Carles Puigdemont

La paradoja de Garzón y la 'ludopatía' de género

Alberto Garzón vuelve a prender la mecha de la polémica. Pero esta vez no ha sido por pisar un nuevo charco, sino más bien por lo contrario: por no hacer ni decir absolutamente nada en un asunto que cae directamente en sus competencias. Resulta que estos días ha trascendido la licitación de una campaña de Loterías y Apuestas del Estado para fomentar las quinielas entre mujeres "sin distinción de hábitat y estatus cultural o social". Consumo, no lo olvidemos, es el máximo responsable en la regulación de la publicidad de las apuestas, y ha abanderado la lucha contra la ludopatía en un frente total contra el sector. "Contra el sector privado, más bien", matizan las empresas, que destacan los importantes ingresos que Hacienda logra con el juego que patrocina. Pero no son los únicos que hablan del asunto. En ámbitos políticos recuerdan cómo Garzón no duda en esgrimir la perspectiva de género en cuestiones de todo tipo, juguetes incluidos, aunque sea un tema de competencias de Igualdad. Y no hablemos ya del consumo de la carne. "De lo que nunca le oímos hablar es de los precios de la luz", señalan desde la propia coalición de Gobierno, donde le comparan con sus homólogos de otros países, como Alemania, que han convertido la tarifa eléctrica en clave de su gestión. "Y ahí sí se coordinan con el resto", apuntan.

Ribera no convence a los grandes inversores

Hace poco más de una semana se hizo público que el Gobierno podría "suavizar" la medida estrella de su plan de choque contra la subida de la luz. Se trata de la idea de confiscar 2.600 millones de los beneficios de las eléctricas, que comienza a perder fuerza tras la advertencia de la Comisión Europea de que no permitirá medidas que vayan en contra de la legislación comunitaria. Teresa Ribera fue la encargada de anunciar este cambio de planes del Ejecutivo. Pero se comenta que las palabras de la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica del Gobierno no han convencido a los grandes inversores. Así lo indican fuentes del sector que aseguran que la banca internacional no planea realizar inversiones en el mercado eléctrico español. Por lo visto, es la inseguridad jurídica creada con el "decretazo" lo que está asustando a estas entidades que, incluso, aconsejan con retirar posiciones en las grandes compañías eléctricas españolas. "Los inversores están aún asustados por la decisión de sustraer beneficios de las compañías y siguen sin ver claro a qué se refiere Ribera con lo de suavizar la medida", aseguran en los mercado financieros. "Exigen concreción y que se retire la iniciativa de forma definitiva para volver a poner los ojos en nuestro sector energético", añaden las fuentes.

ERC ha pagado unos dos millones de euros para avanzar la fianza que pide el Tribunal de Cuentas a todos los afectados que tenían responsabilidades en el Govern entre 2016 y 2017, han explicado fuentes republicanas.

Moncloa, aún a la espera de la otra llamada de Biden

La Administración de Joe Biden ha vuelto a dejar clara su posición respecto al Gobierno español, al excluir a nuestro país de un foro de ciberseguridad internacional que ha organizado. En dicho evento han participado de forma virtual 30 países, incluyendo potencias como Alemania y Japón, pero también países en desarrollo como Kenia o Nigeria. Se rumorea que Moncloa ha pedido explicaciones en círculos diplomáticos ante este nuevo desplante. Por lo que se dice, fuentes de la Administración Biden se excusan argumentado que "era solo una toma de contacto y que más adelante habrá otras reuniones sobre el mismo tema". Cuentan que las explicaciones de EEUU han "sentado mal" en Moncloa, especialmente porque en ellas no existe un compromiso por parte de Washington de que España vaya a estar presente en las futuras reuniones. "Ni siquiera se han tomado la molestia de poner fechas aproximadas para los siguientes foros", añaden fuentes cercanas al Ejecutivo con evidente malestar. "Este nuevo desplante vuelve a poner de relieve la escasa relevancia de España en el ámbito internacional y la nula empatía que la Administración Biden tiene con el Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez", añaden fuentes de la oposición.

Un problema jurídico y no político, que además compete a los tribunales europeos. Las autoridades italianas intentan mantenerse alejadas del complejo caso de Carles Puigdemont. A nivel político el primer ministro Mario Draghi aseguró que no ha existido «ninguna comunicación» con el Gobierno de Pedro Sánchez en ocasión de la detención del ex president de la Generalitat el pasado 23 de febrero y de su puesta en libertad sin medidas cautelares un día más tarde. Y a nivel judicial el tribunal de Sassari (Cerdeña) decidió el pasado lunes congelar la entrega de Puidgemont a España a la espera de un veredicto del tribunal de Luxemburgo. La cuestión tiene apenas cobertura en los medios transalpinos, sumidos en la análisis de los resultados de las recientes elecciones municipales. Y de hecho la jueza que instruye el caso tiene el currículo perfecto para que la cuestión mantenga un perfil bajo y únicamente jurídico. Plinia Clara Azzena que decidió no aplicar alguna medida cautelar y que el pasado lunes junto a Salvatore Marinaro, y Maria Teresa Lupinu, congeló la extradición del ex president es una una magistrada con grande experiencia, "recatada" y que "rehúye" del protagonismo, según la prensa italiana que le atribuye "seriedad, responsabilidad y equilibrio"

El Tribunal Constitucional (TC), a través de un auto, de 5 de octubre de 2021, ha desestimado el recurso de súplica y la solicitud de medidas cautelares planteados por el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y los exconsejeros Antoni Comín, Clara Ponsatí y Lluís Puig.

El Tribunal de Apelación de Sassari (Italia) ha decidido este lunes suspender la orden de detención y entrega al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont sine die, a la espera de que los tribunales europeos se pronuncien sobre su inmunidad y la pregunta prejudicial realizada por el juez del Supremo Pablo Llarena.

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha confirmado a través de Twiter este fin de semana, que hoy lunes irá a declarar ante el al Tribunal de Apelación italiano de Sassari "con los deberes hechos". Con ello, se refería a su presentación como candidato a la asamblea de representantes del Consell per la República.

"Desaguisado, disparate, acción que produce gran daño o perjuicio". Cuando los académicos de la Real Academia Española debatieron la definición de la palabra barrabasada no estaban pensando en la negociación entre Sánchez y sus socios independentistas catalanes para hablar sobre el troceado de España en pedacitos. Y ahora que Carles Puigdemont vuelve al primer plano de la actualidad política y judicial, si alguien aún piensa que esta mesa de diálogo no cojea es porque le han cercenado las cuatro patas hasta dejar el tablero a ras de suelo.

La representación legal del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont solicitó al Tribunal de Apelación de Sassari (Italia) que se aplazase su declaración hasta hoy sábado con el objetivo de poder preparar la misma, cosa a la que los magistrados accedieron, dejando en libertad al actual eurodiputado, citándole a declarar el próximmo 4 de octubre y sin prohbiición de que abandone la isla de Cerdeña.

El Tribunal sardo que debe decidir sobre la entrega del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont a las autoridades españolas ha fijado la primera vista para el próximo 4 de octubre y ha dejado al político independentista en libertad sin medidas cautelares, por lo que mantiene la libertad para viajar fuera de Italia.

Carles Puigdemont, expresidente de la Generalitat de Cataluña, fue detenido este jueves en Cerdeña después de que las autoridades italianas lo interceptaran por una orden de detención europea que había emitido en 2019 el juez instructor del procés Pablo Llarena.

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha sido detenido en Italia, en Cerdeña, por la orden de búsqueda y captura del Tribunal Supremo, según ha confirmado su abogado a la agencia Europa Press. El fugado se encontraba allí para asistir a un evento, pero la Justicia local ha dado por válida la orden de detención internacional española al habérsele sido retirada la inmunidad por parte del Parlamento Europeo.

El expresidente catalán ha sido detenido este jueves por la policía italiana en Cerdeña por la orden de busca y captura del Tribunal Supremo. Carles Puigdemont, ex presidente de la Generalitat de Cataluña, llevaba prófugo desde octubre de 2017, acusado de malversación y rebelión, entre otras cosas.

He aquí el tinglado de la antigua farsa. La frase con que Jacinto Benavente inicia el acto primero de sus inmortales intereses creados sirve para definir lo que está ocurriendo con la llamada Mesa de Diálogo de Cataluña qué, a fuerza de antigua, insólita y sumamente larga está pasando de farsa a culebrón, y cuyo último episodio ha sido la exhibición de ingenuidad, ceguera o de docilidad demostrada por los barones territoriales del PSOE dando el beneplácito a esa negociación bilateral entre el Gobierno de España y la Generalitat de Cataluña sólo aceptando la palabra de Sánchez de que la Mesa no supondrá discriminación alguna hacia las otras autonomías del Estado.

Iglesias, ahora el peor enemigo de Moncloa

La nueva faceta de tertuliano en diversos medios de comunicación de Pablo Iglesias inquieta al entorno del presidente Pedro Sánchez. De hecho, en su equipo se comenta que no esperan que el exvicepresidente muestre “lealtad alguna” con el Ejecutivo. Muy al contrario, algunos ya dan por seguro que el exlíder de Podemos se puede convertir en el peor enemigo de Moncloa. “Va a hacer de temas como la subida de la luz y el control de los alquileres sus constantes caballos de batalla”, dicen fuentes del Gobierno, donde estiman que Iglesias “aprovechará para ajustar cuentas con el Ejecutivo al que perteneció”. Además, “en Podemos saben que deben ejercer mayor presión sobre Moncloa según se vayan acercando las elecciones generales. Y muchos piensan que Iglesias puede ayudar a sus antiguos compañeros con gran libertad, ahora que está fuera de la formación”, asegura un analista político. La misma fuente señala que las críticas de Podemos a las decisiones de la ministra Teresa Ribera, respecto a la subida de los precios de la luz, es un serio aviso de lo que le espera a Sánchez en el resto de la legislatura. “La cesión en relación a la subida del salario mínimo no contentará a los morados. Es más, nadie se cree que Iglesias se resista a armar todo el jaleo que pueda”, según aseguran en el mundo político.

El aún fugado Carles Puigdemont y su entorno promueven, desde el año pasado, la llamada objeción de conciencia fiscal en los círculos secesionistas catalanes. La práctica consiste en que estos contribuyentes informen a la Agencia Tributaria de que se niegan a que sus impuestos sufraguen los gastos de la Casa Real, los Cuerpos de Seguridad y los tribunales. En su lugar, reclaman que ese dinero se destine a CATGlobal, que es en realidad el Consejo de la República controlado por el propio Puigdemont. Fuentes de Hacienda reconocen que en 2020 detectaron un “cierto número de objetores por la República”. Este año, por el contrario, la campaña del IRPF se cerró sin registrar “ni una sola petición” de esta clase. Sin duda, influye la inutilidad de las solicitudes, ya que no está permitido que los contribuyentes reasignen a su antojo las partidas del Impuesto de la Renta. Pero, además, en el mundo independentista hay quien reconoce su “enfado” por la “poca vergüenza” de la que Puigdemont hace gala. “Nos arriesgamos a una inspección de Hacienda para que él obtenga fondos que le permitan seguir viviendo a todo tren en Bélgica”, comentan con enfado en algunos foros digitales relacionados con círculos secesionistas.

Pocos productos son tan consumidos en todo el mundo como la cerveza. De todas las variedades posibles y de diferentes ingredientes y sabores, los expertos en este líquido dorado siempre tratan de argumentar y explicar cuál es la mejor. Un hecho que ha llevado al jurado del certamen World Beer Challenge a expresar, otro año más, cuál es para ellos la mejor cerveza del mundo. Sin embargo, para esta edición hay mucha polémica y no precisamente por la elección, si no por su procedencia en un tema que se ha convertido hasta en cuestión de Estado. 

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) ha levantado las medidas provisionales sobre la inmunidad europarlamentaria del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y de sus exconsellers Toni Comín y Clara Ponsatí, los tres con escaño como eurodiputados por JxCAT.

Puigdemont quiere la nacionalidad belga

A pesar de la reciente concesión de los indultos a los presos del procés, Carles Puigdemont prácticamente ha descartado la idea de volver a España. Es más, fuentes de su entorno desvelan que tampoco regresar a nuestro país aunque se rebaje la pena por el delito de sedición. Cuentan que la causa está en que el ex presidente de la Generalitat también debe responder en los tribunales por el delito de malversación, lo que podría acarrearle una importante pena de prisión. "Tiene toda la intención de seguir eludiendo a la justicia española", comentan en su entorno. Para lograrlo, las fuentes añaden que el plan de Puigdemont pasa ahora por establecer definitivamente su residencia en la localidad de Waterloo (Bélgica). Con esa idea, dicen que el próximo objetivo es obtener la nacionalidad belga y trasladar a su esposa e hijas a su domicilio actual. Por lo visto, Puigdemont estima que los indultos no son una garantía suficiente y teme que "el Estado español se ensañe con él". En su entorno dicen que ha sido la resolución del Tribunal de Cuenta, que le exige cerca de dos millones de euros por las irregularidades de Diplocat, lo que le ha convencido de que debe seguir estando a miles de kilómetros de los brazos de la justicia española.

La Generalitat ya reactiva su Acción Exterior

Esta misma semana la Generalitat de Cataluña ha aprobado subvenciones de un millón de euros para comunidades catalanas situadas en el exterior con la finalidad de “sufragar sus gastos en la internacionalización de la promoción y difusión de Cataluña”. El departamento encargado de gestionar las ayudas será la Consejería de Acción Exterior y Gobierno Abierto, ahora bajo el liderazgo de Victòria Alsina. Ni qué decir tiene que la aprobación de estas subvenciones se ve en el Parlament de Cataluña como el “primer capítulo” de la reactivación de la internacionalización del procés, que ha sido siempre uno de los grandes objetivos del independentismo catalán. En círculos políticos se rumorea que la concesión de estas ayudas es solo el principio. “Nadie tiene dudas de que hay más proyectos preparados para Acción Exterior sobre todo a través de foros digitales e iniciativas en internet, cuya financiación es más difícil de rastrear”, dicen desde un partido constitucionalista. Todas las fuentes coinciden en que el Govern que Pere Aragonès lidera no tiene reparo alguno en relanzar la actividad de Acción Exterior pese a la investigación abierta por el Tribunal de Cuentas al Diplocat de Artur Mas y Carles Puigdemont.

El plan del Gobierno catalán para avalar las fianzas de los ex trabajadores de la administración catalana investigados por el procés se ha topado antes con trabas financieras que judiciales, ya que la estrategia de vehicular las coberturas de forma indirecta a través de una entidad financiera para esquivar una acusación de malversación de fondos públicos ha sido recibida con incomodidad por el sector bancario, nada proclive a posicionamientos políticos.

Un total de 34 antiguos miembros del Govern independentista del president Carles Puigdemont y del Ejecutivo de Artur Mas tendrán que hacer frente a la fianza de 5,4 millones que pide el Tribunal de Cuentas por la actividad ilícita en el exterior durante los años 2011 a 2017. Una vez notificado el expediente de liquidación, los responsables tienen de plazo hasta el 14 de julio para abonar el dinero. De lo contrario, los principales líderes del procés ponen en juego un patrimonio superior a 8 millones de euros. La responsabilidad contable es solidaria entre los 34 investigados, y por tanto han de hacer frente a la cantidad entre todos ellos... a no ser que recurran a la Caja de Solidaridad independentista.

El Tribunal de Cuentas ha fijado inicialmente en 5.422.879,48 euros la responsabilidad contable que se reclama al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont; al expresidente Artur Mas, a los indultados Oriol Junqueras, Raül Romeva y Jordi Turull y a otros 37 excargos de la Generalitat por el presunto desvío de fondos para impulsar ilícitamente el procés en el exterior.

La lucha ERC-Junts por las ayudas europeas

El acuerdo de Gobierno que, tras varios meses de negociaciones, lograron firmar Junts per Catalunya y ERC para formar Govern tuvo siempre como uno de sus grandes escollos el manejo de los fondos europeos. Una de las quejas de los de Carles Puigdemont era la existencia del Comité Asesor de los Fondos Next Generation impulsado por Pere Aragonés al final de la anterior legislatura y presidido por el economista y concejal de ERC, Miquel Puig. A pesar de ello, se pactó que el reparto lo realizarían ambas formaciones. Pues bien, la tregua ha durado bastante poco. Hasta que el consejero de Economía, Jaume Giró, ha creado la Secretaría de Asuntos Económicos y de Fondos Europeos y la Dirección General de Fondos Europeos, que lidera Mariona Sanz. Según comentan por el Parlament los diputados de ERC están bastante molestos con este nuevo organismo ya que, dicen, rompe el acuerdo alcanzado de reparto igualitario al 50% entre los dos partidos independentistas. "Giro ha dado atribuciones ejecutivas a la Secretaría mientras que el Comité que lidera Puig se ha quedado como un mero órgano consultivo", dicen en el partido de Oriol Junqueras. Las fuentes añaden que aún es pronto para saber si este problema podría llevar a romper el acuerdo de Gobierno, aunque desde ERC avisan que "no descartamos nada".

Hace ya mucho tiempo que no está en la primera línea política y procura, sin conseguirlo, mantenerse alejado de los focos y las cámaras, pero sigue teniendo una actividad frenética y una opinión precisa y perfectamente conformada de todos los temas de la actualidad política tanto de nuestro país como de su partido. Siempre que le preguntas insiste en que es un militante de base más "sin mando en tropa", pero son muchos los que siguen recabando su opinión en estos tiempos revueltos y de hecho una vez por semana, como una especie de ritual, mantiene un encuentro con destacados socialistas o dirigentes de otros partidos e instituciones, todavía muy activos en la cosa pública.

En el film "Bailando con lobos" un jovencísimo Kevin Costner interpreta a un oficial del Ejército americano que se integra en la tribu de los indios Siux, hasta el punto de emparejarse con una de sus mujeres y de unirse a ellos frente a los ataques de los blancos estadounidenses, que debería haber defendido.

El asunto de los indultos está produciendo una notable polarización en una opinión pública ya muy polarizada en torno a otros temas. La polarización oculta una realidad bastante más compleja y dificulta la argumentación racional en el espacio público, lo que debe ser subrayado y lamentado.

ERC ya trabaja en la Hacienda de la República

Tras los indultos a los presos del 1-O, ya circulan rumores que apuntan a que la próxima gran exigencia de la Generalitat de Cataluña al Gobierno central será la extensión de las competencias de la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC) más allá de los límites que ahora le permite la ley. Este organismo ha sido siempre prioritario para el independentismo. De hecho, fue Artur Mas quien lo ideó, aunque hubo que esperar a la etapa de Carles Puigdemont al frente del Govern para hacerlo realidad. Ahora bien, sus competencias actuales están limitadas a la gestión de los tributos autonómicos y son esas barreras las que precisamente el president Pere Aragonès quiere cambiar. Aunque no existe confirmación oficial de ERC sobre si esta exigencia estará presente en la mesa de diálogo con Pedro Sánchez, sí reconocen que el partido está trabajando en un escenario en el que la ATC tenga competencias para gestionar “la totalidad de los impuestos”. “ERC llevaba esa exigencia en el programa con el que se presentó a las autonómicas del 14-F, por lo que nadie debería sorprenderse si cualquier día Aragonès u otro líder de Esquerra lo hacen público”, dicen en el entorno de Moncloa. En la oposición añaden que “tras los indultos, tampoco sería una sorpresa que Sánchez les dejara contar con una Hacienda propia, lo que para el independentismo es un gran paso para lograr la autonomía financiera de la República catalana”.

Cuenta, con un punto de tranquilidad, que ya está vacunado "me han puesto Pfizer" y añade, con satisfacción, que tanto él como su partido, el PNV, "gozamos de buena salud". Es, junto al lehendakari, el hombre más poderoso de Euskadi, y se maneja como pez en el agua en la política. Se ha fajado en mil batallas y es un comunicador nato, haciendo honor a su profesión de periodista: fue director de EITB durante 9 años.