La reforma del Código Penal que deroga el delito de sedición y atenúa las penas máximas del de malversación, abre la puerta al regreso del expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, a España, según apuntan juristas consultados, aunque la vuelta no será tan sencilla. Para poder acogerse a los beneficios que le traería esta reforma, antes tendrá que volver a España y personarse ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo (el sentenciador del procés) para poder redimir su acusación y con ella, la petición de entrega a las autoridades europeas.

El Abogado General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha considerado este jueves que la Justicia belga no puede rechazar la entrega de los encausados por el 'Procés' reclamados por el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena, entre ellos el expresidente catalán Carles Puigdemont, basándose en el riesgo de que se violen sus derechos fundamentales si no demuestra deficiencias sistémicas y generalizadas en España, ni puede poner en duda las competencias del Supremo como autoridad para emitir tales euroórdenes.

La ANC estrena presidenta y ‘pitonisa’

La Asociación Nacional Catalana renovó el pasado fin de semana a su cúpula con la elección de Dolors Feliu como su nueva presidenta. Pero que nadie piense que la organización secesionista va a poner los pies en la tierra para recuperar la relación -y a poder ser las subvenciones- con la Generalitat. Para que nadie eche de menos a Elisenda Paluzie, la nueva líder no ha tardado ni dos días en poner fecha a la independencia de Cataluña: febrero de 2025. Feliu, que presenta su currículum como jurista, activista y, ahora también, pitonisa, elige esta fecha porque coincidirá con los próximos comicios al Parlamento de Cataluña, que ve como el mejor momento para que se proclame el divorcio de España. Teniendo en cuenta que aliñó el vaticinio con críticas a ERC, Junts y la CUP por no estar a la altura del mesiánico mandato de la ANC, nadie se la ha tomado muy en serio. Aunque entre los constitucionalistas se apunta que el único que puede dar pábulo a la denostada asociación es el expresident y europarlamentario Carles Puigdemont, muy afanado montando su Consell de la República. Sí, la misma que en el mundo real solo duró 56 segundos. “Solo le falta que le den calendarios”, comentan.

Pegasus da alas a las ‘embajadas’ catalanas

El escándalo sobre el supuesto uso del software Pegasus por el Gobierno para espiar a los líderes independentista catalanes entre 2017 y 2020 ha provocado una tormenta política que amenaza con laminar el apoyo de ERC a Pedro Sánchez. Y que se traslada fuera de nuestras fronteras, hasta el Parlamento Europeo, de la mano de Carles Puigdemont. Sus argumentos estarían contando con el respaldo de la red de “embajadas” de la Generalitat. Desde que Pere Aragonès es president y bajo la batuta de la consellera de Acción Exterior, Victòria Alsina, estas oficinas habían acotado su función a buscar acuerdos comerciales. “Pero la cosa ha cambiado en los últimos días”. Así lo advierten los analistas diplomáticos españoles, que detectan “movimientos” que recuerdan a los de los tiempos del procés. Moncloa quiere cerrar esta crisis cuanto antes y ha pedido a Exteriores que actúe con la máxima discreción y sin polémicas innecesarias. Aunque en el Ministerio no son optimistas. “Seguimos el paso que marca Puigdemont”, señalan.

Puigdemont factura su 'Govern' imaginario

Que Carles Puigdemont vive en una realidad paralela les quedó claro incluso a los que aún le daban algo de rédito cuando se sacó de la manga un Consell de la República Catalana con todas las ínfulas y boato de un Govern paralelo. Pero sin ninguna de sus responsabilidades, ya que hablamos de un país imaginario. Eso sí, lo que no son ficticios son sus gastos, que Puigdemont no tiene reparo en pasar a la Generalitat del mundo real. Lo hace a través de la Oficina del Expresidente. Este órgano atiende las necesidades de los que ocuparon la más alta responsabilidad en la autonomía. Aunque Puigdemont, que ya es eurodiputado, no cobre sueldo alguno, sí recibe compensación por su actividades, por lo que debe detallarlas. Y en esta memoria ha incluido todas en las que ha defendido la independencia, desde los mítines en Cerdeña, a entrevistas en medios controlados por Vladimir Putin. Y, por supuesto, aparecen los actos de presentación de su Consell. Lo cual no deja de ser curioso, pues la entidad se financia con donaciones privadas.

Irene Montero 'vende humo' con la Igualdad

La ministra de Igualdad, Irene Montero, sabía que el 8 de marzo la situaba en la diana como la culpable de la fractura de la movilización feminista. Su intento, nada disimulado, de imponer sus tesis al resto de colectivos, le costó no pocas pancartas pidiendo su dimisión durante las manifestaciones. Así que aprovechó el Consejo de Ministros para lanzar una bomba de humo que neutralizara las críticas. De ahí salieron los 20.000 millones de euros para el Plan de Igualdad. Una cifra que muchas expertas feministas ven imposible de desglosar en medidas ni presupuestos nuevos porque solo reordena programas que ya existen. Como los complementos por maternidad (que paga Inclusión y Seguridad Social) o las prestaciones de paro y las políticas activas de empleo (que presupuesta Yolanda Díaz). Ello explica que multiplique casi por tres la dotación del anterior Plan de Igualdad. "Inflándolo, claro. Pero a las feministas no nos ha engañado", avisa una veterana de la lucha por la igualdad de la mujer que conoce de sobra estos trucos.

El Gobierno se escaquea en transparencia

El Gobierno acumula hasta 1.200 reclamaciones activas por incumplimiento de la Ley de Transparencia, que le obliga a dar cuenta de aquella información que le transmiten los ciudadanos a través del Portal telemático creado a tal efecto en 2013. Hay que tener en cuenta que por "reclamaciones activas" nos referimos solo a las negaciones de información que han sido recurridas ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, con lo que la cifra real puede ser mucho mayor. Este sistema, creado por el Ejecutivo de Mariano Rajoy, excluye aquellas consultas que pueden resolverse por otras vías, como por ejemplo los datos que son públicos, o que afectan a cuestiones confidenciales o que comprometen la Seguridad Nacional. Y a esta vía es a la que se aferra el Ejecutivo de Pedro Sánchez para denegar cuestiones de todo tipo, desde las veces que ha usado el Falcon para ir a mítines a los claroscuros de la gestión de la pandemia o la publicación de informes enterrados en algún cajón. Un escaqueo que explica la caída de España en los rankings de calidad democrática.

La paradoja de Garzón y la 'ludopatía' de género

Alberto Garzón vuelve a prender la mecha de la polémica. Pero esta vez no ha sido por pisar un nuevo charco, sino más bien por lo contrario: por no hacer ni decir absolutamente nada en un asunto que cae directamente en sus competencias. Resulta que estos días ha trascendido la licitación de una campaña de Loterías y Apuestas del Estado para fomentar las quinielas entre mujeres "sin distinción de hábitat y estatus cultural o social". Consumo, no lo olvidemos, es el máximo responsable en la regulación de la publicidad de las apuestas, y ha abanderado la lucha contra la ludopatía en un frente total contra el sector. "Contra el sector privado, más bien", matizan las empresas, que destacan los importantes ingresos que Hacienda logra con el juego que patrocina. Pero no son los únicos que hablan del asunto. En ámbitos políticos recuerdan cómo Garzón no duda en esgrimir la perspectiva de género en cuestiones de todo tipo, juguetes incluidos, aunque sea un tema de competencias de Igualdad. Y no hablemos ya del consumo de la carne. "De lo que nunca le oímos hablar es de los precios de la luz", señalan desde la propia coalición de Gobierno, donde le comparan con sus homólogos de otros países, como Alemania, que han convertido la tarifa eléctrica en clave de su gestión. "Y ahí sí se coordinan con el resto", apuntan.

Ribera no convence a los grandes inversores

Hace poco más de una semana se hizo público que el Gobierno podría "suavizar" la medida estrella de su plan de choque contra la subida de la luz. Se trata de la idea de confiscar 2.600 millones de los beneficios de las eléctricas, que comienza a perder fuerza tras la advertencia de la Comisión Europea de que no permitirá medidas que vayan en contra de la legislación comunitaria. Teresa Ribera fue la encargada de anunciar este cambio de planes del Ejecutivo. Pero se comenta que las palabras de la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica del Gobierno no han convencido a los grandes inversores. Así lo indican fuentes del sector que aseguran que la banca internacional no planea realizar inversiones en el mercado eléctrico español. Por lo visto, es la inseguridad jurídica creada con el "decretazo" lo que está asustando a estas entidades que, incluso, aconsejan con retirar posiciones en las grandes compañías eléctricas españolas. "Los inversores están aún asustados por la decisión de sustraer beneficios de las compañías y siguen sin ver claro a qué se refiere Ribera con lo de suavizar la medida", aseguran en los mercado financieros. "Exigen concreción y que se retire la iniciativa de forma definitiva para volver a poner los ojos en nuestro sector energético", añaden las fuentes.

ERC ha pagado unos dos millones de euros para avanzar la fianza que pide el Tribunal de Cuentas a todos los afectados que tenían responsabilidades en el Govern entre 2016 y 2017, han explicado fuentes republicanas.

Moncloa, aún a la espera de la otra llamada de Biden

La Administración de Joe Biden ha vuelto a dejar clara su posición respecto al Gobierno español, al excluir a nuestro país de un foro de ciberseguridad internacional que ha organizado. En dicho evento han participado de forma virtual 30 países, incluyendo potencias como Alemania y Japón, pero también países en desarrollo como Kenia o Nigeria. Se rumorea que Moncloa ha pedido explicaciones en círculos diplomáticos ante este nuevo desplante. Por lo que se dice, fuentes de la Administración Biden se excusan argumentado que "era solo una toma de contacto y que más adelante habrá otras reuniones sobre el mismo tema". Cuentan que las explicaciones de EEUU han "sentado mal" en Moncloa, especialmente porque en ellas no existe un compromiso por parte de Washington de que España vaya a estar presente en las futuras reuniones. "Ni siquiera se han tomado la molestia de poner fechas aproximadas para los siguientes foros", añaden fuentes cercanas al Ejecutivo con evidente malestar. "Este nuevo desplante vuelve a poner de relieve la escasa relevancia de España en el ámbito internacional y la nula empatía que la Administración Biden tiene con el Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez", añaden fuentes de la oposición.

Un problema jurídico y no político, que además compete a los tribunales europeos. Las autoridades italianas intentan mantenerse alejadas del complejo caso de Carles Puigdemont. A nivel político el primer ministro Mario Draghi aseguró que no ha existido «ninguna comunicación» con el Gobierno de Pedro Sánchez en ocasión de la detención del ex president de la Generalitat el pasado 23 de febrero y de su puesta en libertad sin medidas cautelares un día más tarde. Y a nivel judicial el tribunal de Sassari (Cerdeña) decidió el pasado lunes congelar la entrega de Puidgemont a España a la espera de un veredicto del tribunal de Luxemburgo. La cuestión tiene apenas cobertura en los medios transalpinos, sumidos en la análisis de los resultados de las recientes elecciones municipales. Y de hecho la jueza que instruye el caso tiene el currículo perfecto para que la cuestión mantenga un perfil bajo y únicamente jurídico. Plinia Clara Azzena que decidió no aplicar alguna medida cautelar y que el pasado lunes junto a Salvatore Marinaro, y Maria Teresa Lupinu, congeló la extradición del ex president es una una magistrada con grande experiencia, "recatada" y que "rehúye" del protagonismo, según la prensa italiana que le atribuye "seriedad, responsabilidad y equilibrio"

El Tribunal Constitucional (TC), a través de un auto, de 5 de octubre de 2021, ha desestimado el recurso de súplica y la solicitud de medidas cautelares planteados por el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y los exconsejeros Antoni Comín, Clara Ponsatí y Lluís Puig.

El Tribunal de Apelación de Sassari (Italia) ha decidido este lunes suspender la orden de detención y entrega al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont sine die, a la espera de que los tribunales europeos se pronuncien sobre su inmunidad y la pregunta prejudicial realizada por el juez del Supremo Pablo Llarena.

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha confirmado a través de Twiter este fin de semana, que hoy lunes irá a declarar ante el al Tribunal de Apelación italiano de Sassari "con los deberes hechos". Con ello, se refería a su presentación como candidato a la asamblea de representantes del Consell per la República.

"Desaguisado, disparate, acción que produce gran daño o perjuicio". Cuando los académicos de la Real Academia Española debatieron la definición de la palabra barrabasada no estaban pensando en la negociación entre Sánchez y sus socios independentistas catalanes para hablar sobre el troceado de España en pedacitos. Y ahora que Carles Puigdemont vuelve al primer plano de la actualidad política y judicial, si alguien aún piensa que esta mesa de diálogo no cojea es porque le han cercenado las cuatro patas hasta dejar el tablero a ras de suelo.

La representación legal del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont solicitó al Tribunal de Apelación de Sassari (Italia) que se aplazase su declaración hasta hoy sábado con el objetivo de poder preparar la misma, cosa a la que los magistrados accedieron, dejando en libertad al actual eurodiputado, citándole a declarar el próximmo 4 de octubre y sin prohbiición de que abandone la isla de Cerdeña.

El Tribunal sardo que debe decidir sobre la entrega del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont a las autoridades españolas ha fijado la primera vista para el próximo 4 de octubre y ha dejado al político independentista en libertad sin medidas cautelares, por lo que mantiene la libertad para viajar fuera de Italia.

Carles Puigdemont, expresidente de la Generalitat de Cataluña, fue detenido este jueves en Cerdeña después de que las autoridades italianas lo interceptaran por una orden de detención europea que había emitido en 2019 el juez instructor del procés Pablo Llarena.

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha sido detenido en Italia, en Cerdeña, por la orden de búsqueda y captura del Tribunal Supremo, según ha confirmado su abogado a la agencia Europa Press. El fugado se encontraba allí para asistir a un evento, pero la Justicia local ha dado por válida la orden de detención internacional española al habérsele sido retirada la inmunidad por parte del Parlamento Europeo.

El expresidente catalán ha sido detenido este jueves por la policía italiana en Cerdeña por la orden de busca y captura del Tribunal Supremo. Carles Puigdemont, ex presidente de la Generalitat de Cataluña, llevaba prófugo desde octubre de 2017, acusado de malversación y rebelión, entre otras cosas.

He aquí el tinglado de la antigua farsa. La frase con que Jacinto Benavente inicia el acto primero de sus inmortales intereses creados sirve para definir lo que está ocurriendo con la llamada Mesa de Diálogo de Cataluña qué, a fuerza de antigua, insólita y sumamente larga está pasando de farsa a culebrón, y cuyo último episodio ha sido la exhibición de ingenuidad, ceguera o de docilidad demostrada por los barones territoriales del PSOE dando el beneplácito a esa negociación bilateral entre el Gobierno de España y la Generalitat de Cataluña sólo aceptando la palabra de Sánchez de que la Mesa no supondrá discriminación alguna hacia las otras autonomías del Estado.

Iglesias, ahora el peor enemigo de Moncloa

La nueva faceta de tertuliano en diversos medios de comunicación de Pablo Iglesias inquieta al entorno del presidente Pedro Sánchez. De hecho, en su equipo se comenta que no esperan que el exvicepresidente muestre “lealtad alguna” con el Ejecutivo. Muy al contrario, algunos ya dan por seguro que el exlíder de Podemos se puede convertir en el peor enemigo de Moncloa. “Va a hacer de temas como la subida de la luz y el control de los alquileres sus constantes caballos de batalla”, dicen fuentes del Gobierno, donde estiman que Iglesias “aprovechará para ajustar cuentas con el Ejecutivo al que perteneció”. Además, “en Podemos saben que deben ejercer mayor presión sobre Moncloa según se vayan acercando las elecciones generales. Y muchos piensan que Iglesias puede ayudar a sus antiguos compañeros con gran libertad, ahora que está fuera de la formación”, asegura un analista político. La misma fuente señala que las críticas de Podemos a las decisiones de la ministra Teresa Ribera, respecto a la subida de los precios de la luz, es un serio aviso de lo que le espera a Sánchez en el resto de la legislatura. “La cesión en relación a la subida del salario mínimo no contentará a los morados. Es más, nadie se cree que Iglesias se resista a armar todo el jaleo que pueda”, según aseguran en el mundo político.

El aún fugado Carles Puigdemont y su entorno promueven, desde el año pasado, la llamada objeción de conciencia fiscal en los círculos secesionistas catalanes. La práctica consiste en que estos contribuyentes informen a la Agencia Tributaria de que se niegan a que sus impuestos sufraguen los gastos de la Casa Real, los Cuerpos de Seguridad y los tribunales. En su lugar, reclaman que ese dinero se destine a CATGlobal, que es en realidad el Consejo de la República controlado por el propio Puigdemont. Fuentes de Hacienda reconocen que en 2020 detectaron un “cierto número de objetores por la República”. Este año, por el contrario, la campaña del IRPF se cerró sin registrar “ni una sola petición” de esta clase. Sin duda, influye la inutilidad de las solicitudes, ya que no está permitido que los contribuyentes reasignen a su antojo las partidas del Impuesto de la Renta. Pero, además, en el mundo independentista hay quien reconoce su “enfado” por la “poca vergüenza” de la que Puigdemont hace gala. “Nos arriesgamos a una inspección de Hacienda para que él obtenga fondos que le permitan seguir viviendo a todo tren en Bélgica”, comentan con enfado en algunos foros digitales relacionados con círculos secesionistas.

Pocos productos son tan consumidos en todo el mundo como la cerveza. De todas las variedades posibles y de diferentes ingredientes y sabores, los expertos en este líquido dorado siempre tratan de argumentar y explicar cuál es la mejor. Un hecho que ha llevado al jurado del certamen World Beer Challenge a expresar, otro año más, cuál es para ellos la mejor cerveza del mundo. Sin embargo, para esta edición hay mucha polémica y no precisamente por la elección, si no por su procedencia en un tema que se ha convertido hasta en cuestión de Estado. 

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) ha levantado las medidas provisionales sobre la inmunidad europarlamentaria del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y de sus exconsellers Toni Comín y Clara Ponsatí, los tres con escaño como eurodiputados por JxCAT.

Puigdemont quiere la nacionalidad belga

A pesar de la reciente concesión de los indultos a los presos del procés, Carles Puigdemont prácticamente ha descartado la idea de volver a España. Es más, fuentes de su entorno desvelan que tampoco regresar a nuestro país aunque se rebaje la pena por el delito de sedición. Cuentan que la causa está en que el ex presidente de la Generalitat también debe responder en los tribunales por el delito de malversación, lo que podría acarrearle una importante pena de prisión. "Tiene toda la intención de seguir eludiendo a la justicia española", comentan en su entorno. Para lograrlo, las fuentes añaden que el plan de Puigdemont pasa ahora por establecer definitivamente su residencia en la localidad de Waterloo (Bélgica). Con esa idea, dicen que el próximo objetivo es obtener la nacionalidad belga y trasladar a su esposa e hijas a su domicilio actual. Por lo visto, Puigdemont estima que los indultos no son una garantía suficiente y teme que "el Estado español se ensañe con él". En su entorno dicen que ha sido la resolución del Tribunal de Cuenta, que le exige cerca de dos millones de euros por las irregularidades de Diplocat, lo que le ha convencido de que debe seguir estando a miles de kilómetros de los brazos de la justicia española.

La Generalitat ya reactiva su Acción Exterior

Esta misma semana la Generalitat de Cataluña ha aprobado subvenciones de un millón de euros para comunidades catalanas situadas en el exterior con la finalidad de “sufragar sus gastos en la internacionalización de la promoción y difusión de Cataluña”. El departamento encargado de gestionar las ayudas será la Consejería de Acción Exterior y Gobierno Abierto, ahora bajo el liderazgo de Victòria Alsina. Ni qué decir tiene que la aprobación de estas subvenciones se ve en el Parlament de Cataluña como el “primer capítulo” de la reactivación de la internacionalización del procés, que ha sido siempre uno de los grandes objetivos del independentismo catalán. En círculos políticos se rumorea que la concesión de estas ayudas es solo el principio. “Nadie tiene dudas de que hay más proyectos preparados para Acción Exterior sobre todo a través de foros digitales e iniciativas en internet, cuya financiación es más difícil de rastrear”, dicen desde un partido constitucionalista. Todas las fuentes coinciden en que el Govern que Pere Aragonès lidera no tiene reparo alguno en relanzar la actividad de Acción Exterior pese a la investigación abierta por el Tribunal de Cuentas al Diplocat de Artur Mas y Carles Puigdemont.

El plan del Gobierno catalán para avalar las fianzas de los ex trabajadores de la administración catalana investigados por el procés se ha topado antes con trabas financieras que judiciales, ya que la estrategia de vehicular las coberturas de forma indirecta a través de una entidad financiera para esquivar una acusación de malversación de fondos públicos ha sido recibida con incomodidad por el sector bancario, nada proclive a posicionamientos políticos.

Un total de 34 antiguos miembros del Govern independentista del president Carles Puigdemont y del Ejecutivo de Artur Mas tendrán que hacer frente a la fianza de 5,4 millones que pide el Tribunal de Cuentas por la actividad ilícita en el exterior durante los años 2011 a 2017. Una vez notificado el expediente de liquidación, los responsables tienen de plazo hasta el 14 de julio para abonar el dinero. De lo contrario, los principales líderes del procés ponen en juego un patrimonio superior a 8 millones de euros. La responsabilidad contable es solidaria entre los 34 investigados, y por tanto han de hacer frente a la cantidad entre todos ellos... a no ser que recurran a la Caja de Solidaridad independentista.