La Generalitat Valenciana que preside el socialista Ximo Puig continúa adelante con su política de revertir el modelo de concesiones privadas de gestión sanitaria en la autonomía y este mismo mes pondrá en marcha el proceso burocrático para poner fin a la concesión del hospital de Dénia (Alicante) y su departamento de salud, en manos del grupo sanitario Ribera.
Este será el tercer centro y área de salud público que gestionaba el grupo privado que el actual Gobierno de coalición de izquierdas revierte. Anteriormente Sanidad ya dio por finalizadas las concesiones de Alzira (Valencia) en 2018, el hospital que precisamente daba nombre al sistema de colaboración público privado implantado en la región, y de Torrevieja (Alicante) en 2021.
Además el grupo que el año pasado pasó a tener como principal accionista a la corporación francesa Vivalto Santé, mantiene otra concesión, la de Elche-Vinalopó. Por su parte Sanitas es la empresa responsable del hospital de Manises, la otra concesión sanitaria valenciana que sigue en manos privadas.
El conseller valenciano de Sanidad, Miguel Mínguez, anunció en el parlamento valenciano que su departamento notificará el 31 de enero su intención de poner fin al contrato dentro de un año, cuando vence el periodo que se estableció.
Elecciones clave
Un proceso burocrático que arranca con la incógnita de si el actual Gobierno valenciano continuará tras las próximas elecciones autonómicas, además de lo que se perfila como un nuevo frente legal como ya ha ocurrido en los casos anteriores.
A ello se suma también las difíciles relaciones entre la Administración autonómica y la Conselleria de Sanidad por los continuos recursos a las liquidaciones y pagos pendientes. El último informe de la Sindicatura de Cuentas de la Generalitat señalaba que al cierre de 2021 existían 45 liquidaciones anuales pendientes de aprobación.
El propio informe recogía que "se desconocen los importes definitivos de estas liquidaciones y, por tanto, no es posible determinar el efecto que su adecuado reflejo contable" debido que la mayoría se encuentran en litigio. La Sindicatura incluía que la propia Administración cifraba en 530,7 millones las liquidaciones pendientes a favor de la Generalitat y en 115,8 millones lo que aún se debe resarcir a las concesionarias según la Administración.
