El Juzgado de Mercedes Alaya, que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares, ha decretado el embargo de cuatro bienes inmuebles, acciones de Endesa, dos cuentas corrientes y un vehículo de alta gama propiedad de la exsecretaria general técnica de la Consejería de Empleo Lourdes Medina a fin de cubrir la fianza de responsabilidad civil de un millón de euros que le impuso la magistrada. Alaya embarga cuatro inmuebles a una exsecretaria de Javier Guerrero
Por medio de un decreto notificado este martes a las partes, la secretaria judicial embarga a la imputada dos viviendas en Sevilla y Marbella (Málaga), un garaje y un trastero, así como acciones de Endesa, su participación en un fondo de inversión, un vehículo marca BMW y dos cuentas corrientes.
Asimismo, decreta el embargo telemático de los saldos bancarios que ostente en todas las entidades adheridas a la plataforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y de las devoluciones pendientes de percibir de la Agencia Tributaria.
Para la efectividad de los embargos trabados y a fin de "evitar disposiciones en el periodo que mediara hasta su ejecución", el Juzgado acuerda que, en todos los oficios que se expidan para llevar a efecto el embargo de las cuentas bancarias, se solicitará de la entidad una certificación del saldo existente en las mismas en los dos meses anteriores a la recepción del oficio.
La imputada había ofrecido en garantía para cubrir la fianza civil otros cuatro bienes inmuebles, pero el Juzgado señala que de la averiguación de bienes inmuebles efectuada a través del Punto Neutro Judicial "no parece desprenderse que figure como titular" de los mismos, por lo que le da un plazo de cinco días para que acredite documentalmente la propiedad de estas fincas.
La juez Alaya impuso una fianza civil de un millón de euros a Lourdes Medina, que ocupó el cargo entre 2008 y 2012, "por su competencia en la elaboración del anteproyecto del Presupuesto de la Consejería de Empleo y su conocimiento de la Memoria Económica referida a 2009, en la que aparece descrito con claridad el objeto y contenido del programa 31.L".
Asimismo, argumentó la imposición de dicha fianza civil "por su activa intervención en las modificaciones presupuestarias que hubo para incrementar el crédito de las transferencias de financiación, y en tercer lugar, por su indiciario conocimiento del objeto y alcance de la Encomienda de Gestión de 27 de abril de 2010".
Esta imputada, además, "en el último cuatrimestre de 2009 tendría conocimiento de la existencia de varios 'intrusos' y pólizas individuales y, pese a ello, omitiría poner los hechos en conocimiento de la autoridad judicial", sostiene la magistrada.
Además de a Lourdes Medina, la juez impuso fianzas civiles millonarias a otros dos exsecretarios generales técnicos de Empleo, como son Juan Francisco Sánchez, a quien impuso una fianza civil de 33,9 millones, y Javier Aguado, que deberá hacer frente a una cantidad ascendente a 5 millones.
Rebaja de fianza
Alaya, ha rebajado hoy de 593.306 euros a 61.312 y 88.996 euros la fianza a los sindicalistas de CCOO Antonio Caravaca Caro y Enrique Jiménez García por el expediente de regulación de empleo de Calderinox.
La juez, en un auto al que ha tenido acceso Efe, acepta el recurso de los imputados y dice que, por criterios de proporcionalidad, se debe rebajar la fianza teniendo en cuenta la cantidad realmente abonada por la Junta de Andalucía.
Alaya, pese a ello, mantiene la responsabilidad solidaria de la Federación de Industria de CCOO en Andalucía, de la que Caravaca era secretario provincial en Sevilla y Jiménez secretario regional andaluz.
Según Alaya, los dos sindicalistas "mantuvieron contactos personales y telefónicos con los directores generales de Trabajo" Francisco Javier Guerrero y Juan Márquez, y "a ambos les constaba que no se había solicitado formalmente ninguna ayuda, además de conocer por sus respectivos cargos que no existían publicadas bases reguladoras de subvenciones", por lo que "tenían información suficiente de que la ayuda se había concedido al margen del procedimiento legal".
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