La Directiva de Cláusulas Abusivas no se opone a una normativa nacional que, en el marco de la tasación de las costas de un procedimiento prevé un límite máximo para los honorarios de abogado que el profesional condenado en costas debe reembolsar al consumidor que ha visto estimadas sus pretensiones, según establece el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en una sentencia de 6 de octubre de 2021.
El Pleno del tribunal Constitucional, en sentencia de 16 de septiembre de 2021, considera que no cabe la exención de pago de las costas judiciales a los bancos en determinados supuestos por ser contrarias al principio de igualdad y protección de los derechos de los consumidores que establece la Constitución.
A los consumidores que han suscrito préstamos denominados en moneda extranjera y que ignoren el carácter abusivo de la cláusula incluida en el contrato de préstamo no se les puede imponer ningún plazo de prescripción para obtener la devolución de las cantidades abonadas sobre la base de esta cláusula.
La Audiencia Provincial de Oviedo ha condenado a Deutsche Bank a pagar los gastos de tasación de un préstamo en una sentencia pionera. Esta llega sin que el Tribunal Supremo (el órgano judicial de última instancia en España) se haya pronunciado sobre a quién corresponde su abono.
Es válido modificar a la baja el tipo de interés mínimo de una cláusula suelo, declarada abusiva, por lo que tan solo se considerará válida en el contrato de crédito hipotecario la nueva cláusula y no la originaria, según determina el Tribunal Supremo, en sentencia de 5 de noviembre de 2020, que recoge el acuerdo del Pleno de la Sala de lo Civil del Alto Tribunal, que es conforme con la doctrina aprobada por el propio Pleno, el 11 de abril de 2018, a la luz de la doctrina establecida por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), en su sentencia de 9 de julio de 2020.
El Tribunal Supremo reunirá al Pleno de la Sala de lo Civil a lo largo de este miércoles para pronunciarse sobre cinco recursos relacionados con las hipotecas ligadas al Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios (IRPH) y fijar un criterio claro al que los jueces puedan atenerse para decidir si el índice es abusivo por falta de transparencia y las consecuencias de su uso. El Alto Tribunal se reúne después de tener que cancelar la vista que iba a celebrar el 30 de septiembre a causa de estar el presidente de la sala, Francisco Marín Castán, en cuarentena por contacto con un positivo por coronavirus.
Las entidades de la zona euro han devuelto 416.000 millones de euros desde 2008, en plena eclosión de la crisis financiera mundial, por cláusulas abusivas y delitos financieros. La Autoridad Bancaria Europea (EBA, por sus siglas en inglés) señala que varios de los litigios que han tenido que afrontar las entidades en los últimos años están relacionados con la venta indebida de seguros de protección de pagos (PPI), mala conducta en materia de delitos financieros o la venta de instrumentos de deuda, un producto complejo, a clientes minoristas.
El Tribunal Supremo ha confirmado que las costas de una demanda por cláusulas abusivas que haya sido totalmente estimada no debe asumirlas el cliente, sino el banco, pues de lo contrario se disuadiría a los consumidores por promover litigios por cantidades moderadas.
Es nula una cláusula de rendimiento mínimo, impuesta unilateralmente por la empresa, quien se reserva modificar los objetivos en cualquier momento, fuere cual fuere la intensidad de la medida.
El Tribunal Supremo ha decidido suspender la admisión de nuevos recursos de casación sobre el Indice de referencia de préstamos hipotecarios (IRPH) hasta el próximo 30 de septiembre, cuando se pronunciará acerca de los aceptados hasta el momento.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dictado una importante Sentencia en fecha 16 de julio de 2020 (asuntos acumulados C-224/19 y 259/19), resolviendo sobre quince cuestiones prejudiciales planteadas por dos Juzgados españoles en relación con la abusividad de cláusulas insertas en préstamo hipotecarios. Concretamente se ha abordado las consecuencias de la nulidad de la cláusula de imposición de gastos, la prescripción de la acción restitutoria asociada a la nulidad, comisión de apertura y la condena en costas en casos en que se estime la nulidad de una cláusula pero en cambio sea procedente una restitución parcial.
La factura de la banca por asumir la totalidad de las costas en los pleitos de cláusulas abusivas podría elevarse a 1.500 millones de euros, teniendo en cuenta los asuntos ingresados en los juzgados especializados que suman alrededor de 470.000 desde 2017 y la media del importe por costas a aplicar a los mismos (por procedimientos de cuantía indeterminada), de 3.000 euros.
Los fallos judiciales del Tribunal de Justicia Europeo (TJUE) de los últimos cuatro años y el del Tribunal Supremo de este año en el caso de las tarjetas revolving han enmendado la plana a las entidades, que en el caso de que todos los clientes afectados reclamaran y se les diera la razón, el peor escenario, podrían afrontar devoluciones por hasta 66.600 millones de euros. Sin embargo, es difícil que todos los usuarios afectados por estas cláusulas acaben tomando medidas. En el caso de los consumidores con cláusulas suelo, a pesar de abrirse un arbitraje extrajudicial a inicios de 2017 por el que ya más de 533.000 clientes han pedido compensaciones, las asociaciones de consumidores estiman que hay otro medio millón de hipotecados que no han reclamado.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha dictaminado este jueves que las cláusulas suelo renegociadas de hipotecas pueden ser examinadas por un juez y volver a ser declaradas abusivas. De hecho declara ilegal que los bancos obliguen a los clientes a renunciar a acciones legales tras la renovación del contrato.
El Consejo General del Poder Judicial, el Ministerio de Justicia y las comunidades autónomas han coincidido en la conveniencia de prorrogar durante seis meses más el plan de especialización en cláusulas abusivas en los 20 órganos judiciales donde éste vencerá el próximo 30 de junio.
El Código Civil de 1889 no incluyó previsión expresa sobre la posible revisión o resolución de los contrato por alteración sobrevenida de las circunstancias y no obstante la conocida doctrina canónica de la llamada "cláusula rebus sic stantibus".
Las condiciones generales de un contrato de seguro de accidentes deben ser firmadas por el asegurado y no vale que únicamente haya firmado las particulares, aunque en éstas últimas exista una remisión genérica a las primeras, según establece el Tribunal Supremo, de 2 de marzo de 2020, que establece jurisprudencia, al reiterar la doctrina marcada por la sentencia de 14 de julio de 2015.
Las entidades bancarias españolas devolvieron 67,5 millones de euros a más de 13.000 afectados por las cláusulas suelo a través del mecanismo extrajudicial durante el ejercicio 2019, según los datos facilitados a la comisión de seguimiento consultados por Europa Press.
Los afectados por las hipotecas referenciadas a IRPH se preparan para la decisión adoptada por el Tribunal de Justicia Europeo (TJUE), que se conocerá este martes. Los clientes, amparados por las asociaciones de consumidores, se plantean reclamar al Gobierno y a la banca la puesta en marcha de un proceso extrajudicial similar al de las cláusulas suelo para acelerar las devoluciones en el caso de que la sentencia sea favorable a sus intereses. Es decir, que mantenga la puerta abierta a devoluciones del dinero cobrado de más en los créditos por abusividad y falta de transparencia en los contratos.
La banca española ha devuelto hasta diciembre del año pasado un total de 2.308 millones de euros a los clientes por tener su contrato hipotecario 'cláusula suelo', según los últimos datos aportados hoy por el Ministerio de Economía. Además, las entidades están pendiente de recibir respuesta de los clientes en 24.239 casos para devolverles otros 67,8 millones de euros, una vez la obtengan, la cifra de devoluciones alcanzará los 2.375,9 millones de euros.
No anula el contrato una cláusula de vencimiento anticipado con una sola mensualidad impagada, considerada abusiva en un crédito al consumo, no hipotecario, si la entidad prestamista no la aplicó literalmente, sino que soportó un periodo amplio de morosidad antes de ejercitarla.
El Abogado General de la Unión Europea, Saugmandsgaard Øe, avala las renegociaciones de los bancos con sus clientes en materia de cláusulas suelo para evitar acudir a los Tribunales. En sus conclusiones presentadas hoy, el magistrado considera que, en estos casos, el cliente ha podido negociar con la entidad y que estas actuaciones para evitar la vía judicial son transparentes, siempre que la cláusula nueva pase el examen de abusividad de la Unión Europea.
La nulidad de una cláusula suelo por falta de transparencia no impide que el consumidor pueda más tarde, por iniciativa suya, con pleno conocimiento y mediante una negociación con el banco, pactar un suelo inferior a aquel inicialmente convenido en una cláusula nula por falta de transparencia, según establece el Tribunal Supremo, en sentencia de 17 de diciembre de 2019.
La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha determinado que la extinción de un préstamo hipotecario no impide que el cliente recupere el dinero indebidamente cobrado por las cláusulas suelo abusivas.
El número de asuntos pendientes de resolución en los Juzgados epecializados en cláusulas abusivas al finalizar el segundo trimestre del año fue de 255.247, lo que supone una reducción del 2,25% respecto a los 261.122 asuntos que quedaban por resolver el pasado 31 de marzo.