Que sobre sus cabezas penda una imputación por corrupción no es argumento suficiente para que la mayoría de políticos españoles abandone su cargo. En esta tesitura se encuentra un total de 23 diputados autonómicos en todo el país, muchos de ellos desde hace años, que se ven favorecidos por el carácter personal de su acta como por la lentitud de la justicia. La corrupción en números.
Según el recuento de El Mundo, por autonomías, la Comunidad Valenciana se lleva la palma con nueve casos, seguida por Cataluña con cuatro; Baleares, Asturias y Canarias con dos en cada una, y Madrid, Andalucía, Murcia y La Rioja con uno en cada una. Los políticos populares suman trece casos, el PSOE tres al igual que CiU e IU y uno del Partido Riojano.
La mayoría de estos políticos esgrime que "estar imputado no es ser culpable". El último en hacer uso de este argumento ha sido el expresidente de CDC, Oriol Pujol, imputado la semana anterior por tráfico de influencias. El PSC también justifica la permanencia de Daniel Fernández, imputado por tráfico de influencias en la 'trama Sabadell', en el parlamento catalán.
En este sentido los partidos políticos podría decirse que se lavan las manos y justifican la permanencia de los imputados en su senos con el hecho de que el acta de diputado es personal y que sólo el afectado podría tomar esta declaración.
Una de las causas que en la mayor parte de los casos se obvian es que al conservar el acta de diputado se mantienen la condición de aforado del imputado. Es decir, éstos serían tratados de forma preferencial ya que sólo podrían ser juzgados por el Tribunal Superior de Justicia de una comunidad en el caso de los autonómicos y el Supremo en el de los del Congreso. Éstos órganos se sitúan en el punto de mira por su modo de elección objetivamente politizado.
Más de 300 políticos imputados