La cúpula directiva de Glovo se queda sin tiempo para evitar que se abra la causa penal por el supuesto uso de falsos autónomos y poder así eludir la cárcel. Según han confirmado fuentes del ministerio de Trabajo, "en los próximos días se trasladará a la Fiscalía la petición para que actúe en aplicación de la reforma del artículo 311 del Código Penal y considere si se incurre en posibles delitos y a quién se le atribuyen".
Además de otras modificaciones, esta reforma ha incorporado un nuevo tipo penal de delito en materia laboral, contra los derechos de los trabajadores, castigando además los incumplimientos reiterados a una exigencia o reclamación por parte de la Inspección de Trabajo, tal y como ha sucedido con Glovo.
Después de que en 2020, el Tribunal Supremo sentenciara ya que los repartidores que trabajan para Glovo lo hacen como falsos autónomos, en 2021 el Gobierno aprobó la conocida como Ley Rider para impedir que esto pudiera seguir ocurriendo. Después de multas por más de 200 millones de euros y varias reclamaciones por parte de la Inspección, el pasado 4 de agosto, el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, confirmó que habían dado un ultimátum a la compañía.
"Hemos requerido formalmente a estas empresas que cumplan con la ley para que sean conscientes de que si no lo hacen, ya no es un problema solo de sanciones económicas, sino también un problema de sanciones penales", aseguró. Y es ahora, ante la negativa de Glovo a contratar como asalariados a los repartidores cuando se ha decidido actuar.
A la espera de que esto ocurra y de la decisión que pueda adoptar la Fiscalía, Delivery Hero, la matriz alemana de Glovo, admitió ya en su último presentación de resultados que podría enfrentarse a multas y reclamaciones de Hacienda y la Seguridad Social en España por un importe de entre 200 y 400 millones de euros.
Lejos de ceder ante los requerimientos de Trabajo, la empresa muestra su predisposición a acudir a los tribunales para defender su modelo de negocio ante el estatus laboral de sus repartidores, admitiendo, eso sí, que podría verse también obligada a depositar avales bancarios! hasta que haya una resolución judicial.
Querella
Glovo no es, sin embargo, la única que se enfrenta a un posible problema con la justicia. Y es que las organizaciones de taxitas Élite Taxi y Taxi Project y la de repartidores RidersxDerechos anunciaron también ayer que han presentado una querella contra Uber Eats por presuntos delitos de estafa, contra los trabajadores, contra la Hacienda pública y contra la Seguridad Social, "dentro de una posible organización criminal", según consta en la misma.
El escrito ha sido presentado ante el Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional, y se dirige no solo contra la empresa, sino también contra sus directivos. Los querellantes aseguran que, tras la entrada en vigor de la Ley Rider, "Uber Eats ha hecho un giro en su modelo: de los falsos autónomos pasó a la subcontratación temporal, donde ha externalizado fraudulentamente toda su actividad a diferentes empresas".
