La Fiscalía Anticorrupción ha decidido no recurrir al Tribunal Supremo (TS) la sentencia de la 'pieza política' de la causa judicial sobre los expedientes de regulación de empleo (ERE), que condenó el pasado 19 de noviembre a 19 de los 21 ex altos cargos de la Junta de Andalucía enjuiciados en el caso, entre ellos los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán.
Las noticias sobre la gestión de los 37 años ininterrumpidos de los gobiernos socialistas en Andalucía están resultando un pozo sin fondo en el que van a apareciendo cajas fuertes sin llave, cajas de enormes proporciones almacenadas en sótanos desconocidos, cámaras en las que se guarda infinita documentación y cuyos sofisticados controles de acceso compiten con guiones cinematográficos como la taquillera Ocean Eleven.
La secretaria general del PSOE-A y expresidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha considerado que es "patético" y fruto de la "desesperación" del Gobierno andaluz que los partidos que lo sustentan, el PP-A y Ciudadanos (Cs), le pidan que dimita a cuenta de la sentencia de la pieza política del caso de los ERE conocida hace unas semanas.
El Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla ha abierto una pieza para investigar si Manuel Chaves, expresidente de la Junta de Andalucía, y otros nueve ex altos cargos del Gobierno autonómico, entre ellos cinco exconsejeros, cometieron prevaricación y malversación al dar unas ayudas a una empresa de Jaén en 1999.
El Gobierno andaluz ha recuperado un total de 15 millones de euros por los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE), en virtud de los expedientes que se han revisado de oficio, mientras que ha cifrado en 71 millones de euros la cantidad que considera que ya no se podrá reintegrar en las arcas públicas.
La Fiscalía Anticorrupción ha presentado un escrito en el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, que investiga las piezas separadas de la macrocausa de los ERE, en el que solicita que el expresidente de la Junta Manuel Chaves y el exconsejero de la Presidencia Gaspar Zarrías -ya condenados a nueve años de inhabilitación en la causa de 'la pieza política' de los ERE- declaren, en calidad de investigados, en relación a un préstamo de 3,7 millones de euros concedidos en 1999 a la empresa cárnica Hijos de Andrés Molina (Hamsa), ubicada en Jaén, luego Campocarne y Primayor.
A la espera del fallo definitivo del Supremo y de las resoluciones sobre las 150 piezas separadas de los ERE, desde las filas socialistas y sus socios, que ahora no tienen reparos en pactar con un partido condenado por el mayor caso de corrupción conocido nunca en el país, han puesto en marcha su aparato de propaganda para transmitir a la opinión pública y a la publicada el engaño de que en la trama de corruptela andaluza nadie se ha metido un euro en el bolsillo y tampoco nadie se ha llevado dinero a paraísos fiscales y a Suiza.
La Audiencia Provincial de Sevilla ha acordado este viernes que continúen en libertad las cuatro personas que fueron condenadas en la sentencia de la pieza política de los ERE. Así, el auto señala en su parte dispositiva no haber lugar a la prisión provisional de los exconsejeros de Empleo, Antonio Fernández y José Antonio Viera, y de los exdirectores de Trabajo Francisco Javier Guerrero y Juan Márquez. La Fiscalía Anticorrupción reclamaba el ingreso en prisión inmediato de los cuatro.
El expresidente de la Junta de Andalucía Manuel Chaves ha asegurado este viernes que el juicio de la denominada pieza política del caso de los ERE, en el que ha sido condenado a nueve años de inhabilitación especial por un delito de prevaricación continuada, se ha visto "condicionado" por un "clima de presunción de culpabilidad" generado desde la instrucción de la causa.
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