La presión normativa sobre el comercio se ha mantenido muy alta durante todo el año 2021. Los establecimientos comerciales han tenido que aplicar 7,5 normas nuevas cada día, un total de 2.743. De ellas, 2.025 han estado relacionadas con la pandemia Covid-19, lo que arroja una media de 5,5 normas diarias en este ámbito. Esto le ha ocasionado al sector un coste añadido de 514 millones de euros y muchos problemas organizativos y logísticos.
La mayoría de los más de 23.000 supermercados y establecimientos mayoristas que existen en España abren sus puertas alrededor de las 9.00 horas. En ese momento, cualquier cliente que entre a realizar sus compras se encuentra tiendas limpias, bien iluminadas, con una correcta climatización, con el surtido -tanto fresco como seco- disponible y bien ordenado y el personal de caja y de tienda a su disposición. Para que esto sea posible muchas personas trabajan desde muy temprano en labores muy especializadas y altamente precisas en lo que supone el día a día de un establecimiento comercial de alimentación.
Durante los últimos años, el devenir del sector de la distribución alimentaria en España ha tenido grandes hitos, entre los que yo destacaría dos muy recientes. El primero de ellos es la constatación científica a partir de los datos de la crisis 2008-2014 de que la distribución comercial española se encuentra entre las diez más eficientes de Europa. Ello se debe a cuatro factores principales: un mayor equilibrio entre formatos que en otros países europeos, una menor concentración empresarial con empresas nacionales, regionales, cooperativas y franquicias que compiten en beneficio del consumidor, un empleo intensivo -gracias al cual el sector es capaz de crear trabajo incluso en épocas de crisis- y un alto grado de inversión e innovación, que ha creado una estructura logística altamente eficaz y muy automatizada.