El expresidente del Banco Santander España y expresidente del Popular tras la absorción por parte del grupo cántabro, Rodrigo Echenique, ha defendido esta mañana ante el juez de la Audiencia Nacional la situación del que fue el sexto banco del país. El banquero ha asegurado que el Popular nunca tuvo problemas de solvencia ni patrimonio neto negativo, extremo que ya fue reiterado el pasado jueves por la presidenta del Santander, Ana Botín, al juez José Luis Calama.
La presidenta del Santander, Ana Botín, ha asegurado este jueves en la Audiencia Nacional que el entonces ministro de Economía, Luis de Guindos, y el gobernador del Banco de España, Luis Linde, le hicieron llegar su "preocupación" por el Popular poco antes de su resolución, en 2017, aunque ha negado que éstos la presionaran para la compra.
La sentencia absolutoria de la salida a bolsa de Bankia pone en jaque la investigación de la caída del Banco Popular. El Juzgado de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional tiene abiertas dos piezas sobre el banco, y la primera de ellas investiga la presunta falsedad de cuentas de 2016, estados financieros en los que la entidad basó la ampliación de capital de mayo de ese año de 2.500 millones, y por los que están imputados todos los miembros del consejo de administración en dicha fecha, incluido el entonces presidente del banco Ángel Ron.
El vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE) y exministro de Economía, Luis de Guindos, admitió esta mañana ante el juez del caso Popular que un mes antes de la caída de la entidad mantuvo contactos con cinco grandes bancos, entre ellos Santander, BBVA y CaixaBank, para que adquirieran el grupo financiero. Sin embargo, ninguno de ellos quiso presentar ninguna oferta por la entidad que entonces presidía Emilio Saracho por el mal estado que presentaba el balance, entre otros problemas, asfixiado por los activos tóxicos tras las grandes inversiones que hizo en el inmobiliario durante el boom.
El vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos, declarará este miércoles como testigo ante el juez de la Audiencia Nacional José Calama en relación a la causa en la que se investigan las presuntas irregularidades que llevaron a la resolución y posterior venta del Banco Popular a mediados de 2017. La comparecencia se realizará por videoconferencia.
La Superintendencia de Industria y Comercio, en su rol de autoridad nacional de protección de datos personales, sancionó al Banco Popular con una multa de $269.046.492 por incumplir la Ley de Protección de Datos Personales (1581 de 2012), luego de concluir que la entidad bancaria se demoró más de diez meses en suprimir de sus bases de datos el nombre de un ciudadano que no quería recibir más información comercial o publicitaria de parte de dicha entidad financiera.
