Montoro anuncia que modificará la ley fiscal de 2006 para "luchar contra la especulación"El Ejecutivo reducirá los servicios no rentables "porque no hay dinero en las arcas públicas"
No hubo sorpresas ayer en el Congreso y como estaba previsto en el guión el Grupo Popular se quedó solo a la hora de convalidar los dos reales decretos con las últimas y drásticas medidas de ajuste del Gobierno para intentar ahorrar 65.000 millones hasta 2015.
Pero, fiel a lo que nos tiene acostumbrados, el Ejecutivo sí se guardaba algún as en la manga y el ministro Montoro, al que ayer dejaron solo ante el peligro anunciaba una subida de impuestos para "castigar las plusvalías conseguidas a corto plazo por los especuladores".
Fue durante el turno de réplica al secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, cuando el ministro de Hacienda avisaba que "voy a hacer un anuncio más. Vamos a traer en una ley fiscal, inmediatamente a la Cámara, la corrección del sistema de plusvalías en España para luchar contra la especulación abierta con la reforma del impuesto sobre la renta que ustedes hicieron en el año 2007. Vamos a modificar ese tratamiento de régimen fiscal de la plusvalía porque es profundamente injusto que una persona que genera un plusvalía en una mañana en la compra de un activo en bolsa tenga esa plusvalía fijada a tipo único de gravamen mientras que un trabajador tenga una tarifa progresiva sobre su renta ".
"Lo vamos a corregir", añadió Montoro. "Vamos a hacer que nuestro tratamiento fiscal de plusvalía sea equiparable al que tienen otros países de nuestro entorno, al que tiene Alemania".
Estas fueron, textuales, las palabras del ministro, que traducidas quieren decir que el Gobierno va a subir la tributación de las plusvalías a corto al tipo marginal único del 56%. Un tratamiento que supone volver a la filosofía que inspiraba la ley anterior a la reforma de 2006 para penalizar las inversiones especulativos. El tipo marginal viene a ser el impuesto adicional que se paga por un euro más de renta y tras la subida del IRPF de diciembre, el tipo marginal máximo volvió al 56%, el mismo que había cuando el PP llegó al Gobierno en 1996, y trece puntos superior al 43% que se pagaba en 2010.
Esa fue la principal novedad de un debate, duro, áspero, y con algún momento de atemperada crispación, como el que se produjo durante la intervención de la portavoz de UPyD, Rosa Díez, quien acusó a Montoro de ver a los funcionarios como unos "vagos", aludiendo a las palabras del ministro respecto a que con las medidas adoptadas en relación con la Función Pública, "lo que hace el Gobierno es pedirles a los funcionarios que trabajen más tiempo". "Hay interpretaciones que lo que hacen es definir la calidad de quien las hace", respondió el ministro de Hacienda.
Recorte de servicios
Un ministro que, como en la sesión del miércoles, volvió a admitir que "no hay dinero en las arcas públicas". Y si en la víspera había advertido del riesgo de no poder pagar las nóminas de los empleados públicos si no aumentaba la recaudación, ayer los damnificados fueron los servicios. "No hay dinero para pagar los servicios públicos".
"Los servicios públicos son elementos básicos, pero dependen del nivel de renta de nuestro país, de la ocupación, dependen del número de personas que estén trabajando, de los que pagan sus impuestos", explicó Montoro, antes de advertir de que "lo que no se puede pagar es ineludible quitar".
En línea con el mensaje de su jefe Rajoy, el responsable de Hacienda defendió los recortes para "garantizar la estabilidad presupuestaria y fomentar la capacidad de competir y de salir de la crisis. Y, también como Rajoy, reconoció que las medidas les vienen impuestas de Bruselas. "Las decisiones que hoy se toman son consecuencia de la pertenencia al euro y tenemos que salir ahí siendo lo que somos: Europa" aseveró. Una falta de libertad y un modo de gobierno por decreto y sin negociaciones que le reprochó Pérez Rubalcaba, al denunciar "que Alemania esté debatiendo el memorándum de entendimiento entre España y la Unión Europea para el rescate financiero, y en esta Cámara, nada de nada. Es humillante para el conjunto de los diputados".
Porque esta vez, el líder de la oposición mayoritaria sí estuvo contundente al defender la negativa del PSOE a apoyar los recortes, mientras pronosticaba que "España destruirá 600.000 empleos hasta final de 2013, en gran parte por los sucesivos recortes del Gobierno".
Rubalcaba quiso justificar la moderación de la que le acusaron sus propios correligionarios tras el debate con Rajoy la semana pasada y explicó que el Grupo Socialista está haciendo "un esfuerzo para ejercer una oposición responsable, alejada de la crispación y de la tensión, pero hay algo peor que un debate crispado, que no haya debate, y ante la desafección de los ciudadanos, ningunear" al Parlamento no contribuye a que sientan como suya esta democracia".
El plante de las minorías
Por lo demás, lo previsto; ni siquiera Convergencia i Unió apoyó esta vez, absteniéndose, incluso, en la votación del decreto con medidas de liquidez de las administraciones públicas, que incluye la creación de un fondo de apoyo a la financiación de las comunidades autónomas.
Al, final, y tras seis largas horas de debate, el paquete de recortes del Gobierno salía adelanta con 180 votos favorables, todos del Grupo Popular, frente a 131 en contra y una abstención, la del único diputado de Unión del Pueblo Navarro (UPN).
Y, como no podía faltar, hubo también su parte de esperpento en el plante de los diputados de ERC, Amaiur, Compromís, BNG y la Izquierda Plural, que se ausentaron de la votación final al considerar que los ajustes suponen un "ataque brutal" contra los derechos sociales y laborales de los ciudadanos.
Entre las medidas convalidadas se encuentran la subida del IVA, el recorte de las prestaciones por desempleo para nuevos perceptores, la supresión de la paga de Navidad a los empleados públicos, la eliminación de la desgravación por vivienda y la subida de las retenciones en el IRPF a los profesionales.