Los efectos de la pandemia aún arrastran a siete comunidades autónomas (CCAA) por debajo del nivel de 2019. Según el análisis por regiones que hace Funcas, serán diez CCAA las que consigan recuperarse de la caída provocada por el frenazo económico de la pandemia en 2020: Andalucía, Comunidad Valenciana, Madrid, País Vasco y La Rioja se sumarán a Aragón, Castilla-La Mancha, Galicia, Murcia y Navarra que ya lo lograron en 2022. Sin embargo, únicamente las regiones de Extremadura, Cataluña, Castilla y León, Cantabria, Asturias, Baleares y Canarias continuarán por debajo de cifras de 2019.

El Tribunal Supremo (TS) ha rechazado un recurso presentado por el Ayuntamiento de Barcelona avalando de esta forma que los policías destinados en otras comunidades autónomas puedan ingresar en los cuerpos de seguridad locales de otra, en respuesta al caso de un miembro de la Policía Foral de Navarra al que se excluyó de un proceso de selección para ingresar en la Guardia Urbana de la capital catalana.

Las comunidades autónomas acaparan ya seis de cada diez empleos públicos en España. Del total de 3,52 millones de efectivos a cierre de último trimestre de 2022 que trabajan para la Administración, hay ya 2,1 millones de personas que formaban parte del personal de las autonomías, según los datos de la EPA hechos públicos ayer. La cifra supone un récord absoluto y un crecimiento del 23,5% respecto a hace solo cinco años con 350.000 empleados más de los que había al cierre de 2017.

A 30 de noviembre de 2022, a un mes de 2023, y por tanto, la última fecha registrada, hasta ahora, por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), el Gobierno de España solo había ejecutado el pago del 29% de los fondos Next Generation -la mayoría de ellas transferencias entre administraciones y dinero que va a parar a la inversión pública-, si bien se estima que los pagos realizados acaben entorno al 40% a finales de diciembre de este año.

Las comunidades autónomas (CCAA) ya han presentado los presupuestos sanitarios per cápita para el próximo año 2023. A excepción de Cataluña, donde se prorrogarán los presentes de 2022 por la ruptura producida entre los partidos que apoyaban el gobierno de la Generalitat, no parece que se vayan a producir modificaciones significativas. En comparación con los cerrados para este año, se han incrementado en un 7,69% (129,24 euros), algo que desde la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) tildan de insuficiente para las necesidades del sistema sanitario. Dicha organización, que reúne a profesionales de la sanidad de todas las categorías y titulaciones, reclamaba un aumento de 1.000 euros por habitante.

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha advertido este jueves durante una reunión la necesidad de crear 32 nuevos juzgados de lo social con el objetivo de agilizar los procesos judiciales y reducir los tiempos de respuesta en las provincias donde se ha detectado una demora de más de un año en los actos de conciliación y juicio. 

El Impuesto sobre las grandes fortunas introduce un buen número de incógnitas que preocupan a las Haciendas de las Comunidades Autónomas, tal y como publica Fedea en su informe El Impuesto Temporal de Solidaridad de las grandes fortunas y su encaje con el Impuesto sobre el Patrimonio (IP).

El Sector de Enseñanza de UGT Servicios Públicos ha exigido que, tras la publicación del real decreto por el que se regula la integración al Subgrupo A1 de los profesores técnicos de Formación Profesional (PTFP) en el Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, las comunidades autónomas y el Ministerio de Educación y FP publiquen las convocatorias para hacerlo efectivo de "manera inmediata".

Desde el año 2008, hasta la fecha, el Partido Popular ha rebajado 66.4132 millones de euros en impuestos autonómicos, impacto fiscal del que se han beneficiado 9,6 millones de contribuyentes.

La Tesorería General de la Seguridad Social tiene contabilizados al mes de agosto 2.853.115 personas que trabajan para alguna de las tres administraciones públicas (general, autonómica y municipal). Eso supone 56.525 más que en enero de este año, o lo que es lo mismo, un 2% de puestos de trabajo públicos de nueva creación.

La pandemia por el coronavirus y las medidas extraordinarias para hacerle frente ha supuesto un fuerte impacto para el Estado como para las comunidades autónomas (CCAA). Y la fórmula elegida para inyección de los recursos extra, fundamentalmente los fondos Covid, ha vuelto a ampliar el desequilibrio del actual sistema de financiación autonómica. Esa es la conclusión de un trabajo publicado por BBVA Research y elaborado por el director ejecutivo de Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), Angel de la Fuente.

La demanda de test de antígenos en las farmacias ha experimentado un descenso en las últimas semanas. La primera semana de agosto ha certificado que la séptima ola de Covid-19 está llegando a su fin y con ello, la venta de test de antígenos sigue la misma tendencia con una caída del 25% en la última semana de julio con respecto a la anterior.

La demanda de test de antígenos en las farmacias no ha hecho más que crecer en las últimas semanas. La séptima ola de Covid-19 está en pleno auge y, según los últimos datos notificados este martes por las CCAA al Ministerio de Sanidad, se diagnosticaron 59.226 nuevos casos y 218 fallecimientos. La actual radiografía del Covid-19 en España ha propiciado un aumento de más del 50% de media en la venta de test de antígenos en las CCAA del 27 de junio al 3 de julio con respecto a la semana anterior.

Navarra, País Vasco y La Rioja forman el grupo de Comunidades Autónomas con mejores desempeños en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), según el Según el Índice Regional de Desarrollo Sostenible Global (IRDSG), elaborado por el Consejo General de Economistas de España. En el extremo opuesto, Islas Baleares, Canarias y Andalucía son las regiones con peores posiciones.

El presidente valenciano, el socialista Ximo Puig, vuelve a insistir en la necesidad de alcanzar una "segunda generación" de pactos autonómicos para dar forma a un gran acuerdo territorial en España.

El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha anulado la reforma legal del Gobierno que dejó en manos de los Tribunales Superiores de Justicia (TSJ) el aval judicial a las restricciones sanitarias adoptadas por las comunidades autónomas, lo que supone el tercer varapalo de la corte de garantías al Gobierno por las medidas anti-Covid, después de que declarara inconstitucionales ambos estados de alarma.

Las comunidades autónomas (CCAA) han aprobado hoy, en una Conferencia Sectorial Extraordinaria, la distribución de los fondos europeos asignados para los años 2022 y 2023 por el Mecanismo para la Recuperación y Resiliencia al Ministerio de Justicia.

El positivo balance que Pedro Sánchez hizo ayer sobre la gestión de los fondos Next Generation, apenas ha durado unas horas. Este jueves, el presidente del Gobierno se erigió líder de la UE en la ejecución de estas ayudas, sustanciando haber recibido 19.000 millones de euros y, desde su aprobación, haber "promovido" 17.000 proyectos que "están llegando a 12.000 empresas".

La jubilación encuentra disparidades dentro del territorio español. Por carrera laboral y dependiendo del devenir económico de cada Comunidad Autónoma (CCAA), esta retribución pública puede ser de una mayor o menor cuantía. Así, la pensión media de jubilación puede generar una brecha de hasta 500 euros en el peor de los casos, es decir, comparando la pensión media más elevada con la más reducida de España.

A un día de que los alcaldes del PP desembarquen en Bruselas para visitar las instituciones europeas, y justo cuando el Ministerio de Hacienda acaba de publicar los criterios de distribución de los fondos del Plan de Recuperación, hoy, con los datos del INE en la mano, y teniendo en cuenta el reparto que corresponde por número de habitante, resulta que las comunidades autónomas del PSOE acaparan un 20% más de los fondos Next Generation que las del PP.

Unánime. Así ha sido el varapalo que estos días ha empezado a recibir el Ministerio de Hacienda a propósito del informe elaborado por un grupo de trabajo, documento en el que se recoge la propuesta de cálculo de población ajustada, uno de los criterios empleados en la financiación autonómica para el pago del Estado a las administraciones regionales por sus servicios públicos.

La aprobación del Plan de Recuperación en Bruselas, en el mes de julio, y la ralentizada gestión del Estado en el reparto de los fondos Next Generation ha provocado un frenazo, de al menos tres meses, en la entrega del dinero y la ejecución de proyectos que entre otros organismos corresponde a las Comunidades Autónomas.

Los altos niveles de positivos por infección de Covid que se están registrando en esta sexta ola han hecho saltar las alarmas en las empresas por el volumen de trabajadores que, debido a la cuarentena exigida por las autoridades, tienen que pedir la baja a sus médicos de cabecera. A lo que se ha sumado el caos generado en los servicios autonómicos de atención primaria que está dificultado la certificación de las bajas y de las altas de todos aquellos afectados que se ven obligados a quedarse en casa sin tener los certificados médicos acreditativos.

La CEOE insta al Gobierno a agilizar el reparto de los fondos europeos Next Generation EU al recalcar que, según el último dato publicado por el Gobierno, en agosto, señalaba que solo 104 millones de euros habían llegado a las empresas y entidades que no son Sector Público, de los casi 5.000 millones que ya estaban comprometidos en esa fecha (el 2%). En septiembre, octubre y noviembre, el Gobierno omitió este dato. La organización de empresarios recalca, además, que es importante no confundir los términos "asignar" o "comprometer" con "ejecutar": sólo el desembolso de fondos europeos a empresas y entidades que no son del sector público supone un impacto real en la economía.

Miguel Ángel Redondo, delegado de Economía del Ayuntamiento de Madrid, recibe a eE antes de que se aprobasen los Presupuestos de 2022 con el apoyo de los cuatro votos del grupo mixto escindido de Más Madrid. Redondo repasa los grandes focos económicos que afectan al consistorio de la capital.

La Conferencia Sectorial para la Mejora Regulatoria y el Clima de Negocios, en la que participan representantes de as Comunidades Autónomas y de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha impulsado la elaboración de un Catálogo de Buenas Prácticas en materia regulatoria, que recoja iniciativas de las diferentes Administraciones para mejorar la regulación y contribuir de esta forma a la creación y crecimiento de las empresas.

El Gobierno popular de la Comunidad de Madrid culminó con la presentación de los presupuestos una de las promesas de su legislatura: rebajar medio punto el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). Así, la capital madrileña, con tipos entre el 18% y el 45%, se equipara fiscalmente con otras grandes capitales (Berlín, Londres, París). El tipo marginal más alto es el mismo que el de estas ciudades, teniendo en cuenta que el salario medio en Madrid es considerablemente inferior, y únicamente Ámsterdam y Roma (región de Lacio) tienen tipos superiores a los vigentes en Madrid.

El Consejo de Ministros aprobó un acuerdo para repartir un total de 63,3 millones de euros entre las comunidades autónomas (CCAA) con competencias transferidas en materia de Justicia, para la realización de varios proyectos del plan Justicia 2030. Estos créditos presupuestarios se enmarcan en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y serán sometidos a la Conferencia Sectorial de Justicia para su territorialización.

Los especialistas en fiscalidad estiman que no se debe ceder a las Comunidades Autónomas el Impuesto sobre Sociedades, porque consideran que generaría muchos problemas si las comunidades tratasen de utilizarlo para atraer empresas.

Comunidades autónomas como la de Galicia y la de Madrid han expresado este miércoles, durante la Comisión General de Educación, sus dudas con respecto a los plazos de aplicación de la nueva Ley educativa, la LOMLOE (también conocida como 'Ley Celaá'), según aseguran a Europa Press fuentes de la reunión.