El Juzgado de Primera Instancia número 6 de Móstoles (Madrid) ha condenado a Banco Santander a devolver 232.655 euros más los intereses devengados a una familia por los daños causados resultantes del incumplimiento de las obligaciones informativas impuestas por la Ley del Mercado de Valores.
Las devoluciones a los accionistas que perdieron toda su inversión tras la intervención del Popular en junio de 2017 quedan en el aire. La Audiencia Provincial de La Coruña ha elevado una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para conocer si los exinversores del Popular tienen o no derecho a recuperar su dinero, puesto que la Directiva Europea de resolución bancaria marca que en caso de intervención de una entidad serán los inversores y bonistas los que asuman las pérdidas a través del proceso de bail-in sin que subsista responsabilidad alguna por parte del banco o de su sucesor, en este caso el Banco Santander, que compró la entidad por un euro.
El magistrado del Juzgado de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, investiga si el Banco Popular otorgó financiación a sus clientes para que acudieran a la ampliación de capital que realizó la entidad en mayo de 2016 por 2.500 millones de euros y, después, "de forma deliberada", no la restó del capital regulatorio. Con este objeto, el juez ha solicitado diversa documentación al Banco Santander, que se quedó con el Popular por un euro tras su caída en junio de 2017.
El Tribunal Supremo ha rechazado el recurso presentado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el organismo supervisor de la bolsa española, contra la decisión del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Este le instaba a revelar a un particular detalles sobre sanciones impuestas al extinto Banco Popular y el alto tribunal le ha acabado dando la razón.
Varios inversores del Banco Popular han declarado en la Audiencia Nacional que acudieron a la ampliación de capital de 2016 ante la insistencia de los empleados de la entidad, que no solo les financiaron las acciones sino que además les prometieron ventajas de cara al futuro si suscribían la operación.
Hasta que estalló la crisis del coronavirus, Air Europa era la joya del grupo Globalia. Su presidente y fundador, Juan José Hidalgo, se jactaba de ser uno de los pocos empresarios del sector que había logrado mantener en funcionamiento una aerolínea después de las turbulencias que dieron al traste con Air Madrid, Spantax, Spanair ó tantas otras.
El juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, que investiga la caída del Popular pone el foco en los últimos pasos de la instrucción en investigar el entramado empresarial que el banco montó en Luxemburgo con el presunto objetivo de esconder pérdidas, clave para demostrar la falsedad de las cuentas del grupo. La Agencia Tributaria aportó a la causa en 2018 un informe sobre la red societaria compuesta por ocho empresas que recibió créditos de la entidad por un global de 197,26 millones de euros. Hacienda concluyó en el documento que Thesan Capital, nombre del fondo que montó la estructura, llegó a acuerdos con el Popular para financiar, a través de estas sociedades, a firmas que eran acreedoras del Popular y estaban en riesgo de quiebra.
El ex director de comunicación del Banco Popular Carlos Balado ha asegurado que Emilio Saracho se hizo cargo del banco con la única intención de venderlo o, de no ser posible, "estampárselo en la boca" a la presidenta del Mecanismo Único de Supervisión (MUS), dependiente del Banco Central Europeo (BCE), Danièle Nouy.
El expresidente del Banco Santander España y expresidente del Popular tras la absorción por parte del grupo cántabro, Rodrigo Echenique, ha defendido esta mañana ante el juez de la Audiencia Nacional la situación del que fue el sexto banco del país. El banquero ha asegurado que el Popular nunca tuvo problemas de solvencia ni patrimonio neto negativo, extremo que ya fue reiterado el pasado jueves por la presidenta del Santander, Ana Botín, al juez José Luis Calama.
La presidenta del Santander, Ana Botín, ha asegurado este jueves en la Audiencia Nacional que el entonces ministro de Economía, Luis de Guindos, y el gobernador del Banco de España, Luis Linde, le hicieron llegar su "preocupación" por el Popular poco antes de su resolución, en 2017, aunque ha negado que éstos la presionaran para la compra.
La sentencia absolutoria de la salida a bolsa de Bankia pone en jaque la investigación de la caída del Banco Popular. El Juzgado de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional tiene abiertas dos piezas sobre el banco, y la primera de ellas investiga la presunta falsedad de cuentas de 2016, estados financieros en los que la entidad basó la ampliación de capital de mayo de ese año de 2.500 millones, y por los que están imputados todos los miembros del consejo de administración en dicha fecha, incluido el entonces presidente del banco Ángel Ron.
El vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE) y exministro de Economía, Luis de Guindos, admitió esta mañana ante el juez del caso Popular que un mes antes de la caída de la entidad mantuvo contactos con cinco grandes bancos, entre ellos Santander, BBVA y CaixaBank, para que adquirieran el grupo financiero. Sin embargo, ninguno de ellos quiso presentar ninguna oferta por la entidad que entonces presidía Emilio Saracho por el mal estado que presentaba el balance, entre otros problemas, asfixiado por los activos tóxicos tras las grandes inversiones que hizo en el inmobiliario durante el boom.
El vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos, declarará este miércoles como testigo ante el juez de la Audiencia Nacional José Calama en relación a la causa en la que se investigan las presuntas irregularidades que llevaron a la resolución y posterior venta del Banco Popular a mediados de 2017. La comparecencia se realizará por videoconferencia.
La Superintendencia de Industria y Comercio, en su rol de autoridad nacional de protección de datos personales, sancionó al Banco Popular con una multa de $269.046.492 por incumplir la Ley de Protección de Datos Personales (1581 de 2012), luego de concluir que la entidad bancaria se demoró más de diez meses en suprimir de sus bases de datos el nombre de un ciudadano que no quería recibir más información comercial o publicitaria de parte de dicha entidad financiera.
