Caso EREs de Andalucía

Es una obviedad que la Jefatura del Estado debe mantener un comportamiento ejemplar, fuera de toda duda. En base a eso, se entiende que el Rey actual quiera separar su forma de entender su función de la del anterior monarca, distanciando a su propio padre. Durante años gozó el Rey Emérito de la protección de la prensa y sus asuntos privados, fueran los que fueran, no transcendían aunque se conocieran por los medios. Pero todo aquello ya es historia y no hay asunto que pueda hurtarse al conocimiento o debate público aunque afecte al Rey o a su familia. Felipe VI está mucho más expuesto al escrutinio público que lo estuvo su padre durante buena parte de su reinado y siente una presión mediática y política que le motivan para realizar todo tipo de gestos que trasladen a la opinión pública su transparencia, honestidad y entrega a la alta representación que ostenta.

La Fiscalía Anticorrupción ha decidido no recurrir al Tribunal Supremo (TS) la sentencia de la 'pieza política' de la causa judicial sobre los expedientes de regulación de empleo (ERE), que condenó el pasado 19 de noviembre a 19 de los 21 ex altos cargos de la Junta de Andalucía enjuiciados en el caso, entre ellos los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

Las noticias sobre la gestión de los 37 años ininterrumpidos de los gobiernos socialistas en Andalucía están resultando un pozo sin fondo en el que van a apareciendo cajas fuertes sin llave, cajas de enormes proporciones almacenadas en sótanos desconocidos, cámaras en las que se guarda infinita documentación y cuyos sofisticados controles de acceso compiten con guiones cinematográficos como la taquillera Ocean Eleven.

La secretaria general del PSOE-A y expresidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha considerado que es "patético" y fruto de la "desesperación" del Gobierno andaluz que los partidos que lo sustentan, el PP-A y Ciudadanos (Cs), le pidan que dimita a cuenta de la sentencia de la pieza política del caso de los ERE conocida hace unas semanas.

El Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla ha abierto una pieza para investigar si Manuel Chaves, expresidente de la Junta de Andalucía, y otros nueve ex altos cargos del Gobierno autonómico, entre ellos cinco exconsejeros, cometieron prevaricación y malversación al dar unas ayudas a una empresa de Jaén en 1999.

El Gobierno andaluz ha recuperado un total de 15 millones de euros por los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE), en virtud de los expedientes que se han revisado de oficio, mientras que ha cifrado en 71 millones de euros la cantidad que considera que ya no se podrá reintegrar en las arcas públicas.

La Fiscalía Anticorrupción ha presentado un escrito en el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, que investiga las piezas separadas de la macrocausa de los ERE, en el que solicita que el expresidente de la Junta Manuel Chaves y el exconsejero de la Presidencia Gaspar Zarrías -ya condenados a nueve años de inhabilitación en la causa de 'la pieza política' de los ERE- declaren, en calidad de investigados, en relación a un préstamo de 3,7 millones de euros concedidos en 1999 a la empresa cárnica Hijos de Andrés Molina (Hamsa), ubicada en Jaén, luego Campocarne y Primayor.

A la espera del fallo definitivo del Supremo y de las resoluciones sobre las 150 piezas separadas de los ERE, desde las filas socialistas y sus socios, que ahora no tienen reparos en pactar con un partido condenado por el mayor caso de corrupción conocido nunca en el país, han puesto en marcha su aparato de propaganda para transmitir a la opinión pública y a la publicada el engaño de que en la trama de corruptela andaluza nadie se ha metido un euro en el bolsillo y tampoco nadie se ha llevado dinero a paraísos fiscales y a Suiza.

La Audiencia Provincial de Sevilla ha acordado este viernes que continúen en libertad las cuatro personas que fueron condenadas en la sentencia de la pieza política de los ERE. Así, el auto señala en su parte dispositiva no haber lugar a la prisión provisional de los exconsejeros de Empleo, Antonio Fernández y José Antonio Viera, y de los exdirectores de Trabajo Francisco Javier Guerrero y Juan Márquez. La Fiscalía Anticorrupción reclamaba el ingreso en prisión inmediato de los cuatro.

El expresidente de la Junta de Andalucía Manuel Chaves ha asegurado este viernes que el juicio de la denominada pieza política del caso de los ERE, en el que ha sido condenado a nueve años de inhabilitación especial por un delito de prevaricación continuada, se ha visto "condicionado" por un "clima de presunción de culpabilidad" generado desde la instrucción de la causa.

Colau pretende seguir la guerra contra Agbar

La sentencia del Tribunal Supremo, que avaló a la empresa controlada por Agbar para gestionar el agua en Barcelona, no ha sentado bien a Ada Colau. Tanto es así que la alcaldesa de la Ciudad Condal ha declarado que el fallo es "inusual" y que el Alto Tribunal "va en contra del sentido común" al apoyar a la empresa. De hecho, Colau fue más allá e insinuó que Agbar tiene influencia en las decisiones de la Justicia. Pues bien, parece que a la primera edil no le basta con lo dicho y planea prolongar la guerra que mantiene con Agbar por remunicipalizar la gestión del agua en el área metropolitana de Barcelona. Al menos eso indican desde su entorno al afirmar que Cola recurrirá a la vía legislativa para cambiar el modelo de gestión del agua. "Está empeñada en recuperar el control del servicio y su equipo ya prepara una ley para evitar que Agbar lo siga ofreciendo", avisan fuentes de Barcelona en Comú. Ahora bien, "si cambia la normativa, la empresa podrá recurrir de nuevo a la vía judicial, por lo que el conflicto seguirá abierto", advierten desde un bufete.

La Agencia Idea, uno de esos 60 entes instrumentales que fue pergeñado por los diferentes gobiernos socialistas de la Junta de Andalucía, y cuyo desbloqueo de ayudas está ejecutando la nueva administración presidida por Juan Manuel Moreno Bonilla, era a todas luces la caja pagadora de todos los desmanes del 'caso de los ERE'. Se trataba de una caja pagadora, un mecanismo engrasado desde las consejerías de Empleo, con la actuación determinante de la Dirección General de Trabajo, lo que en principio debía servir para respaldar a las empresas con problemas en los años más duros de la crisis económica. ¿Quién pagará políticamente por un caso escandaloso?

Todos los analistas y expertos jurídicos coinciden en que aquella mujer elegante y de rostro serio que salía en los telediarios llegando a los juzgados con su maleta tenía Razón.

La ministra portavoz del Gobierno en funciones, Isabel Celaá, ha dicho este viernes que la sentencia de los ERE en Andalucía no afecta al Gobierno ni "mucho menos" al presidente del Ejecutivo en funciones, Pedro Sánchez.

El portavoz del Grupo Popular en el Senado, Javier Maroto, ha anunciado que la primera petición que registrará el PP en el Parlamento cuando se constituyan las Cortes el próximo 3 de diciembre será la comparecencia extraordinaria y urgente del jefe del Ejecutivo en funciones, Pedro Sánchez, por la sentencia de los ERE.

La expresidenta de la Junta de Andalucía y líder del PSOE en la región, Susana Díaz, ha salido este jueves a la palestra tras 48 horas de silencio y después de que muchos hayan apuntado hacia su futuro -algunos desde Ferraz- tras conocerse la sentencia de los ERE. Díaz se ha desmarcado de los condenados alegando que ella no estuvo en esos gobiernos autonómicos y ha anunciado que su intención es seguir liderando el PSOE-A y presentarse a las siguientes elecciones a la Junta.

El hilo que ha unido a Pedro Sánchez con la 'vieja guardia' del PSOE siempre ha sido muy fino y a veces invisible. Los últimos acontecimientos, sin embargo, parecen haberlo roto y con escasas posibilidades de remiendo. La conformación de un Gobierno de coalición con Unidas Podemos y la sentencia de los ERE que condena una época y una forma de ejercer el poder en la federación socialista más poderosa hacen definitiva la distancia de Sánchez con todo 'lo anterior'.

La Fiscalía Anticorrupción de Sevilla ha pedido que se celebre una vista para estudiar el ingreso en prisión de los exconsejeros de Empleo Antonio Fernández y José Antonio Viera y de los exdirectores generales de Trabajo Francisco Javier Guerrero y Juan Márquez tras su condena a penas de cárcel por prevaricación y malversación en la pieza política del caso ERE.

Los servicios jurídicos de la Junta de Andalucía están estudiando acudir a la vía civil para intentar recuperar el dinero defraudado en el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE), aunque conscientes de que no es tarea fácil, según han avanzado este miércoles tanto el presidente de la Junta, Juanma Moreno, como el vicepresidente, Juan Marín.

El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha asegurado que el caso ERE "no es un caso del PSOE" sino de antiguos miembros de responsables de la Junta de Andalucía y del partido, a las que "no se atribuye enriquecimiento ilícito", ha apuntado, y ha rechazado las acusaciones del PP. Reacciones políticas a la sentencia.

Preguntar por el caso de los ERE en un colegio puede ser tan surrealista y osado como preguntar por ETA o por Franco. Los jóvenes de hoy desconocen la historia de su país con una ignorancia tan supina que sonroja.

Después de nueve años, la Audiencia Provincial de Sevilla dará a conocer este martes, a partir de las 12 de la mañana, el fallo judicial del mayor caso de corrupción política de la reciente historia de la democracia. Se trata del caso de los ERE, donde 21 ex altos cargos socialistas de la Junta de Andalucía se han visto involucrados por el uso irregular de un fondo de 680 millones de euros, el mayor volumen de dinero público bajo sospecha.