Iglesias.

Es la cara y la voz de Compromís en el Congreso, un valencianista convencido que tomó su bautismo dé fe en política como militante del Bloc Nacionalista Valencià y ha sido casi todo lo que se puede ser en la cosa pública desde concejal a alcalde, hasta Diputado nacional en las últimas legislaturas. Cuando a Joan Baldoví i Roda (Sueca, Valencia 1958), le preguntas, a bocajarro, como se siente al ser reiteradamente, según las últimas encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), el político mejor valorado, no solo de su tierra (Valencia) sino de España, habla de cercanía y humildad y dice que eso le da "un plus de responsabilidad ante sus electores". Afirma que es muy posible que el secreto de su éxito esté en huir de los estereotipos y en buscar alternativas dialogando. Tal vez por eso lamenta profundamente que la falta de consensos haya desembocado en la investidura fallida de Pedro Sánchez y califica de "gravísimo error" que el debate haya quedado reducido sólo a un reparto de ministerios. Es un hombre afable y cordial, muy correcto y educado en las formas, pero implacable en el fondo que huye de hacer gestos solo de cara a la galería.

Se preguntó este lunes Joan Baldoví, de Compromís –posible socio de investidura–, si el discurso de Pedro Sánchez es el que se dejó hecho el viernes pasado, o ha sido redactado ad hoc. Porque de haberlo redactado en el último momento, le resulta inverosímil que en las dos largas horas que empleó Sánchez para desgranar su programa de Gobierno no haya dicho apenas nada de la territorialidad de España, no haya hecho mención alguna sobre Cataluña o, tampoco se haya pronunciado acerca de la financiación autonómica. Así pues, y de no cambiar el tono de las réplicas y las explicaciones del presidente, de Compromís no llegará  más allá que a la abstención. En directo | Siga aquí el debate de investidura.

Las cifras del déficit de las autonomías entre los meses de enero y abril de este año, un periodo a mirar con lupa por tratarse del cuatrimestre previo a las elecciones autonómicas, alumbraron un dato más que sonrojante en la Comunitat Valenciana.

El PSOE ha citado para este miércoles en el Congreso al Partido Nacionalista Vasco (PNV), Coalición Canaria (CC), Unión del Pueblo Navarro (UPN), Compromís y el Partido Regionalista Cántabro (PRC) para comenzar a tantear los apoyos con los que puede contar con vistas a la investidura de Pedro Sánchez.

El diputado de Ciudadanos, Toni Cantó, ha anunciado este domingo que se presentará como candidato de las primarias de Cs para la Generalitat Valenciana para "desalojar del Palau de la Generalitat" al Consell del Botànic. "No tenemos por qué elegir entre la corrupción y la mala gestión del Partido Popular y el pancatalanismo del 'PSC valenciano' -en referencia al PSPV-PSOE- y de Compromís", ha declarado.

El derecho a cobrar una pensión está garantizado en el artículo 50 de la Constitución, que afirma que los poderes públicos deben proteger mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas la suficiencia económica de los ciudadanos durante la tercera edad.

El PP es el único de los partidos políticos representados en el Pacto de Toledo que rechaza un blindaje de las pensiones mediante una reforma de la Constitución que regle el derecho como fundamental. Así lo puso de manifiesto diputada del PP, Pilar Marcos, durante el debate sobre El blindaje constitucional de las pensiones, organizado por el Grupo Parlamentario Mixto y la Mesa por el Blindaje de las Pensiones (MERP) en el Congreso de los Diputados este jueves, asegurando que en el Capítulo primero de la Carta Magna ya se presenta esa garantía en su artículo 50 como un principio rector de las políticas públicas a llevar a cabo por los legisladores.

Los Presupuestos Generales del Estado de 2019 llegan este lunes al Congreso de los Diputados para iniciar su trámite, que será clave en la legislatura de Pedro Sánchez, ya que si no prosperan cobraría fuerza la idea de un adelanto electoral. La primera votación podría tener lugar el 13 de febrero, tras el debate de las enmiendas a la totalidad. 

Como era previsible, el Partido Popular y Ciudadanos rechazaron de plano el viernes los Presupuestos. El primero en reaccionar fue el presidente del PP, Pablo Casado, para quien el proyecto de Cuentas Públicas que acaba de aprobar en Consejo de Ministros es sencillamente letal para la economía española, ya que se reduce a subir impuestos para pagar una campaña electoral infinita.

El Gobierno aprobará en el Consejo de Ministros de este viernes la remisión a las Cortes del proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2019, para lo que no tiene asegurados aún los apoyos necesarios, e irán acompañados de una rebaja de una décima de su previsión de crecimiento para este año, hasta el 2,2%.

El Gobierno de Pedro Sánchez llevará la próxima semana al Congreso su proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2019, que en febrero, previsiblemente en la primera semana, se someterán a su primer examen en la Cámara Baja.

Los Presupuestos de 2018 se prorrogan este martes, 1 de enero, de forma automática, después de que el nuevo año llegue sin que se hayan aprobado unos Presupuestos Generales del Estado que el Gobierno espera sacar adelante en los próximos meses, para lo que intenta recabar los apoyos parlamentarios necesarios para aprobar un proyecto de cuentas públicas que presentará en el Congreso de los Diputados a finales de enero o principios de febrero.

El Senado ha rechazado este jueves la senda de déficit del 1,8% propuesta por el gobierno de Pedro Sánchez, por lo que tendrá que presentar sus Presupuestos del Estado con la senda de déficit que lo hizo el anterior Ejecutivo del Partido Popular, del 1,3%. Esto supondría 6.000 millones de euros menos de gasto.

Esta tarde, el Gobierno socialista de Pedro Sánchez ha obtenido el rechazo de la mayoría de la Cámara Alta – conformada por los 130 senadores con los que cuenta el Partido Popular– a la senda del déficit del 1,8%, previsto para el cálculo de sus Presupuestos Generales. El Grupo Socialista en el Congreso ya ha anunciado un recurso ante el Constitucional, por entender que el veto del Senado es ilegal. Pero lo cierto es que según la Ley de Estabilidad Presupuestaria vigente, Sánchez tendrá que corregir las Cuentas Públicas de 2019 echando mano de los objetivos de déficit del Ejecutivo de Rajoy, el 1,3%, con lo que se quedará aproximadamente con 6.000 millones menos de margen para el año que viene para gasto social. Además, el fallo del Constitucional puede retrasarse, y nada garantiza que el fallo sea a favor. Por eso, estos son los pasos que a partir de ahora tendrá que seguir: