Cepyme

Las patronales insisten en remarcar la inconveniencia de subir el salario mínimo interprofesional (SMI) este año y advierten de los efectos perjudiciales sobre el empleo que tendrá la medida que está a punto de aprobar el Gobierno. En concreto, desde Cepyme han calculado que subir el SMI 19 euros este año, hasta los 969 euros mensuales por 14 pagas, y elevarlo hasta los 1.000 el que viene, tendría un impacto negativo para entre 60.000 y 130.000 puestos de trabajo hasta 2023.

Nadie quiere deshojar el efecto perverso que puede tener la subida del SMI en las trascendentales negociaciones que mantiene el Gobierno con los agentes sociales en materias de calado. En los próximos meses debe decidirse un nuevo marco de las relaciones laborales y la solidez financiera de las cuentas de la Seguridad Social para la próxima década. Incluso asuntos más perentorios, como el futuro de los más de 250.000 personas que actualmente están viviendo de los Ertes que miran, con lógica preocupación, al 30 de septiembre cuando se les acaba la cobertura legal. Su panorama puede ponerse negro si Gobierno, sindicatos y empresarios no encuentran una solución para ellos y sus empresas.

El diálogo entre Trabajo y los agentes sociales para acordar la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) está estancado. Aunque el Gobierno puede decidir de manera unilateral las condiciones de la mejora, la estrategia de la vicepresidenta Yolanda Díaz siempre pasa por intentar contar con el apoyo de patronal y sindicatos. En esta ocasión la negociación está obstruida, con los representantes de los empresarios en el 'no' rotundo y los de los trabajadores intentando apurar el hilo de comunicación que el Ministerio ha dejado abierto esta semana confiando en un acuerdo de última hora.

No hay acuerdo sobre la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) que el Gobierno ha confirmado se va a producir para el último tramo del presente año. La reunión mantenida el lunes por el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, con los empresarios y los sindicatos se cerró sin pacto, pero con una confusión respecto a la continuidad del diálogo. Según explicaron los negociadores de CCOO y de UGT -no hubo comentarios ni del Ministerio ni de la patronal CEOE a este respecto- ya no se celebrarán nuevas reuniones, aunque se mantendrán contactos informales para seguir tanteando un acuerdo, algo que no descartaron los sindicatos. Fuentes empresariales consultadas por el elEconomista reconocen que si el Gobierno opta por una subida del SMI para este año se tensarán las relaciones con las patronales, dificultándose así otras negociaciones pendientes, tales como la prórroga de los Ertes, cuya mesa se debe abrir en los próximos días; la reforma laboral, que debería contar con un borrador en octubre; y la segunda fase de la reforma del Sistema para apuntalar la sostenibilidad de las pensiones.

El Ministerio de Trabajo, los sindicatos CCOO y UGT y las patronales CEOE y Cepyme no han logrado llegar este lunes a un acuerdo sobre la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) que el Gobierno aplicará de manera "inmediata", en palabras del presidente Pedro Sánchez, pero seguirán negociando "de manera informal", aunque por el momento no hay nueva fecha para la mesa de negociación. El desencuentro se produce el mismo día en el que la titular de Trabajo, Yolanda Díaz, y la vicepresidenta Nadia Calviño han vuelto a discrepar en las fechas en las que se hará efectiva la medida.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha avanzado este miércoles que "la voluntad del Gobierno" es aprobar la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) de manera "inmediata" para lo que queda de año. Así lo ha indicado durante el acto de apertura del curso político celebrado en la Casa de América, donde ha presentado los planes del Ejecutivo para esta etapa.

La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) ha reiterado este viernes que no considera que sea momento para subir el salario mínimo interprofesional (SMI), tras ser convocada por el Gobierno, junto a sindicatos y la patronal Cepyme, para abordar este aumento. La Confederación de Antonio Garamendi se apoya en que no es momento de subir el SMI, tal y como recoge Europa Press, amparándose en la necesidad de mantener el empleo y no hacerlo peligrar con un aumento de este mínimo legal.

La entrevista se concierta a modo de balance del primer semestre y tan solo horas antes de que inicie las vacaciones en familia: "Ha sido un año muy duro y es conveniente cargar las pilas y tener un poco de tranquilidad para los importantes retos que tenemos por delante", señala. Antonio Garamendi, la cara y la voz de los empresarios españoles (Getxo, 1958), licenciado en Derecho por Deusto, es un hombre amable y educado, de sonrisa fácil, que ha adoptado una estrategia absolutamente pragmática respecto al Gobierno de coalición.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha comunicado a empresas y sindicatos que la negociación para el nuevo Estatuto de los Trabajadores debe estar cerrada en el mes de octubre, según fuentes de los negociadores. De hecho, los dos últimos borradores del Real Decreto-Ley, de modernización de las relaciones laborales (del 14 de julio y del 30 de junio) tiene como fecha el mes de septiembre. El Gobierno se ha comprometido con Bruselas a que esta reforma esté finalizada antes de que acabe el año, lo que implica que debe como mínimo en debate parlamentario.

CEOE-Cepyme ha rechazado la reforma laboral del Ministerio de Trabajo que dirige la vicepresidenta tercera Yolanda Díaz al considerar "inaceptable" la propuesta con la que se pretende modernizar el mercado laboral.

Los economistas advierten de que no presentar el concurso en plazo puede tener consecuencias tanto para la viabilidad de la empresa como para la calificación del concurso y recomienda tener un buen control financiero en la empresa para prever la potencial insolvencia. El Consejo General de Economistas y Cepyme presentaron la Guía de actuación de la empresa ante la insolvencia.

La Plataforma del Tercer Sector capitanea hace semanas una campaña para que las empresas consignen la casilla solidaria en su Impuesto de Sociedades durante el segundo periodo de autoliquidación del tributo, que comprende del 1 de julio al 30 de noviembre de 2021. El marcado de la citada casilla no supone un sobrecoste para las empresas pero ayuda a la lucha frente a la desigualdad, máxime tras el azote de la pandemia de coronavirus.

La puesta en marcha del nuevo mecanismo de equidad intergeneracional llevará a la generación nacida entre finales de los años 50 y mediados de los 70 (baby boomers) a elegir entre "un pequeño ajuste" en la pensión o "trabajar un poco más", como explica el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, no ha dejado indiferente a nadie. De hecho, el propio Escrivá ha intentado este viernes rebajar la tensión tras la polémica al matizar que no se trata de acuerdo cerrado. 

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aprobará en Consejo de Ministros los indultos a los nueve líderes del 1-O encarcelados con un respaldo de mínimos entre la sociedad civil catalana, de la que quería obtener una fotografía de apoyo con su discurso en el Liceu de Barcelona en favor de la medida de gracia, si bien la respuesta fue tibia. Las sillas estaban ocupadas, aunque entre los asistentes abundaban líderes socialistas y de sus socios de Podemos -como la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau-, así como representantes de empresas e instituciones públicas de su órbita. En el caso de las grandes empresas privadas, pocas fueron las caras visibles, dejando la representación en el acto en segundas o terceras espadas o en cargos institucionales. La mayoría adujeron motivos de agenda de los altos directivos dada la precipitación de la convocatoria, para la que recibieron invitación el viernes.

El 4,08% de los 14,67 millones de asalariados registrados en la Seguridad Social a mediados de mayo estaban en Erte -598.610- que, según el ministro José Luis Escrivá, ya se han reducido en unos 50.000. Sin embargo, el porcentaje de trabajadores en Erte varía dependiendo de los sectores. Así, a la cabeza está el de las agencias de viajes que de las 37.307 personas que emplea, 22.803 están cobrando de un expediente. Es decir, el 61% del total de los asalariados que viven del sector.

Tras el fracaso en la tarde del lunes en la negociación para la prórroga de los Ertes que finalizan el 31 de mayo, el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, remitió a empresario y sindicatos en la madrugada de ayer una nueva propuesta suavizando las rebajas de las exoneraciones de los trabajadores en Erte. Pero no fue suficiente para la CEOE, que rechazó el acuerdo.

Conpymes se ha presentado como nuevo proyecto de confederación en un acto encabezado por José Luis Roca, presidente de Conpymes, Antoni Cañete, vicepresidente y portavoz, y presidente de Pimec, y por María José Landaburu, vicepresidenta de Conpymes y secretaria general de Uatae. El respaldo de la vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, y la presencia de la esposa del presidente, Begoña Gómez, se produce en plena tensión con los agentes sociales, en negociaciones con los Erte.

Conpymes se presenta como una nueva patronal en abierta rivalidad con CEOE, en concreto con Cepyme, por la representación de la pequeña y mediana empresa.

Conpymes se presenta en Madrid, la nueva patronal de pymes y autónomos, que preside José Luis Roca, quien ha liderado la creación desde el inicio. Según aseguran desde Conpymes, este proyecto cuenta con la representación de 2.100.000 miembros de Pymes y autónomos.

Los negociadores van tomando posiciones de cara a la apertura de la negociación para la prórroga de los Ertes que se inicia hoy y que debe estar completada antes del 31 de mayo cuando se agota el plazo legal para los actuales.

Cepyme alertó este jueves de que dos millones de pymes quedan excluidas de las ayudas directas aprobadas por el Gobierno -y que acaban de ser convalidadas por el Congreso- debido a los requisitos sectoriales establecidos, según un análisis realizado por la patronal con datos del INE. En opinión de la Cepyme, estas empresas están sufriendo igualmente pérdidas y, sin embargo, quedan excluidas por las restricciones administrativas aprobadas y que, por tanto, "no pueden optar a compensaciones económicas que ayuden a su viabilidad".

El Gobierno volverá a reunirse el próximo martes, 30 de marzo, con CCOO, UGT, CEOE y Cepyme en la mesa de diálogo social sobre la "modernización del mercado laboral" para abordar la derogación de los aspectos más lesivos de la reforma laboral de 2012. No obstante hay una disparidad en el orden en que ha de negociarse los temas.

Gerardo Cuerva fue reelegido este martes como presidente de Cepyme en una Asamblea General de la Confederación de pymes con algunos invitados presenciales y la mayoría de los miembros de forma virtual. Tras dos años en el cargo de forma interina, en el que sustituyó a Antonio Garamendi cuando se fue a presidir la CEOE, en esta ocasión se hace con la presidencia tras una votación. La de Cuerva ha sido la única candidatura en liza.

Es consigna de las asociaciones de empresarios no opinar de política y negociar siempre con los miembros del Gobierno sin pararse a mirar su color. Y la mantienen con la sustitución de Pablo Iglesias por la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, al frente de la vicepresidencia que corresponda a Unidas Podemos, ya sea la segunda o la tercera.

El Ministerio de Trabajo y Economía Social, los sindicatos CCOO y UGT y las organizaciones empresariales CEOE y Cepyme alcanzaron el miércoles un acuerdo para establecer la situación laboral de los 'riders', según informó la cartera dirigida por Yolanda Díaz en un comunicado. Este jueves, la propia ministra ha presentado las bases de la nueva regulación en rueda de prensa junto a sindicatos y patronal.

El presidente de Pimec desde el 23 de febrero, Antoni Cañete, ya ha puesto manos a la obra para crear una patronal de pymes en todo el territorio español alternativa a Cepyme, que forma parte de la CEOE, con el objetivo de que sea una realidad "antes de verano", según ha indicado a elEconomista.

Antoni Cañete ha pasado de ser secretario general a presidente de la patronal catalana de la pequeña y mediana empresa Pimec tras vencer por casi el 84% de los votos en unas elecciones en las que compitió la semana pasada con una candidatura independentista apoyada por la ANC. Él era el candidato oficialista, apoyado por la junta y el presidente salientes, pero no está exento de ambición, y afirma que muy pronto tendrán noticias suyas en Madrid, ya que quiere impulsar una patronal de pymes estatal alternativa a Cepyme, que considera que no tiene una representatividad de las pymes "real" porque forma parte de la CEOE.

"Me sabe a humo, me sabe a humo". Esta copla de Los Chunguitos rondaba ayer en la mente de algunos dirigentes de Cepyme y de muchos pequeños y medianos empresarios cuando escuchaban al Presidente del Gobierno anunciar un paquete de ayudas de 11.000 millones de euros para empresas, pymes y trabajadores autónomos. Un conejo que Pedro Sánchez se sacó de la chistera para dar un titular a la opinión pública y la publicada con el que ocultar su pésima gestión de la pandemia -que era para lo que comparecía en el Congreso- y para evitar responder a las preguntas de sus señorías sobre la profunda división de su gobierno, las responsabilidades políticas de su vicepresidente segundo, los problemas judiciales, Caja B incluida, del partido coaligado en su gobierno, o de la niñera de su ministra de Igualdad pagada con dinero público.

A priori, la negociación para la prórroga de los actuales Ertes, que a finales de año beneficiaban a algo más de 750.000 trabajadores, no se prevé complicada. El 31 de enero se termina su vigencia y la voluntad del Gobierno es ampliar el actual modelo, con pequeños retoques, hasta el 31 de mayo.