El magistrado del Supremo Vicente Magro aboga por una reforma urgente que permita el desalojo de 'okupas' en 24 horas

El magistrado del Tribunal Supremo, Vicente Magro, ha defendido la necesidad de acometer reformas legales que permitan una respuesta más ágil y eficaz frente a la ocupación ilegal de viviendas. Entre sus propuestas, destaca la posibilidad de ejecutar el desalojo de la persona ocupante en un plazo máximo de 24 horas.

Magro, que ha participado en la clausura del curso que, bajo el título, Vivienda: del diagnóstico a la acción. Propuesta de solución para un problema apremiante, organizado por Fundación Notariado, también ha subrayado la importancia de reforzar el papel de la policía en situaciones de flagrancia, así como la creación de una ley integral sobre la pérdida de la posesión, con el objetivo de dotar de mayor eficacia y celeridad a los actuales procedimientos.

Impacto económico y moral

El magistrado ha explicado que la falta de soluciones rápidas incrementa la vulnerabilidad y el impacto económico y moral sobre las personas propietarias, quienes no deberían soportar las consecuencias derivadas de la ocupación ilegal.

Magro ha defendido que los contratos de arrendamiento se eleven a escritura pública, aportando así una mayor seguridad tanto a personas propietarias como arrendatarias. Esta medida permitiría mejorar la seguridad jurídica y facilitar la obtención de información relevante para abordar los desafíos actuales del mercado inmobiliario.

Por último, el magistrado ha recordado que la protección a las personas arrendatarias vulnerables no debe traducirse en blindaje ante posibles abusos. Según sus palabras, es esencial buscar un equilibrio que garantice tanto los derechos de las personas inquilinas como la seguridad jurídica de quienes arriendan sus propiedades.

Datos objetivos y actualizados

Concepción Pilar Barrio Del Olmo, presidenta del Consejo General de Notariado y de la Fundación Notariado, por su parte ha afirmado que "para abordar el problema de la vivienda con rigor es imprescindible disponer de datos objetivos, actualizados y completos. La fuente más precisa es el Índice Único Informatizado Notarial".

Según un reciente informe del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), la vivienda se sitúa como la principal preocupación para los españoles. "Para abordar el problema con rigor es imprescindible disponer de datos objetivos, actualizados y completos. La fuente más precisa es el Índice Único Informatizado Notarial, con aproximadamente 25.000 millones de datos de más de 160 millones de documentos notariales", ha señalado Pilar Barrio.

"En tan solo tres años la vivienda ha escalado del puesto 31 al primero en el ranking", expuso Alberto Martínez Lacambra, director general del Centro Tecnológico del Notariado, quien presentó el informe realizado por la corporación notarial sobre La vivienda en España 2007-2024, un estudio que toma como referencia los datos de las escrituras públicas, contenidos en el Índice Único Informatizado Notarial.

Para Lacambra es urgente estimular la oferta y recuperar las cotas de vivienda protegida: "En los años noventa y primera década de los 2000, en España se construyeron 75.000 viviendas protegidas al año; en la actualidad apenas se llega a las 12.000 viviendas. Hay que activar de forma decidida el desarrollo de vivienda protegida en régimen de alquiler sobre suelo público. Para ello, se necesita un marco regulatorio propio, estable y adaptado a esta realidad".

En su opinión esta palanca puede ser fundamental, especialmente para los jóvenes, que "han quedado prácticamente excluidos del mercado: solo uno de cada diez compradores tiene hoy menos de 30 años, frente a uno de cada cuatro en 2007. Esta situación no se debe solo al cambio demográfico, sino a la dificultad para disponer del ahorro suficiente para hacer efectiva la entrada".

Finalmente, la presidenta del Notariado ha afirmado que "los notarios ya lo veníamos diciendo, pero aquí han sido los ponentes quienes han demandado la necesidad de formalizar los alquileres en escritura pública, para la seguridad jurídica de arrendador y arrendatario, pero también para contar con la información necesaria ante los retos que se nos plantean".