Pedro Gallardo (PP): "La Presidencia española del Consejo de la UE  ha sido una gran oportunidad perdida"

Tras veinte años en el asociacionismo agrario y 14 representando al sector en Bruselas, Pedro Gallardo ha dado el salto a la política "para llevar la realidad del terruño" a los despachos del Congreso. El nuevo portavoz de Agricultura del Grupo Popular asegura categórico que "al Gobierno le importa muy poco el mundo rural".

Tras una larga trayectoria en el asociacionismo agrario ha dado el salto a la política. ¿A qué se debe esta decisión?

Mi salto a la política se explica por la urgencia de aplicar mi experiencia en el asociacionismo agrario para intentar influir en políticas eficaces que realmente impulsen al sector agrícola. Los agricultores y ganaderos nos hemos quejado de que no se nos escucha suficientemente y ha llegado el momento de llevar la realidad del terruño a la política. Los últimos años hemos vivido momentos muy complicados en la viabilidad de las explotaciones agrícolas y era el momento de dar el paso porque que el sector necesita representantes que hayan gestionado explotaciones agrícolas, en mi caso son más de 28 años. Desde el principio me gustó el proyecto para llevar a la política la cordura, la simplificación y la racionalidad que necesita el sector y el mundo rural en su conjunto, en el que hay un desánimo importante. Siempre recuerdo una frase de José Luis García Palacios, senador en las Cortes Constituyentes, que decía que los agricultores debían estar en política. Descárguese aquí gratis la revista elEconomistaAgro

La pasada campaña fue la primera con el nuevo modelo de la PAC. ¿Qué valoración hace?

La valoración es muy, muy negativa. Hay una profunda decepción en el conjunto del sector. La negociación del Gobierno del Plan Estratégico al final ha acarreado más burocracia, unos cambios de criterio que no entendemos y muchas cargas medioambientales. Ya hace cuatro años advertí que se estaba negociando mal, que la agricultura estaba perdiendo fuelle en el presupuesto. Antes tenía el 70% del presupuesto comunitario y ahora nos hemos quedado con el 30%. Esto demuestra que al Gobierno le importa muy poco el mundo rural y no ha peleado por los intereses de los agricultores y ganaderos. Es una PAC que para nada asegura la rentabilidad y la viabilidad del sector y la producción de alimentos. No hay más que ver lo que está ocurriendo con nuestras importaciones y exportaciones porque hemos perdido 5.000 millones de euros en la balanza comercial. Han imperado los criterios medioambientales y el Gobierno ha claudicado en contra de la producción.

La sequía ha impactado de forma especial el pasado año en la agricultura y la ganadería. ¿Qué propuestas en materia de regadíos habría que poner en marcha?

Hay que priorizar la inversión en sistemas de riego moderno y por supuesto en la innovación en la gestión del agua. La situación actual climatológica es complicada, especialmente en algunas regiones, y la política hidráulica debe estar por encima de ideologías y territorios. Hay que hacer un Pacto de Estado del agua para garantizar el suministro. Por supuesto hace falta una regulación y una mayor capacidad de embalsamiento. Las precipitaciones son cada vez más torrenciales y ese agua hay que recogerla. La pregunta que yo le haría al Gobierno es cuánto de los 140.000 millones de los Fondos de Recuperación se han invertido en obras hidráulicas. No se ha hecho nada. Tenemos a un país vecino como Portugal, donde se ha inaugurado la presa de la Alqueba, con 4.153 hectómetros cúbicos que riegan 110.000 hectáreas. Por qué Portugal sí y España no. Es un despropósito. Si tenemos que hacer algo son obras hidráulicas para que cuando algunos embalses estén a tope puedan desembalsar pero se acumule en algún otro posterior para tener agua donde se necesita.

El Gobierno subirá el 5% el SMI pese a la oposición de la patronal?

El incremento del SMI debe abordarse con una perspectiva de equilibrio económico para evitar que suponga una carga desproporcionada para los agricultores, que ya nos enfrentamos a múltiples desafíos. Las explotaciones agropecuarias españolas están con un nivel de rentabilidad muy justito y si las metemos un incremento de costes laborales no tendrán más opción que despedir trabajadores. No se puede hacer a base de decretos y se requiere un consenso de los agentes sociales y de todas las partes implicadas. En el sector agrario tenemos problemas laborales y este es uno más. No se encuentra mano de obra para las campañas agrícolas, hay poca especialización. Y hay subsectores que no son rentables desde hace unos años y por tanto no hay relevo generacional. Una subida unilateral del SMI representa un coste mayor y afectará a la rentabilidad y que se pierdan explotaciones.

El Gobierno ha creado una secretaria de Estado en Agricultura. ¿Cómo lo valora?

Por ahora sólo conocemos la estructura básica de los departamentos ministeriales pero estamos pendiente de saber las competencias que va a tener. Crear una Secretaría de Estado puede ser positivo pero tiene que tener un peso en la negociación. No puede ser que Agricultura siempre esté supeditada a lo que dice el Ministerio de Transición Ecológica sino que tiene que pelear por lo que atañe e interesa al sector. Y por supuesto esto no puede ser un nombramiento ad hoc y meter una persona más y crear todavía una administración más mastodóntica.

Recientemente la Comisión Europea ha pedido reducir la sobreprotección del lobo. ¿Enmienda la plana a la vicepresidente de Transición Ecológica?

La Comisión Europea apunta a la necesidad de que se equilibre la conservación del lobo con las necesidades de los ganaderos. Lo que no puede hacer la ministra Ribera es volver a culpar al sector, no hacer un estudio de impacto ni actualizar los censos y tomar una medida de forma unilteral. Lo que está claro es que a la agricultura extensiva o se la mima y se le da una mayor protección o son los ganaderos los que van a estar en peligro de extinción. Y me voy a los datos. Desde que llegó el Gobierno socialista hemos perdido cabezas ganaderas: en bovino 175.000 vacas, un 2,57 por ciento; en caprino 500.000 cabezas, un 17%, y en ovino 2,5 millones de cabezas, un 14%. Esto quiere decir que algo se está haciendo mal, que no estamos cuidando a los ganaderos y cuando desaparece uno es muy difícil que haya relevo .

En la pasada legislatura, el sector se ha sentido atacado desde el Gobierno. ¿Cree que se repetirá una situación similar en esta legislatura?

Es imperativo es que no se repitan los ataques desde el Gobierno al sector agrícola. Si su objetivo es criminalizar al sector, nos van a tener enfrente. Lo que es incomprensible es que opinen desde un despacho sin pisar el terruño. Es un sector estratégico, se vio durante la pandemia, cuando los dimos todos.

La Ley de la Cadena Alimentaria no termina de funcionar. ¿Qué medidas proponen desde el Partido Popular?

Proponemos medidas que garanticen un comercio más justo, con mayor transparencia y que se aseguren los pecios para los agricultores y ganaderos. La Ley sigue sin funcionar porque sigue sin consensuarse con el sector y con los principales agentes implicados. Faltan referencias para saber cuáles son los costes de producción. Hay que tener un control porque el eslabón inicial de la cadena no se le siga perjudicando y sigamos sintiéndonos como los grandes perdedores.

España ha presidido el Consejo de la Unión Europea. ¿Ha sido útil para el sector?

La Presidencia española era una gran ocasión para impulsar las políticas que necesita este país y ha sido lo contrario. Hemos perdido una gran oportunidad y apenas se han sacado dosieres positivos adelante. Era una oportunidad para poner racionalidad en temas como la Ley de Restauración de la Naturaleza o el acuerdo provisional sobre la Directiva de las emisiones industriales. Las nuevas técnicas de edición genética han sido un gran fracaso porque no se ha conseguido sacar adelante. Esta es de las pocas herramientas que los agricultores vamos a tener. Hacía falta también hacer un análisis de qué ha pasado con los ecorregímenes, por qué un 25% de los agricultores no los han hecho y lograr una flexibilidad en la condicionalidad a la hora de producir que no hemos conseguido.