La tala de mata nativa en reservas forestales amazónicas, la venta ilegal de madera y la producción de carbón para la industria del hierro están en el ojo del huracán de la publicitada operación "Arco de Fuego", que abre para Brasil un camino enlodado.
El gobierno brasileño realiza en el norte del país el mayor operativo contra explotadores de la floresta amazónica, pero ello implica que deba probar un peligroso cóctel de intereses económicos, problemas sociales y de protección ambiental, que obligan a tomar soluciones efectivas a corto plazo.
Los pobladores del empobrecido municipio de Tailandia, uno de los más violentos de Brasil y a unos 250 km de Belém (capital del estado de Pará, norte), observan con recelo y honda preocupación la acción realizada desde el lunes por unos 300 miembros de fuerzas federales contra el procesamiento y venta de madera talada ilegalmente.
"Somos conscientes de que puede haber perjuicios para el medioambiente, pero también no se puede cortar del día a la noche una de las principales actividades y perjudicar así a la población", dijo a la AFP Edivaldo Bastos, de 37 años, miembro del Sindicato de Trabajadores Rurales de Tailandia.
Su colega Leocy Souza (36) sostuvo que "faltan alternativas para los pobladores; si quieren reducir la actividad del sector es necesario que el gobierno ofrezca alternativas e invierta más, por ejemplo, para incentivar la actividad agropecuaria y facilitar créditos para ello".
Se calcula que en Tailandia --55.000 habitantes-- operan casi una centena de aserraderos, de los cuales se prevé fiscalizar 70. La actividad local se concentra en el sector maderero, que solamente en Pará moviliza unos 2.000 millones de dólares anuales.
Unas 3.000 personas viven específicamente de esa actividad, de ahí el nerviosismo existente ante la presencia 'foránea'.
Eso mismo llevó días atrás a miles de personas, presuntamente incentivados por empresarios madereros, a resistir con violencia a un operativo de policías y fiscales ambientales que procedían en una aserradero de Tailandia a incautar 13.000 metros cúbicos de maderas.
Un campesino que iba a cruzar el río Moju para tomar una balsa hacia la otra margen, donde operan varias madereras sospechosas de procesar madera ilegal, cree que la operación oficial y la presión de organizaciones ambientalistas traerán serias consecuencias para los 'tailandeses'.
"Esto creo que va a tener un efecto muy negativo para Tailandia. Si empiezan a reducir la actividad de la madera y carbón, mucha gente quedará sin trabajo y va a emigrar", afirmó Edilson Vieira (31).
Además de aserraderos, cientos de hornos de carbón se esparcen por zonas campestres de Tailandia, donde gente humilde busca su sustento quemando residuos de maderas y alimentando a la industria brasileña exportadora de hierro.
Tal es el caso de Elías, de apenas 17 años, que bañado en sudor y con el cuerpo y ropa absolutamente negros por el carbón, llenaba con restos de leños uno de los varios hornos a los lados de un accidentado camino de tierra.
"Es duro. Lleva siete horas llenarlo y demora ocho días en quemarse y vaciarlo", declaró a la AFP el joven, que por falta de oportunidades realiza el sacrificado trabajo a cambio de unos 20 reales (USD 11,7 al cambio actual) por horno.
El precio del contenido de cada horno --de 2,20 m de alto-- es vendido a un promedio de 200 reales (USD 117,6).
Ya sobre la ruta principal, decenas de policías fuertemente armados y técnicos ambientales realizan una minuciosa fiscalización en un gran aserradero. Cerca algunos pobladores observan resignados su labor.
Entre ellos hay una docena de niños de una escuela aledaña a una pequeña iglesia. Parapetados del fuerte sol bajo una parada de autobús, todos miran con curiosidad acompañados por su profesora, Claudia (25), preocupada por su futuro.
"Seguimos con atención todo. Por una parte es positivo, pues es necesario preservar las riquezas naturales que tenemos y que no las aprovechen solo unos pocos, lo que sí falta es atender las necesidades de nuestro pueblo", señaló.
El gobierno iniciará la segunda etapa de Arco de Fuego a inicios de abril con unos 1.000 hombres para reprimir este año la deforestación en los tres estados amazónicos con mayor índice de devastación: Pará, Mato Grosso y Rondonia. Pero antes, tendrá que pasar su prueba de 'fuego' en Tailandia.
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