El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha dicho que "es falso" que su Departamento vaya a sustituir a policías o guardias civiles por agentes de seguridad privada en las calles y ha dicho que no se han "vuelto locos".
Fernández Díaz ha dicho en los desayunos informativos de Europa Press que para la elaboración de esta Ley han contado con la colaboración del PNV y de CiU que tienen policías autonómicas "y saben de lo que se está hablando". Asimismo ha recordado que sólo IU mantuvo una enmienda a la totalidad de la Ley durante su trámite parlamentario.
"Que nadie tema que en el Ministerio del Interior nos hayamos vuelto locos", ha llegado a decir el ministro quien ha limitado las actuaciones de los vigilantes privados en la vía pública a las calles peatonales comerciales tras la aprobación del la nueva Ley de Seguridad Privada.
Ha explicado que su actuación en la vía pública se limitará a esas zonas, pero siempre bajo la autorización de las fuerzas de seguridad del Estado competente o las policías autonómicas. En cuanto a que se les reconozca el derecho a detener a personas, el ministro ha defendido que lo introducido en la nueva ley a este respecto no cambia sustancialmente con las actuales leyes vigentes.
Asimismo ha aclarado que estos agentes privados solo tendrán rango de agente de la autoridad cuando se vean sometidos a una agresión o cuando desempeñen sus funciones en colaboración con las Fuerzas de Seguridad.
No reconsiderarán la ley
El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha dicho que salvo que lo decida el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, no reconsiderará el contenido el anteproyecto de Ley de Seguridad Ciudadana, que cree constitucional.
"Salvo que lo diga el presidente, desde luego no", ha zanjado Fernández Díaz al ser preguntado si se planteaba la retirada del anteproyecto ante las críticas que ha suscitado.
Precisamente, el ministro ha reprochado a los que critican el texto sin haberlo leído, tras lo cual ha explicado que ahora el anteproyecto está siendo sometido a examen de la Agencia de Protección de Datos, el Consejo de Estado, el Consejo General del Poder Judicial y el Consejo Fiscal.
Independientemente del dictamen final, Fernández Díaz se ha mostrado convencido de que el texto no tiene tacha de inconstitucionalidad alguna y que la ley será absolutamente adecuada al ordenamiento constitucional y la jurisprudencia de los altos tribunales.
Porque además garantiza, ha concluido, la estabilidad del binomio libertad-seguridad y respeta los derechos fundamentales que consagra la Carta Magna.
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