El tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Baleares notificará a las 12.30 horas de este viernes el auto en el que resuelve si mantiene o archiva la imputación de la infanta Cristina, junto a la de otros once encausados en el caso Nóos. Las partes personadas en la causa han sido citadas a esa hora para que les sea notificada la resolución. Así mismo, ayer se conoció, que la Fiscalía propondrá a la infanta como testigo. Según el diario El Mundo, la infanta afronta la renuncia a su derecho dinástico si es encausada.
La Sala decidirá de este modo, de forma definitiva, si la hermana del Rey Felipe VI debe sentarse en el banquillo de acusados. Sobre ella pesan dos delitos fiscales y uno de blanqueo de capitales.
El tribunal formado por su presidente y ponente, Diego Gómez-Reino, y los magistrados Mónica de la Serna y Juan Jiménez, resolverán por segunda vez si sobreseen la imputación de la Infanta, después de que en abril de 2013 dejase sin efecto su encausamiento por los mismos delitos en que habría incurrido su marido, Iñaki Urdangarin, al frente del Instituto Nóos.
La Fiscalía pedirá una fianza civil de 500.000 euros
La infanta Cristina deberá declarar como testigo en el juicio del caso Nóos en caso de que la Audiencia Provincial de Baleares archive este viernes su imputación en la causa, puesto que la Fiscalía Anticorrupción la incluirá, junto a otros diez responsables civiles, en el escrito de calificación que presentará en próximos días con las penas que solicitará para cada uno de los acusados que se sentarán en el banquillo.
El Ministerio Público reclamará además para ella una fianza de responsabilidad civil de más de 500.000 euros, a la que deberá hacer frente de forma conjunta y solidaria junto a su marido, Iñaki Urdangarin, por haberse lucrado de parte de los fondos que éste habría defraudado a través de su sociedad inmobiliaria Aizoon -de la que son socios al 50 por ciento-, y que de forma presuntamente irregular se nutrió de más de un millón de euros del entramado Nóos.
El fiscal Pedro Horrach, pese a apuntar a la inexistencia de indicios de criminalidad por parte de la Infanta en esta supuesta trama de desvío de fondos públicos, sí habría obtenido un beneficio o aprovechamiento ilícito de los fondos supuestamente defraudados en el seno del entramado empresarial urdido por su esposo.
Para reclamar la fianza, Horrach se amparará en el artículo 122 del Código Penal, que establece que "el que por título lucrativo hubiere participado de los efectos de un delito o falta, está obligado a la restitución de la cosa o al resarcimiento del daño hasta la cuantía de su participación", aunque no haya sido considerado responsable criminal de los hechos investigados.
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