El Tribunal Supremo ha acordado que, cuando se produzca una cesión hipotecaria, el impuesto de actos jurídicos documentados (AJD) debe calcularse tomando como base el capital pendiente de amortizar en el momento de la operación y no el importe total por el que inicialmente se suscribió la hipoteca.
El sector financiero incrementó en unos 600 millones de euros su aportación al fisco en 2019, tras tener que asumir el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (IAJD) que grava las hipotecas y que, antes de finales de 2018, lo pagaban los clientes. Las entidades asociadas a la Confederación Española de las Cajas de Ahorro (CECA), que son las antiguas cajas de ahorro entre las que están CaixaBank, Bankia, Unicaja o Liberbank entre otras, pagaron el año pasado 302 millones de euros por este tributo. CECA representa el 50% del mercado hipotecario, por tanto la contribución total de la banca española ascendería al doble, unos 600 millones.
La estrategia de reducir la fiscalidad de los gobiernos autonómicos del Partido Popular sigue en marcha. Este es el caso de Andalucía, que ha anunciado que en 2020 impulsará una bajada de tributos, particularmente del tramo autonómico del IRPF y de los impuestos sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP) y Actos Jurídicos Documentados (AJD), así como una rebaja de las tasas públicas. Una reducción de Patrimonio se está barajando pero no está confirmada.
La Generalitat de Cataluña ha vuelto a recurrir a la fiscalidad para intentar arañar mayores ingresos, concretamente unos 88 millones de euros anuales más, teniendo en cuenta que los presupuestos de la administración catalana son todavía los de 2017 prorrogados.
