La juez Mercedes Alaya avanza, además de en la instrucción de los ERE en la que enfila su recta final, en la investigación en torno al uso de fondos de formación por parte de UGT Andalucía, cuya sede ya ordenó registrar en diciembre pasado.
Ahora, dentro de esta última causa, la magistrada lleva dos días enviando a agentes de la Guardia Civil a recabar datos -no a registrar- en diferentes sedes de la consejería de Educación tras hacerle varios requerimientos de envío de información el pasado viernes.
Educación es el departamento que heredó de Empleo las competencias en Formación en abril de 2013. Y la decisión de Alaya responde al retraso en el envío a su juzgado de la documentación requerida. Ya en algunos otros casos, dentro del sumario de los ERE, Alaya ha criticado el retraso en el envío, o el deficiente estado, de la información facilitada por el Gobierno andaluz.
En concreto, los agentes se personaron ayer en la dirección general de Formación, donde su titular, Carlos Cañavete, les hizo entrega de los expedientes que ya tenía preparados, según fuentes de la Junta. No obstante, los agentes le solicitaron más documentación y la consejería aseguró ayer que la entregará "a la mayor brevedad posible". El día anterior, los agentes de la Unidad Central Operativa acudieron a la dirección de Política Digital de la Junta para que se le entregaran claves informáticas necesarias para el análisis de otros expedientes ya enviados, y sin las cuales no se podía tener acceso a ellos.
La documentación procedente de la Junta se unirá a la incautada por la Guardia Civil en la sede central de UGT en Andalucía en Sevilla, así como en los registros de las sedes de tres empresas de este sindicato ubicadas en la capital andaluza. Alaya abrió esta causa sobre el uso de fondos públicos para actividades de formación por parte del sindicato y sus empresas participadas en octubre pasado, y las actuaciones derivadas de ella están bajo secreto de sumario desde entonces. Además, dentro del sumario de los ERE, la juez indaga en la recepción de fondos para formación por empresas ligadas al exalto cargo de UGT y principal conseguidor de los ERE, Juan Lanzas.
En paralelo, este mes la fiscalía de Sevilla le derivó la investigación iniciada por el ministerio público en torno a los 49 millones adjudicados a la Faffe -ente de la Junta- en 2009 y 2010 y no justificados tras acabar el plazo en 2012. De ellos, se abonaron efectivamente 41,3 millones. La Cámara de Cuentas, que destapó este posible fraude, va a auditar toda la actividad de Faffe desde su creación en 2003.
Entidades
Alaya imputa al presidente de Unicaja