(EFE).- El presidente colombiano, Iván Duque, felicitó este sábado al mandatario electo de Estados Unidos, Joe Biden, y a su vicepresidenta, Kamala Harris, por su victoria electoral y dijo que espera que puedan seguir trabajando en conjunto por los dos países.
Ocho pequeñas empresas mineras que hacen parte de la Iniciativa Oro Responsable, liderada por la Cooperación Económica y Desarrollo (SECO) de la Embajada de Suiza y la Asociación Suiza de Oro Responsable (SBGA, por sus siglas en inglés), recibirán 100 mil dólares para aliviar los problemas generados por el confinamiento a causa del Coronavirus.
Los primeros condenados con sentencia firme por la trama Gürtel -en la pieza centrada en los contratos de la Generalitat Valenciana para Fitur- ingresarán en prisión el 24 de mayo. Entre ellos, está la expresidenta de las Cortes Valencianas y exconsellera de Turismo, Milagrosa Martínez, penada con 9 años. El tribunal consideró probados delitos de asociación ilícita, prevaricación, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, falsedad documental y cohecho.
El juzgado de Instrucción número 21 de Valencia ha dictado auto de apertura de juicio oral contra el exconseller Rafael Blasco y otras 23 personas por supuestas irregularidades en subvenciones a ONG y el proyecto de construcción de un hospital en Haití, en el marco de las piezas 2 y 3 del Caso Cooperación, que fueron unidas el pasado mes de mayo.
La sección segunda de la Audiencia Provincial de Valencia ha confirmado el procesamiento del exconseller de Solidaridad Rafael Blasco y otras 20 personas más por irregularidades en subvenciones a ONG y en la construcción de un hospital de Haití. Asimismo, ha incorporado a la causa a tres personas, entre ellas Fernando Darder, presidente de Esperanza Sin Fronteras. Con ello, la causa suma 24 procesados.
La sección segunda de la Audiencia Provincial de Valencia ha desestimado los recursos presentados por el exconseller de Inmigración, Rafael Blasco, y el que fuera jefe de área de Solidaridad, Marc Llinares, y ha confirmado su imputación por el supuesto amaño de contratos informáticos.
El 'Govern de la Nau', que dirige el Ayuntamiento de València y que integran Compromís, PSPV y València en Comú, ha superado el ecuador de la legislatura con una primera dimisión, la del segundo teniente de alcalde y responsable del área de Participación, Derechos e Innovación Democrática y portavoz de València en Comú (VALC) en el consistorio, Jordi Peris, quien ha atribuido su marcha a las "luchas internas" en esta marca, de la que forma parte Podemos.
La Abogacía de la Generalitat Valenciana, que ejerce de acusación particular en el caso Cooperación, solicita una pena de 17 años y medio de prisión para el exconseller de Solidaridad Rafael Blasco (PP) por dirigir, junto al empresario Augusto César Tauroni y el exjefe de Área de Cooperación Marc Llinares, el fraude de ayudas a ONGs y el proyecto de construcción de un hospital en Haití. En total, pide 172 años y medio de cárcel para los 21 acusados en las piezas 2 y 3 del Caso Cooperación, que considera que actuaron como un "grupo criminal".
El Juzgado de Instrucción número 21 de Valencia ha concluido la instrucción y ha dictado el auto de procedimiento abreviado en dos piezas separadas del 'Caso Cooperación', en las que se investiga a 21 personas, entre ellas, el exconseller de Inmigración y Ciudadanía de la Generalitat Valenciana, Rafael Blasco, y la excúpula de la Conselleria, por presuntas irregularidades en la concesión de subvenciones a ONG's y en la construcción de un hospital en Haití. Blasco está en prisión cumpliendo condena por la primera pieza juzgada de este caso.
El Juzgado de Instrucción número 21 de Valencia, que investiga el conocido como caso Cooperación, ha procesado al exconseller Rafael Blasco y veinte personas más por la tercera pieza de esta causa, referente a posibles irregularidades en subvenciones y en la construcción de un hospital en Haití.
Agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional (UDEF) se han personado este jueves en dependencias de la Conselleria de Sanidad y en el Hospital General de Valencia para solicitar documentación de etapas del Gobierno del PP, concretamente, entre 2004 y 2014. La operación se dirige contra Sergio Blasco, exgerente del hospital y sobrino del exconseller de Solidaridad y exdiputado 'popular' en las Corts, Rafael Blasco, condenado a seis años de prisión por el caso Cooperación, según han informado fuentes conocedoras de la operación.
El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha anunciado, en la sesión de control de Les Corts, que reforzará el área creada en la Generalitat para recuperar el dinero público "que ha sido sustraído a todos los valencianos" en casos de corrupción. Este departamento trabajará en estrecha colaboración con la Abogacía y se encargará de "repasar todas las vías legales posibles para localizar los bienes de los condenados, incluso en aquellos casos en los que hayan intentado ocultarlos", con el fin de resarcir a la Administración del perjuicio económico causado.
El exconseller de Bienestar Social Rafael Blasco ha calificado de "ideal" el proceso que se llevó a cabo para la adjudicación de 9.000 plazas residenciales en la Comunitat Valenciana y, al respecto, ha destacado que se desarrolló "con absoluta transparencia" y que todos los trámites se llevaron a cabo con "pulcritud". Asimismo, ha negado trato de favor o presiones.
El Juzgado de Instrucción número 21 de Valencia, que instruye dos piezas separadas del 'Caso Cooperación', ha remitido al decanato las irregularidades descubiertas en la contratación por parte de la Consellería de Inmigración y Ciudadanía -posteriormente Consellería de Solidaridad y Ciudadanía-, de los servicios informáticos de los años 2008, 2009, 2010 y 2011. La juez cifra en más de un millón de euros el importe de los contratos supuestamente amañados y aprecia indicios de prevaricación y malversación.
El Consell ha dado su visto bueno a que la Abogacía de la Generalitat solicite al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana la adjudicación de los inmuebles que fueron pagados con el desvío de fondos públicos en el caso Cooperación del anterior Consell. En cuanto se haga efectiva la adjudicación, los inmuebles pasarán a integrarse en el inventario de bienes de la Generalitat, que a partir de entonces podrá disponer de ellos libremente, mediante su uso o su venta. La vicepresidenta y portavoz del Consell, Mónica Oltra, ha indicado que "estos bienes tendrán una finalidad social e irán destinados a colectivos vulnerables.
Facturas hinchadas, empresas impuestas, precios por encima de mercado, cobro de servicios no realizados, donaciones no recibidas, gastos sin justificar y el temor de los trabajadores a represalias o despidos son algunas cuestiones que refleja el sumario judicial del caso IVAM, conocido esta semana.
El pleno de las Corts Valencines ha aprobado este jueves, por unanimidad, la creación de una comisión de investigación sobre la contratación de la Generalitat con empresas vinculadas a la Operación Taula, derivada del caso Imelsa, incluyendo una presunta financiación ilegal, el funcionamiento de los mecanismos de control interno en esas contrataciones y aclarar el posible sobrecoste que supusieron para las arcas públicas.
El pleno de las Corts ha aprobado este jueves, por unanimidad, la creación de una comisión de investigación sobre la contratación de la Generalitat con empresas vinculadas a la Operación Taula, derivada del caso Imelsa, incluyendo una presunta financiación ilegal, sobre el funcionamiento de los mecanismos de control interno en esas contrataciones y aclarar el posible sobrecoste que supusieron para las arcas públicas.
La renovación del Partido Popular en la Comunitat Valenciana (PPCV) tendrá como base la definición de "nuevas fórmulas de participación activa" de militantes y simpatizantes, así como la "tolerancia 0" ante los casos de corrupción y la creación de "mecanismos internos de control para evitar que se repitan situaciones como las que han ocurrido, en las que ha habido personas que han utilizado el partido en beneficio propio", ha afirmado hoy Isabel Bonig, presidenta de la organización. Bonig ha confirmado que, en los próximos días, se celebrará la junta directiva regional en la que se constituirá la gestora que asumirá la dirección del grupo popular en la ciudad de Valencia, "sobre la base de la honradez", y que aprobará solicitar a Génova la celebración del congreso extraordinario en el que se abordará la "refundación" del partido en la comunidad.
La presidenta del Partido Popular de la Comunitat Valenciana (PPCV), Isabel Bonig, ha anunciado que el la formación "va a interponer demandas civiles sobre reclamación por los daños causados al PPCV por los casos de corrupción contra todas aquellas personas condenadas por este tipo de delitos que hayan usado su puesto en el partido o su vinculación con el partido para cometerlos". Esta decisión cuenta con el respaldo de las direcciones provinciales del partido. "El daño causado a la Comunitat sólo se puede reparar con las penas que determinen los tribunales para los procesados y las condenas a devolver el dinero sustraído", añadió. Los servicios jurídicos del partido ya están estudiando una demanda contra el exconseller Rafael Blasco, en prisión por el 'caso Cooperación'.
El juez encargado de la instrucción de la 'operación Taula', que afecta a la financiación del PP en Valencia, ha decidido este jueves extender su investigación a toda la Comunidad de Valencia, recoge este jueves El País. Los trabajos se centran en la investigación de los pagos del 3% al partido por parte de las empresas.
Rafael Blasco, exconseller de varias carteras del Gobierno valenciano y exdiputado popular en las Cortes Valencianas, ha afirmado que la decisión de participar en la feria de turismo de Fitur cuando era titular de Territorio y Vivienda fue "institucional", al tiempo que ha insistido en atribuir al servicio administrativo los asuntos relacionados con los contratos y las facturas, con lo que ha eludido cualquier tipo de responsabilidad. Blasco se ha pronunciado así en su declaración como testigo en la pieza 3 del caso Gürtel que se juzga en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), relativa a supuestas irregularidades en contrataciones de la feria Fitur entre los años 2005 y 2009, en la que hay 13 acusados, entre ellos, las exconselleras de Turismo Milagrosa Martínez y Angélica Such.
El Tribunal de Cuentas ha condenado al ex conseller Rafael Blasco y otros cinco procesados en el conocido como 'caso Cooperación' a reintegrar 1,6 millones de euros a las arcas públicas de la Generalitat, más intereses, como responsables de malversación contable. Según consta en la sentencia de este procedimiento de reintegro por alcance, promovido por la Abogacía de la Generalitat, se considera responsables directos y solidarios a Rafael Blasco, Alejandro Català, Marcial López, Marc Llinares, Tina Sanjuán y Augusto César Tauroni. Igualmente, se condena a la Fundación Cyes -sin relación con la constructora del mismo nombre- y a la firma Arcmed como responsables contables subsidiarios.
El Tribunal de Cuentas ha decidido estimar la demanda interpuesta por la Generalitat Valenciana y ha declarado al exconseller de Solidaridad y Ciudadanía, Rafael Blasco, a tres ex altos cargos de su departamento -Alexandre Catalá, Marc Llinares y Tina Sanjuán-, al empresario César Augusto Tauroni y al presidente de la Fundación Cyes, Marcial López, responsables contables directos y solidarios de una malversación contable al Gobierno valenciano, que cifra en 1.623.819,86 euros, por el dinero público defraudado por las subvenciones a la Fundación Cyes.
El Juzgado de Instrucción número 21 de Valencia investiga la gestión del Institut Valencià d'Art Modern (IVAM) en la época en la que estaba dirigido por Consuelo Císcar, entre los años 2009-2013, según fuentes judiciales.
El exconseller de Solidaridad y exdiputado 'popular' en las Corts Valencianes Rafael Blasco ha ingresado este lunes, sobre las 09.00 horas, en la prisión de Picassent (Valencia), para cumplir la pena impuesta por malversar ayudas públicas al países necesitados.
El exconseller de Solidaridad y exdiputado 'popular' en las Corts Valencianes Rafael Blasco ha ingresado este lunes, sobre las 09.00 horas, en la prisión de Picassent (Valencia), para cumplir la pena impuesta por malversar ayudas públicas al tercer mundo.
La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha ordenado el ingreso en prisión del exconseller de Solidaridad y exdiputado 'popular' en las Corts, Rafael Blasco, tras presentarse por sorpresa ante la Sala tres días antes de su cita.
La Intervención General, dependiente de la Generalitat valenciana, ha realizado un informe de control económico de las actuaciones del Institut Valencià d'Art Modern (IVAM) que recoge sobrecostes habituales en la adquisición de obras, con diferencias de hasta un 1.500 por cien entre el precio que el museo pagó por alguna obra y su valor de mercado. Las operaciones analizadas se realizaron entre 2009 y 2013, bajo la dirección de Consuelo Ciscar. Además, denuncia irregularidades en la gestión, contratación de servicios y donaciones.
Rafael Blasco, exconseller de Solidaridad y exdiputado 'popular' en las Corts Valencianes, irá finalmente a prisión. El Tribunal Supremo (TS) le ha condenado a seis años y medio de cárcel por el fraude de ayudas al Tercer Mundo, dentro de la pieza 1 del conocido como caso Cooperación, relativa a irregularidades en la concesión de ayudas por parte de Solidaridad a la Fundación Cyes para proyectos en Nicaragua. Blasco ha sido citado por el Tribunal el lunes para que indique la prisión en la que cumplirá su pena.
