En directo | Todas las reacciones. La Fiscalía considera que Doña Cristina de Borbón era un simple "elemento decorativo" que aceptó ser miembro de la presunta red delictiva creada entorno a Nóos a petición de su marido, Iñaki Urdangarin, con la finalidad buscada por éste de "dotar de apariencia de solvencia a dicha entidad, dada su posición social e institucional". La Casa Real reitera su respeto a la independencia judicial
Según el fiscal Pedro Horrach, ni ella ni su secretario personal, Carlos García Revenga "intervinieron en la gestión del Instituto Nóos ni desarrollaron labor alguna para el mismo", atribuyendo a la hermana del Rey tan sólo responsabilidad civil a título lucrativo.
Por ello, y tras solicitar la aplicación de la doctrina Botín para que no vaya a juicio, le reclama una fianza civil conjunta y solidariamente con su marido de 587.413 euros. La fiscalía coloca en la misma posición, de hecho, a Ana María Tejeiro, la mujer de Diego Torres, el socio de Urdangarin, a la que reclama sin embargo una cantidad mayor, de 1,14 millones.
El sindicato de funcionarios Manos Limpias, que está personado en el caso como acusación popular, no comparte esta visión de los hechos, e insiste en su escrito al juez que el presunto fraude no hubiera podido tener lugar "sin la necesaria intervención" de Cristina de Borbón. "La infanta sabía que todo lo que estaba haciendo era ilegal, pero aún así hizo como que miraba para otro lado. Pero eso sí, manteniendo viva Aizoon a pesar de las advertencias de ilegalidad que pesaban sobre la misma", asegura el sindicato que ha pedido ocho años de cárcel para la infanta por cooperadora necesaria.
Ahora será el juez instructor del caso, José Castro, el que tenga la última palabra sobre el futuro de la Infanta. Todo ello después de que el pasado 7 de noviembre la Audiencia Provincial de Palma respaldara su postura y decidiera mantener la imputación a la infanta, acusándola de contribuir de forma "innegable e inobjetable" en un presunto delito fiscal por la defraudación de 337.138 euros en las cuotas del IRPF en 2007 y 2008, que supuestamente cometió Urdangarin a través de Aizoon.
Mientras el juez se decide, el abogado de Doña Cristina de Borbón ha asegurado que consignará la fianza exigida por el fiscal y preparará un escrito para pedir el sobreseimiento de la causa con la misma, en línea con el escrito de la Fiscalía y el Abogado del Estados.
Penas de prisión
En cuanto al resto de los imputados, el representante del Ministerio Fiscal ha pedido 19 años y medio de prisión contra Iñaki Urdangarin por la presunta comisión de ocho delitos: malversación, prevaricación, fraude a la administración, estafa, blanqueo de capitales, dos delitos contra Hacienda y falsedad en documento mercantil y público. Por dichos delitos tendrá que pagar una multa de 3,5 millones, además de los 6 millones en concepto de indemnización por responsabilidad civil. Pago que realizará solidariamente con su ex Socio Diego Torres y otros imputados. Por su parte, Manos Limpias ha solicitado 26 años de prisión para el Duque por diez delitos.
El Ministerio Fiscal ha pedido 16 años de prisión para Torres y una multa de 1,5 millones por blanqueo de capitales y fraude y once años de cárcel para Jaume Matas por malversación y fraude a la administración. En cuanto a la rama madrileña de la trama, el fiscal pide tres años de cárcel a Mercedes Cohen y que se devuelvan 114.000 euros al Ayuntamiento de Madrid.
Entidades
Iñaki Urdangarin Liebaert
Fundador del Instituto Nóos
Anticorrupción quiere 'doctrina Botín'