La mesa de diálogo político prevista para este miércoles por la tarde entre el Gobierno y la Generalitat en Barcelona tendrá sillas vacías si Junts per Catalunya no rectifica su propuesta de participantes, que incluye miembros del partido que no forman parte del Ejecutivo catalán. El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, vetó dicha propuesta, pero desde Junts ven como culpable a la Moncloa, que también mostró su rechazo a cualquier fórmula que no sea la de cargos de ambas administraciones. Con todo, el secretario general de Junts, Jordi Sànchez, negó que esta situación abra "ninguna crisis" en el Govern.

Más filosofía del Derecho, que Derecho constitucional o positivo, queda hacer, expresando sensaciones como jurista, ante los indultos. La sensación es de cierta derrota y de cierta humillación. De que incluso el político Junqueras tiene razón cuando dice que el indulto es muestra de la debilidad del Estado español. El problema de fondo de los indultos parte en efecto de la especial debilidad del Estado, en el exterior y hacia el interior. Hemos construido un sistema jurídico a base de debilitar al Estado. Los indultos es una muestra más. El quid más bien debería estar en empezar a tomar decisiones importantes, de profunda reforma constitucional, para fortalecer al Estado, volviendo al modelo francés. De lo contrario, el separatismo irá avanzando al paso que el Estado será cada vez más débil. Los indultos es más de lo mismo. No es nada nuevo. Todavía hablamos de progreso... y lo único que hemos creado desde hace décadas es un Estado de adeptos al separatismo. ¿Y cuando todos en Cataluña, y no solo el cincuenta por ciento, se integren bajo la política dominante “de la integración”? El caso es que, según aumenta dicha política, más desaparece el constitucionalismo. Pero el objetivo se ha logrado: la derecha constitucionalista desaparece en ciertos territorios. Todos felices. Lo importante es que estos partidos tengan menos votos que ERC... No solo obtienen la victoria de los indultos. Han ganado incluso la batalla de la imagen. Y es que, en el Estado español, llega a tener mejor imagen un separatista que una persona de derechas que defienda los valores unitarios. No hay más que observar el trato de los medios hacia unos y hacia otros.

Difícil acceso a la vacuna para las zonas rurales

El mes pasado Castilla La-Mancha comenzó la campaña de vacunación contra el Covid dirigida a mayores de 80 años. Para asegurar que el fármaco llega a la población de esa edad que no vive en residencias, se estableció un protocolo específico. Consiste en que los centros de salud de referencia les llaman a sus domicilios, con el fin de concertar una cita para que acudan a dichos centros. Ahora bien, el protocolo ignora las importantes dificultades que implican los largos desplazamientos para personas que suelen vivir en pequeños pueblos, y cuyo nivel de ingresos con frecuencia se sitúa en el umbral de la pobreza, por la escasa cuantía de las pensiones que perciben. La Junta solo contempla el recurso a unidades móviles para atender a mayores con un muy alto grado de dependencia. Los demás tienen que afrontar solos este costoso proceso de vacunación. Sorprende que, en una autonomía con un colectivo tan nutrido de mayores de 80 años (más de 120.000), el Gobierno de Emiliano García-Page no haya habilitado más medios en una situación de emergencia sanitaria.

Iglesias irrita a la Policía que vigila su domicilio

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado no tardaron en reaccionar ante una entrevista de Pablo Iglesias realizada la pasada semana en la que el vicepresidente del Gobierno afirmó que los agentes no son fundamentales en la lucha contra el virus. El malestar por esas palabras fue tal que provocó un duro comunicado conjunto de Guardia Civil, Policía Nacional y Ejército en el que ensalzaban su trabajo durante la pandemia. Además la Policía ha remitido una queja al Ministerio de Interior en los mismos términos. Aunque el enfado con Iglesias se antoja general, cuentan que son los policías que vigilan su chalé en Galapagar los que están más irritados. "Es intolerable que nos critique constantemente cuando velamos por su seguridad y la de su familia durante las 24 horas del día", explica un agente de la Policía Nacional. Por lo que se comenta, el resto de policías encargados de patrullar la vivienda de Iglesias y de su pareja, la ministra de Igualdad Irene Montero, comparten el mismo malestar. No obstante, ninguno de ellos espera cambio alguno en la familia a la que protegen. "Alguien como Iglesias, que escribió hace unos años que la Policía son matones al servicio de los ricos, no puede cambiar. Es evidente que una persona así no está a la altura del cargo que ostenta", añaden en el Cuerpo Nacional de Policía.

Pablo Iglesias ‘margina’ los servicios sociales

El cargo actual de Pablo Iglesias en el Ejecutivo es el de vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030. Pero todo apunta a que su interés se centra exclusivamente en la Vicepresidencia. Así lo demuestra la marginación y abandono al que tiene sometidos a los consejeros de Servicios Sociales de las comunidades autónomas. Es más, la última reunión que Iglesias celebró con el Consejo Territorial de esta materia data del 18 de junio. Desde entonces, y a pesar de la situación de emergencia que hay en todas las autonomías por la pandemia, nada de nada. Como era previsible este clamoroso olvido de una de las responsabilidades del líder de Podemos, genera un importante malestar en los consejeros autonómicos del ramo, que no han dudado en hacer llegar a Moncloa su situación. “Es intolerable que se inhiba de sus obligaciones cuando los rebrotes convierten en crítica la situación, por ejemplo, en las residencias”, dicen desde una consejería regional, donde ponen a Salvador Illa como el ejemplo que Iglesias debería imitar. “El ministro de Sanidad se ha reunido con el Consejo Territorial de su ramo 14 veces desde el fin del estado de alarma frente a una del supuesto responsable de Derechos Sociales”, añaden.

El turismo fuerza una tregua en el procés

e comenta en la Policía Nacional y entre los Mossos d’Esquadra  que se espera un verano tranquilo desde el punto de vista de las protestas independentistas catalanas. En ambos cuerpos dicen que han llegado noticias de que a las organizaciones independentistas les preocupa el impacto que la pandemia del coronavirus está teniendo en el sector turístico catalán, que es básico para provincias como Gerona. De ahí que quieran evitar cualquier atisbo de conflictividad para no espantar al turista nacional, que ahora consideran necesario para salvar sus propias economías. “Es curioso que ahora quieran a los españoles”, dicen en la Policía. Por lo que se cuenta fue la ANC de Elisenda Paluzie la que sugirió al resto del movimiento independentista esta especie de tregua que, dicen, ha sorprendido a sus propios militantes. Tanto es así que existe el temor a que el ala más radical del procés, la más ligada a la CUP y los CDR, no siga las directrices marcadas por las organizaciones y trate de crear su propio calendario. A pesar de ello, la Policía considera que durante el verano solo habrá “incidentes aislados” y que el separatismo tratará de volver a tomar las calles en otoño, cuando se acerque los aniversarios del 1-O y la sentencia del procés.   

¿Presión para atrasar la desescalada en Madrid?

Es bien conocida la polémica que surgió entre el Gobierno e Isabel Díaz Ayuso por la demora con la que la Comunidad de Madrid avanzó a la fase 1 de la desescalada. Pues bien, se rumorea que hay presidentes regionales (algunos del PSOE) que tienen miedo a que haya desplazamientos masivos desde la capital de España y que, a espaldas de Díaz Ayuso, presionan al Ejecutivo para que Madrid vaya más lenta en el proceso de desconfinamiento. Por lo que se comenta son los territorios más cercanos a la capital los que defienden que la movilidad siga restringida ante el temor a que haya una avalancha de desplazamiento de madrileños hacia sus segundas residencias. Desde el entorno del Gobierno se dice también que este miedo que existe no se refiere solo a Madrid. De hecho se comenta que algo similar ocurre con Barcelona capital. Parece que barones regionales también han elevado su presión hasta Moncloa ante el riesgo que implica un desplazamiento masivo de barceloneses hacía territorios limítrofes, como Aragón o Valencia.     

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha firmado la puesta en libertad de los dos últimos miembros de los Comités en Defensa de la República (CDR) que quedaban en prisión provisional investigados por terrorismo, Jordi Ros y Germinal Tomás, que han depositado fianza.

La Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha acordado este jueves una fianza de 10.000 euros para Alexis Codina, el quinto de los siete encarcelados en septiembre por delitos de pertenencia a organización terrorista, fabricación y tenencia de explosivos y conspiración para cometer estragos que podrá quedar en libertad provisional.

La Audiencia Nacional ha puesto fianzas de 5.000 euros a tres de los siete CDR encarcelados en septiembre por delitos de terrorismo para que puedan salir de prisión, tal y como planteó la Fiscalía, que propuso 9.000 de fianza con el argumento de que ninguno de ellos tuvo contacto con explosivos.

La Fiscalía ha vuelto a pedir este viernes prisión para el último de los siete CDR que tenía pendiente el recurso contra su encarcelamiento preventivo y que este jueves resolvió la Sala de lo Penal ordenando que se repitiera la vistilla celebrada el 26 de septiembre, al igual que ocurrió en noviembre con otros cuatro.

Último recurso para paliar las tasas de Trump

El impacto de los aranceles de EEUU a diversos productos alimentarios españoles ya es manifiesto. Tanto es así que el sector del aceite ya habla de que dejará de exportar 150.000 toneladas por las tasas. Lo mismo ocurre con el queso y el vino, donde también se ha alzado la voz contra el proteccionismo de Donald Trump ,al tiempo que exigen al Gobierno que actúe. Por lo que se comenta en el Ministerio de Agricultura, dicha petición no ha caído en saco roto. Al menos eso es lo que se deduce de las conversaciones “discretas” que el Ejecutivo está teniendo ahora con EEUU, en las que se negocia una merma del impacto de las tasas. Por lo que se comenta, el Gobierno español no está utilizando la misma estrategia que Italia y Grecia usaron durante el verano para tratar de convencer a la Administración Trump. Esos países limitaron los aranceles a cambio de más gasto en Defensa y el uso de sus bases militares por parte de EEUU. El Gobierno de Pedro Sánchez, en cambio, no está dispuesto a incrementar la partida en Defensa. Pero, por lo que se comenta, se está utilizando la tasa Google como moneda de cambio. “Se podría dejar morir un impuesto que castiga a las tecnológicas americanas, a cambio de que se palíe el impacto de los aranceles”, dicen desde el Ejecutivo.

La Audiencia Nacional ha anulado los autos de prisión de cuatro de los siete CDR encarcelados por terrorismo, al considerar que no se les proporcionó información esencial en las vistillas en las que se acordó la prisión y obliga al juez a celebrarlas de nuevo, lo que no implica que queden en libertad.

Duró poco la esperanza de retorno transitorio a la normalidad por el fin de la oleada de tres días de movilizaciones de Tsunami Democràtic contra la sentencia del 1-O.