Carles Puigdemont

Puigdemont quiere la nacionalidad belga

A pesar de la reciente concesión de los indultos a los presos del procés, Carles Puigdemont prácticamente ha descartado la idea de volver a España. Es más, fuentes de su entorno desvelan que tampoco regresar a nuestro país aunque se rebaje la pena por el delito de sedición. Cuentan que la causa está en que el ex presidente de la Generalitat también debe responder en los tribunales por el delito de malversación, lo que podría acarrearle una importante pena de prisión. "Tiene toda la intención de seguir eludiendo a la justicia española", comentan en su entorno. Para lograrlo, las fuentes añaden que el plan de Puigdemont pasa ahora por establecer definitivamente su residencia en la localidad de Waterloo (Bélgica). Con esa idea, dicen que el próximo objetivo es obtener la nacionalidad belga y trasladar a su esposa e hijas a su domicilio actual. Por lo visto, Puigdemont estima que los indultos no son una garantía suficiente y teme que "el Estado español se ensañe con él". En su entorno dicen que ha sido la resolución del Tribunal de Cuenta, que le exige cerca de dos millones de euros por las irregularidades de Diplocat, lo que le ha convencido de que debe seguir estando a miles de kilómetros de los brazos de la justicia española.

La Generalitat ya reactiva su Acción Exterior

Esta misma semana la Generalitat de Cataluña ha aprobado subvenciones de un millón de euros para comunidades catalanas situadas en el exterior con la finalidad de “sufragar sus gastos en la internacionalización de la promoción y difusión de Cataluña”. El departamento encargado de gestionar las ayudas será la Consejería de Acción Exterior y Gobierno Abierto, ahora bajo el liderazgo de Victòria Alsina. Ni qué decir tiene que la aprobación de estas subvenciones se ve en el Parlament de Cataluña como el “primer capítulo” de la reactivación de la internacionalización del procés, que ha sido siempre uno de los grandes objetivos del independentismo catalán. En círculos políticos se rumorea que la concesión de estas ayudas es solo el principio. “Nadie tiene dudas de que hay más proyectos preparados para Acción Exterior sobre todo a través de foros digitales e iniciativas en internet, cuya financiación es más difícil de rastrear”, dicen desde un partido constitucionalista. Todas las fuentes coinciden en que el Govern que Pere Aragonès lidera no tiene reparo alguno en relanzar la actividad de Acción Exterior pese a la investigación abierta por el Tribunal de Cuentas al Diplocat de Artur Mas y Carles Puigdemont.

El plan del Gobierno catalán para avalar las fianzas de los ex trabajadores de la administración catalana investigados por el procés se ha topado antes con trabas financieras que judiciales, ya que la estrategia de vehicular las coberturas de forma indirecta a través de una entidad financiera para esquivar una acusación de malversación de fondos públicos ha sido recibida con incomodidad por el sector bancario, nada proclive a posicionamientos políticos.

Un total de 34 antiguos miembros del Govern independentista del president Carles Puigdemont y del Ejecutivo de Artur Mas tendrán que hacer frente a la fianza de 5,4 millones que pide el Tribunal de Cuentas por la actividad ilícita en el exterior durante los años 2011 a 2017. Una vez notificado el expediente de liquidación, los responsables tienen de plazo hasta el 14 de julio para abonar el dinero. De lo contrario, los principales líderes del procés ponen en juego un patrimonio superior a 8 millones de euros. La responsabilidad contable es solidaria entre los 34 investigados, y por tanto han de hacer frente a la cantidad entre todos ellos... a no ser que recurran a la Caja de Solidaridad independentista.

El Tribunal de Cuentas ha fijado inicialmente en 5.422.879,48 euros la responsabilidad contable que se reclama al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont; al expresidente Artur Mas, a los indultados Oriol Junqueras, Raül Romeva y Jordi Turull y a otros 37 excargos de la Generalitat por el presunto desvío de fondos para impulsar ilícitamente el procés en el exterior.

La lucha ERC-Junts por las ayudas europeas

El acuerdo de Gobierno que, tras varios meses de negociaciones, lograron firmar Junts per Catalunya y ERC para formar Govern tuvo siempre como uno de sus grandes escollos el manejo de los fondos europeos. Una de las quejas de los de Carles Puigdemont era la existencia del Comité Asesor de los Fondos Next Generation impulsado por Pere Aragonés al final de la anterior legislatura y presidido por el economista y concejal de ERC, Miquel Puig. A pesar de ello, se pactó que el reparto lo realizarían ambas formaciones. Pues bien, la tregua ha durado bastante poco. Hasta que el consejero de Economía, Jaume Giró, ha creado la Secretaría de Asuntos Económicos y de Fondos Europeos y la Dirección General de Fondos Europeos, que lidera Mariona Sanz. Según comentan por el Parlament los diputados de ERC están bastante molestos con este nuevo organismo ya que, dicen, rompe el acuerdo alcanzado de reparto igualitario al 50% entre los dos partidos independentistas. "Giro ha dado atribuciones ejecutivas a la Secretaría mientras que el Comité que lidera Puig se ha quedado como un mero órgano consultivo", dicen en el partido de Oriol Junqueras. Las fuentes añaden que aún es pronto para saber si este problema podría llevar a romper el acuerdo de Gobierno, aunque desde ERC avisan que "no descartamos nada".

Hace ya mucho tiempo que no está en la primera línea política y procura, sin conseguirlo, mantenerse alejado de los focos y las cámaras, pero sigue teniendo una actividad frenética y una opinión precisa y perfectamente conformada de todos los temas de la actualidad política tanto de nuestro país como de su partido. Siempre que le preguntas insiste en que es un militante de base más "sin mando en tropa", pero son muchos los que siguen recabando su opinión en estos tiempos revueltos y de hecho una vez por semana, como una especie de ritual, mantiene un encuentro con destacados socialistas o dirigentes de otros partidos e instituciones, todavía muy activos en la cosa pública.

En el film "Bailando con lobos" un jovencísimo Kevin Costner interpreta a un oficial del Ejército americano que se integra en la tribu de los indios Siux, hasta el punto de emparejarse con una de sus mujeres y de unirse a ellos frente a los ataques de los blancos estadounidenses, que debería haber defendido.

El asunto de los indultos está produciendo una notable polarización en una opinión pública ya muy polarizada en torno a otros temas. La polarización oculta una realidad bastante más compleja y dificulta la argumentación racional en el espacio público, lo que debe ser subrayado y lamentado.

ERC ya trabaja en la Hacienda de la República

Tras los indultos a los presos del 1-O, ya circulan rumores que apuntan a que la próxima gran exigencia de la Generalitat de Cataluña al Gobierno central será la extensión de las competencias de la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC) más allá de los límites que ahora le permite la ley. Este organismo ha sido siempre prioritario para el independentismo. De hecho, fue Artur Mas quien lo ideó, aunque hubo que esperar a la etapa de Carles Puigdemont al frente del Govern para hacerlo realidad. Ahora bien, sus competencias actuales están limitadas a la gestión de los tributos autonómicos y son esas barreras las que precisamente el president Pere Aragonès quiere cambiar. Aunque no existe confirmación oficial de ERC sobre si esta exigencia estará presente en la mesa de diálogo con Pedro Sánchez, sí reconocen que el partido está trabajando en un escenario en el que la ATC tenga competencias para gestionar “la totalidad de los impuestos”. “ERC llevaba esa exigencia en el programa con el que se presentó a las autonómicas del 14-F, por lo que nadie debería sorprenderse si cualquier día Aragonès u otro líder de Esquerra lo hacen público”, dicen en el entorno de Moncloa. En la oposición añaden que “tras los indultos, tampoco sería una sorpresa que Sánchez les dejara contar con una Hacienda propia, lo que para el independentismo es un gran paso para lograr la autonomía financiera de la República catalana”.

Cuenta, con un punto de tranquilidad, que ya está vacunado "me han puesto Pfizer" y añade, con satisfacción, que tanto él como su partido, el PNV, "gozamos de buena salud". Es, junto al lehendakari, el hombre más poderoso de Euskadi, y se maneja como pez en el agua en la política. Se ha fajado en mil batallas y es un comunicador nato, haciendo honor a su profesión de periodista: fue director de EITB durante 9 años.

Los alcaldes dejan de financiar el procés

En 2011 el incipiente procés creó la Asociación de Municipios por la Independencias (AMI) que, como su nombre indica, servía para impulsar el secesionismo desde la esfera municipal. Este organismo ha tenido siempre a Carles Puigdemont como gran valedor. De hecho fue su presidente en 2015 y no se ha cansado de apoyarlo con posterioridad. Lo hizo incluso a pesar de la polémica surgida cuando la AMI presionó sin éxito a Ada Colau para que Barcelona se sumara a la lista de 784 municipios y 54 entidades locales que la forman. Pues bien, cuentan que ahora la poderosa AMIpodría estar cerca de desaparecer. La causa está en que cerca de la mitad de sus componentes se niegan a seguir pagando la cuota anual, que va de los 75 euros al año para los pueblos más pequeñas hasta 6.000 euros para las localidades más habitadas. Dicen que el motivo que ha llevado a muchos municipios a dejar de financiar la independencia de Cataluña está en la actuación de la Justicia contra la malversación de caudales públicos. De hecho, los jueces ya han empezado a imputar a alcaldes pertenecientes a la AMI, como Rosa Fonoll, edil de Cubelles en Barcelona. Fuentes constitucionalistas indican también que la actuación del Tribunal de Cuentas, reclamando el dinero invertido por los municipios en el procés puede poner la tapa del ataúd de este organismo independentista.

Cuando a Salvador Illa (La Roca del Vallés, 1966), exministro de Sanidad, le preguntas si los indultos a los condenados del 1-O son la evidencia de que se van a ir de rositas niega la mayor e insiste en que "pasar cuatro,años en la cárcel es la prueba de que los actos delictivos no salen gratis". Es un hombre de buen talante, tranquilo y sosegado que ha sido casi todo lo que se puede ser en política desde que comenzó a militar en el PSOE en 1995: alcalde de su pueblo, ministro y ganador de ultimas elecciones catalanas, pero ha llegado a los cargos sin creerse un animal político, solo por sentido de las responsabilidad, y apoyado, eso sí, de amigos como Miquel Iceta o José Luis Ábalos. Su figura fue clave en la mesa de negociación con ERC del acuerdo de investidura de Pedro Sánchez y tal vez ahí empezó su proyección nacional.

Así califica el Tribunal Supremo la intención de la factoría Sánchez&Redondo Producciones de indultar a los presos golpistas catalanes. Solución inaceptable porque no hay arrepentimiento ni tampoco interés general que lo justifique. Al contrario. Por mucho que quieran disfrazarlo de naturalidad y de normalidad democrática, el único objetivo de esos pretendidos indultos no es otro que la supervivencia de Pedro Sánchez y su gobierno. Algo que, como le recordó el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, no depende de su voluntad, depende de su necesidad, recordando que necesita imperiosamente el apoyo de los separatistas catalanes, de los nacionalistas del PNV, de los filoterroristas de EH Bildu y del resto de los “Frankestein" para permanecer al menos hasta el final de la legislatura.

El nuevo vicepresidente de la Generalitat de Cataluña, del entorno próximo al expresidente catalán Carles Puigdemont, es un independentista radical hasta el punto de apoyar las teorías pseudohistóricas sobre que Cristóbal Colón era catalán y partió de Cataluña a descubrir el Nuevo Continente, y de haber hecho campaña contra la Constitución europea en sus inicios políticos si no declaraba la oficialidad del catalán. Y además, carga contra cualquier cosa que “huela” a España.Pero sus habituales exabruptos en las redes sociales, de los que hay más ejemplos en las siguientes líneas, no han frenado su ascenso político.

Puigdemont ‘olvida’ sus problemas con Marruecos

La pasada semana Carles Puigdemont volvió a posicionarse contra España en la crisis diplomática abierta con Marruecos al asegurar que “Ceuta y Melilla son ciudades africanas, que forman parte de la UE por herencia de un pasado colonial”. Estos comentarios recuerdan a los realizados por el expresidente de la Generalitat de Cataluña nada más surgir el conflicto, tras acoger nuestro país al líder del Frente Polisario, Brahim Ghali. Entonces, Puigdemont publicó un mensaje en redes sociales recordando a sus “queridos amigos” de Marruecos que España “nunca cumple sus promesas”. El renovado interés que Puigdemont muestra por sacar provecho de este conflicto ha originado una ola de reacciones en círculos políticos catalanes. Algunos de ellos recurren a la ironía al comentar lo bien que se quiere llevar el expresident con Marruecos, ahora que ese país incluso le ofrece “asilo político”. Y recuerdan lo mucho que le dolió al molt honorable el desplante que el reino alauí le hizo en el pasado, cuando organizó una visita al territorio marroquí. “Ninguna de las autoridades del país quiso entrevistarse con él”, aseguran.

El nuevo 'Govern' de la Generalitat de Cataluña tendrá independientes en su equipo, pero no renuciará a la amnistía de los presos del procès ni tampoco a la autodeterminación. Así lo manifestó ayer Pere Aragonés, en el acto de toma de posesión, cargado de simbolismo independentista, con la presencia en las primeras filas de Quim Torra, Oriol Junqueras y Miquel Iceta, en nombre del Gobierno de España.

El fugitivo de Waterloo sigue dándole al magín con la formación del nuevo 'Govern' de la Generalitat para que quede claro que quien sujeta la sartén por el mango, es él: Carles Puigdemont. La semana pasada y con una estrategia de presión permanente, evitó que sus más allegados se retrataran en el Ejecutivo de Esquerra, el primero para ellos desde la República de 1931. Poco a poco, sus hombres fuertes dijeron 'No' a Pere Aragonés. La intención -cuentan desde los cenáculos políticos catalanes- es manifestar que este Gobierno no durará mucho tiempo, y el poco que dure estará siempre en manos de los caprichos de Puigdemont.

Marcela Topor (44), la mujer de Carles Puigdemont (58), estuvo en el punto de mira recientemente. ¿El motivo? En el último pleno de la Diputación de Barcelona, celebrado el pasado 29 de abril, se cuestionó su contrato con la Xarxa Audiovisual Local (XAL), una red de televisiones locales que está financiada por esta institución pública y que fue creada para promocionar el talento joven.

La crisis política con Marruecos tras la llegada a Ceuta de miles de migrantes ha centrado buena parte de la mesa política de El programa de Ana Rosa. Los tertulianos han debatido sobre lo que ha ocurrido estos días en la ciudad autónoma y los movimientos que ha hecho el Gobierno para intentar resolverlo.

Desde Waterloo, ciudad de la épica batalla que acabó con el imperio de Napoleón Bonaparte, Carles Puigdemont, el expresident catalán fugado a Bélgica por saltarse la Constitución de 1978, ha vuelto a ganarle el pulso a Esquerra Republicana y al Estado en general, imponiendo sus reglas, eligiendo dirigentes, deslizando carteras y, logrando ostentar el máximo grado de poder, aun cuando su formación quedó la tercera en las urnas del 25 de marzo.

Exteriores, alerta ante la diplomacia del procés

El acuerdo para formar Gobierno en Cataluña ha puesto en alerta al Ministerio de Exteriores. Por lo que se comenta en el departamento liderado por Arancha González Laya el motivo de la inquietud está en que Junts per Catalunya vuelve a tener el control de la Consejería de Acción Exterior. "Habrá que estar vigilantes. Se espera un impulso de la estrategia para internacionalizar el procés", dicen en Exteriores. Las mismas fuentes recuerdan que la Justicia ya tuvo que suspender el Plan de Acción Exterior de la Generalitat en 2019 por usurpación de competencias. A ello hay que añadir la investigación judicial contra altos cargos del Govern de Carles Puigdemont, como Raül Romeva, por presuntos delitos de malversación en la Consejería entre 2011 y 2017. Con todo, lo que más temen en Exteriores es que el organismo todavía dirigido por el diputado Bernat Solé trate de llegar incluso más lejos que en el pasado respecto a sus relaciones con Bruselas. "Entre 2011 a 2016, los contactos entre la Generalitat y la Comisión eran fluidos. Costó mucho revertirlo", dicen.

Esquerra Republicana de Catalunya y JuntsxCat han llegado a un preacuerdo para formar un Govern de coalición. Jordi Sánchez, representante de Junts apoyará la investidura del candidato republicano a la Presidencia, Pere Aragonès. A cambio de la gobernabilidad y las decisiones políticas en manos de ERC, Junts recibirá importantes carteras y tendrá Economía en su poder.

Quejas en las empresas por la “parálisis” de la Sepi

En círculos empresariales se está comentando la “parálisis casi total” de la Sepi respecto a la concesión de las ayudas a empresas estratégicas. Por lo visto las firmas comentan que la institución “no avanza con los expedientes ya activados para futuros rescates y solicita mientras mucha más información de lo esperado” a las empresas. “Se están pidiendo datos adicionales con los que no contábamos y que, en un principio, parece que no tienen mucho que ver con lo que la Sepi debe saber para conceder las ayudas”, dicen desde una de las 50 empresas que ya han solicitado el rescate. De todas ellas, solo cuatro, Air Europa, Duro Felguera, Ávoris y Plus Ultra, han obtenido unas ayudas que, en algunas casos, han estado envueltas en polémica. Así sucedió con la concesión del auxilio a la aerolínea Plus Ultra, un escándalo que está lejos de terminar y que ha provocado la investigación judicial del vicepresidente de la Sepi, Bartolomé Lora, y otros altos cargos de la Sociedad por un presunto delito de malversación de fondos públicos. En el mundo empresarial no hay duda de que la polémica generada por Plus Ultra es la causa de la “parálisis” actual de la Sepi, que la ha llevado a extremar la precaución en sus dictámenes.

El Tribunal de Cuentas apunta a 36 cargos de la Generalitat entre 2011 y 2017 como presuntos responsables contables de gasto irregular vinculado al procés en la entidad de proyección internacional impulsada por la administración catalana Diplocat, y entre ellos figuran los expresidentes Artur Mas y Carles Puigdemont, así como el líder de ERC y exvicepresidente y responsable de Economía Oriol Junqueras, además de otros exconsellers.

¿Cuánto recauda el DNI ficticio de Puigdemont?

Hace poco más de dos semanas, el Consell per la República, la entidad impulsada por Carles Puigdemont para mantener su elevado tren de vida en Waterloo, lanzó una especie de DNI catalán, que recibe el nombre oficial de Identidad Digital Republicana. Pues bien, el propio organismo asegura que en tan corto periodo de tiempo se han vendido unos 12.000 carnés, lo que supone unos ingresos cercanos a los 150.000 euros. A la vista de este dato, se podría pensar que este documento simbólico (carece de validez hasta para la Generalitat) ha sido un éxito. Con todo, existen serias dudas al respecto de las cifras que divulga el Consell. “Nadie se cree que un documento que no vale para nada y tiene un coste de 12 euros atraiga en masa a los independentistas”, aseguran en círculos políticos catalanes. Todo apunta a que ésta será otro de los fiascos característicos de este organismo. “Todas sus ideas han fracasado y es lo que cabe esperar también de un DNI falso, que no está respaldado por autoridad alguna en el mundo”, añade un político catalán.

El Consell per la República Catalana ha captado 135.700 euros en seis días con el estreno de una de sus medidas estrella, la Identidad Digital (ID) Republicana, un método de identificación virtual presentado el martes pasado que se autoerige en probatura del DNI de la Cataluña independiente, aunque de momento se limita a ser un carné de socio de la entidad liderada por Carles Puigdemont, sin validez externa.

¿Por qué las CCAA hacen consultas a Navarra?

La intención de Pedro Sánchez de poner fin al estado de alarma ha creado tensión en las autonomías. Sus Gobiernos temen que, a partir del 9 de mayo, vuelvan a crearse conflictos judiciales cada vez que la epidemia les obligue a seguir limitando la movilidad de los ciudadanos. En concreto, creen que sin el paraguas normativo del estado de alarma se abre la puerta a que los jueces prohiban el toque de queda o el cierre perimetral de los territorios. “En octubre, tras finalizar el primer estado de alarma, fue imposible frenar los contagios porque la Justicia tumbó las medidas”, se quejan desde un Gobierno regional. Con todo, esas fuentes recuerdan que hubo una autonomía que no tuvo problemas con la Justicia para imponer restricciones el pasado otoño. Se trata de Navarra, que incluso obtuvo sentencias favorables que avalaron sus políticas restrictivas en el ámbito, por ejemplo, de la hostelería. Por ello, se rumorea que el Gobierno navarro, presidido por María Chivite, recibe ahora llamadas de otros Ejecutivos regionales, para averiguar cómo evitó los conflictos judiciales sin tener que ampararse en el estado de alarma. “Son bastantes las consultas que atendemos. Parecemos asesores jurídicos”, bromean en el Ejecutivo de Chivite.

¿Quién apoya el DNI catalán de Puigdemont?

La pasada semana, el Consell per la República, la entidad impulsada desde Waterloo por Carles Puigdemont lanzó una especie de DNI catalán, que recibe el nombre oficial Identidad Digital Republicana. A pesar de no estar avalado por ningún organismo oficial, Puigdemont vende cada DNI a 12 euros con la promesa de que es una "vía para participar de manera directa en el proceso para lograr la independencia catalana". Pues bien, por muy rocambolesco que pueda sonar todo, la iniciativa ya cuenta con algunos apoyos de empresas. En concreto de 14. Una de ellas es Petrolis Independents, la compañía del diputado de Junts y expresidente de la Cámara de Comercio de Barcelona, JoanCanadell. También están otras entidades independentistas, como la Plataforma per la Llengua, el Cercle Català de Negocis, y la teleco Parlem. Asimismo el DNI también está respaldado por medios independentistas, como Vilaweb, El Punt Avui o El Nacional. "Son los que siempre aparecen cuando Puigdemont tiene una ocurrencia", dicen en ámbitos políticos catalanes. El hecho de contar solo con el placet del mundo independentista, unido a que ningún organismo nacional e internacional lo toma toma en serio, augura un corto recorrido al DNI catalán. "Solo servirá para que Puigdemont consiga dinero con el que mantener su tren de vida en Bélgica", dicen en la oposición.

La lucha de ERC y Junts por la Consejería de SaludCerca de dos meses después de que se celebraran las elecciones en Cataluña, aún es imposible saber si los partidos independentistas serán capaces de ponerse de acuerdo para formar el próximo Govern. El enfrentamiento actual que mantienen ERC y Junts per Catalunya pudo comprobarse en las dos sesiones de investidura de Pere Aragonès, que fueron frustradas por la formación de Carles Puigdemont. Se rumorea que la Consejería de Salut, que ahora lidera Alba Vergès, es una de las causas que impiden el pacto de los indepes. Por lo que se comenta, ambas formaciones ambicionan dirigir este departamento de la Generalitat. “Ninguna quiere ceder en este sentido”, aseguran fuentes independentistas. Pero, ¿por qué ERC y Junts quieren Salut? Según se rumorea, lo que en realidad ambicionan ambos partidos es el control del Institut Català de Salut. Primero porque el director de esta entidad pública tiene un sueldo similar al de la propia Vergès, lo que convierte el puesto en ideal para “pagar favores”. Con todo, lo más importante es que este organismo presenta una gran libertad para gestionar uno de los presupuestos más altos que manejan los organismos adscritos a la Generalitat. “El Institut es el que decide todos los aspectos sobre las compras de material sanitario para los hospitales y los centros de salud de Cataluña”, añaden desde la Generalitat.