Los primeros condenados con sentencia firme por la trama Gürtel -en la pieza centrada en los contratos de la Generalitat Valenciana para Fitur- ingresarán en prisión el 24 de mayo. Entre ellos, está la expresidenta de las Cortes Valencianas y exconsellera de Turismo, Milagrosa Martínez, penada con 9 años. El tribunal consideró probados delitos de asociación ilícita, prevaricación, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, falsedad documental y cohecho.
El juzgado de Instrucción número 21 de Valencia ha dictado auto de apertura de juicio oral contra el exconseller Rafael Blasco y otras 23 personas por supuestas irregularidades en subvenciones a ONG y el proyecto de construcción de un hospital en Haití, en el marco de las piezas 2 y 3 del Caso Cooperación, que fueron unidas el pasado mes de mayo.
La sección segunda de la Audiencia Provincial de Valencia ha confirmado el procesamiento del exconseller de Solidaridad Rafael Blasco y otras 20 personas más por irregularidades en subvenciones a ONG y en la construcción de un hospital de Haití. Asimismo, ha incorporado a la causa a tres personas, entre ellas Fernando Darder, presidente de Esperanza Sin Fronteras. Con ello, la causa suma 24 procesados.
La sección segunda de la Audiencia Provincial de Valencia ha desestimado los recursos presentados por el exconseller de Inmigración, Rafael Blasco, y el que fuera jefe de área de Solidaridad, Marc Llinares, y ha confirmado su imputación por el supuesto amaño de contratos informáticos.
El 'Govern de la Nau', que dirige el Ayuntamiento de València y que integran Compromís, PSPV y València en Comú, ha superado el ecuador de la legislatura con una primera dimisión, la del segundo teniente de alcalde y responsable del área de Participación, Derechos e Innovación Democrática y portavoz de València en Comú (VALC) en el consistorio, Jordi Peris, quien ha atribuido su marcha a las "luchas internas" en esta marca, de la que forma parte Podemos.
La Abogacía de la Generalitat Valenciana, que ejerce de acusación particular en el caso Cooperación, solicita una pena de 17 años y medio de prisión para el exconseller de Solidaridad Rafael Blasco (PP) por dirigir, junto al empresario Augusto César Tauroni y el exjefe de Área de Cooperación Marc Llinares, el fraude de ayudas a ONGs y el proyecto de construcción de un hospital en Haití. En total, pide 172 años y medio de cárcel para los 21 acusados en las piezas 2 y 3 del Caso Cooperación, que considera que actuaron como un "grupo criminal".
El Juzgado de Instrucción número 21 de Valencia ha concluido la instrucción y ha dictado el auto de procedimiento abreviado en dos piezas separadas del 'Caso Cooperación', en las que se investiga a 21 personas, entre ellas, el exconseller de Inmigración y Ciudadanía de la Generalitat Valenciana, Rafael Blasco, y la excúpula de la Conselleria, por presuntas irregularidades en la concesión de subvenciones a ONG's y en la construcción de un hospital en Haití. Blasco está en prisión cumpliendo condena por la primera pieza juzgada de este caso.
El Juzgado de Instrucción número 21 de Valencia, que investiga el conocido como caso Cooperación, ha procesado al exconseller Rafael Blasco y veinte personas más por la tercera pieza de esta causa, referente a posibles irregularidades en subvenciones y en la construcción de un hospital en Haití.
Agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional (UDEF) se han personado este jueves en dependencias de la Conselleria de Sanidad y en el Hospital General de Valencia para solicitar documentación de etapas del Gobierno del PP, concretamente, entre 2004 y 2014. La operación se dirige contra Sergio Blasco, exgerente del hospital y sobrino del exconseller de Solidaridad y exdiputado 'popular' en las Corts, Rafael Blasco, condenado a seis años de prisión por el caso Cooperación, según han informado fuentes conocedoras de la operación.
El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha anunciado, en la sesión de control de Les Corts, que reforzará el área creada en la Generalitat para recuperar el dinero público "que ha sido sustraído a todos los valencianos" en casos de corrupción. Este departamento trabajará en estrecha colaboración con la Abogacía y se encargará de "repasar todas las vías legales posibles para localizar los bienes de los condenados, incluso en aquellos casos en los que hayan intentado ocultarlos", con el fin de resarcir a la Administración del perjuicio económico causado.
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