El Tribunal Supremo ha decidido suspender la admisión de nuevos recursos de casación sobre el Indice de referencia de préstamos hipotecarios (IRPH) hasta el próximo 30 de septiembre, cuando se pronunciará acerca de los aceptados hasta el momento.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dictado una importante Sentencia en fecha 16 de julio de 2020 (asuntos acumulados C-224/19 y 259/19), resolviendo sobre quince cuestiones prejudiciales planteadas por dos Juzgados españoles en relación con la abusividad de cláusulas insertas en préstamo hipotecarios. Concretamente se ha abordado las consecuencias de la nulidad de la cláusula de imposición de gastos, la prescripción de la acción restitutoria asociada a la nulidad, comisión de apertura y la condena en costas en casos en que se estime la nulidad de una cláusula pero en cambio sea procedente una restitución parcial.
La factura de la banca por asumir la totalidad de las costas en los pleitos de cláusulas abusivas podría elevarse a 1.500 millones de euros, teniendo en cuenta los asuntos ingresados en los juzgados especializados que suman alrededor de 470.000 desde 2017 y la media del importe por costas a aplicar a los mismos (por procedimientos de cuantía indeterminada), de 3.000 euros.
Los fallos judiciales del Tribunal de Justicia Europeo (TJUE) de los últimos cuatro años y el del Tribunal Supremo de este año en el caso de las tarjetas revolving han enmendado la plana a las entidades, que en el caso de que todos los clientes afectados reclamaran y se les diera la razón, el peor escenario, podrían afrontar devoluciones por hasta 66.600 millones de euros. Sin embargo, es difícil que todos los usuarios afectados por estas cláusulas acaben tomando medidas. En el caso de los consumidores con cláusulas suelo, a pesar de abrirse un arbitraje extrajudicial a inicios de 2017 por el que ya más de 533.000 clientes han pedido compensaciones, las asociaciones de consumidores estiman que hay otro medio millón de hipotecados que no han reclamado.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha dictaminado este jueves que las cláusulas suelo renegociadas de hipotecas pueden ser examinadas por un juez y volver a ser declaradas abusivas. De hecho declara ilegal que los bancos obliguen a los clientes a renunciar a acciones legales tras la renovación del contrato.
El Consejo General del Poder Judicial, el Ministerio de Justicia y las comunidades autónomas han coincidido en la conveniencia de prorrogar durante seis meses más el plan de especialización en cláusulas abusivas en los 20 órganos judiciales donde éste vencerá el próximo 30 de junio.
El Código Civil de 1889 no incluyó previsión expresa sobre la posible revisión o resolución de los contrato por alteración sobrevenida de las circunstancias y no obstante la conocida doctrina canónica de la llamada "cláusula rebus sic stantibus".
Las condiciones generales de un contrato de seguro de accidentes deben ser firmadas por el asegurado y no vale que únicamente haya firmado las particulares, aunque en éstas últimas exista una remisión genérica a las primeras, según establece el Tribunal Supremo, de 2 de marzo de 2020, que establece jurisprudencia, al reiterar la doctrina marcada por la sentencia de 14 de julio de 2015.
Las entidades bancarias españolas devolvieron 67,5 millones de euros a más de 13.000 afectados por las cláusulas suelo a través del mecanismo extrajudicial durante el ejercicio 2019, según los datos facilitados a la comisión de seguimiento consultados por Europa Press.
Los afectados por las hipotecas referenciadas a IRPH se preparan para la decisión adoptada por el Tribunal de Justicia Europeo (TJUE), que se conocerá este martes. Los clientes, amparados por las asociaciones de consumidores, se plantean reclamar al Gobierno y a la banca la puesta en marcha de un proceso extrajudicial similar al de las cláusulas suelo para acelerar las devoluciones en el caso de que la sentencia sea favorable a sus intereses. Es decir, que mantenga la puerta abierta a devoluciones del dinero cobrado de más en los créditos por abusividad y falta de transparencia en los contratos.
La banca española ha devuelto hasta diciembre del año pasado un total de 2.308 millones de euros a los clientes por tener su contrato hipotecario 'cláusula suelo', según los últimos datos aportados hoy por el Ministerio de Economía. Además, las entidades están pendiente de recibir respuesta de los clientes en 24.239 casos para devolverles otros 67,8 millones de euros, una vez la obtengan, la cifra de devoluciones alcanzará los 2.375,9 millones de euros.
No anula el contrato una cláusula de vencimiento anticipado con una sola mensualidad impagada, considerada abusiva en un crédito al consumo, no hipotecario, si la entidad prestamista no la aplicó literalmente, sino que soportó un periodo amplio de morosidad antes de ejercitarla.
El Abogado General de la Unión Europea, Saugmandsgaard Øe, avala las renegociaciones de los bancos con sus clientes en materia de cláusulas suelo para evitar acudir a los Tribunales. En sus conclusiones presentadas hoy, el magistrado considera que, en estos casos, el cliente ha podido negociar con la entidad y que estas actuaciones para evitar la vía judicial son transparentes, siempre que la cláusula nueva pase el examen de abusividad de la Unión Europea.
La nulidad de una cláusula suelo por falta de transparencia no impide que el consumidor pueda más tarde, por iniciativa suya, con pleno conocimiento y mediante una negociación con el banco, pactar un suelo inferior a aquel inicialmente convenido en una cláusula nula por falta de transparencia, según establece el Tribunal Supremo, en sentencia de 17 de diciembre de 2019.
La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha determinado que la extinción de un préstamo hipotecario no impide que el cliente recupere el dinero indebidamente cobrado por las cláusulas suelo abusivas.
El número de asuntos pendientes de resolución en los Juzgados epecializados en cláusulas abusivas al finalizar el segundo trimestre del año fue de 255.247, lo que supone una reducción del 2,25% respecto a los 261.122 asuntos que quedaban por resolver el pasado 31 de marzo.
